IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
El 29 de julio de 2015, José Gregorio Hernández, corresponsal destacado en la frontera colombovenezolana del Diario La Nación, fue despojado de sus equipos de trabajo por efectivos de la Guardia Nacional durante la cobertura periodística de una protesta de “maleteros” en el puente internacional Simón Bolívar, luego del asesinato de uno de ellos en circunstancias aún no esclarecidas.
Durante las seis horas que duró la protesta, el periodista permaneció en el extremo venezolano del puente internacional Simón Bolívar, distanciado de la manifestación, plenamente identificado y haciendo partícipes a las fuerzas del orden de su presencia en el lugar.
Cerca de las 2:00 p.m., el corresponsal con su cámara tomó tres fotos a una camioneta blanca que salió del lado venezolano, se abrió paso entre el cordón militar y avanzó repentinamente casi hasta la mitad del puente internacional Simón Bolívar, sin ser agredida por los manifestantes.
De inmediato, y atendiendo órdenes de un superior, un capitán de la Guardia Nacional le arrebató la cámara fotográfica y el grabador a Hernández. El uniformado alegó que el periodista no podía tomar fotos, e incluso amenazó con esposarlo. “La orden es vaciarle todas las fotografías”, le dijo.
Al reportero gráfico de Diario La Nación, Carlos Eduardo Ramírez, quien acompañaba a Hernández en la cobertura, también el mismo capitán le trató de quitar su cámara, halándola del cordón, pero no lo logró.
Hora y media después, y luego de reclamar a las autoridades militares el abuso cometido contra el ejercicio periodístico profesional, a Hernández le devolvieron su grabador y su cámara en la puerta del Destacamento 212 de la GNB, con sede en San Antonio del Táchira.
Los uniformados le borraron las tres fotos que habían captado los momentos en que la camioneta blanca se abría paso, avanzaba hasta la mitad del puente y, con negociadores a bordo, finalmente lograba disolver la protesta. El resto del material gráfico no fue tocado.
El despojo de la cámara y el grabador del comunicador social constituyen un ataque contra las herramientas de trabajo del periodista; la amenaza de cárcel, una intimidación de parte del poder estatal; y la desaparición de material gráfico, una limitación a la cobertura de asuntos de interés público.
