Alertas

El 11 de marzo de 2013, Guillermo Zuloaga, uno de los mayores accionistas de Globovisión, planta televisiva privada que opera en Caracas, Distrito Capital, anunció que el canal tiene “una oferta formal de compra”, lo cual implica la venta a un nuevo accionista. Admitió que por razones políticas, económicas y jurídicas que hacen económicamente insostenible, se estaría haciendo la negociación del canal, que según informó, se concretará después del 14 de abril, luego de las elecciones presidenciales, que se realizarán tras el fallecimiento del Presidente Hugo Chávez.

Desde el 15 de marzo de 2013, Rayma Suprani, caricaturista; Leonardo Padrón, escritor; Laureano Márquez, humorista; Mariela Celis, locutora y conductora de TV; y los periodistas Ibeyise Pachecho, Francisco (Kiko) Bautista, Nitu Pérez Osuna, Mary Montes, Milagros Socorro, Berenice Gómez, Alberto Federico Ravell; entre otras personalidades públicas han sido víctimas de amenazas de muerte, insultos, descalificaciones a sus trabajos y presiones para que cesaran con sus críticas sobre la situación del país. Los responsables de estas acciones han sido personas anónimas a través de llamadas telefónicas, mensajes de texto y mediante la plataforma de Twitter.

El 25 de marzo de 2013, la página web de Datanálisis, empresa privada de investigación de mercados y análisis político, fue intervenida personas desconocidas, quienes, además, difundieron una encuesta falsa que posicionaba a la candidata María Bolívar como posible ganadora en los comicios presidenciales del 14 de abril en Venezuela.

El 26 de marzo de 2013, la página web de la Federación Venezolana de Fútbol, asociación deportiva nacional, fue intervenida por personas desconocidas, minutos antes de que finalizara el juego entre Colombia y Venezuela, como parte la ronda de Eliminatorias Suramericana rumbo al Mundial de Fútbol 2014.

El 04 de febrero de 2013, Francisco “Pancho” Pérez, columnista del diario El Carabobeño, asentado en Valencia, capital del centro costero estado Carabobo, denunció que fue demandado por ejercer su derecho a la libertad de expresión por el secretario de Gobierno de la entidad, Miguel Flores, perteneciente al oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).