El 19 de agosto de 2014, funcionarios de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), órgano encargado de regular las comunicaciones en el país, ordenó la salida del aire la señal de la emisora Sensacional 94.7 FM, con sede en el estado Barinas, región andina del país. Rosangely Salas, periodista y …

El 18 de julio de 2014, Nicolás Maduro Moros, Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, acusó a los medios de información de promover antivalores como la mezquindad, el odio, la intriga, la maldad y el individualismo en el país. Este anunció respondió a la petición de los consejos comunales de realizar una consulta nacional sobre la Comisión Nacional de Telecomunicaciones y la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos (Ley RESORTE-ME).

El 22 de julio de 2014, sujetos desconocidos a bordo de una motocicleta dispararon tres veces contra Fernando Zaurín Ramírez, director del Circuito de Radio y Órbita TV. El hecho ocurrió en horas de la tarde en El Tigre, al sur del estado Anzoátegui, región oriental del país.

El 9 de julio de 2014, un grupo de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) acompañados por un conjunto superior a 10 efectivos de la Guardia Nacional se trasladó hacia el municipio Sucre del estado Barinas, región sur-occidental del país, para ejecutar antes del mediodía, el cierre técnico de la emisora Omega 104.9 FM, la cual tenía siete meses de vigencia en el aire.

El 1 de julio de 2014, Francisco Armada, ministro del Poder Popular para la Salud, acusó a varios medios de comunicación privados de promover una campaña mediática de desestabilización en el país sobre el virus de la fiebre Chikungunya y el suministro de los medicamentos antirretrovirales para personas que viven con VIH/SIDA.

El 26 de junio de 2014, el poder ejecutivo nacional ordenó la creación de la Brigada Especial contra las Actuaciones de los Grupos Generadores de Violencia (BEGV), de acuerdo al decreto 1.014, publicado en la Gaceta Oficial n° N°40.440. Las consideraciones de esta normativa afectan la libertad de información de los ciudadanos y ordena la reserva de documentación de interés público. Además, permite prácticas de inteligencia y legaliza las penalidades contra cualquier tipo de persona, hechos que vulneran las garantías de expresión e información, establecidas en la Constitución Nacional.