El 29 de mayo de 2012, el ex columnista del diario "La Prensa de Barinas", Jesús González Cazorla, denunció el bloqueo de su celular por espacio de cinco horas, luego de la llamada telefónica que le hiciera el militar en situación de retiro, Iván Ballesteros. Este hecho ocurrió en el estado Barinas, al suroccidente del país

El 05 de marzo de 2012, Adolfo Superlano, locutor del programa "Punto y Coma", acudió a la Fiscalía del Ministerio Público para solicitar una medida de protección, pues se siente amenazado y teme agresiones físicas por parte de funcionarios del gobierno de Barinas, en el suroeste del país

El 22 de marzo de 2012, el Tribunal 25 de Control del Área Metropolitana de Caracas emitió una medida cautelar que exige que los medios de comunicación "que tengan el soporte técnico veraz avalado por un organismo competente" cuando divulguen información sobre denuncias de presunta contaminación del agua en el país.

El 15 de julio de 2010, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia emitió una sentencia que limita el derecho de acceso a la información pública, garantizado en el Constitución Nacional. Esto sucedió en Caracas.

La directiva del Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Aragua informó a IPYS que existe un veto informativo en este estado central del país, ya que se restringe la publicación de información crítica a la gestión de las autoridades regionales.

El 22 de julio de 2010, la defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, criticó la difusión de información referida a la situación del agua potable en el estado Carabobo, al norte del país. La funcionaria aseguró que las denuncias sobre la contaminación de las aguas en ese estado, difundidas a través de los medios de comunicación, responden a intereses políticos y tienen como objetivo desestabilizar la campaña electoral de cara a las elecciones parlamentarias que se realizaran en septiembre.