Licencias para atacar
Alto y Claro
La historia de Eduardo Jaime
IPYS Venezuela, 8 de febrero de 2024
La historia de Eduardo Jaime
IPYS Venezuela, 8 de febrero de 2024
En Cadena
1990
Una radio light
Eduardo Jaime cuenta que cuando comenzó su labor como radiodifusor, hace más de 30 años, la situación de Venezuela no era tan compleja como ahora. “Había días que yo le decía a la audiencia ‘hoy no hay noticias relevantes, hoy solo vamos a disfrutar de buena música’”
1995
Un espacio abierto
Para estar en sintonía con las inquietudes ciudadanas, Jaime creó el programa “Las Piedras de Eduardo” (emulando “Los Peñonazos de Peña”, conducido por el periodista Alfredo Peña). Luego el programa de Jaime cambio de nombre a “Espacio Abierto” y se distinguió por la crítica a la gestión gubernamental.
2009
Sindicalismo chavista
Jaime dio cobertura periodística al conflicto que desató la muerte de un dirigente sindical vinculado al oficialismo. Por ello, aproximadamente 60 personas irrumpieron violentamente en la sede de la radio donde trabajaba el comunicador para hostigarlo.
2012
Hijos en la mira
Criticar al gobierno le costó a Eduardo Jaime distintos tipos de amenazas, entre las cuales recuerda las llamadas anónimas para hacerle saber que estaban vigilando a sus hijos y que les podían hacer daño si no bajaba el tono crítico de su programa radial Espacio Abierto.
2015
Una nueva ventana informativa
Después de acumular una amplia experiencia como comunicador radial, Eduardo Jaime fundó la emisora radial Bahía 102.5 FM, la cual alcanzó altos niveles de sintonía y se convirtió en referente informativo en el estado Sucre. Desde 2015, Jaime comenzó a gestionar la licencia que debía expedirle la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).
2018
El hackeo
Como Eduardo Jaime persistió en debatir los problemas de la gente derivados de las acciones u omisiones gubernamentales, el hostigamiento en su contra no cesó. “Un día llegué a la radio y me habían hackeado la página web, a través de la cual habíamos fortalecido la emisora. Además, me hackearon cuentas bancarias, sacaron los reales… Se metieron en mi teléfono y sacaron información para cosas inconvenientes. Me sacaron del juego un mes. Tuve que contratar ingenieros. Logré parar la radio al mes. Pero ya no tuve la web”.
2022
El cierre
La arremetida contra la radio en Venezuela durante 2022 (cuando fueron clausuradas 107 radioemisoras) aumentó la preocupación de Eduardo Jaime, quien reanudó gestiones ante Conatel para que le concedieran la correspondiente licencia. Pero sus diligencias fueron infructuosas. El 18 de octubre, sin previo aviso, Bahía 102.5 FM fue clausurada.
La vía online
Eduardo Jaime tenía un plan B. El 19 de octubre de 2022, nació Bahiafm.net. A través del servicio de streaming que había contratado unos meses antes, la emisora se mantuvo a flote. La alternativa online implicó nuevos desafíos.
2023
Un año después
El 18 de octubre de 2023, a un año del cierre de Bahía FM 102.5, Eduardo Jaime reafirmó su compromiso con los derechos humanos y sobre todo con las y los radioescuchas que lo siguen acompañando vía online.
Modus Operandi: Negativa a conceder o renovar licencia
La negativa a conceder o renovar habilitaciones administrativas y permisos para prestar servicios de radiodifusión ha sido el arma usada por el gobierno venezolano, a través de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), para sacar del aire a radioemisoras de manera arbitraria.
La actuación del gobierno tiene fundamento en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, creada en 2000 y reformada en 2011. Sin embargo, el hecho de que figure en una ley no significa que favorece el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información. Por el contrario, el instrumento legal promovido por el oficialismo corresponde al interés gubernamental de controlar férreamente las telecomunicaciones en Venezuela y, de esa forma, imponer la censura.
“La asignación de licencias de radio y televisión debe estar orientada por criterios democráticos y procedimientos preestablecidos, públicos y transparentes, que sirvan de freno a la posible arbitrariedad del Estado y que garanticen condiciones de igualdad de oportunidades para todas las personas y sectores interesados”. Así se señala expresamente en los Estándares de Libertad de Expresión para una Radiodifusión Libre e Incluyente, publicados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2009.
La CIDH abundó en consideraciones: “…al asignar las frecuencias, el Estado decide cuál es la voz que el público podrá escuchar durante los años venideros. En consecuencia, en este proceso se definen, entre otras cosas, las condiciones sobre las cuales se adelantará la deliberación democrática requerida para el ejercicio informado de los derechos políticos, así como las fuentes de información que le permitirán a cada persona adoptar decisiones informadas sobre sus preferencias personales y formar su propio plan de vida”.
La Ley Orgánica de Telecomunicaciones viola el debido proceso legal a efectos de obtener o renovar los permisos requeridos para operar una emisora de radio. Aunque el artículo 27 de la ley establece un lapso de 15 días para subsanar eventuales errores en la solicitud de concesión o renovación de una licencia, más adelante, en el artículo 31, se indica: “Si el órgano rector o la Comisión Nacional de Telecomunicaciones no se pronuncian dentro de los lapsos legalmente establecidos sobre la procedencia o no de las solicitudes relativas a la obtención de habilitaciones administrativas y concesiones, así como cualquier otra solicitud realizada conforme a lo establecido en la presente Ley, dicho silencio se entenderá como una negativa de la solicitud formulada”.
Además, la absoluta discrecionalidad estatal en la administración del espacio radioeléctrico venezolano es reafirmada en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, el cual indica que la concesión o renovación de concesiones es “un acto unilateral”.
A través de una reforma de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones propuesta por diputados opositores en 2016, cuando constituían la mayoría en la Asamblea Nacional, se planteó la posibilidad de renovación automática de una concesión al vencimiento de su lapso de vigencia. Sin embargo, esa reforma de ley fue vetada por el presidente de la República y por el Tribunal Supremo de Justicia, por lo cual no entró en vigencia.
En muchos casos, las y los radiodifusores venezolanos intentaron obtener o renovar las licencias para operar. En menos oportunidades, emprendieron procesos judiciales. Sin embargo, bastó que Conatel no respondiera a sus solicitudes para ser clausurados. El silencio es el modus operandi para crear más silencio en los medios de comunicación de Venezuela y, particularmente, en la radio.
