Inteligencia contra la censura
Alto y Claro
La Chama y El Pana
IPYS Venezuela, 22 de Septiembre de 2022
La Chama y El Pana
IPYS Venezuela, 22 de Septiembre de 2022
En Cadena
Antes del 28-J
En la medida en que se acercaba la fecha de las elecciones presidenciales en Venezuela aumentaron los señalamientos de funcionarios estatales y dirigentes oficialistas contra la prensa y, con mayor vehemencia, contra los medios de comunicación internacionales. Se les acusó de formar parte de un plan para promover un fraude electoral. Seis periodistas extranjeros fueron deportados a su arribo al país.
28 de julio
La red de corresponsales de IPYS Venezuela registró 32 casos que constituyeron 41 violaciones a la libertad de prensa en 13 entidades del país: 27 restricciones de acceso a la información, una detención arbitraria, una deportación y 12 agresiones físicas o verbales.
29 de julio
El periodista Jesús Romero resultó herido de bala cuando cubría una manifestación contra los resultados oficiales ofrecidos por el CNE. El hecho ocurrió en San Jacinto, Maracay, estado Aragua. Romero, quien trabaja para el medio digital @codigourbe, fue trasladado en hasta el Hospital Central de Maracay, donde fue intervenido quirúrgicamente.
A partir del 29 de julio comenzaron a circular listas de personas periodistas que serían detenidas por haber hecho cobertura del proceso electoral y, sobre todo, de las protestas ciudadanas por el presunto fraude electoral. Las amenazas causaron desplazamientos forzados de periodistas y de sus familiares, incluso fuera del país.
29 de julio al 20 de agosto
Once trabajadores de la prensa fueron encarcelados luego del 28 de julio. Hasta el 20 de agosto de 2024, IPYS Venezuela registró las detenciones de Yousnel Alvarado, reportero gráfico de Barinas; Paúl León, camarógrafo de Trujillo; Deysi Peña, reportera gráfica de Miranda; Roland Carreño, periodista y dirigente político de Lara; José Gregorio Camero, periodista y dirigente político de Guárico; Fernando Chuecos, reportero gráfico de Trujillo; Gilberto Reina, periodista de Bolívar, y Ana Carolina Guaita, periodista de Vargas. A todas las personas detenidas les fueron imputados los delitos de terrorismo, asociación para delinquir e incitación al odio. El periodista Joaquín de Ponte, de Guárico, fue arrestado el 30 de julio por efectivos de la PNB en San Juan de Los Morros, pero lo liberaron ese mismo día.
Entre el 29 de julio y el 2 de agosto cinco periodistas extranjeros que habían ingresado a Venezuela para cubrir el proceso electoral fueron deportados: Cake Minuesa, enviado especial del diario español OK Diario, dos trabajadores de una agencia internacional, así como el reportero Iván Núñez y el camarógrafo José Luis Tapia, enviados especiales de Televisión Nacional de Chile.
7 de agosto
Funcionarios de seguridad encapuchados rodearon la sede del diario El Caroreño, en Carora. Ingresaron a las instalaciones y mantuvieron retenidos, aproximadamente durante cuatro horas, a la secretaria y al vigilante, a quienes despojaron de sus teléfonos celulares. Ese mismo día, miembros del Comando Nacional de Antiextorsión y Secuestro (Conas) ingresaron a la sede de La Prensa de Lara, en Barquisimeto, donde permanecieron hasta la mañana siguiente. Los allanamientos se ejecutaron por las vinculaciones de ambos medios de comunicación con el alcalde del municipio Torres Javier Oropeza.
Entre el 8 y el 10 de agosto
IPYS Venezuela registró seis incidentes de bloqueos que limitaron el acceso a 13 sitios web de medios de comunicación (6), redes sociales (2), servicios de VPN (2), empresas proveedoras de servicios digitales (2) y una plataforma de mensajería (1).
25 de agosto
Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) detuvieron a la periodista de espectáculos Carmela Longo, luego de allanar su residencia. Fue excarcelada al día siguiente, pero sometida a presentación periódica ante el tribunal de la causa, prohibición de salida del país y de declarar sobre su caso. Longo fue acusada por los delitos de incitación al odio y terrorismo.
28 de agosto
El dirigente de oposición y periodista Biagio Pilieri fue detenido por agentes de los cuerpos de seguridad del Estado que lo persiguieron luego de abandonar una manifestación antigubernamental. Pilieri pudo registrar la persecución de la que fue objeto mientras trataba de escapar en el vehículo en que se desplazaba junto a su hijo.
4 de septiembre
El ahora ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, estigmatizó y criminalizó la labor de medios de comunicación desde su programa “Con el Mazo Dando”, transmitido por la televisora estatal Venezolana de Televisión (VTV). Cabello mencionó a Tal Cual, VPI, El Pitazo, Efecto Cocuyo, Politiks, Armando Info, Monitoreamos, El Estímulo y Runrunes. Los acusó de recibir dinero de la líder de la oposición María Corina Machado para desestabilizar al país.
19 de septiembre
El periodista Luis Gonzalo Pérez, quien formó parte del equipo de prensa de la líder opositora María Corina Machado, informó mediante un video en su cuenta de Instagram que tuvo que salir del país por ser víctima de persecución y recibir amenazas por parte de fuerzas de seguridad del Estado.
22 de octubre
Tribunales con competencia en materia de terrorismo convalidaron las acusaciones fiscales contra la fotógrafa Deysi Peña y el camarógrafo Paul León. Ambos enfrentarán juicios por la presunta comisión del los delitos de terrorismo.
25 de octubre
El periodista independiente Nelín Escalante fue detenido por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, quienes lo citaron a un centro comercial de Caracas. Cinco días después su hija aseguró que la familia desconocía su paradero. El 28 de octubre el abogado Moisés Gutiérrez intentó interponer una acción de amparo para saber dónde y en qué condiciones estaba el periodista, pero las autoridades judiciales no se lo permitieron. El 1° de noviembre, a través de un video difundido en su cuenta en Instagram, Escalante anunció su liberación sin ofrecer mayores detalles.
11 de noviembre
El juez Tercero de Control con competencia en terrorismo, Ángel Betancourt, convalidó la acusación formulada por el fiscal 48 del Ministerio Público, Luis Mero, contra la periodista Ana Carolina Guaita Barreto, corresponsal de La Patilla en La Guaira, por los delitos de instigación al odio, terrorismo y daño a la propiedad pública. A la reportera, como a todas las personas detenidas en el contexto electoral, no se le permitió ser asistida y representada por un abogado de su confianza. En el proceso en su contra ha intervenido el defensor público 94, Santos Rojas. Guaita Barreto es hija de dos conocidos dirigentes de oposición. Este es apenas uno de los juicios por venir contra periodistas por su labor informativa en el contexto electoral.
Modus Operandi: Terrorismo de Estado
El recrudecimiento de la represión estatal luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 en Venezuela ha sido tan grave que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) han señalado, en forma expresa sin eufemismos, que en el país se aplican prácticas de terrorismo de Estado.
“El régimen en el poder está sembrando terror como herramienta para silenciar a la ciudadanía y perpetuar el régimen autoritario oficialista en el poder”, advirtieron en un comunicado publicado el 15 de agosto de 2024.
La CIDH y la RELE abundaron en consideraciones: “Las prácticas de terrorismo de estado perpetradas por el actual régimen y observadas por la Comisión no solo están dirigidas a la persecución de sectores específicos, sino que generan un clima de temor e intimidación entre la población venezolana. Prácticas que consolidan la denegación del derecho a la participación política. Ello, en un contexto de absoluta desprotección y vulnerabilidad frente a los abusos del poder respecto de los cuales no existen recursos de tutela, toda vez que los organismos de control responden al régimen y hacen parte de la estrategia represiva del Estado”.
Los órganos del sistema interamericano de protección de derechos humanos identificaron cinco patrones de agresión: 1) uso arbitrario de la fuerza, 2) detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, 3) persecución judicial y hostigamiento, 4) censura y restricciones a las libertades de expresión, asociación y reunión pacífica y 5) obstáculos a la labor de defensa de derechos humanos.
En materia de libertad de expresión, el documento da cuenta de la “escalada represiva y los ataques sistemáticos dirigidos contra periodistas, medios de comunicación y ciudadanos que difunden información de interés público de especial trascendencia en el contexto poselectoral”. Se agrega que “desde el 28 de julio, se han registrado aproximadamente 108 casos de vulneraciones a la libertad de expresión, que incluyen la detención arbitraria de periodistas y trabajadores de la prensa bajo acusaciones infundadas de ‘instigación al odio’ y ‘terrorismo’, anulación de pasaportes, el cierre de medios, la confiscación de equipos y la deportación de personal de prensa internacional”.
Las precisiones de la CIDH y la RELE son de la mayor importancia: “…el régimen ha intensificado la represión en el ámbito digital, utilizando tecnología para perfilar, vigilar e intimidar a opositores y voces críticas. Se han documentado bloqueos de sitios web, redes sociales y plataformas de mensajería instantánea, así como el uso de aplicaciones que incitan a los ciudadanos a delatarse entre sí”.
El sistema interamericano de derechos humanos recuerda que la prensa independiente, como piedra angular de la democracia, goza de una protección reforzada. “La CIDH y su Relatoría Especial enfatizan que las agresiones y ataques orientados a silenciar las expresiones críticas o disidentes y la información de periodistas y medios de comunicación atentan contra la libertad de expresión y vulneran el derecho que tiene la sociedad de acceder a la información. La falta de garantías para el ejercicio de este derecho en el contexto actual erosiona gravemente la confianza ciudadana en las instituciones y en el proceso electoral”.
Para el 15 de agosto, la CIDH y la RELE reportaron 7 trabajadores de la prensa detenidos en el contexto electoral. El Instituto Prensa y Sociedad Venezuela suma 12 profesionales de la comunicación social detenidos por su labor informativa.
En los casos de las personas periodistas, en Venezuela se han aplicado varios de los patrones identificados por el sistema interamericano de protección de derechos humanos: 1) fueron sometidas a detenciones arbitrarias y, en algunos casos, a desapariciones forzadas de corta duración, 2) se les ha negado el derecho a la debida asistencia legal, 3) han sido presentadas ante tribunales mediante audiencias telemáticas que les impiden el derecho a la defensa, 4) han sido objeto de imputaciones fiscales genéricas por los delitos de terrorismo, asociación para delinquir e incitación al odio.
El terror contra trabajadores y trabajadoras de la prensa en Venezuela ha sido aplicado mediante una combinación de métodos usuales e inusuales.
Los discursos estigmatizantes de funcionarios estatales y dirigentes del oficialismo contra periodistas y medios han arreciado en el contexto electoral. Los y las periodistas también han sido amenazados con la llamada “Operación Tun Tun”, que implica la activación de los cuerpos de seguridad del Estado para buscar y apresar a personas opositoras o percibidas como tales por el oficialismo, si es necesario en sus lugares de residencia o de trabajo.
El método menos usual, aplicado en esta oportunidad, es la circulación de listas de periodistas que serían detenidos, ya sea por haber informado sobre la falta de transparencia de las elecciones presidenciales o sobre las manifestaciones ciudadanas contra los resultados oficiales ofrecidos por el Consejo Nacional Electoral que dieron la victoria a Nicolás Maduro.
Estas listas terroríficas han causado el desplazamiento forzado de varias personas periodistas y de sus familiares, en algunos casos fuera del país. Los y las representantes de la prensa independiente se han visto obligados a dedicar tiempo, esfuerzos y recursos económicos para preservar su libertad, su integridad personal y su vida, así como los derechos de quienes integran sus entornos personales. De esta forma, la labor periodística queda soslayada y, en muchos casos, anulada. La autocensura se convierte en una estrategia de elemental supervivencia.
Lo peor es que la persecución contra periodistas, aplicada como una práctica de terrorismo de Estado, no solo causa un efecto inhibitorio en las personas directamente afectadas. En general, todos los y las trabajadores de la prensa han considerado la opción de autocensurarse y, ni siquiera, pueden manifestar abiertamente su solidaridad con sus colegas en desgracia sin el riesgo de engrosar las listas de víctimas.
