Golpes impunes
Llamado a la acción
En Cadena
2017: ANNUS HORRIBILIS
163 personas murieron a manos de funcionarios de los cuerpos de seguridad y civiles armados en el contexto de 9787 protestas ocurridas en 2017, según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. Por su parte, IPYS Venezuela registró 162 agresiones físicas a trabajadores y trabajadoras de la prensa mientras daban cobertura a las protestas. La represión de manifestaciones públicas aumentó con la implementación del Plan Zamora, que incluía la participación de civiles armados como grupos de choque.
31 de marzo de 2017
10:00 am
CRISIS INSTITUCIONAL. Elyangélica González, periodista de Univisión y de Caracol Radio, estaba frente al Tribunal Supremo de Justicia. Los medios de comunicación habían sido convocados a una conferencia de prensa sobre el alcance de dos sentencias mediante las cuales el máximo tribunal de Venezuela anuló las competencias del Poder Legislativo, que estaba en manos de la oposición. Organizaciones nacionales e internacionales calificaron la actuación del TSJ como una “ruptura del hilo constitucional”.
31 de marzo de 2017
10:30 am
ESTUDIANTES PROTESTAN. Hasta la sede del TSJ se aproximó una marcha estudiantil en repudio a los fallos dictados por el máximo tribunal.
31 de marzo de 2017
10:35 am
LA AGRESIÓN. Elyangélica se disponía a hacer una transmisión en vivo para informar sobre la protesta estudiantil. De pronto, oyó a un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana decir al resto de los militares destacados en la sede del TSJ: “Ella es uno de ellos”, sugiriendo que la periodista participaba en la manifestación antigubernamental. Además, otro funcionario arengó el ataque a la reportera: ¡Quítale el teléfono! ¡Rómpele el teléfono!
“Me agarraron por el cabello, me tiraron al piso, me golpearon, me dieron patadas…”, contó la periodista ese mismo día.
Elyangélica fue arrastrada por un pelotón de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana y conducida hacia el interior del TSJ. Las imágenes fueron registradas en un video grabado por una persona que estaba dentro de la sede judicial. Ese video rápidamente se hizo viral y constituye una prueba irrefutable de la actuación brutal de los funcionarios militares contra la periodista.
1° de abril de 2017
LA DENUNCIA. Elyangélica formalizó ante el Ministerio Público la denuncia de la agresión en su contra.
Abril de 2017
AMENAZAS DE MUERTE. Inmediatamente después de formalizar la denuncia de la agresión en su contra, Elyangélica comenzó a recibir amenazas vía telefónica: primero desde un número oculto y luego desde un número con código de Estados Unidos. Le decían que iban a atentar contra ella y contra su familia, les iban a secuestrar y enviar a sus hijos picados en cajas.
CONTRA LAS HIJAS. Elyangélica recibió una llamada telefónica del colegio donde estudiaban sus dos hijas menores, de 9 y 3 años de edad. Le avisaron que dos hombres llegaron al plantel y dijeron que tenían autorización de la madre para llevarse a las niñas, lo cual no era verdad. Pocos minutos después, recibió una llamada internacional, a través de la cual un desconocido le advirtió: “Esta vez estuvimos cerca, la próxima nos las llevamos”.
25 de mayo de 2017
LA HUIDA. Ante el escalamiento de las amenazas, Elyangélica, su esposo y sus tres hijos se vieron obligados a huir de Venezuela.
Octubre de 2017
CONTRA EL FISCAL DEL CASO. El fiscal asignado al caso de Elyangélica, pertenecía al equipo de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega y, como ella, fue destituido y se vio obligado a huir del país. La averiguación fiscal no avanzó.
2023
8 de agosto
TRANSCURRIDOS MÁS DE 6 AÑOS. IPYS solicitó al Ministerio Público información sobre la tramitación de la denuncia formulada por Elyangélica. Al término del lapso de ley, no se obtuvo respuesta. La agresión a Elyangélica González permanece impune.
Modus Operandi: Agresión física
La agresión física es la forma de violencia más primitiva de atacar a la prensa y consiste en infligir daños a la integridad física de las personas periodistas.
La agresión física contra las personas periodistas puede ser perpetrada por particulares y por agentes del Estado. Cuando funcionarios o funcionarias estatales son los perpetradores la situación es más grave, pues el Estado tiene la obligación de respetar y proteger la labor de la prensa. Como lo ha advertido la Corte Interamericana de Derechos Humanos: “El ejercicio periodístico sólo puede efectuarse libremente cuando las personas que lo realizan no son víctimas de amenazas ni de agresiones físicas, psíquicas o morales u otros actos de hostigamiento”.
Este deber de protección estatal también acarrea responsabilidades por omisión, por ejemplo cuando funcionarios o funcionarias estatales no hacen lo que les corresponde para impedir que las personas periodistas sean agredidas físicamente por particulares. Peor es el caso en que agentes del Estado actúan en connivencia con particulares para hacer daño físico a periodistas, por ejemplo cuando facilitan la actuación contra la prensa de las organizaciones de civiles armados afectos al oficialismo.
En Venezuela, las agresiones físicas a representantes de la prensa corresponden a una política sistemática según la cual cualquier persona que se atreva a escrutar la gestión pública y, de esa forma, contrariar intereses gubernamentales es considerada un “enemigo interno”.
Los ataques a la integridad física de trabajadores y trabajadoras de la prensa son más recurrentes: 1) en el contexto de restricciones de acceso a espacios donde las y los periodistas requieren estar para cumplir con sus labores de búsqueda de información; y 2) en el contexto de la cobertura periodística de manifestaciones públicas.
Funcionarios y funcionarias de los cuerpos de seguridad del Estado destacan como los principales perpetradores de actos de agresión física contra la prensa, generalmente por una actuación al margen de los principios de uso proporcional, progresivo y diferenciado de la fuerza pública, establecidos en las normas nacionales e internacionales que rigen la materia.
La agresión física contra personas periodistas tiene como objetivo la censura y la autocensura. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos considera que los actos de violencia contra periodistas tienen un triple efecto: 1) Vulneran el derecho de las víctimas a expresar y difundir sus ideas, opiniones e información; 2) Generan un efecto amedrentador y de silenciamiento en sus pares; y 3) Violan los derechos de las personas y las sociedades a buscar y recibir información e ideas de cualquier tipo.
En Venezuela se suelen subestimar y normalizar las agresiones físicas contra representantes de la prensa y, además, muchas víctimas consideran inútil formalizar denuncias ante las autoridades correspondientes por la desconfianza generalizada en el sistema de administración de justicia. Sin embargo, la impunidad fomenta la consolidación de un patrón que cercena la libertad de expresión, el derecho a la información, el derecho de acceso a la información pública. De esta manera, las víctimas de agresión física no solo son las personas periodistas directamente afectadas, sino toda la sociedad.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH ha destacado “la importancia de compilar estadísticas detalladas y desglosadas como una condición esencial para diseñar, implementar y evaluar políticas públicas efectivas de prevención, protección y juzgamiento penal de la violencia contra periodistas”.
