Delta, desierto y resistencia

(Wirinoko, wajaida ama kanojiba)

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Modus Operandi: Desertificación informativa

7 millones 25 mil 427 venezolanos (21% de la población) viven en desiertos de noticias, zonas en donde el acceso a la información local es insuficiente. Así lo revela Atlas del silencio, un estudio desarrollado por el Instituto Prensa y Sociedad Venezuela (IPYS Venezuela), cuya segunda edición fue publicada en junio de 2023.

Los resultados muestran un aumento de un millón 753 mil 674 ciudadanos que ahora habitan en localidades con precariedad informativa, en comparación con los 5 millones 271 mil 753 de venezolanos que se encontraban en estas comunidades en 2020, cuando IPYS Venezuela realizó esta medición por primera vez.

La coordinadora de Libertades Informativa de IPYS Venezuela, Daniela Alvarado, explica que si se suman a las personas que viven en zonas consideradas como «desiertos moderados», la cifra asciende a más de 15 millones de venezolanas y venezolanos que no cuentan con suficiente información; lo cual constituye la mitad de la población venezolana.

La desertificación informativa es un fenómeno global. El Centro para la Innovación y la Sostenibilidad en los Medios Locales (CISLM) de la Universidad de Carolina del Norte define un desierto informativo como: “una comunidad, ya sea rural o urbana, con acceso limitado a noticias y contenidos creíbles y completos que alimentan la democracia a nivel local”.

Las causas de la desertificación pueden ser diversas, aunque la principal es el declive financiero de los medios por nuevos hábitos de consumo de noticias. Las consecuencias más perjudiciales del incremento de los desiertos de noticias son la pérdida de espacios para la participación ciudadana en asuntos públicos y el pleno ejercicio de derechos humanos y, por otra parte, la proliferación de desinformación. 

La desertificación informativa es un proceso que debilita el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, a la información y al acceso a la información pública, que, sobre todo, afecta a medios regionales y locales que no tienen suficiente capacidad de superar los desafíos en materia de sostenibilidad.

En Venezuela, la principal causa de la desertificación informativa corresponde a la deliberada intención del oficialismo de consolidar una hegemonía comunicacional, como lo dijo públicamente en 2017 Andrés Izarra, ministro de Información y Comunicación para la época. Tal propósito gubernamental ha significado el recrudecimiento de las hostilidades contra la prensa independiente en Venezuela que, en muchos casos, han llegado al extremo de la aniquilación y desaparición de medios.

El monopolio estatal de la administración del espacio radioeléctrico y de la comercialización de equipos e insumos periodísticos ha facilitado la labor de exterminio de la prensa independiente en Venezuela. Al mismo tiempo, el oficialismo ha invertido ingentes recursos en el fortalecimiento de un sistema de medios públicos, desde los cuales no se hace periodismo sino propaganda a favor del gobierno. 

El ecosistema mediático desertificado que el gobierno venezolano insiste en consolidar para acallar a la prensa independiente y suprimir las críticas a la gestión de los organismos del Estado se ha valido de instrumentos normativos que contravienen los estándares de protección de la libertad de expresión, el derecho a la información y el derecho de acceso a la información pública, así como de procedimientos arbitrarios controlados draconianamente por el Poder Ejecutivo. En definitiva, el mayor perjuicio se le causa a esos 15 millones de venezolanas y venezolanos, la mitad de la población del país, que queda al margen del debate plural y sustentado en información confiable que caracteriza las verdaderas democracias.

Misma Pauta

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