Los mismos
depredadores
Censura Ilustrada
En Cadena
1999
2005
2009
2009
2011
2017
2021
2023
2024
Por la defensa del ambiente. El trabajo periodístico de Joanne López se caracteriza por destacar la responsabilidad estatal en materia de protección del ambiente. Aunque ha sufrido represalias, persiste en denunciar los daños a los ecosistemas de Falcón.
1999
Al servicio de las comunidades. Joanne López obtuvo el título de Licenciada en Comunicación Social Mención Desarrollo Comunal en la Universidad Católica Cecilio Acosta. Su trabajo con, desde y para las comunidades ha distinguido su carrera.
2005
Menos medios. Joanne trabajó en los medios de comunicación más importantes de Falcón, entre ellos Radio Coro, La Mañana y Nuevo Día, y fue testigo de su progresivo debilitamiento. También fue corresponsal de los diarios El Nacional y El Universal.
2009
Foco en el ambiente. Los daños y amenazas a la biodiversidad de Falcón se convirtieron en un área de interés prioritario para Joanne López. Su aproximación al ambiente desde una perspectiva de derechos fortaleció su labor periodística. Cada vez con mayor contundencia, sus reportajes incluían la responsabilidad estatal por acción u omisión. Lo cual incomodó a algunas autoridades regionales.
2009
“Hay que botarla”. Joanne López persistió en visibilizar daños al medio ambiente a través del periodismo. Sin embargo, la intolerancia de algunas autoridades regionales llegó al extremo de ejercer presiones para que fuera despedida del medio de comunicación para el cual trabajaba.
2011
Estigmatización. Los ataques contra Joanne López también fueron persistentes. Un alto funcionario del gobierno de Falcón usó el espacio que tenía en Radio Coro para tratar de desprestigiar a la periodista: “Ella es una tarifada empresarial”, afirmó el funcionario.
2017
2021
2023
2024
Por lo general, el objetivo de la intimidación es la censura: silenciar o inmovilizar a la prensa ante una situación de interés social. Sin embargo, también es posible que mediante la intimidación se pretenda que las personas periodistas realicen determinadas acciones en respaldo de los intereses que defienden los ejecutores de la agresión, en cuyo caso queda anulada la posibilidad de un ejercicio responsable y ético de la profesión.
La intimidación a los y las periodistas es un agravio en sí misma, pero suele implicar el riesgo de que las agresiones aumenten y que los daños sean mayores. Las acciones intimidatorias están focalizadas en una sola persona o en grupo preciso de personas, las cuales quedan en una posición de vulnerabilidad tan grande como la asimetría de poder de causar daño que exista entre el victimario y la víctima.
Cuando la intimidación contra una persona periodista se manifiesta en forma pública suele incluir el propósito de desprestigiarla, ya sea en el plano personal o en el plano profesional, mediante discursos estigmatizantes. Cuando la intimidación contra un comunicador o comunicadora social se aplica en privado suele causar más temor y, de hecho, implica mayores riesgos, pues el victimario estaría dispuesto a actuar subrepticiamente, con impunidad y al margen de todas las garantías de la libertad de expresión y el derecho a la información.
La intimidación puede ser ejercida por actores estatales o no estatales. En ambos casos, los actos de intimidación incluyen mensajes explícitos o implícitos que demuestran o recuerdan la posibilidad real que tiene el agresor de hacer daño a quienes realicen un trabajo periodístico que sea considerado inconveniente, intolerable e inadmisible.
Obviamente, cuando la intimidación contra periodistas proviene de agentes del Estado, la situación es más preocupante, pues es al Estado, precisamente, al que le corresponde ofrecer suficientes garantías para el libre ejercicio del periodismo.
En Venezuela, las intimidaciones a la prensa han llamado la atención del Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca. “En Venezuela, se registra una intensa escalada de intimidaciones a periodistas. Los señalamientos se están emitiendo en tono de guerra, con símbolos de la Aviación Nacional Bolivariana y desde voces con poder sobre las fuerzas de seguridad. Rechazo enfáticamente esta intimidación”, escribió Vaca en su cuenta oficial de la red social Twitter (@PVacaV), en enero de 2021.
En el mapa de riesgos elaborado por IPYS Venezuela, la intimidación resalta como el tipo de violación a la libertad de prensa que se ejecuta con mayor frecuencia. Mediante una encuesta realizada en el primer trimestre de 2021, se determinó que los efectos de la intimidación son: autocensura, censura en los medios, cambio de residencia de la persona afectada y, en el peor de los casos, el abandono temporal o permanente del ejercicio periodístico.
En su Informe Anual 2023, IPYS Venezuela verifica la consolidación de la intimidación como una de las agresiones más recurrentes contra la prensa: “El año 2023 registró un incremento de los incidentes de intimidación o insultos, así como de las amenazas contra trabajadores de la prensa en relación con los eventos documentados en 2022. Este aumento señala la persistencia de un entorno hostil para el libre ejercicio del periodismo, en el que con frecuencia los comunicadores están expuestos a acciones arbitrarias que afectan el desarrollo de sus labores y su integridad”.
Misma Pauta
Gustavo Carrasquel Parra
