Esta organización integrada por 11 madres, una hermana y un padre, tiene documentados 13 casos de ejecuciones extrajudiciales, asesinatos en los que los funcionarios policiales involucrados simularon enfrentamientos. Madres poderosas busca incansablemente la justicia, pero es un pilar de apoyo moral, familiar y social

Mariangel Moro Colmenárez – 11/03/24

Cinco años y más de 11 audiencias, sólo en la etapa de juicio, pasaron para que Carmen Arroyo consiguiera que el homicidio de su hijo Cristian -a manos de un funcionario policial- no quedé completamente impune, como otros miles de los que ocurren en Venezuela. 

Desde el primer día que decidió “ser la voz” de su hijo supo a lo que se enfrentaba, pero ni la depresión por la pérdida de Cristian la detuvo. 

El pasado lunes 22 de enero de 2024, luego de más de cinco años de lucha constante, de resistencia ante maltratos, desidia, arbitrariedad y dilataciones indebidas -como la misma Carmen ha definido el proceso- Aljerdy Victorino Pacheco Rengifo, el policía que disparó contra el hijo de Carmen, fue condenado a 23 años y 15 días. Los otros funcionarios que actuaron como cómplices necesarios, siguen libres, sin ser judicializados.

Ni la sentencia contra el asesino de Cristian ni el tiempo transcurrido han podido borrar de la mente de esta madre el dolor de perder a su único hijo. A Cristian Charrys Arroyo lo asesinaron el 24 de septiembre de 2018, en La Dolorita, parroquia Petare, del área metropolitana de Caracas, cuando regresaba a su casa de celebrar su cumpleaños número 25. Varios funcionarios de la extinta Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), lo abordaron, lo obligaron a arrodillarse y le dispararon a quemarropa sin razón ni motivo alguno.

“Nada de esto le va a devolver la vida a mi hijo, ni calma mi tristeza o alivia la depresión a la que me enfrento diariamente, pero mi lucha va a contribuir a que ese asesino no va a seguir acabando con la vida de más muchachos sanos como el mío”, asegura Carmen.

Foto cortesía: Carmen Arroyo inauguró un mural con el rostro de su hijo, en nombre de todos las víctimas de ejecuciones extrajudiciales en Venezuela

Apenas unas semanas después del homicidio de Cristian, cuando Carmen pudo de nuevo  encarar la vida, dio inicio a una batalla que no ha terminado. La mujer de 56 años, se ha unido a otras madres, hermanas y familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales en barriadas de Venezuela, para buscar justicia y visibilizar estos hechos que ocurren sin que el Estado le ponga freno, investigue ni aplique castigos o las penas.

“Madres Poderosas” se llama la organización que las agrupa y que tiene 13 casos documentados. Actualmente, lo integran 11 madres, una hermana y un padre que está en Barrancas del Orinoco, en el estado Monagas, al oriente del país. La idea surgió de Carmen y de Ivonne, a quien en el 2017, también -sin motivo ni razón-, otro grupo de funcionarios policiales asesinó a su hijo Guillermo José con un tiro de gracia, dentro de su propia casa. Los uniformados simularon un enfrentamiento.

“A nosotras nos unió ésta desgracia que tenemos en común y así será hasta el final de nuestros días”, afirma Ivonne Parra, que junto a Carmen dirige “Madres Poderosas”, desde que fue registrada como una Asociación Civil Sin Fines de Lucro en septiembre de 2021

“Tuvimos la idea desde el 2018. Cada una quería hacer una fundación con el nombre de su hijo, y con el mismo objetivo que era denunciar y luchar en contra de las ejecuciones extrajudiciales. Un abogado criminalista nos ayudó a darle un nombre que no solo representara nuestros casos particulares, sino con los que otras madres y familiares pudiesen integrarse. En el 2021 terminamos de legalizarla”. 

Antes de crear Madres Poderosas, en el 2019 ya Carmen  e Ivonne habían formaron parte del grupo de familiares víctimas relataron sus testimonios de la letalidad policial y de las violaciones a los derechos humanos y ejecuciones extrajudiciales que que se vive en el país a Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), para el momento.

Desde entonces, y ya bajo la figura de esta asociación civil sin fines de lucro, trabajan junto a la organización Alianza de Familiares Víctimas del 2017 (Alfavic 2017) y se transformaron en un colectivo encabezado por mujeres, que se ha convertido no solo en “abogadas” y defensoras de los derechos humanos, sino en terapeutas las unas de las otras. 

Aunque haya dictado sentencia contra el asesino de su hijo, Carmen sabe que no será la última vez que irá al tribunal. Ella sigue acompañando a sus compañeros y a las mamás de los otros 12 jóvenes asesinados. La mayoría de ellas manejan términos judiciales, redactan oficios para presentar ante el Ministerio Público, tribunales o para solicitar alguna experticia.

“Cada semana alguna debe ir a los tribunales o a la fiscalía y ahí estamos para acompañarnos. Si es de ir todas a la morgue para buscar un protocolo de autopsia porque tienen tres años que no se lo han enviado a la fiscalía, lo hacemos. Nosotras mismas nos encargamos de los escritos y de enviarlos por correo”, comenta Ivonne.

La desgracia que aún viven, al no recibir respuesta del Estado en su obligación de realizar una investigación en cada caso, de forma debida y expedita, dentro de los lapsos procesales, ha despertado en ellas la solidaridad, sororidad y empatía. 

“Tenemos una herramienta, que no es el dinero, sino el apoyo que nos damos entre todas. Si en una fiscalía se están burlando de una de nosotras, que lo hacen a cada rato, vamos y le explicamos lo que hemos aprendido en este camino y hacemos acompañamiento”, precisa Ivonne.

Lo poco que se ha logrado, en el caso del asesinato de Cristian, el hijo de Carmen, que es el único donde uno de los culpables ha sido judicializado, se debe a un trabajo de unidad. “Esta carga compartida hace el dolor más leve, por eso nos mantenemos unidas y aunque ya uno de los asesinos de mi hijo esté condenado, mi lucha no acaba. Toca continuar ayudando a las otras madres y familiares”, indica Carmen.

Sin sentencia definitivamente firme 

En el resto de los casos, no se tiene información sobre el desarrollo de la investigación. Algunos de los culpables sí están plenamente identificados, pero siguen libres y hasta han sido absueltos.

El homicidio de Andrés David Osorio Contreras, de 18 años, es uno de los más antigüos de los documentados por Madres Poderosas y donde el culpable fue eximido. El hecho ocurrió el 22 de julio de 2006, en la autopista Francisco Fajardo, a la altura del Jardín Botánico.

Su madre Daissy Contreras cuenta que Andrés David, trabajaba como mototaxista, y justo cuando regresaba de llevar a un pasajero al CC El Tolón, en Las Mercedes,  un funcionario del Cicpc le propinó un disparo en la espalda. Ocurrió en medio de un enfrentamiento con delincuentes que intentaron robar al policía.

“En el 2013, el funcionario fue condenado. Sin embargo, en el 2014 se anuló el juicio y comenzamos otra vez ese camino de tortura, hasta hoy en día. Juicios interrumpidos y detenidos por dos años en pandemia”, relata Daissy.

Gracias a su dedicación e insistencia, logró que se continuará el juicio, “pero en diciembre de 2022, un juez de la mal llamada justicia del Estado venezolano, absuelve a este funcionario, sin que hasta la fecha haya sido publicada la sentencia para poder ejercer el derecho a apelación”.

Este episodio no solo le quitó a un hijo a Daissy. Su otro hijo se vio obligado a marcharse del país y dejar su vida por temor a represalias por estos funcionarios del Cicpc. “Temíamos a que lo sembraran y lo detuvieran. Yo vivía con mucho miedo a que lo encontraran en el camino y también me lo mataran”

Daissy, como Carmen e Ivonne describen las muertes de sus hijos y todo lo que han tenido que enfrentar en busca de justicia, como un dolor devastador del que no se han podido recuperar. 

“Yo he llevado esta lucha sin ver el fin. El Estado se ha negado a darme respuesta. La muestra está en que después de una sentencia donde absuelven, aún ésta no se ha publicado”, cuenta Daissy, que a sus 61 años, siendo una mujer de la tercera edad, la situación deterioró aún más su condición física a raíz del estrés y del dolor. 

El 7 de febrero de este 2024, Daissy, junto a sus compañeros emitieron un escrito de petición ante el Tribunal 14 de Juicio del Área Metropolitana de Caracas, para que se publique la sentencia de absolución que fue dictada el 15 de diciembre de 2022, contra el que ella señala como el culpable de la muerte de su hijo Andrés David. Se trata de un amparo para que le permitan el derecho de apelación.

“A veces siento que no puedo más. Si no fuese por este grupo de compañeras que están pendientes y cada día me llaman para preguntar cómo estoy, y me dicen ‘no te vas a quedar ahí, vas a seguir adelante’, no sé cómo continuaría esta lucha. Aquí nos prestamos el hombro si tenemos que llorar, nos apoyamos con los pasajes si hay que ir a la fiscalía o tribunal, y siempre estamos pendiente de cada caso. La meta es que cada una de nosotras consiga la justicia, pero también evitar que otras madres que pasen o que nos vean y se sientan con la valentía y la fuerza para denunciar, para que no tengan miedo”, comenta Daissy.

Foto cortesía: Daissy Contreras acude hasta seis veces al meses antes la fiscalía y el tribunal esperando la sentencia definitivamente firme

Denunciar sin miedo 

Precisamente en el comunicado emitido por “Las Madres Poderosas”, tras la condena a uno de los funcionarios policiales, en el caso del hijo de Carmen, estas mujeres envían un mensaje a todas las madres venezolanas que han vivido una situación similar.

“Esta decisión debe ser el inicio de una nueva fase de lucha, esperamos la pronta publicación de la sentencia, el cumplimiento efectivo de la condena, así como la continuación del proceso contra el resto de los funcionarios involucrados en este caso. Hoy queremos hacer pública esta noticia para que todas las madres y familiares que enfrentan situaciones similares sepan que nunca es en vano luchar por la justicia para nuestros seres queridos. Este es apenas un primer paso, una pequeña victoria (…) todavía quedan muchos casos dónde estamos esperando que también se haga justicia”, señalan.

Ahora, la petición del grupo de madres y de familiares es que el sentenciado, cumpla con su condena y sin privilegios, que sea trasladado el Rodeo III, sitio de reclusión ordenado por el tribunal de la causa. 

Cifras rojas 

Entre 2016 y 2020, el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) documentó 27.856 ejecuciones extrajudiciales. 

El proyecto de derechos humanos Lupa por la Vida, de Provea y el Centro Gumilla, que monitorea en Venezuela las ejecuciones extrajudiciales por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, denunció el asesinato de 824 personas en el 2022, a manos de policías y militares.

Nada más en el primer semestre de 2023, se registraron al menos 355 ejecuciones extrajudiciales, de acuerdo con los resultados del mismo informe del proyecto Lupa por la Vida. 

Las organizaciones que contabilizan estás muertes, identificaron que de las víctimas, más de 90 % son hombres, entre 18 y 30 años de edad en 60,49 % de los casos. El grupo del Estado que estuvo más involucrado en ejecuciones extrajudiciales fue la Policía Nacional Bolivariana (PNB), 

En el primer mes de este 2024, Monitor de Víctimas contabilizó 65 personas asesinadas por funcionarios de las policías en cinco estados del país.

Precedente 

El 29 de marzo de 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el 29 de marzo de 2023, presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el caso 14.177, en contra de Venezuela por las ejecuciones extrajudiciales de los hermanos Israel Benjamín, Martin Daniel, Leonel David y Leonardo José Manaure Flores, quienes fueron asesinados, en 2017, en el estado Aragua, por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). 

Aunque las autoridades de este órgano policial informaron que se había tratado de un enfrentamiento y señalaron a los hermanos de delincuentes, Ana María Flores Quintero, la madre de los cuatro jóvenes se encargó de demostrar que sus hijos no tenían antecedentes penales: tres eran estudiantes y uno obrero.

Ana María temió por su integridad física, y se vio  obligada a cambiar de domicilio, tras buscar justicia por la muerte de sus cuatro hijos. En este sentido, según un informe emitido, la Comisión concluyó, al menos en este caso, que ‘el Estado venezolano es responsable por la violación de los artículos 4 (derecho a la vida), 5 (derecho a la integridad personal), 8 (garantías judiciales), 19 (derechos del niño) y 25 (derecho a la protección judicial) de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento”.

Ante estos señalamientos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), recomendó al Estado venezolano:

1. Reparar integralmente las violaciones de derechos humanos, incluyendo tanto el aspecto material como moral.

2. Disponer las medidas de atención en salud física y mental necesarias para la rehabilitación de Ana María Flores Quintero, de ser su voluntad.

3. Continuar con la investigación penal de manera diligente, efectiva y dentro de un plazo razonable con el objeto de esclarecer los hechos en forma completa, identificar todas las posibles responsabilidades e imponer las sanciones que correspondan.

4. Adoptar las medidas de no repetición de hechos similares: i) programas de capacitación sobre los estándares internacionales de derechos humanos sobre uso de la fuerza y prohibición de ejecuciones extrajudiciales; ii) medidas para investigar con la debida diligencia, la necesidad y proporcionalidad del uso letal de las fuerzas policiales, con protocolos de control y rendición de cuentas frente al actuar de dichos funcionarios.