El 7 de marzo de 2016, el portal prooficialista Misión Verdad acusó a medios privados de hacer “propaganda en contra del país”, a través del artículo “Tres maniobras de intoxicación de los medios ‘independientes’ en torno a Tumeremo”, tras las publicaciones de los medios web El Estímulo y Efecto Cocuyo, y el diario El Nacional por el caso de los mineros desaparecidos en la población de Tumeremo, estado Bolívar.

La Fundación Regional “El Niño Simón”, en Mérida, a cargo de Griceyd Burguera de Ramírez, esposa del gobernador del estado, Alexis Ramírez, negó un empleo como periodista a María Fernanda Barrios por rehusarse a firmar “una lista” que solicita al presidente Nicolás Maduro la no promulgación de la Ley de Amnistía, propuesta por la bancada opositora de la actual Asamblea Nacional (AN).

En una rueda de prensa convocada el 05 de abril de 2016 en la ciudad de Punto Fijo, el comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI), vicealmirante Edglis Herrera Balza, acusó al periodista de sucesos del Diario Nuevo Día, Gerardo Morón Sánchez, de manipular la información “diciendo cifras que son mentiras”, tras la publicación del resumen sobre las incidencias delictivas que el periodista realiza mensualmente en la región.

Desde el domingo 3 hasta el jueves 7 de abril de 2016, desde al menos siete portales web estatales y prooficialistas se dirigieron mensajes descalificativos contra periodistas venezolanos que participaron en la investigación periodística mundial Panamá Papers, que dejó al descubierto cómo personas millonarias y de poder utilizan paraísos fiscales para evadir impuestos, ocultar y lavar dinero, y que se afianzó en la revelación de once millones de documentos procedentes de la firma panameña Mossack Fonseca, de los cuales 270 mil mencionan a Venezuela.

El Defensor del Pueblo Delegado del estado Sucre y ex concejal de Cumaná por el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Florencio Contreras, solicitó a periodistas del portal web prensalternativa.com.ve entregar audios de voceros que declararon acerca de la alta contaminación de las playas del litoral cumanés, tras una nota realizada por la periodista y jefe de prensa de ese medio digital, Luisa Panagua; noticia que fue censurada el 25 de marzo de 2016 por parte de la directora de Política Comunicacional de la Gobernación de Sucre, Argelys González.

El 30 de marzo de 2016, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), cuerpo de seguridad del Estado, intentaron limitar la cobertura que reporteros de medios de comunicación social hicieron acerca de una concentración pacífica de periodistas y representantes del gremio, en rechazo a la escasez del papel prensa que ha derivado en las suspensión de las ediciones impresas de medios como El Carabobeño. El hecho ocurrió en la Avenida Francisco de Miranda con Av. Principal de Los Cortijos, en Caracas, ciudad capital.