El 15 de enero de de 2014, el Presidente de la República, Nicolás Maduro, acusó a los medios de comunicación de emitir contenidos que hacen culto a la violencia y a las drogas y de promover antivalores. Y ordenó al Ministerio de Comunicación y la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) revisar toda la programación de las televisoras abiertas y por suscripción.

El 7 de diciembre de 2013, El Nuevo País, medio impreso de capital privado con sede en la ciudad de Caracas, redujo de 16 a 8 el número de páginas en sus ediciones diarias, debido a retrasos y trabas en los trámites ante organismos gubernamentales para la importación de papel periódico en el país. Además, el miércoles 11 representantes del diario denunciaron que personas desconocidas intentaron hackear en repetidas ocasiones la página web del impreso y de la Revista Zeta.

El 29 de noviembre de 2013, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), declaró sin lugar la solicitud de revisión de la sentencia Nº 384, de la Sala Político Administrativa del TSJ, en la que le negaban al periodista César Batiz, miembro de la Unidad de Investigación de la Cadena Capriles, su derecho de acceso a la información pública, por unas peticiones formales de información que hizo ante el ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería y Presidente de la estatal Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA), Rafael Ramírez, de las cuales no obtuvo respuesta.

El día 28 de noviembre de 2013, Blanca González, periodista de la sección Vida, del diario de circulación nacional, Últimas Noticias, con sede en el Distrito Capital, fue amenazada por una presunta funcionaria del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (INTT), cuando entrevistaba a un conjunto de motorizados para la serie Motorizados Rueda Libre, que publica en colectivo un grupo de reporteros desde el 24 de noviembre de 2013.

El 24 de octubre de 2013, transcurridos 17 días desde la creación del Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (CESSPA), el Gobierno realizó la modificación de algunos de los artículos más polémicos aduciendo, “fallas en los originales”, según se lee en Gaceta Oficial 40.279 . No obstante, y a pesar de estos cambios ejecutados, se percibe que en el artículo 9, aún se desconocen y vulneran las garantías del derecho a la información.

El 29 de septiembre 2013, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), institución adscrito a la Vicepresidencia de la República, inició un proceso administrativo contra el canal privado Globovisión por la transmisión del programa Caso de Investigación donde se trató el tema del desabastecimiento de productos a nivel nacional, lo cual, podría generar zozobra.