El 11 de junio de 2010, el periodista del diario El Carabobeño, Francisco Pérez, fue condenado a 3 años y 9 meses de prisión, así como a la inhabilitación profesional y política por el mismo período de tiempo. La decisión la tomó el juez Toredit Alfredo Rojas, a cargo del Tribunal 5º de Juicio de Valencia, al centro-norte de Venezuela.

El 15 de julio de 2010, cinco efectivos de Casa Militar retuvieron a los periodistas Jhonny Montenegro, Karina Pérez y Héctor Castillo del diario Últimas Noticias, así como a John Lara, conductor del vehículo que los transportaba. Los militares alegaron que los reporteros habían ignorado una voz de alto. El hecho ocurrió en Caracas.

Desde el domingo 22 de agosto de 2010, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) se instalaron en las afueras de la Coordinación Nacional de Ciencias Forenses -Morgue de Bello Monte-, en Caracas, para llevar a los familiares de los fallecidos por homicidios a esperar las noticias dentro del Instituto Universitario de la Policía Científica (IUOPLC) y persuadirlos de que no hablen con los medios de comunicación, a cambio de agilizar sus trámites.

El martes 17 de agosto de 2010, la abogada Eva Golinger y el vocero oficial del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Félix Paisano, acudieron ante el Ministerio Público (Fiscalía) para consignar documentos que presuntamente demuestran el financiamiento a periodistas y ONG en Venezuela desde el Departamento de Estado de Estados Unidos.

El viernes 13 de agosto de 2010, el Tribunal 2º de Control Militar prohibió al general retirado Antonio Rivero, "dar declaración a cualquier medio nacional e internacional relativo a información que comprometa a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB)".

El 14 y 15 de diciembre, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó, en primera discusión, el proyecto de reforma de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Ley Resorte), que incluye restricciones para los contenidos de internet, y el proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones (LOTEL), que amplía el control del Estado sobre las licencias para medios radioeléctricos.