IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
Ipys Venezuela reportó más de una violación por día durante los primeros siete meses de 2015
Caracas, 24 de agosto de 2015.- Durante los siete primeros meses de 2015, el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela, IPYS Venezuela, registró 240 alertas, las cuales derivaron en 287 violaciones al derecho a la libertad de expresión, que van desde agresiones físicas a trabajadores de la prensa, criminalización del trabajo periodístico (con apertura de procesos judiciales), limitaciones al acceso a la información, entre otras.
El momento cúspide de esta medición se ubicó durante junio, cuando se celebra el Día del Periodista, mes en el que Ipys Venezuela contó 46 alertas. Cuando se promedian los casos, estamos hablando de 34 por mes, un equivalente a 1,1 caso por día (enero, 35; febrero, 33; marzo, 29; abril, 28; mayo, 33; junio, 46; julio, 36).
IPYS Venezuela alerta en torno a que el primer semestre (enero a junio) de 2015 se hayan registrado 204 casos, que se corresponden prácticamente con el número de casos ocurridos durante el primer semestre de 2012 y de 2014, período de elecciones presidenciales y manifestaciones civiles respectivamente. Este aspecto es fundamental para que explicar que la excepción se está convirtiendo en una norma, con una tendencia distinta y más sofisticada, como el discurso que criminaliza, las acciones legales contra directivos medios de información, y la censura. Y otros más cruentos, como la periodista Elena Santini, quien fue lanzada de un segundo piso durante la toma de la alcaldía opositora por grupos afectos al oficialismo, en el municipio Mario Briceño Iragorri, estado Aragua.
En promedio, Ipys Venezuela contabilizó 1,1 casos por día
Estos casos se sucedieron geográficamente en el Área Metropolitana de Caracas, 115; y los estados Táchira, 15; Aragua, 15; Monagas, 10; Carabobo, 8; Zulia, 7; Falcón, 7; Barinas, 6; Lara, 5; Mérida, 5; Bolívar, 5; Apure, 4; Anzoátegui, 4; Delta Amacuro, 3; Vargas, 3; Miranda, 2; Portuguesa, 2; Guárico, 1; Trujillo, 1; Amazonas, 1; Nueva Esparta, 1; Yaracuy, 1, y al menos 2 casos, como la apertura del juicio contra 22 directivos de medios, afectan a todo el territorio nacional.
Otros 17 casos se sucedieron en el entorno digital.
La tendencia a criminalizar
A diferencia del año 2014, cuando durante febrero y marzo los conflictos sociopolíticos posicionaron las agresiones físicas, las amenazas de detención y los ataques contra las herramientas de trabajo, los primeros siete meses de 2015 se destacaron por la tendencia discursiva del sector oficial en criminalizar el ejercicio periodístico, luego de la publicación de trabajos de investigación que develaron posibles casos de corrupción o irregularidades empresariales, que son de interés público para los ciudadanos.
El presidente de la República, Nicolás Maduro ha acusado y criminalizado la labor informativa de medios impresos privados bajo el argumento de que promueven la desestabilización social y política del país. IPYS contabiliza al menos 12 casos en los que se vincula directamente el discurso presidencial en contra de medios de comunicación, nacionales e internacionales.
Desde el sector oficial se han ejecutado 36 declaraciones agraviantes y 11 campañas de agravio en contra de periodistas y medios de comunicación, ejecutadas a través de medios estatales. Entre estas campañas se debe mencionar el incremento de señalamientos (53) en contra de activistas de Derechos Humanos (DDHH), con el fin de desprestigiar la labor de las Organizaciones No Gubernamentales.
IPYS Venezuela ha alertado y expresado constantemente su preocupación por el hecho de que el presidente de la Asamblea Nacional y vicepresidente del partido de gobierno, PSUV, Diosdado Cabello, revele a través de su programa Con el mazo dando, información confidencial sobre viajes y estadías de periodistas y defensores de DDHH, en la que detalla fechas de salida y retorno al país, direcciones de los hoteles donde se hospedan, y los lugares donde se desarrollan sus actividades en el extranjero –casi todas sobre la situación de DDHH en Venezuela.
Este tipo de discursos dirigido a la prensa y la disidencia pública suele ser precedente para que funcionarios públicos y particulares amenacen y ejerzan acciones legales en contra de comunicadores sociales. En 28 semanas se contabilizaron 7 acciones legales y 13 amenazas en contra de periodistas y medios de comunicación.
La demanda por difamación agravada interpuesta contra 22 directivos de medios de los diarios El Nacional, Tal Cual y el medio digital, La Patilla, por replicar una información del diario ABC de España, ha sido catalogada por varios sectores del país, como un duro golpe para la libertad de expresión y su institucionalidad democrática.
Resulta preocupante la posición de rechazo del Tribunal Supremo de Justicia contra las informaciones publicadas por medios nacionales en torno a la noticia del diario español, argumentando que estos reportajes atentan contra la soberanía y la autodeterminación del Gobierno venezolano.
Es preocupante que esta acción pudiera promover la autocensura entre los demás medios con líneas informativas independientes, que en el futuro pudiesen publicar información sobre funcionarios públicos, por temor a represalias oficiales.
La radio, otro blanco de la censura
Por otro lado, se registraron al menos siete casos de agresiones administrativas vinculadas a cierres de radioemisoras y suspensiones de programas radiales, algunas provenientes del mismo medio por temor a represalias administrativas vinculadas a la concesión de servicios de radiodifusión sonora.
Entre estas medidas se cuentan procedimientos administrativos de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) contra la señal de las radioemisoras Infinita 90.9 FM y Morros 89.7 FM, ubicadas en los estado Barinas y Guárico respectivamente, así como la orden expresa de directivos de medios sobre la suspensión de programas de información y de opinión, de los comunicadores Laure Nicotra y Leonaldi Meza en el estado Barinas.
Al finalizar la primera semana de agosto, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), organismo regulador de las telecomunicaciones en Venezuela, inició un procedimiento administrativo en contra de CNN en Español (Cadena de Noticias por Cable), luego de que se emitiera un texto errado en pantalla sobre un presunto conato de saqueo en la tarde del 6 de agosto, cuando la corresponsal Osmary Hernández, informaba sobre el desabastecimiento en las ciudades de Maracay y Valencia.
Aunque la cadena televisiva emitió un comunicado en el que justificaron el hecho como un error humano, el organismo tomó en cuenta instrucciones del Ministerio del Popular para la Comunicación e Información (Minci), que horas antes había rechazado públicamente la información difundida por CNN, que calificó como una “campaña terrorista y criminal orquestada para atentar contra la paz de los venezolanos”.
Restricciones para la impresión
Del total de alertas, 19 se enmarcaron en las limitaciones y obstáculos para la adquisición de papel periódico e insumos para la impresión. Uno de los casos destacados corresponde a Tal Cual, que por una mezcla de crisis económica con dificultades de acceso al papel prensa, el 27 de febrero circuló por última vez como diario, y a partir del jueves 8 de mayo de 2015 comenzó su nueva etapa como semanario.
El Carabobeño, periódico de circulación regional con 81 años en el mercado, el 24 de junio de 2015 estuvo a punto de suspender su edición impresa debido a la falta de materia prima. No obstante, antes de la suspensión el periódico recbió papel en modo de préstamo y continúa en el mercado con la sostenida disminución de páginas durante los últimos meses. Entre 2013 y 2015, al menos 12 medios impresos dejaron de circular temporalmente debido a esta crisis.
El 31 de julio, el Correo del Caroní salió a las calles por última vez como un periódico de circulación diaria, luego de que su presidente-editor, David Natera Febreres, anunciara que las reservas de papel e insumos para la impresión les permiten continuar con las ediciones impresas como un semanario.
Para abril de 2015, el reporte de IPYS Venezuela Se cambia silencio por publicidad oficial, reveló que el Correo del Caroní formó parte de la lista de 10 medios críticos sin publicidad oficial en el país. Para ese momento, la lista de medios también estaba conformada por los impresos El Tiempo, El Carabobeño, Notitarde, El Nacional, 6to Poder, Nuevo País, Tal Cual y La Verdad.
Directivos de impresos de circulación regional, como La Nación, de Táchira; El Siglo, de Aragua; El Impulso y El Informador, de Lara; Última Hora, de Portuguesa, y La Verdad de Monagas denunciaron que continúan las trabas administrativas vinculadas con la función cambiaria sobre los procesos de adquisición de papel periódico. Recientemente, los impresos Notidiario y El Nuevo Guayanés, que circulan en el suroriente del país, dejaron de salir al mercado en sus ejemplares físicos temporalmente, debido a la escasez de planchas fotográficas, insumos necesarios para el proceso de impresión.
Caminando por la autocensura
Dentro de las salas de redacción, los reporteros también denunciaron presiones internas y externas sobre informaciones de interés público. Al menos siete despidos se encuentran vinculados a decisiones editoriales, y la publicación de información que puede resultar incómoda entre sectores políticos y empresariales, que pudiesen devenir en represalias.
Uno de los casos más recientes fue el despido de la periodista Génesis Arévalo del impreso La Verdad de Vargas, una semana después de la publicación de un trabajo de investigación que reveló irregularidades en la construcción de un estadio deportivo en Macuto, ubicado en el Litoral Central, en la costa del país. La periodista aseguró a IPYS Venezuela haber sido notificada de que el gobernador de la entidad, Jorge Luis García Carneiro, habría solicitado su despido a los directivos del impreso por la publicación del trabajo periodístico.
Este y otros casos, como los despidos de los periodistas Ingrid Bravo, Aliana Andrade y Amable García, se encuentran vinculados a decisiones que afectan la independencia y la calidad informativa de los medios informativos, y por ende el derecho que tienen los ciudadanos a saber.
Uso abusivo del poder estatal
De las alertas de libertad de expresión 40 están vinculadas a la acción de autoridades que forman parte de organismos gubernamentales y sus dependencias, y que obstaculizan la labor de los comunicadores, que van desde la negativa a responder solicitudes de entrevistas y documentación de interés público, hasta amenazas de acción legal.
Se corroboró la participación directa de los cuerpos de seguridad del Estado en 25 oportunidades en los que se registraron obstrucciones al acceso a la cobertura de hechos de interés público en la calle e instituciones donde se desarrollaron ruedas de prensa. Al menos 11 detenciones arbitrarias en contra de 9 reporteros y dos ciudadanos que declararon a los medios se sucedieron en este mismo período e involucraron la participación de las fuerzas policiales, militares y de inteligencia.
Uno de los casos que destaca corresponde a la detención y vejación que sufrieron Beatriz Lara Mendoza, periodista, y Rafael Parada, reportero gráfico, miembros de un equipo reporteril del diario El Aragüeño, por parte de funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) en Villa de Cura, estado Aragua.
Ambos reporteros denunciaron haber sido detenidos de forma arbitraria cuando se dirigían a la sede del CICPC para cubrir una pauta informativa, bajo el argumento de que estaban involucrados en el escape de varias personas que estaban bajo arresto en el recinto.
Los efectivos desnudaron a la periodista y la obligaron a ponerse en cuclillas para revisarla bajo la tesis de que portaba un arma en sus genitales. Posteriormente ambos periodistas fueron liberados.
Este hecho ocurrió 17 días después de que un equipo reporteril de la Alcaldía Mario Briceño Iragorry, en el estado Aragua, fuese agredido por un grupo de simpatizantes al gobierno naciona,l que tomaron la sede gubernamental a la fuerza, el 2 de junio de 2015.
Limitaciones a la cobertura
IPYS Venezuela alerta sobre 27 impedimentos restrictivos que se hacen de manera recurrente sobre la cobertura de hechos noticiosos relacionados con la adquisición de alimentos y productos del hogar y aseo personal.
Las acciones de funcionarios de seguridad privada y simpatizantes con el gobierno nacional también han impedido que periodistas, reporteros gráficos y reporteros ciudadanos recopilen imágenes y testimonios de civiles que se encuentran en las afueras de varios establecimientos comerciales. A los comunicadores se les amenaza constantemente con despojarlos de sus herramientas de trabajo y detenerlos mientras ejercen su derecho a informar.
Recientemente se pudo corroborar que periodistas y miembros de equipos reporteriles fueron intimidados y limitados en al menos 10 oportunidades, mientras ejercían labores informativas durante el proceso de las elecciones primarias del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), el 28 de junio pasado.
Al menos 25 personas no identificadas arremetieron en contra de periodistas y medios de comunicación durante la realización de pautas informativas. En el ámbito de coberturas sobre las fuentes de política y consumo, diez simpatizantes oficialistas y dos simpatizantes opositores intimidaron y agredieron a equipos reporteriles de medios impresos y multimedios.
Ataques a la integridad
IPYS Venezuela registró al menos 114 alertas vinculadas a agresiones en contra de periodistas y ataques en contra de sedes de medios de comunicación, entre las que destacan acciones vinculadas a casos de intimidación (51), ciberagresiones (17) y amenazas de ataque a la integridad física (7) en contra de los trabajadores de la prensa, ataques en contra de las herramientas en trabajo (6), robo (3. IPYS Venezuela registró, con 18 casos este año, una disminución de las agresiones físicas en contra de comunicadores sociales, que en 2014 fueron 50.
Esto se debe a que el primer trimestre de 2014 estuvo caracterizado por las protestas civiles y estudiantiles, que dejaron al menos 41 muertos y 854 heridos y lesionados, además de 3.127 detenciones arbitrarias a ciudadanos en las principales ciudades del país, de acuerdo con cifras del Programa Venezolano de Educación – Acción en Derechos Humanos (PROVEA).
Del total de alertas, 19 se enmarcaron en las limitaciones y obstáculos para la adquisición de papel periódico e insumos para la impresión. Uno de los casos destacados corresponde a Tal Cual, que por una mezcla de crisis económica con dificultades de acceso al papel prensa, el 27 de febrero circuló por última vez como diario, y en mayo comenzó su nueva etapa como semanario.
Recomendaciones de Ipys en sesión de la ONU
En su participación en la audiencia del 4to Informe Periódico del Estado venezolano para el Período de Sesión 114° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Ginebra, junio de 2015), IPYS Venezuela solicitó a la ONU exigir al Estado venezolano:
- La modificación de la legislación que promueve la criminalización por desacato, difamación e injuria, basándose en los estándares de los Derechos Humanos sobre libertad de expresión.
- También se pide al Estado garantizar la promoción sobre la pluralidad, la diversidad de voces y el acceso a las fuentes de información, con el fin de que los ciudadanos puedan recibir información de calidad, y que los periodistas puedan ejercer su profesión de forma independiente sin temor a represalias oficiales o agresiones que puedan poner en riesgo su integridad.
- Por último, y de cara a las próximas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, Ipys Venezuela solicitó que el Estado garantice la transparencia en el manejo de la información de interés público y el acceso de los medios y los periodistas a la información.
