IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
Fuente: Knight Center
Agresiones y hostigamientos, procedimientos judiciales en contra de periodistas y medios de comunicación, dificultad para acceder a la información pública, así como prácticas discriminatorias al momento de entregar licencias radioeléctricas, insumos como papel periódico y pauta oficial fueron algunas de las denuncias presentadas por parte de diferentes ONG venezolanas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el marco de la audiencia ‘Situación de la libertad de expresión en Venezuela’, durante su 156 Periodo de Sesiones, el pasado 19 de octubre.
De acuerdo con Marco Ruiz, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), 166 casos de agresiones, hostigamientos u otras formas de intimidación en contra de trabajadores de la prensa fueron reportados durante los primeros nueve meses del año. Si bien, la cifra representa una reducción del 45 por ciento comparada con 2014, para Ruiz sigue siendo un número alto teniendo en cuenta que el país no ha realizado sus elecciones y que no se han presentado grandes manifestaciones.
Audiencia ‘Situación de la libertad de expresión en Venezuela’. Foto; Daniel Lima/CIDH.
Ruiz señaló que la mayoría de estas agresiones se presentan durante la cobertura de las filas que la gente hace para la compra de productos escasos. Durante esta misma cobertura, aseguró que a los comunicadores se les ha prohibido tomar fotos, videos o testimonios.
Mencionó algunos casos como el de la periodista Beatriz Lara quien fue “detenida, torturada y amarrada a una reja” por funcionarios del gobierno, según Ruiz, o el de los periodistas agredidos en el Palacio de Justicia cuando dictaban sentencia en contra del líder opositor Leopoldo López.
Lo más grave, de acuerdo con Ruiz, es que todos estos hechos se mantienen en impunidad total. “Ni uno solo de los casos denunciado ante el Ministerio Público ha conocido justicia. Lo cual es grave por no contribuir a que cesen estas acciones delictivas que vulneran tantísimos derechos fundamentales”.
En esta misma línea se expresó Marianela Babi, del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), quien hizo referencia a los procesos judiciales en contra de periodistas y medios de comunicación y activistas de derechos humanos los cuales “se incrementaron en el gobierno del presidente Nicolás Maduro”.
Balbi aseguró que la mayoría de estas acciones judiciales fueron acompañadas con “medidas de censura que prohiben las coberturas sobre criminalidad, violencia y corrupción”. Aseguró que IPYS Venezuela, durante 2002 y 2015 registró 64 acciones legales, 29 de las cuales corresponden a delitos de difamación e injuria que han afectado a 36 personas. Más de la mitad de estas personas corresponden al grupo de directivos denunciado por el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, quienes tienen prohibido salir del país.
Por tal razón, IPYS solicitó al Estado revisar la legislación sobre delitos penales por difamación e injuria los cuales “han sido utilizados por altos funcionarios para castigar a periodistas” quienes han revelado información sobre corrupción, criminalidad o violencia.
Las prácticas discrecionales por parte del gobierno para la entrega de insumos como el papel periódico o de concesiones de radio y televisión, también fueron expuestas durante la audiencia como restricciones indirectas a la libertad de expresión. De acuerdo con Oswaldo Cali, de Espacio Público, la distribución de papel periódico por parte de la única entidad autorizada para hacerlo se hace de manera discriminatoria según la línea editorial del medio. Señaló que los medios críticos tienen más restricciones para recibirlo.
Cali aseguró que desde enero a octubre de este año, cuatro medios han reducido su paginación. Mencionó el caso del diario El Carabobeño que, tras 80 años de existencia, desde febrero de 2015 ha venido reduciendo no solo su tiraje, sino paginación y tamaño.
Asimismo, Cali aseguró que 80 por ciento de las concesiones del espectro radioeléctrico esperan su renovación, pero aún no han tenido respuesta por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones(Conatel). Para Cali, esto podría constituir un mecanismo de presión indirecta para generar un cambio de la línea editorial.
En esta misma situación se encontraría la publicidad oficial la cual es entregada como un mecanismo de “castigo o recompensa”, según Cali. Agregó que para este año la pauta oficial es de más de US $97 millones una medida que “beneficia de manera desproporcionada a los medios afectos del gobierno”, lo que, en su perspectiva, afecta la posibilidad de mantener medios independientes.
Por su parte, Mercedes de Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, señaló que el derecho a la información pública prácticamente no existe en el país. De acuerdo con De Freitas, la causas son dos: un marco legal restrictivo y tendencias jurisprudenciales que obstaculizan el ejercicio de este derecho.
Según cifras de Transparencia Venezuela de 475 instrumentos jurídicos aprobados desde 1999 hasta 2014, 60 contienen disposiciones que establecen restricciones al acceso a la información pública. Como por ejemplo, se exige que haya un interés legítimo a la hora de solicitar información pública.
A esto se le suman diferentes sentencias judiciales. De acuerdo con De Freitas, “los jueces venezolanos consideran que las acciones de amparo contra el gobierno son inadmisibles” y que los pedidos de información pública afectan la eficacia y eficiencia de la administración pública.
Por su parte, los representantes del Estado comenzaron su presentación cuestionando la legitimidad de laCIDH a la que acusaron de ser “parcial” por presuntamente no registrar las violaciones cometida por Estados Unidos, al que señalaron ser el “mayor violador de derechos humanos en el mundo”.
Luis Brito, por parte del Estado, cuestionó también el informe anual 2014 de la CIDH en el que Venezuela fue catalogado como uno de los países en donde los derechos humanos están en grave situación. Aseguró que la CIDH no permite el derecho a la defensa por parte de los Estados y que muchas de las cláusulas impresas en el informe no “tienen ninguna validez o son inaceptables” por intentos de injerencia en la soberanía del país.
De acuerdo con Brito, en el informe anual encontró al menos 933 violaciones a la Convención Americana sobre derechos humanos y a la Carta de la OEA, y aseguró que el principal violador de la Comisión Interamericana es la propia Comisión. “Aquí sí se viola, se despedaza, se desintegra y se extermina todo lo que hay sobre derechos humanos en Venezuela por el mal uso y la mala praxis”.
Por su parte William Castillo, director de Conatel, señaló que el informe entregado a la Organización de las Naciones Unidas señala que el 75 por ciento de los medios en el país reciben papel periódico. “Es lamentable que aquí se venga a defender un periódico u otro” agregó Castillo quien también apuntó que “el negocio de los periódicos es la información, no el papel”.
Respecto de las leyes de difamación e injuria aseguró que se trata de un delito de acción privada, pero alegó “parece que unos ciudadanos tienen más derechos que otros”.
“Ser funcionario público me quita a mí el derecho, mi honor, y no tengo derecho a defenderlo en un tribunal”, aseguró Castillo. “Es doble moral”.
Sobre la entrega de concesiones radioeléctricas dijo que el problema no es si la cifra es “80, 90 o 75 por ciento” de concesiones en espera, sino el régimen de entrega que se mantiene hace más de 25 años en el país. Aseguró que el control de los medios en el país está en manos privadas: así tendrían el control del 60 por ciento de las radios y el 54 por ciento de los canales de televisión abierta.
No obstante, señaló que el debate sobre el pluralismo debe seguir en Venezuela y que “nunca como hoy hubo tanto potencial y posibilidades en Venezuela para ejercer la libertad de expresión”.
Por su parte, los representantes de la CIDH respondieron a las señalamientos del Estado y explicaron temas jurisprudenciales.
Así por ejemplo, el comisionado Paulo Vannuchi calificó como “injustas y desinformadas” estas observaciones y los invitó a visitar el portal de la CIDH para conocer diferentes informes sobre Estados Unidos, el más reciente sobre Guantánamo.
El comisionado Felipe González, relator para Venezuela, resaltó cómo de manera reiterada el tema de acceso al a información pública es presentado ante la CIDH, sin que se tenga una respuesta clara por parte del Estado. Un elemento, que señaló, se verá reflejado al momento en que la CIDH elabore los informes.
También les recordó que el derecho internacional ha reconocido el derecho al honor de los funcionarios públicos, pero también que los organismos internacionales reconocen que en un sistema democrático las autoridades “deben tener un nivel de protección menor a la de los ciudadanos corrientes”.
En esta misma línea y haciendo referencia a la denuncia en contra de 22 directivos de medios en Venezuela recordó una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la responsabilidad de medios cuando toman información de otros medios. [Ver caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica]
Finalmente, le solicitó a Venezuela acatar la sentencia de la Corte IDH sobre el caso RCTV al recordarles que el país “se presentó [ante la Corte] y no alegó falta jurisdiccional de la Corte”.
Por su parte el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Edison Lanza, aseguró que las observaciones del Comité de derechos humanos de la ONU coinciden con lo expresado por la CIDH sobre libertad de expresión en Venezuela. También solicitó a los representantes del Estado poder realizar una visita al país y así recibir información de primera mano.
Una propuesta que fue rechazada de manera tajante por Germán Saltrón, representante del Estado para derechos humanos, quien aseguró que la CIDH solo podrá visitar a Venezuela hasta que “rectifique su error”, que de acuerdo a las autoridades venezolanas, fue haber apoyado el Golpe de Estado en contra del gobierno del entonces presidente Hugo Chávez. “Mientras tanto no son dignos” de visitar Venezuela, aseguró.
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