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Condena contra el periodismo

Los cuatro primeros meses de 2016 sorprendieron al país con la sentencia contra el director de Correo del Caroní por difamación agravada, y el cierre de El Carabobeño por falta de papel prensa, un diario que tenía una tradición de 82 años en la región centro occidental. Fueron cuatro meses de abusos de poder, censura y aplicación de normativas regresivas para el periodismo y el derecho de los ciudadanos a estar informados

Lea también el Informe Anual Ipys 2015

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Balance Primer Cuatrimestre de 2016 Informe Ipys 2015 -panorama 2016

Venezuela, 3 de mayo de 2016. El papel prensa para los medios impresos no está garantizado en Venezuela. Entre los 120 casos de violaciones a la libertad de expresión que Ipys venezuela contabilizó en los cuatro primeros meses de 2016, 49 se enmarcaron en el uso abusivo del poder del Estado, vinculado a la función cambiaria y a la regulación del comercio exterior, específicamente en el suministro de insumos de imprenta para la prensa.

Este número de violaciones supera los registros de IPYS Venezuela por este mismo tipo de hecho, en el mismo periodo de los dos años anteriores. En enero, febrero, marzo y abril de 2014 se reportaron 26 alertas por esta situación, mientras que en el primer cuatrimestre de 2015 fueron seis denuncias públicas por fallas en el suministro de papel periódico, tinta, planchas y otros productos.

Las denuncias, que desembocaron en disminución de paginación, tiraje, suspensión de circulación y cierres, algunos temporales y otros definitivos, han aumentado y se han vuelto constantes luego de que el presidente del Complejo Editorial Alfredo Maneiro, Hugo Cabezas, anunciara a finales de enero de 2016 la reducción en la asignación de papel periódico en 40%, que según la información oficial, representaba alrededor de 400 toneladas.

Creado en mayo de 2013 y adscrito al Ministerio del Despacho de la Secretaría de la Presidencia, el Complejo Editorial Alfredo Maneiro centraliza los dólares preferenciales a 12,50 para la importación de papel y otros insumos indispensables para la impresión de periódicos, en un contexto de control cambiario que afecta la economía del país desde hace 15 años, y que al cambio oficial Dicom es de casi 400 bolívares.  

La agudización de la crisis del papel periódico se enmarca en la tendencia de abuso de poder por parte del Estado venezolano en materia de comunicaciones, durante el primer cuatrimestre de 2016. Bajo este contexto hubo también acciones indiscriminadas de funcionarios públicos en contra de equipos reporteriles durante la cobertura de calle y ante la publicación de investigaciones periodísticas acerca de temas sensibles para las autoridades oficiales.

Durante cinco días, comprendidos entre el 3 y el 7 de abril de 2016, al menos siete portales oficialistas desprestigiaron a periodistas venezolanos de medios digitales, que participaron en la investigación periodística mundial Panamá Papers, entre ellos Alba Ciudad, portal de la red de medios del Estado, adscrito al Ministerio de Cultura; Aporrea, blog independiente; los medios estatales Venezolana de Televisión y YVKE Radio Mundial; y los portales Misión Verdad, La Radio del Sur y La Iguana TV. Varios de los mensajes descalificativos también fueron difundidos por el Ministerio de Comunicación e Información, en los lineamientos que giró a los medios del Estado para responder a una “olla mediática internacional”. Con  estas acciones suman 3 las campañas de agravio promovidas por medios estatales y pro-oficialistas durante el primer cuatrimestre de 2016.

En este lapso se reportaron 10 alertas como consecuencia del discurso violento de altos funcionarios públicos contra periodistas y medios de comunicación, con fines intimidatorios. También preocupó a IPYS Venezuela que en este periodo ocurrieron nueve detenciones arbitrarias por parte de cuerpos de seguridad estatal. Estos hechos ocurrieron durante la cobertura de asuntos de sucesos, comunitarios y en protestas sociales, en los estados Lara (2); Vargas (2); Barinas (1); Sucre (1); Zulia (1); Miranda (1) y el Área Metropolitana de Caracas (1).

La opacidad y el silencio oficial predominaron en este tiempo. IPYS Venezuela contabilizó 44 limitaciones de acceso a la información de interés público a periodistas y trabajadores de medios por parte de funcionarios policiales y militares, y vigilantes de instituciones públicas, principalmente.

Panorama 2016

Entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2016, IPYS Venezuela reportó 120 casos de violaciones a la libertad de expresión, que comprendieron limitaciones por opacidad, agresiones a periodistas, ataques a medios de comunicación, abusos de poder, censura, aplicación de normativas restrictivas, y limitaciones a la libertad de expresión en Internet.

Los mayores conflictos en materia de libertad de expresión fueron en el Área Metropolitana de Caracas, donde se registraron 19 casos, los estados Monagas (10) y Sucre (10). Hubo restricciones también en Lara (7), Táchira (7), Mérida (7), Miranda (6), Zulia (5), Apure (4), Portuguesa (4), Aragua (3), Carabobo (3), Bolívar (3), Falcón (3), Barinas (2), Vargas (2), Trujillo (2), Amazonas (1) y Anzoátegui (1). Se registraron 5 decisiones que tuvieron alcance nacional y 16 que ocurrieron en Internet.

Este indicador supone que hubo, en promedio, 30 casos por mes. Esta tendencia se mantuvo en comparación al primer cuatrimestre de 2015, cuando ocurrieron 125 casos de violaciones a la libertad de expresión.

Este período destacó con el cierre técnico del diario El Carabobeño, luego de 82 años de labores. El 17 de marzo de 2016 imprimió lo que sería el “Zarpazo a la Libertad”, portada de la última versión impresa de este medio. Hasta la fecha de publicación de este informe (3 de mayo de 2016) son 47 días en los que se ha mantenido paralizada su rotativa, aunque su versión web continúa activa.

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Un caso que marcó un mal precedente en materia de libertad de expresión en este lapso fue la sentencia emitida por el sistema de justicia venezolano, cuando en la madrugada del 11 de marzo de 2016 el director del periódico guayanés Correo del Caroní, David Natera Febres, fue condenado a cuatro años de prisión por el delito de difamación agravada, situación que se suscitó a partir de la cobertura sobre hechos de corrupción relacionados con la empresa estatal Ferrominera del Orinoco, ante una demanda de Yamal Mustafá, propietario del diario Primicia, y contratista de las industrias básicas del Estado.

En una serie de reportajes de investigación publicada por Correo del Caroní, se revelaron datos que relacionaban a Mustafá y a otros funcionarios con negociaciones irregulares en el caso de Ferrominera. Para la fecha, sin embargo, no se ha conocido la sentencia firme por parte del juez Beltrán Javier Lira, que debía ser difundida en un lapso de 10 días hábiles.

Ipys Venezuela ha insistido en la necesidad de eliminar los delitos de difamación e injuria de los códigos penales, por cuanto los estándares internacionales de libertad de expresión son categóricos al asegurar que estos procedimientos atentan contra la libre expresión.

Bajo este panorama IPYS Venezuela muestra su preocupación por esta serie de hechos que vulneran el derecho que tienen los ciudadanos a informarse de manera libre y oportuna, así como del derecho que tienen los periodistas de ejercer su profesión sin restricciones, riesgos ni amenazas. De esta manera, exhortamos a los actores estatales y no estatales a reivindicar las garantías necesarias para el ejercicio de la libertad de expresión, un derecho fundamental para la democracia.

IPYS Venezuela se suma al llamado que ha hecho Ban Ki-moon, Secretario General de la Organización de Naciones Unidas, a propósito del Día Mundial de la libertad de prensa, que se celebra este 3 de mayo: Instamos a “los gobiernos, los políticos, las empresas y los ciudadanos a que se comprometan a impulsar y proteger la libertad y la independencia de los medios de comunicación. Sin este derecho fundamental, las personas son menos libres y están menos empoderadas. Con él, podemos trabajar juntos para lograr un mundo con dignidad y oportunidades para todos”.

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