IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
El Estado tiene hasta marzo del año próximo para decidir sobre las 274 sugerencias recibidas durante el EPU
Maruja Dagnino, Ronna Risquez, Edecio Brito Adri’an, Juan Francisco Alonso, Maru Morales P., Gitanjali Wolfermann
Ginebra/Suiza.
La libertad de expresión seguirá siendo tarea pendiente para Venezuela. También la visita de los relatores de derechos humanos y todos los otros requerimientos de los 103 Estados que tomaron la palabra el martes de esta semana durante el Examen Periódico Universal de Derechos Humanos de la ONU realizado en Ginebra, Suiza, luego que el Estado decidiera dejar para el próximo año su pronunciamiento sobre estos temas.
El gobierno de Nicolás Maduro tampoco fijó posición sobre otros temas sensibles que salieron a flote durante el diálogo interactivo como la escasez de alimentos y medicinas, los problemas de salud pública, las peticiones para el cese del adoctrinamiento, las invitaciones a propiciar el diálogo con la oposición, entre otras. Sin embargo, marzo de 2017 es la fecha límite para decidir si acepta o no las 274 recomendaciones que hicieron los países, entre ellas 34 en materia de libertad de expresión, derecho al acceso a la información de interés público y protección de defensores de DDHH.
El Estado venezolano, que llegó a Ginebra con una delegación de 40 personas a inaugurar una exposición en el Palacio de Naciones en la que se mostraba un país sobresaliente en materia de DDHH, no reconoció ninguna deficiencia durante su intervención en la sesión del 1 de noviembre. Lejos de hacerlo, los voceros del gobierno y de los poderes judicial y electoral leyeron informes en los que daban cuenta de un país modelo. La canciller Delcy Rodríguez acusó “campañas de desprestigio contra Venezuela” y enfatizó que la delegación tenía “moral para hablar de los logros en derechos humanos”.
Aunque en el ciclo pasado del EPU Venezuela aceptó de inmediato 20 recomendaciones, este año, en medio de una crisis política en la que ha sido necesario convocar a un diálogo con el Vaticano como facilitador, decidía posponerlas todas. Ni rechazó ni aceptó, solo decidió retrasar la tarea. En otras palabras, la decisión fue no decidir.
Entre 2002 y 2016 el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela, registró 71 acciones legales contra periodistas y medios de comunicación. Y durante los primeros siete meses de 2017, la organización de libertad de expresión registró 546 violaciones al ejercicio periodístico. Se contaron también en este periodo 14 casos de uso abusivo del poder estatal, 4 detenciones arbitrarias y 4 declaraciones agraviantes.
El 1 de noviembre, durante la sesión del EPU en Ginebra, el viceministro para las comunicaciones internacionales, William Castillo, afirmó que “la libertad de expresión en Venezuela se garantiza plenamente”. Ese mismo día en Caracas, el diputado del PSUV Elias Jaua, amenazó con caerle a golpes al periodista de El Nacional, Hernán Lugo-Galicia, por haber publicado una serie de reportajes entre noviembre y diciembre de 2014, acerca del uso de aviones oficiales de PDVSA para traslado de familiares del entonces ministro de Comunas.
Conozca las recomendaciones que le hicieron a Venezuela en materia de libertad de expresión y acceso a la información
