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Noticias en cautiverio | IPYS Venezuela presentó informe ante la CIDH

En el marco de las audiencias de la CIDH, IPYS Venezuela presenta un balance sobre la persecución y criminalización a la labor periodística durante la cobertura del conflicto sociopolítico desdice los compromisos y advertencias internacionales que se han dirigido desde la ONU y la OEA al Estado venezolano

Vea el video completo de la presentación en la CIDH, Lima

La desinformación, la violencia y el miedo se han conjugado para confiscar la libertad de expresión y de opinión en el contexto de protestas que se ha extendido en Venezuela por más de 90 días. Así, los derechos comunicacionales se han conculcado, de acuerdo a este balance que presenta el Instituto de Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS Venezuela), a propósito de 163° periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En este contexto de conflictos sociopolíticos y de libertades restringidas que se ha mantenido entre marzo y junio de 2017, el Estado venezolano ha aupado las restricciones de libertades migratorias y de seguridad, que ponen en riesgo a los periodistas. Con decretos de excepción, medidas de censura y ciberagresiones perpetradas por anónimos se ha obstruido la libertad de expresión en internet. Las órdenes de censura, el cierre y la reducción de espacios informativos y de opinión en los medios radioeléctricos han sido frecuentes y marcan una herida profunda en la línea histórica de la libertad de expresión en Venezuela.

Estos hechos han ocurrido pese a que la CIDH le recomendó al Estado garantizar con urgencia que medios de comunicación nacionales y extranjeros pueden realizar “las transmisiones en directo de manifestaciones y actos públicos, y respetar el deber de no adoptar medidas que regulen o limiten la libre circulación de información”.

El gobierno, además, ha ignorado las 22 recomendaciones que le hicieron diversos países ante la ONU en materia de protección, seguridad, acceso a la información y libertad en la red. Esta acción represiva -que condena las libertades informativas- empezó justo 15 días después de que las autoridades venezolanas asumieran estos compromisos ante la comunidad internacional

Recomendaciones ignoradas

El discurso del Estado no es coherente con las acciones en relación a los compromisos internacionales y la protección a la libertad de expresión y el acceso a la información en Venezuela.

Las 329 violaciones ocurridas entre el 28 de marzo y el 22 de junio de 2016 evidencian que el Estado venezolano ha ignorado las insistentes recomendaciones que ha realizado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), destinadas a salvaguardar la libertad de expresión y el derecho a la información de los ciudadanos y los periodistas en Venezuela, especialmente en el contexto de manifestaciones públicas.

Pese a que en diversas oportunidades el Gobierno Nacional ha informado a la CIDH que estos derechos se preservan en el país, el seguimiento que ha realizado IPYS Venezuela demuestra que desde los diversos niveles del poder ejecutivo se incumplen y desconocen las sugerencias que hizo esta instancia en su capítulo sobre Venezuela en su informe anual 2016, en el que ya le advertía -con especial énfasis- sobre la necesidad de tomar medidas urgentes para garantizar la libre información y expresión en el contexto de manifestaciones públicas.

Con una actitud que alimenta la impunidad, el Estado ha utilizado la violencia -y en algunos casos la omisión- para afectar la labor periodística en el marco de los intensos conflictos que se han vivido en Venezuela por más de 90 días. Han dominado las agresiones, amenazas y las detenciones a los periodistas. También se han dictado medidas de prohibición de salida del país, limitando las libertades migratorias como una forma de castigar a las voces disidentes.

El Gobierno ha preferido tomar una actitud de omisión y permitir los robos, confiscaciones y daños de herramientas de trabajo de los periodistas y sedes de medios de comunicación por grupos armados y manifestantes violentos. Por ello, la seguridad y la libertad de los periodistas venezolanos han estado condicionadas y bajo riesgo por la acción excesiva y arbitraria del Estado, o  por la omisión para acatar medidas de protección y evitar que grupos paramilitares o particulares, hostiles a la labor de los medios de comunicación, ataques a los equipos reporteriles y sus representantes.

A partir del 1 de abril de 2017, Venezuela entró en uno de los episodios más dramáticos para la democracia, y por extensión para el desarrollo natural y con garantías de los derechos a la libertad de expresión y el acceso a la información pública. Con el inicio de las protestas ciudadanas en reclamo de derechos políticos y la denuncia de una ruptura del hilo constitucional causada por la actuación de los poderes ejecutivo y judicial, se inició un ciclo de ataques sistemáticos contra los trabajadores de los medios de comunicación que han cubierto algunas de las 2600 manifestaciones que se registraron en el territorio nacional desde el 1 de abril hasta el 18 de junio, de acuerdo a cifras del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS).

Estos patrones también desdicen los compromisos internacionales que el Estado asumió recientemente en marzo, a favor de la protección a la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo, en el marco del Examen Periódico Universal (EPU) ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. De los 22 compromisos adquiridos, alrededor de 14 instan directamente al Estado venezolano a garantizar la seguridad y protección de los periodistas y a condenar e investigar con celeridad y transparencia las agresiones cometidas contra ellos. Durante la sesión del EPU también se le recomendó a Venezuela garantizar y permitir el ejercicio pleno del derecho a la manifestación pacífica y del derecho a reunión.

Sin embargo, 15 días después de la cita en las Naciones Unidas, el Estado ignoró incluso las recomendaciones aceptadas voluntariamente para mejorar la libertad de expresión en el país e incrementó su hostilidad contra los medios de comunicación y el periodismo independiente.

El resultado de este accionar, que conjuga: 1) permisividad de los abusos al no existir una condena enérgica, 2) la impunidad ante las agresiones y 3) la sistemática campaña desde el poder ejecutivo que desprestigia, agravia y promueve la violencia contra periodistas, defensores y medios de comunicación, es que 62% de las agresiones, es decir, 124 ataques involucran directa e indirectamente a funcionarios de los cuerpos de seguridad e inteligencia del Estado. Esta proporción se repite en las agresiones y lesiones cometidas contra ciudadanos que participan en las protestas. De acuerdo al Ministerio Público, de las 1200 denuncias registradas por lesiones, en más de la mitad están implicados funcionarios de los organismos de seguridad y orden público.

El país por cuartel

Restricciones de libertades migratorias y de seguridad ponen en riesgo a los periodistas

Uno de los casos de mayor preocupación, y que no había tenido precedentes en Venezuela, son las prohibiciones de salida del país que se han dado de facto y de manera discrecional, lo cual le ha restringido las libertades migratorias y de tránsito a periodistas que han mantenido expresiones críticas a la gestión gubernamental, que se ha definido como una “unión cívico-militar”.

El 17 de mayo de 2017 las autoridades migratorias del Aeropuerto Internacional de Maiquetía impidieron la salida del país y anularon los pasaportes del periodista y locutor César Miguel Rondón, quien conduce uno de los programas de mayor audiencia en el circuito Éxitos, de alcance nacional, así como los de su esposa y periodista, Floralicia Anzola y sus dos hijas. El hecho ocurrió cuando se disponían a hacer un viaje de trabajo. Los funcionarios argumentaron que los pasaportes estaban reportados como perdidos y debían anularse. Un día antes el presidente Nicolás Maduro había amenazado con cárcel a Rondón por sus opiniones en contra del gobierno: “Lo que César Miguel Rondón, así como Tulio Hernández, han promovido a través de sus cuentas de Twitter es para que estuvieran presos. Así lo digo, como jefe de Estado. Ya deberían estar acusados judicialmente porque están promoviendo una nueva Ruanda de persecución, de matanza, de odio, y eso está penado por los códigos penales, criminales y las leyes venezolanas”.

Diosdado Cabello, diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela, en su programa con el Mazo Dando del 17 de mayo, también criminalizó a Rondón y apoyó la amenaza presidencial de investigación por incitación a la violencia. El PSUV acusó al periodista de mantener “una campaña terrorista” en contra del gobierno.

Estas amenazas ocurrieron luego de que César Miguel Rondón publicara varios tuits acerca de las protestas que ciudadanos venezolanos realizaron en el exterior durante el mes de mayo para increpar a personas vinculadas con la gestión del ex presidente Hugo Chávez y Nicolás Maduro, así como a sus familiares.

El periodista respondió públicamente al presidente a través de cinco mensajes de Twitter, para manifestar su rechazo no solo a esta serie de protestas de repudio o “escrache” contra figuras del chavismo, sino también al uso de heces fecales con orina por parte de protestantes contra los cuerpos militares y policiales durante los enfrentamientos.

“Tengo una trayectoria de cuatro décadas. Jamás he pronunciado una palabra alentando odio o violencia entre los venezolanos”, dijo Rondón, quien también mencionó el editorial Nobleza y Puputov, en el que deja clara su posición ante esta modalidad de protesta, que fue motivo para titular primeras páginas en medios de comunicación social nacionales e internacionales.

Cinco días después, el 22 de mayo, el episodio se repitió contra la periodista Nitu Pérez Osuna a su arribo a Venezuela, cuando regresó junto a su esposo Vladimir Petit. En las actas emitidas por el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) se lee que el pasaporte de la periodista fue retenido y enviado a la sede central de ese organismo. En la comunicación no se indica la razón de la retención y anulación del pasaporte.

“Cuando salimos del avión y llegamos a migración, vimos mucha presencia policial, había como 40 policías, relató a IPYS Venezuela la periodista Pérez Osuna: “Uno de ellos se nos acercó y nos llevó a una de las taquillas de migración, allí entregamos el pasaporte, y luego el policía nos lo quitó sin darnos información, y se fue a una oficina. Yo comencé a grabar con el teléfono y me brincaron encima a decirme que no lo hiciera. A otro señor que también grababa le hicieron lo mismo y le quitaron su teléfono. Cuando nosotros nos acercamos a la oficina nos dijeron que había un error en el sistema y nos quitaron y anularon el pasaporte”.

Estos casos sientan un precedente negativo para la libertad de expresión, debido a las represalias por abuso del poder estatal, contra quienes ejercen la libre opinión o información en Venezuela. También configuran una violación a la libertad de expresión las declaraciones agraviantes presidenciales, así como las decisiones discrecionales del Estado sobre los asuntos migratorios, para castigar a quienes disienten de la gestión gubernamental.

IPYS Venezuela considera que los periodistas y los ciudadanos que opinan e informan a través de diversas plataformas deben tener garantizados los derechos al libre tránsito, así como las condiciones migratorias para entrar y salir del país, sin ningún restricción, riesgo o amenaza.

Escalada de agresiones

En este contexto han sido desproporcionadas las agresiones de funcionarios de seguridad del Estado. Uno de los casos fue el de la periodista venezolana, corresponsal de Univisión y el medio colombiano Caracol Radio, Elyangelica González, que marcó el comienzo de este ciclo de agresiones contra los trabajadores venezolanos de la prensa. La periodista cubría el 31 de marzo de 2017 una protesta estudiantil a las puertas del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) cuando fue atacada por 10 funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) bajo las órdenes del Coronel Vladimir Lugo Armas, quienes la agredieron físicamente arrastrándola por el suelo alada por el cabello, destruyeron sus herramientas de trabajo y la retuvieron por un lapso de 15 minutos.

González ha sido una de las 69 periodistas mujeres afectadas en su derecho a la libertad de expresión durante la cobertura de manifestaciones. Otras 211 víctimas han sido hombres.

A 86 días de protestas -del 28 de abril al 22 de junio- IPYS Venezuela registró 199 casos de violaciones a la libertad de expresión, que concentran 539 violaciones, más de la mitad por agresiones físicas y ataques. El número de casos en este período supera en 368 por ciento al número registrado en contexto de manifestaciones durante 2016, cuando se contabilizaron 54 casos en protestas ciudadanas. A su vez, constituyen 242 por ciento más de los casos registrados en el primer trimestre de 2017, cuando ocurrieron 82 alertas a la libertad de expresión en Venezuela. En 86 días de conflicto han sucedido 5 casos menos de los registrados durante todo el año 2012, que cerró con 196 casos, que representaron 287 violaciones a la libertad de expresión.

Los exhortos de la comunidad internacional no han tenido eco significativo en la actuación del Estado venezolano. En el país rige un Estado de Excepción desde mayo de 2016 no aprobado por el parlamento, que limita el ejercicio de los derechos fundamentales y ha servido de marco jurídico para criminalizar las libertades informativas.

Ipys Venezuela advierte sobre la existencia de un patrón de agresión que tiene como propósito silenciar lo que ocurre en el país e impedir que los medios de comunicación registren las violaciones de derechos humanos y otras irregularidades, sobre todo aquellas que se generan en el contexto de las protestas ciudadanas, la mayoría reprimidas y frustradas por la acción de los cuerpos de seguridad.

Las agresiones físicas, la hostilidad de los cuerpos de seguridad del Estado, grupos parapoliciales y violentos, la destrucción de material y los robos de equipos, las detenciones arbitrarias, la persecución y los interrogatorios de cuerpos de inteligencia, las limitaciones migratorias que impiden de facto el libre tránsito a los periodistas y las campañas de agravio o la difusión de “noticias falsas” que comprometen la integridad de los periodistas, son las mayores amenazas a los comunicadores venezolanos en el contexto actual y el abono para que el miedo y la censura imperen al momento de registrar los hechos que interesan a la ciudadanía.

En este contexto, IPYS Venezuela registró 29 detenciones arbitrarias contra reporteros mientras cubrían las manifestaciones. En la mayoría de los casos los funcionarios militares y efectivos policiales procedieron contra los trabajadores, a pesar de que se identificaran como prensa. Las víctimas denunciaron haber recibido durante la detención señalamiento discriminatorio o de criminalización de la labor reporteril, incomunicación, y haber recorrido varias sedes de organismos policiales.

El 1 de mayo de 2017, alrededor de las siete y media de la noche en la calle Los Mangos de la urbanización La Florida de Caracas, la Guardia Nacional Bolivariana actuó contra un equipo reporteril de VivoPlay, televisora digital con sede en Caracas, cuando grababan el audio de un cacerolazo. Se trató de la detención número 12 desde el pasado 28 de marzo y resaltó por la participación de encapuchados, presuntos paramilitares que -de acuerdo a testimonios recogidos- actuaron simulando competencias propias de los cuerpos de seguridad durante la detención.

La camarógrafa Mayuri González, el productor Guido Villamizar y los motorizados Marcos Vergara y Deivi Valera fueron detenidos y trasladados a la instalación militar del Fuerte Tiuna. González y Villamizar estuvieron detenidos hasta la media noche. Sin embargo, Vergara y Valera permanecieron detenidos arbitrariamente por 30 días, hasta que fueron liberados el 3 de junio de 2017. Durante el conflicto 11 trabajadores de Vivo Play han sido víctimas de agresiones, limitaciones y detenciones mientras cubrían las protestas.

Yonathan Guédez, periodista de la Alcaldía de Iribarren y reportero del portal Lasperas.com, permaneció recluido durante 16 días en el Destacamento 120 de la Guardia Nacional en Barquisimeto, estado Lara. Guédez fue detenido el 10 de abril, tras cubrir hechos de represión contra manifestantes durante una movilización ciudadana en Barquisimeto. El reportero fue imputado bajo los delitos de instigación al orden público, resistencia a la autoridad y posesión de sustancias explosivas. Durante el tiempo que permaneció detenido fue señalado como terrorista por parte de los funcionarios policiales y militares.

Otro caso que denota la asfixia del Estado venezolano a la libertad de expresión fue la detención del ciudadano Dan Zambrano por reproducir y emitir mensajes contra el gobierno en la plataforma Twitter. Zambrano fue detenido el 28 de abril de 2017 en su residencia en la ciudad de Cagua, estado Aragua, por la Dirección de Contrainteligencia Militar y trasladado a Caracas donde permaneció detenido durante 50 días, tras recibir libertad condicional.

En 86 días de conflicto IPYS Venezuela registró 108 agresiones contra trabajadores de la prensa, 40 por impactos de bombas lacrimógenas y 11 por el disparo de perdigones, 50 hechos de intimidación, 30 robos y 22 ataques a las herramientas de trabajo. Los periodistas casi a diario denuncian ser blanco de algún exceso policial.

La represión desmedida impulsó el 18 de mayo a la Fiscalía 80 nacional a solicitar medidas de protección para periodistas que cubren las manifestaciones. En el mes de abril se registraron 85 agresiones. Mayo cerró con 80 alertas y hasta el 22 de junio denunciaron 26 agresiones contra reporteros.

Recientemente la organización Human Right Watch observó con preocupación que los abusos cometidos por las fuerzas policiales y de seguridad no han sido condenados por Nicolás Maduro, quien sin embargo, ha elogiado la labor de los funcionarios militares y policiales. La organización notó similar actitud del ministro de Interior, Justicia y Paz, Mayor General, Néstor Reverol.

En un intento por delimitar responsabilidades en los altos mandos, Human Right Watch señaló por los abusos generalizados y el enjuiciamiento de civiles en la justicia militar al Mayor General Benavides Torres, a cargo de la Guardia Nacional Bolivariana; el General en Jefe Padrino López, ministro de Defensa y Comandante Estratégico Operacional; el Mayor General Néstor Reverol, ministro de Interior, Justicia y Paz; el General Carlos Alfredo Pérez Ampueda, director de la Policía Nacional Bolivariana; el Mayor General Gustavo González López, director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional; y la Capitana Siria Venero de Guerrero, Fiscal General Militar.

Acusados de terroristas

Las agresiones contra los comunicadores y trabajadores de la prensa han ido escalando al compás de la emisión sistemática de mensajes difundidos por el poder político, que no sólo desestima la labor social del periodismo y su valor en la sociedad democrática, sino que expone a defensores de derechos humanos y reporteros. El 7 de abril a través del perfil de la oficina de prensa de la policía científica venezolana se difundió más de un centenar de mensajes con fotografías de manifestantes y defensores de derechos humanos calificados -sin prueba alguna- como “elementos violentos” o “terroristas”. Uno de los señalamientos que generaron mayor preocupación fueron los que se dirigieron contra Lexys Rendón, activista de DDHH y directora de la ONG Laboratorio de paz.

Otro hecho de criminalización ocurrió el 14 de junio de 2017 a través de la señal del canal del Estado Venezolana de Televisión, de alcance nacional, cuando el expresidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, señaló al medio independiente El Pitazo, de financiar al terrorismo en Venezuela a través de una campaña de recaudación de fondos denominada “El Potazo de El Pitazo”. Pese a que es un hecho notorio que el medio mantiene una campaña de financiamiento con el propósito de recolectar fondos para mantener sus corresponsalías en el interior del país.

Durante la cobertura de protestas 16 trabajadores de El Pitazo han sido víctimas de amenazas, inclusive de muerte, agresiones físicas, robo y hostigamiento. Sus trabajadores han sido reseñados, mediante mensajes anónimos y la difusión de noticias falsas, que los acusan de “infiltrados”. La permisividad e impunidad han hecho que los reporteros queden expuestos a la violencia y hostilidad en las calles, donde desde el 28 de marzo pasado IPYS Venezuela contabilizó 23 casos cometidos por desconocidos, 18 por simpatizantes oficialistas, 10 por encapuchados, 8 por simpatizantes opositores y tres por motorizados. El mayor número de agresiones registrados ha sido contra trabajadores de medios digitales (73), seguido por organizaciones políticas (43) y medios impresos (43).

La polarización política y los constantes ataques a los medios de comunicación han alcanzado a los equipos de prensa de la cadena pública de noticias Telesur. Los corresponsales Adriana Sivori, Mike Prysner y Abby Martin han sido blanco de ataques perpetrados por desconocidos y encapuchados durante la cobertura de manifestaciones y disturbios.

Además de las agresiones contra estos reporteros, hubo señalamientos a través de las redes sociales que los acusaban de “infiltrados”. En estos mensajes infundados participaron dirigentes políticos de oposición, según denuncias de medios públicos.

El 5 de junio Sívori recibió un impacto de bala en la espalda cuando cubría un cierre de calles la madrugada del lunes en la urbanización El Paraíso, al oeste de la ciudad de Caracas. El proyectil no causó lesiones de gravedad porque impactó en el chaleco antibalas. La periodista indicó que ella y otros colegas estaban identificados claramente como prensa, aún así fueron blanco de ataques.

Los días 30 y 31 de mayo los estadounidenses Martin y Prysner fueron señalados en las redes sociales de “infiltrados”, “sapos” e “informantes del gobierno venezolano”. Se les acusó de realizar labores de inteligencia en las manifestaciones, y recibieron amenazas de agresiones y muerte.

Ante estos hechos que generan preocupación, el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela cree que es urgente que:

  1. El Estado venezolano y sus máximas autoridades tienen el deber de honrar los compromisos asumidos en materia de libertad de expresión durante el Examen Periódico Universal y repudiar de forma enérgica los ataques contra los trabajadores de los medios.
  2. Las instituciones que administran la justicia en Venezuela deben emplear mecanismos de protección eficientes a los trabajadores de los medios de comunicación y brindar celeridad y establecer responsabilidades en las agresiones y crímenes que vulneren la libertad de expresión. La impunidad no puede continuar siendo la regla en los crímenes cometidos contra los comunicadores.
  3. Los funcionarios del poder ejecutivo deben cesar de forma inmediata la campaña de agravios contra los medios de comunicación y sus trabajadores. Los periodistas no deben ser expuestos ni señalados por su trabajo informativo, pues informar no es delito y el periodismo no es terrorismo.
  4. La criminalización del periodismo debe parar, y las detenciones arbitrarias contra periodistas como práctica policial debe ser condenada. Los cuerpos de seguridad del Estado deben ser instruidos para brindar protección a los periodistas y no interferir en el trabajo informativo.

Libertad en la red con ancho de banda limitado

Con decretos de excepción, medidas de censura y ataques desconocidos se ha obstruido la libertad de expresión en la Internet.

La libertad de expresión en Internet también entró en Estado de Excepción desde el 13 de mayo, cuando mediante decreto presidencial N° 2849 se estableció que el Estado podrá “dictar regulaciones contundentes, transitorias y excepcionales que impidan las campañas de desestabilización y distorsión de la economía, impulsadas por factores nacionales y foráneos a través del sistema de tecnología de la informática y el ciberespacio”. La difusión de “noticias falsas” sobre la capacidad o disposición de pago de la República o de Petróleos de Venezuela (PDVSA) es otro de los aspectos mencionados para justificar las restricciones a los contenidos en línea.

Censura en Internet

Previo a esta decisión el gobierno aplicó una medida para silenciar los conflictos. El 7 de abril los portales de las televisoras digitales que cubrían en vivo las protestas VPI TV, Vivo Play y Capitolio TV fueron censurados en Venezuela por parte de cinco proveedores de Internet, estatales y privados. El contenido de Capitolio TV, canal del parlamento venezolano, fue declarado “ilegal” por el proveedor privado Movistar. Se ha comprobado que 43 sitios web permanecen bloqueados desde el 2016.

La manera en la que se realizan estos bloqueos son desconocidas para los usuarios e incluso las empresas de comunicación, que en la mayoría de los casos no fueron notificadas de las acciones. Los principios de libertad, neutralidad, acceso y pluralidad en Internet -desarrollados por la OEA- han sido afectados por la actuación arbitraria y desproporcionada del gobierno venezolano para restringir los derechos digitales.

En reiteradas oportunidades, el entonces director de Conatel, Andrés Eloy Méndez, adelantó que el ejecutivo discute con todos los operadores de Internet un reglamento para el registro, el levantamiento de información de quien abra una cuenta en las plataformas sociales y aseguró que se evalúan opciones para adquirir una tecnología “robusta”, en virtud de aplicar bloqueos a los contenidos que infrinjan la ley, así lo afirmó 1 de junio de 2017.

En los últimos tres años han sido recurrentes las actuaciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), del Centro Estratégico para la Seguridad y Protección de la Patria (Cesppa), del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc); así como otras instancias creadas desde el gobierno para impulsar acciones de vigilancia entre ciudadanos, como los Comités Locales de Abastecimiento Popular (Clap), y los grupos de choque. Cuando se ejecutan sin causa probable u órdenes judiciales, estas acciones vulneran los derechos al debido proceso, la privacidad y a la información, garantías ciudadanas consagradas en la Constitución y los estándares internacionales de libertad de expresión y de acceso a la justicia. 

La ambición de trasladar a Internet el Estado policial denunciado por organizaciones de derechos humanos parece que es imperativo para las autoridades. Mientras, Internet padece un deterioro de las telecomunicaciones debido a la desinversión en el sector durante los últimos 10 años. Actualmente, Venezuela es el país de Latinoamérica con peor calidad de conexión a Internet, de acuerdo a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Portales bajo ataque

Durante el primer trimestre de 2017 IPYS Venezuela alertó en torno a un creciente ataque a los contenidos en Internet, plataforma donde surgieron nuevos medios y modelos de comunicación, en parte empujados por la censura y las dificultades para ejercer libremente el periodismo en las empresas tradicionales de comunicación.  De enero a marzo de 2017, se registraron 10 ciberagresiones, de las cuales seis fueron ataques de Denegación de Servicio (DDoS), que consiste en una saturación de visitas automatizadas a los portales hasta lograr que colapsen.

Un número de casos mayor al registrado en el 2016, cuando ocurrieron tres reportes de ciberagresiones. Uno de estos 10 ataques fue masivo y afectó en el período de 72 horas a 10 portales de los medios independientes y organizaciones civiles. Entre los afectados estuvieron Caraota Digital, El Pitazo, Correo del Caroní, las ONG Acción Solidaria y Provea, y la Conferencia Episcopal Venezolana. La ciberagresión ocurrió luego de que el portal web del programa televisivo Con el mazo dando, conducido por el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, difundió el 3 de marzo de 2017 una nota en la que se acusaba a 45 organizaciones venezolanas de conspirar contra Venezuela. El motivo del señalamiento sería la petición de estas organizaciones a Luis Almagro, secretario general de la OEA, para que active la Carta Democrática al Estado venezolano.

La detención de ciudadanos que se opongan al gobierno, la vigilancia de los contenidos en Internet y el bloqueo de páginas web son técnicas consideradas por el gobierno para control de las ideas que circulan dentro del territorio nacional.

  1. El Estado tiene la obligación de garantizar la pluralidad de los contenidos en los medios de comunicación y plataformas digitales para evitar las órdenes de bloqueo y la vulneración de estos espacios de discusión democrática.
  2. El Estado debe cesar su campaña de odio y discriminación contra periodistas, ciudadanos y activistas que ejercen su derecho a la libertad de expresión en Internet, y enviar un mensaje claro que condene la criminalización y vigilancia de ciudadanos en Internet.
  3. Evitar la presión y la actuación discrecional contra contenidos y operadores de medios radioeléctricos e Internet, que sólo promueven la censura y viola la dimensión social de la libertad de expresión.
  4. Adoptar una política de inversión que mejore las condiciones de acceso y la estabilidad del derecho humano a Internet en el país.

La radio apagada

Censura, cierre y reducción de espacios informativos y de opinión en los medios radioeléctricos

A la par de las agresiones físicas contra comunicadores y trabajadores de los medios de comunicación, y las amenazas sobre internet, continuó con mayor ahínco la aplicación de sanciones administrativas para castigar a medios críticos al gobierno. Durante los 86 días de protestas, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones cerró 23 medios radioeléctricos y una televisora en cuatro estados del país. La actuación de los funcionarios fiscalizadores ocurrió sin transparencia ni respeto al debido proceso. A lo largo del 2017, Conatel ha cerrado un total de 41 emisoras comerciales y comunitarias, y una televisora pública. Las sanciones administrativas han afectado el derecho de los ciudadanos a saber y a estar informados en siete estados del país: Falcón (11), Monagas (9), Yaracuy (7), Barinas (6), Cojedes (6), Nueva Esparta (2), Mérida (1).

 Fuente: Cartografía de medios de IPYS Venezuela

Tras el cierre indiscriminado de los espacios de expresiones e ideas de diversa índole el ecosistema de medios en las entidades afectadas se redujo, en algunos casos de manera dramática.

Con esta acción en el estado Falcón, al menos la mitad de las emisoras apagaron sus transmisores. La Cartografía de medios de IPYS Venezuela registraba 22 emisoras antes de la actuación de Conatel, por lo que el estado se queda sin la mitad de su ecosistema radial. En Barinas, tras el cierre, quedarían 12 emisoras. Monagas, descendió de 33 emisoras a 18. Yaracuy pasó de tener 16 diales a quedarse con 11, Cojedes de 16 se quedó con 10, y Nueva Esparta pasa de 33 a 31.

En Mérida quedó en funcionamiento únicamente la Televisora Andina de Mérida, tras la salida de ULATV.

El 14 de junio de 2017 Conatel cerró, luego de una inspección de más de 12 horas, el canal universitario ULATV, medio institucional con cobertura regional de la universidad pública de Los Andes. Conatel alegó que el medio, con más de 20 años al aire, violó la ley de telecomunicaciones al no presentar la documentación requerida. La directiva de ULATV sostiene que los documentos demandados por Conatel han sido solicitados en reiteradas ocasiones al ente público sin recibir respuesta alguna. La actuación administrativa y burocrática castigó con el cierre a ULATV, canal que se mantenía cubriendo las manifestaciones en la entidad y transmitiendo avances y discutiendo en espacios de opinión la situación sociopolítica del país.

La política de regulación en materia de radiodifusión de Conatel desconoció la sugerencia hecha por la CIDH, orientada a “remover todas las restricciones desproporcionadas o discriminatorias que impiden que los operadores de radio y televisión, en todas las modalidades, puedan cumplir cabalmente con la misión comercial, social o pública que tienen asignada”. Por el contrario, la actuación restrictiva se ha superado en los últimos meses. El cierre de 41 emisoras y una televisora es inédito, sólo comparable con el cierre de 32 emisoras durante el 2009, cuando Diosdado Cabello presidía la institución.

En 2016, 3 estaciones de radio y televisión cerraron de manera forzada por orden de Conatel. Este ente también aplicó 3 sanciones y 3 incautaciones de equipos, emitió una orden de censura de contenidos en TV, y mandó a suspender un programa de televisión de manera arbitraria. Con ello se vieron afectados 10 medios radioeléctricos, la mayoría de ellos de alcance regional y local.  

Esto se debe al hecho de que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones suma haberes sancionatorios por las acciones discrecionales, que ha tomado para condicionar las libertades informativas y de opinión.

En 12 años, desde la entrada en vigencia del 2005 de la Ley Resorte-me, las medidas administrativas y las sanciones de Conatel suman 92 cierres de estaciones televisivas y radiales en el país, en medio de un contexto de desinversión en el sector y restricciones políticas, técnicas y de seguridad, que afectan el desarrollo de medios y contenidos para el entorno radioeléctricos.

Entre enero de 2005 y septiembre de 2016, Conatel acumuló 56 casos de violaciones a la libertad de expresión, que desencadenaron 129 acciones de investigaciones, multas, cierres, incautaciones de equipos y medidas de censura en los medios tradicionales, y en las plataformas digitales.

Más de 90% de estas 92 decisiones han sido tomadas por directores que han tenido una militancia activa en el Partido Socialista Unido de Venezuela. Estos hechos han forzado un giro en el ecosistema de medios radioeléctricos en el país. Las ventanas para la denuncia y la crítica fueron desapareciendo por las órdenes estatales hasta lograr establecer un sistema atemorizado y cauteloso, que esquiva las coberturas noticiosas y de interés público, para evitar sanciones de Conatel.

En 2015, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas había hecho su llamado de alerta ante el seguimiento excesivo que hace Conatel a los medios de comunicación. De igual forma, para el EPU Venezuela, el Alto Comisionado para los DDHH reflejó preocupaciones sobre el control restrictivo de los medios de comunicación y la discrecionalidad del marco normativo y de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, exigiendo al Estado adaptar sus leyes internas sobre la materia a los estándares internacionales, para la existencia de medios radioeléctricos independientes, plurales y diversos.

En paralelo se construye un sistema que privilegia el secretismo como política de Estado. Las órdenes para impedir de hecho el acceso a la información pública a periodistas, la no publicación de estadísticas oficiales y la negativa de las autoridades a rendir cuentas o declarar sobre asuntos de interés público dificultan la recolección de datos e información a periodistas y ciudadanos, viola principios de la gestión pública y la democracia, y promueve la existencia de rumores e incertidumbre informativa.  

Ante el panorama restrictivo que impulsa el Estado en clara oposición a las recomendaciones y compromisos adoptados en el ámbito internacional, IPYS Venezuela recomienda:

  1. Establecer un mecanismo de control y seguimiento a los compromisos adoptados por el Estado en los foros internacionales en materia de libertad de expresión que permita medir las condiciones y garantías al ejercicio de la libertad en el país.
  2. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones debe realizar un trabajo técnico y profesional independiente, apegado a los principios y estándares internacionales sobre libertad de expresión y la progresividad de derechos humanos.
  3. Conatel debe abstenerse de continuar emitiendo sanciones discriminatorias y regresivas del derecho humano a la libertad de expresión y acceso a la información.
Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela
www.ipysvenezuela.org
Dirección ejecutiva: Marianela Balbi  / Dirección de libertades informativas: Mariengracia Chirinos / Coordinación e investigación: Indira Ramírez, Mariengracia Chirinos / Equipo de monitoreo: Indira Ramírez, David Matos / Visualización de datos: Alimié Torres Martínez Edición: Maruja Dagnino, directora de comunicaciones / Julio, 2017

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