IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
Durante años, el periodismo venezolano ha sufrido los embates del control gubernamental de la información, pero los nuevos medios digitales son una apuesta por la libertad de expresión y una vía para combatir el autoritarismo
Por: Andrea Rodríguez (World Association of Newspapers and News Publishers)
La situación económica, social y política en Venezuela es, por decir lo menos, crítica. Desde 2014, el país atraviesa por una crisis económica producida por la caída de los precios del petróleo y la mala gestión del gobierno. Existe un profundo descontento social resultado de la exigencia generalizada de un cambio en la administración.
Hasta el 11 de agosto, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) ha contabilizado 676 presos políticos, mientras que la Oficina del Alto Comisionado de la ONU estima que 5 mil personas han sido detenidas arbitrariamente y al menos 120 han muerto. Frente a esto, el gobierno trata de recuperar el control político a través de la creación de una Asamblea Constituyente, la cual posee facultades que podrían reforzar la concentración de poder y debilitar a la disidencia y a la oposición.
En este contexto, el gobierno ejerce un control de la información cada vez más férreo a través de diversos mecanismos. Si bien el periodismo independiente subsiste en este entorno hostil a base de solidaridad, innovación y resiliencia, existe una profunda inquietud ante los recientes acontecimientos políticos de que la libertad de informar se vea aún más coartada.
El régimen de control informativo venezolano
De acuerdo con el el Ranking Mundial de la Libertad de Prensa 2017 de Reporteros Sin Fronteras, la república bolivariana ocupó el lugar 137, de entre 180 países evaluados. Desde las sanciones judiciales, pasando por la compra de medios e incluso agresiones físicas, la libertad de prensa en Venezuela se ha visto atacada desde diferentes frentes.
El uso de la justicia de forma arbitraria e imparcial forma parte de la estrategia del gobierno para intimidar a las voces disidentes, y así promover la auto-censura entre los medios independientes. La amenaza de ser perseguidos por un aparato judicial en manos del gobierno, opera como una eficaz vía de control.
A esto se suman los mecanismos legislativos para controlar y amedrentar a la prensa. Desde 2010, la radio y la televisión en Venezuela se encuentran amenazadas por la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, mejor conocida como Ley de RESORTE, que declara a los medios como de “interés público” y los somete a controles y regulaciones estatales arbitrarios e intimidatorios.
El gobierno cuenta, además, con un sistema de medios estatales y propagandísticos apoyado por empresas mediáticas privadas afines. “Desde que llegó Nicolás Maduro se instauró la compra de medios privados con capitales privados también, pero cercanos al gobierno. Entre 2013 y 2014 estos capitales ‘misteriosos’ y de procedencia desconocida comenzaron a actuar. Globovisión, por ejemplo, solía ser la bestia negra del chavismo y en 2013 cambió su línea editorial radicalmente”, comenta Ewald Scharfenberg, corresponsal del diario español El País y co-fundador del portal Armando.info.
Por si fuera poco, el gobierno controla la importación de papel en el país, por lo tanto éste decide cuánto vende y a quién, reforzando el control institucional de la prensa escrita. Los medios afines reciben papel subsidiado o apoyos en dólares, mientras que los opositores reciben precios que retan sus posibilidades económicas. Leer más…
