IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
San Cristóbal.- La periodista Dahiana Cusnir y su camarógrafo Juan Pablo Rojas fueron agredidos por un grupo de simpatizantes de la oposición en una manifestación que se realizó el 13 de junio de 2016 en la población fronteriza de San Antonio del Táchira.
Cusnir relató que se encontraba reseñando una marcha convocada por la oposición donde exigían que se reabrieran los puentes que comunican a Venezuela con Colombia cerrados desde hace más de nueve meses.
Al finalizar la actividad, la reportera procedió a hacer el cierre en cámara y una mujer la abordó diciéndole que como trabajaba en VTV estaba mostrando imágenes que no se correspondían a lo que había sucedido porque no había gente alrededor de la periodista, quien realmente labora para el canal internacional TV Venezuela.
A medida que la agresora gritaba, se sumaban más personas quienes también acusaron y ofendieron al equipo reporteril.
El camarógrafo fue apartado por un grupo de personas quienes lo golpearon y pretendían dañarle los equipos. A Rojas le intentaron arrebatar la cámara. Cusnir recibió empujones e improperios.
Esta alerta a la libertad de expresión representa una agresión física y verbal por parte de simpatizantes de la oposición a trabajadores de medios, así como también un ataque a las herramientas de trabajo de los reporteros durante una cobertura periodística que fue limitada.
El derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información se encuentran consagrados en los artículos 57 y 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los cuales establecen que todos tienen derecho a la comunicación libre y plural sin censura.
El numeral 5 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA) establece que la presión directa e indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida, a través de los medios de comunicación, debe estar prohibida por la ley. El numeral 9, por su parte, señala que los hechos de intimidación, amenaza y agresión violan los derechos fundamentales de las personas y coartan severamente la libertad de expresión.
