IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
El miércoles 16 de marzo de 2016, el periodista Germán Dam y la periodista Pableysa Ostos recibieron una llamada telefónica en la que se les advirtió que los estaban buscando en el pueblo de Tumeremo, al noreste del estado Bolívar, donde los reporteros cubrían el entierro de los mineros masacrados.
A través de una llamada telefónica, le dijeron a Dam: “no salgas, no digas dónde estás, ni cuándo te vas. Los andan buscando. Estén pendientes en la vía, los pueden estar esperando”. Por ello, salieron de emergencia rumbo a Ciudad Guayana en la mañana del jueves 17 de marzo.
Dam explica que la foto de Ostos y la de él fueron colocadas en una página de Facebook llamada Mi Tumeremo, donde la población escribía comentarios referentes a la labor periodística desarrollada. El siente que eso los expuso, dando a conocer su identidad ante la población.
En horas de la tarde del jueves 17 de marzo, Germán Dam y Oscar Murillo, jefe de información del Correo del Caroní, fueron asaltados a las afueras del diario, en Ciudad Guayana, y les robaron los teléfonos celulares.
IPYS Venezuela ha registrado entre enero y la tercera semana de marzo de 2016, al menos ocho agresiones físicas, ocho hechos de intimidación y cuatro ataques a las herramientas de trabajo contra periodistas y reporteros gráficos.
En 2015 se registraron 89 hechos de intimidación, 31 de agresión física, 14 ataques contra las herramientas de trabajo y 11 amenazas de agresión física contra periodistas, reporteros gráficos y trabajadores de la prensa.
Este hecho representa una amenaza con fines intimidatorios.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece en sus artículos 57 y 58 el derecho que tienen los ciudadanos de expresar sus ideas y opiniones, así como el de buscar, recibir y difundir información, a través de cualquier medio de comunicación, sin que pueda establecerse censura. El derecho se encuentra sujeto a responsabilidades ulteriores.
Las amenazas y hechos intimidatorios violan los derechos fundamentales de las personas y coartan severamente la libertad de expresión, de acuerdo con el numeral 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA). Los Estados deben prevenir e investigar estos hechos y sancionar a sus autores.
Se hará seguimiento.
