IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
El oficial advirtió el bullicio. Se dio cuenta que un fotoperiodista estaba presente entre la multitud. Fue tras él, lo retuvo y le obligó a borrar las imágenes que había capturado. De lo contrario podría llamar a una comisión para llevarse preso al profesional de la comunicación.
El 27 de octubre de 2015, Eduardo Valencia, reportero gráfico del diario regional El Carabobeño, fue presionado y agredido verbalmente mientras hacía una cobertura sobre colas para comprar comida, en un supermercado de Valencia, a 130 kilómetros al oeste de Caracas, en el estado central de Carabobo. Un funcionario de la gubernamental Guardia Nacional Bolivariana (GNB) le obligó a deshacerse de su material, porque de lo contrario iba a ser detenido.
El incidente se registró a las 11:55 a.m. de este martes 27 de octubre de 2015. El oficial de la GNB, J. Pinto, advirtió que Valencia hacía fotos en la cola que superaba las 280 personas. Había molestia colectiva y el ambiente era tenso. “Él no me pidió permiso para hacer las fotos. Si lo hubiera hecho es distinto. No puede hacerme fotos porque eso es una ‘raya’ (hacer quedar mal) para las Fuerzas Armadas” dijo el oficial en un audio.
Valencia accedió a borrar el material. Explicó que luego del incidente decidió suspender la cobertura del hecho y regresar a la sede del diario privado regional. El redactor que lo acompañaba también suspendió su cobertura informativa y se retiró del lugar.
En los primeros nueve meses de 2015, IPYS Venezuela registró la participación de al menos 25 funcionarios de seguridad estatal en limitaciones a la cobertura en la calle sobre asuntos de interés público en el país.
Este hecho representa un uso abusivo del poder estatal vinculado una amenaza de detención con fines intimidatorios.
El artículo 57 y 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela garantiza el derecho que tienen los ciudadanos de expresarse y estar informados sobre hechos que sean de su interés sin que pueda establecerse censura.
Además, el numeral 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA) prohíbe cualquier acción intimidatoria que pretenda coartar la labor informativa de los comunicadores sociales.
