IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
El 29 de septiembre de 2015, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), cuerpo de seguridad del Estado, amenazaron con detener a Carlos Eduardo Martínez, periodista de la televisora privada, Televen, cuando se encontraba cubriendo una protesta, junto con su equipo reporteril, frente a la sede de la Vicepresidencia de la República. Este hecho ocurrió en Caracas, ciudad capital del país.
Carlos Eduardo Martínez, reportero de Televen, relató a IPYS Venezuela que intentaba registrar el testimonio de un grupo de personas, quienes protestaban frente a la sede de la Vicepresidencia. Los efectivos habían acordonado el área y comenzaron a impidir que el periodista tuviese acceso a los testimonios.
“En varias ocasiones, los efectivos levantaban los escudos para que no metiera el micrófono. Prácticamente tenían atrapada a la gente que estaba rodeada por este cordón. No los dejaban acercarse y tampoco los dejaban declarar a los medios”, dijo Martínez.
Aseguró que el grupo de personas comenzó a alterarse cuando un funcionario de la GNB le pidió al camarógrafo que bajara su equipo de trabajo, y que se retiraran del área de seguridad porque alteraba el orden público. El periodista cuestionó el argumento del efectivo, a lo que este respondió que procedería a detenerlo si no cumplía la orden.
Los manifestantes rompieron el cordón de seguridad y los funcionarios comenzaron a escoltarlos, junto con el equipo de prensa, a varios metros de distancia de la sede gubernamental -fuera de la zona de seguridad- donde pudo registrar la información.
Cerca de seis mil personas resultaron afectadas por el concesionario La Venezolana, luego de que cancelaran al menos 30 por ciento de una serie de automóviles que aun no se encontraban en el país.
Después de su intervención, en mayo de 2014, la Vicepresidencia de la República se hizo cargo de la asignación de los vehículos; entrega que fue prometida a partir del 1 de junio de 2015, y que no había comenzado para el 29 de septiembre de 2015.
El periodista Carlos Eduardo Martínez aseguró que otros colegas, quienes llamaron para solidarizarse por esta limitación a su ejercicio periodístico, aseguraron que otros funcionarios policiales también les han amenazado con detenerlos en función de sus labores informativas en repetidas ocasiones.
Entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2015, IPYS Venezuela registró que efectivos de los cuerpos de seguridad del Estado se encuentran involucrados en limitaciones al ejercicio periodístico en al menos 32 ocasiones.
Este hecho representa una limitación de acceso a periodistas que hacen cobertura en la calle sobre asuntos de interés público vinculado a una amenaza de detención por parte de funcionarios policiales.
Los artículos 57 y 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establecen el derecho que tienes los ciudadanos de expresar e informar libremente sus ideas u opiniones, a través de cualquier medio de comunicación sin que pueda establecerse censura.
El numeral 5 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA) establece que las presiones directas e indirectas sobre la información difundida, a través de los medios de comunicación, y que tiene la intención de impedir o limitar el flujo informativo, viola el derecho a la libertad de expresión.
