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Oliver Blanco, director de Comunicaciones de la Asamblea, aseguró que la sesión en la que los ministros rendirían cuentas sería con apertura a los medios de comunicación, con el fin de garantizar el derecho a la información
El 21 de enero de 2016, los ministros del área económica no comparecieron a la sesión ordinaria en la Asamblea Nacional (AN), con el fin de tratar el decreto de emergencia económica propuesto por Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. El vicepresidente ejecutivo, Aristóbulo Istúriz, aseguró que la suspensión de la comparecencia se hizo para no arriesgar al país con una “interpelación” pública.
Istúriz declaró en rueda de prensa que el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup no accedió a que la comparecencia no fuese totalmente pública. “Llamé al presidente de la Asamblea Nacional, le pedí que fuésemos lo más prudente en algunas materias que son trascendentes, que no podemos discutir públicamente porque arriesgamos al país y arriesgamos la condición de todos los venezolanos que se ven afectados”, explicó Istúriz.
Ramos Allup calificó de “grave” que los funcionarios del área económica hayan incumplido con su obligación constitucional de comparecer ante el Poder Legislativo. Aseguró que abrirá un procedimiento por desacato ante la ausencia de los ministros.
“Debe ser que las cifras son muy malas y las informaciones que deberían darle al país son muy graves que quieren mantener en secreto, lo cual es absolutamente innecesario porque de todas maneras se conocerían las medidas que el gobierno tomaría en su oportunidad”, dijo.
IPYS Venezuela contactó a Oliver Blanco, director de Comunicaciones Estratégicas y Relaciones Institucionales de la AN, quien aseguró que la sesión en la que los ministros del gabinete económico rendirían cuentas sería de carácter público con apertura a los medios de comunicación social, con el fin de garantizar el acceso de la información a los ciudadanos.
Esta alerta a la libertad de expresión representa un uso abusivo del poder estatal vinculado a la obligación que tienen los funcionarios públicos de dar cuenta acerca de los asuntos bajo sus responsabilidades, de acuerdo con lo establecido en el artículo 57 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
No comparecencia
Los ministros que no comparecieron son Eulogio Del Pino, ministro de Energía y Petróleo, Luis Salas, ministro de Economía, y Nelson Merentes, presidente del Banco Central de Venezuela (BCV). Tenían previsto presentarse ante la comisión especial designada para evaluar el decreto de emergencia económica aprobado por el Ejecutivo, en horas de la tarde del jueves, 21 de enero.
Los ministros debían contestar, a la Comisión, las preguntas que les formulasen por escrito. Consideraron que no habría garantías. “¿Es más importante el ‘show’ que la información? Bueno, hay que escoger y eso es lo que le hemos dicho a la Asamblea Nacional”, aseguró el vicepresidente ejecutivo, Aristóbulo Istúriz.
Agregó que los miembros del gabinete económico querían “una discusión seria”, y ofreció a los diputados de la comisión “toda la información que requieran” de “primera mano, directa, sin exponer a riesgo al país”.
“Ellos saben perfectamente que hay materias que no pueden ser dilucidadas públicamente, que son materia de Estado, importante, que requieren seriedad”, apuntó.
El vicepresidente señaló que el presidente del Parlamento, Henry Ramos Allup, no accedió a que la comparecencia no fuese totalmente pública por lo que los miembros del Gobierno decidieron no asistir, pues considera que se deseaba “sacar provecho mediaticamente”.
Oliver Blanco, quien cumple funciones como director de Comunicaciones Estratégicas y Relaciones Institucionales de la AN, relató a IPYS Venezuela que no hubo un acuerdo previo con relación a la cobertura de esta sesión en particular, puesto que se trataba de un acto público con la presencia de los medios de comunicación. Considera que los parlamentarios no suelen rendir cuentas a los venezolanos, y por esta razón se excusaron al notificar que no habría garantías durante el acto de comparecencia.
Aunque no hubo una petición explícita del vicepresidente Istúriz en la que no se permitiera el acceso de los medios de comunicación a la sesión del 21 de enero, aseguró que apenas se mencionó la cobertura de los medios, el diputado Héctor Rodríguez informó que los ministros no harían acto de presencia.
De acuerdo con lo establecido en el Régimen para la Comparecencia de Funcionarios Públicos y los Particulares ante la AN, el Parlamento puede citar a los funcionarios para que presenten, ante sesión plenaria o las comisiones, datos acerca de sus responsabilidades o cualquier interrogante que les puedan hacer los parlamentarios. De igual manera, se dicta como “obligación” de los ciudadanos con cargos públicos, acudir a estas citaciones.
Esta ley establece que la negativa a asistir sin excusa justificada podría derivar en una sanción “con multa comprendida entre cien Unidades Tributarias (100 U.T.) y doscientas Unidades Tributarias (200 U.T.), o arresto proporcional, por multa no satisfecha, a razón de un día de arresto por Unidad Tributaria. La sentencia se publicará, a costa del sentenciado, en un diario de los de mayor circulación nacional”.
Rechazo de Decreto de Emergencia
Los diputados de la AN, en plenaria durante la tarde del 22 de enero de 2016, no aprobaron el Decreto de Emergencia solicitado por el Ejecutivo. En horas de la mañana se había aceptado en Comisión Especial la evaluación del decreto Nro. 2.184, un informe que recomendaba su “no aprobación”.
José Guerra, presidente de la Comisión Especial de la AN para evaluar el Decreto de Emergencia Económica, informó en rueda de prensa para Globovisión que se cuestionaron algunas medidas que se aplicarían si dicho decreto fuese aprobado: a) el decreto de emergencia podría agravar la situación que se vive en el país en vez de resolverla, b) señala falta de precisión sobre políticas financieras y cambiarias, c) no se publicaron cifras oficiales de índices económicos el año pasado y el decreto sugiere que esa estrategia siga, d) decreto facilita posibilidad de apropiación indebida de fondos, e) sugiere que existen medidas ordinarias disponibles para atender grave situación económica, f) el decreto autoriza la opacidad fiscal, g) no protege el gasto social y h) se podría prestar para atacar a algunas empresas privadas.
