IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
El 18 de noviembre de 2015, Alfredo Bravo, periodista y corresponsal del diario Notitarde, fue agredido verbal y físicamente cuando se disponía a cubrir una rueda de prensa acerca de la visita de Lilian Tintori en las instalaciones del Colegio de Ingenieros en San Carlos, ciudad capital del estado Cojedes, región centro-occidental del país.
El Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Cojedes (CNP-Cojedes) explicó a través de un comunicado que el periodista se encontraba haciendo cobertura a la visita de Lilian Tintori, esposa del político de oposición Leopoldo López. La agresión en contra de Tintori fue registrada en video y publicada en el canal Youtube del portal web La Patilla.
“El caso del periodista Bravo rebasó los límites de la tolerancia y el respeto, por cuanto hubo un ataque directo a su persona cuando lo despojaron de su carnet de identificación, la libreta de apuntes e inclusive le arrancaron los lentes correctivos”, señaló el texto.
En declaraciones para Notitarde, el periodista también aseguró que fue despojado de una “pequeña cámara digital que cayó al piso” durante la agresión.
Bravo interpuso ante la Fiscalía Superior la denuncia, y acudió a la sede del mencionado organismo el 24 de noviembre y recibió el número de expediente relacionado con su caso. Debe acudir nuevamente el 30 del mismo mes para buscar el documento.
Ataque que sufrió Lilian Tintori en manos de grupos simpatizantes con el oficialismo en el estado Cojedes (Cortesía La Patilla).
En los primeros diez meses de 2015, IPYS Venezuela registró 28 agresiones físicas y 12 ataques a las herramientas de trabajo de los reporteros.
El artículo 57 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos y opiniones a viva voz, por escrito o mediante cualquier medio de expresión sin que pueda establecerse censura.
Las agresiones y amenazas con fines intimidatorios que pretenden silenciar la labor de los comunicadores sociales violan los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión, de acuerdo con el numeral 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos.
