IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
Entre sindicalistas y personas de asesoría jurídica, de manera verbal y física atentaron contra la periodista de Pico Bolívar, Catarine Castro, y el reportero gráfico de Frontera, Enrique Rivera
El domingo 15 de octubre de 2016, un grupo de sindicalistas y empleados de Pdvsa Gas, sede de El Vigía, estado Mérida, se encontraba protestando en la planta de llenado, cuando periodistas de medios impresos se acercaron a hacer el reporte de prensa, y en vez de ser recibidos, fueron agredidos.
Por media hora mantuvieron en situación de rehenes a la periodista del diario Pico Bolívar, Catarine Castro, y al reportero gráfico del diario Frontera, Enrique Rivera, quienes recibieron agresiones verbales y físicas hasta obligarlos a borrar el material fotográfico recopilado durante la manifestación.
“Fue un abuso flagrante a la libertad de expresión y al abordaje veraz de la información”, declaró la periodista Castro, quien relató los hechos y señaló a la asesora jurídica de Pdvsa Gas de insultarla en dos oportunidades, e impulsar al resto del grupo a arrebatarle la cámara fotográfica.
Castró señaló que solo registraba fotos de la fachada de la sede y de los trabajadores de espaldas, pero aun cuando explicó que hacía su trabajo, fue amenazada con “partirle su celular” si no borraba las fotos en presencia de ellos.
Del mismo modo, al reportero gráfico, uno de los sindicalistas “se le abalanzó” para golpearlo con una piedra, y fue detenido por uno de sus compañeros. No hubo presencia de seguridad en el sitio del hecho, y para poder quedar en libertad, tuvieron que borrar su trabajo periodístico.
Esta alerta a la libertad de expresión representa una agresión física y verbal contra trabajadores de medios de comunicación con fines intimidatorios, así como una limitación de acceso a la cobertura de asuntos de interés público por inseguridad evidente ante la hostilidad de grupos sociales.
El derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información se encuentran consagrados en los artículos 57 y 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los cuales establecen que toda persona tiene derecho a la comunicación libre y plural sin censura.
El numeral 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA) establece que los hechos de agresión, amenazas e intimidación a los comunicadores sociales violan los derechos fundamentales de las personas y coartan severamente la libertad de expresión.
