IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
El 26 de octubre de 2016, el periodista Rafael Urdaneta fue hostigado por grupos de manifestantes no identificados, durante la cobertura que daba a una marcha de la oposición venezolana en San Cristóbal, capital del estado Táchira, para exigir la restitución del proceso de Referéndum Revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro.
Urdaneta trabaja para los sitios web radiowebinformativa.com y noticiasvenezolana.com. Un grupo de la marcha desvió su ruta hacia la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE), donde se desarrollaron enfrentamientos entre encapuchados y fuerza pública, antes de que civiles armados en motocicletas irrumpieran para disolverlos.
En el lobby del Hospital Materno Infantil, cercano al CNE, Urdaneta fue retenido por cuatro encapuchados, uno de los cuales le quitó un casco plenamente identificado con la palabra “prensa”, al igual que su chaleco.
Le revisaron el chaleco y empezaron a requisarlo, mientras le preguntaban qué tenía en los bolsillos. Dos de los encapuchados lo sometieron tomándolo por los brazos, impidiéndole que se pudiera desplazar o actuar por sus propios medios. Esto, a pesar de que Urdaneta se seguía identificando como periodista.
Finalmente los encapuchados le devolvieron el casco y le exigieron que se fuera del lugar. En ese momento llegaron efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), cuerpo de seguridad del Estado, al lobby del hospital y los sujetos huyeron. No pudieron robarle nada.
Este hecho representa una limitación de acceso a la cobertura de asuntos de interés público por inseguridad evidente en las calles por parte de grupos criminales.
Se hará seguimiento.
Entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2016, IPYS Venezuela registra que 6 hechos que atentan contra la libertad de expresión en el país vinculan la acción de encapuchados.
El derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información se encuentran consagrados en los artículos 57 y 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los cuales establecen que toda persona tiene derecho a la comunicación libre y plural sin censura.
El numeral 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA) establece que los hechos de agresión, amenazas e intimidación a los comunicadores sociales violan los derechos fundamentales de las personas y coartan severamente la libertad de expresión.
