IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
A las 10:30 de la mañana del viernes 19 de agosto de 2016, la periodista Marianli Suárez, corresponsal de El Pitazo en el estado Lara, grababa el momento de la detención de dos comerciantes informales en los alrededores del Centro Comercial Cosmos, ubicado en el centro de Barquisimeto, cuando una funcionaria del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) intentó llevarse detenida a la reportera.
En este momento la funcionaria del Cicpc intentaba llevarse detenida a la periodista de El Pitazo Marianli Suárez
La funcionaria se bajó del vehículo rotulado con el logotipo del Cicpc y el Eje de Homicidios y corrió hacia Suárez, quien intentó zafarse con la ayuda de los presentes que la defendieron y le explicaban a la funcionaria que era una periodista que cumplía con su labor de informar a la población.
Hasta este instante, Suárez pudo grabar con sus equipos. En la gráfica se observa a la funcionaria cuando se bajaba del vehículo
Se conoció que los efectivos buscaban a quienes agredieron a un grupo de reporteros el pasado 11 de agosto en el mismo lugar, cuando en un desalojo programado entre el Cicpc y la Dirección de Abastecimiento de la alcaldía de Iribarren, fueron golpeados.
El reportero gráfico del Diario El Impulso, Juan Brito, logró captar el momento cuando la funcionaria halaba la blusa de Suárez.
Esta alerta a la libertad de expresión se enmarca en una limitación de acceso a la cobertura, vinculada a un intento de detención arbitraria por parte de un cuerpo de seguridad del Estado en pleno cumplimiento de sus funciones.
El derecho a la libre expresión y a la información se encuentra consagrado en los artículos 57 y 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en los que se establecen que todas las personas tienen derecho a la información libre, plural y sin censura.
El numeral 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA) señala que los hechos de agresión, amenazas e intimidación “a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación”, violan los derechos fundamentales de las personas y coartan severamente la libertad de expresión. “Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos y sancionar a sus autores”.
