IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
El 21 de octubre de 2016 el gobernador del estado Táchira, José Vielma Mora, criticó el tratamiento que dan algunos medios de comunicación de la entidad a los sucesos relacionados con la Policía del Táchira (PoliTáchira), donde se desarrolló un motín con rehenes y fallecidos entre el 7 de septiembre y el 6 de octubre pasados.
El mandatario de tendencia oficialista llamó a los periodistas de sucesos de la región a que no sigan promoviendo acciones violentas. “Podríamos pensar que la periodista de sucesos del Diario La Nación tiene una intención revelada en contra de la Policía y, además, de estar protegiendo delincuentes”, dijo, sin enseñar pruebas, en alusión a la periodista Miriam Bustos, titular de esa fuente periodística en el único diario que circula en la entidad.
Días antes, la mayoría de medios de comunicación impresos, audiovisuales y digitales del estado habían publicado declaraciones de un dirigente social quien, basado en una carta enviada desde los calabozos de la PoliTáchira, refería que los internos habían iniciado una huelga de hambre y que algunos se habían cosido los labios; esto, pocos días después de la finalización del motín. Las autoridades desmintieron esta versión.
Durante el mes del motín, privó la opacidad informativa entre los funcionarios con responsabilidades de mando sobre la policía estadal.
Las acusaciones del gobernador contra la prensa constituyen una forma de declaraciones agraviantes de funcionarios públicos, tendientes a inhibir el derecho a la información.
IPYS Venezuela registra 15 alertas a la libertad de expresión en el estado Táchira durante los primeros 9 meses de 2016.
El artículo 57 de la República Bolivariana de Venezuela establece que toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos y opiniones a viva voz, por escrito o mediante cualquier medio de expresión sin que pueda establecerse censura.
Las declaraciones agraviantes con fines intimidatorios, así como las presiones directas o indirectas, que pretenden silenciar la labor de los comunicadores sociales violan los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión, de acuerdo con los principios 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos.
