IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
El objeto de la ley, según el propio proyecto, es “proteger el ejercicio de la soberanía política y la autodeterminación nacional de la injerencia extranjera”. El texto establece que las organizaciones sólo podrán recibir donaciones o contribuciones de personas naturales o jurídicas venezolanas y que las ayudas económicas o aportes financieros extranjeros a estas instituciones pueden “atentar contra la estabilidad y funcionamiento de las instituciones de la República”.
Las organizaciones que no cumplan con esta disposición serán sancionadas con una multa equivalente al doble del monto recibido. Adicionalmente, el presidente de la institución que haya recibido una contribución extranjera será inhabilitado políticamente entre cinco y ocho años.
La propuesta también considera como una “injerencia extranjera” que estas instituciones inviten a ciudadanos u organizaciones extranjeras “para que, bajo su patrocinio, emitan opiniones que ofendan las instituciones del Estado, sus altos funcionarios o atenten contra el ejercicio de la soberanía”. Agrega que los extranjeros que participen de estas actividades “estarán sujetos al procedimiento de expulsión del territorio de la República”.
Aunque el proyecto no menciona de forma directa a las organizaciones no gubernamentales, durante la discusión de la norma, el diputado Mario Isea, del oficial Partido Socialista Unido de Venezuela, señaló que esta legislación es necesaria, porque existen organizaciones como Súmate, Cedice, Instituto Prensa y Sociedad, Organización para la Paz, Espacio Público, Libertad Ciudadana (todas organizaciones no gubernamentales), “que reciben y dan financiamiento para hacer lo que quieran sin ningún tipo de regulación”.
De aprobarse de forma definitiva, esta ley afectará al derecho a la libre asociación y al trabajo de las organizaciones de derechos humanos en Venezuela.
