Mérida: Tribunal militar dictó privativa de libertad a fotógrafo Carlos Briceño

• Imputar a civiles ante tribunales militares es contrario a la Constitución y viola el derecho humano al debido proceso

• 30 trabajadores de medios de comunicación social en el país han sido detenidos arbitrariamente en 68 días de protestas en Venezuela

Carlos Briceño, reportero gráfico de la Alcaldía del municipio Campo Elías en el estado Mérida fue privado de libertad por un tribunal militar. El fotoperiodista se encuentra detenido arbitrariamente desde el lunes, 05 de junio, cuando cubría la protesta convocada por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en rechazo del proyecto de Asamblea Nacional Constituyente en el poblado de Ejido.

Por más de dos horas, los compañeros del fotógrafo Carlos Briceño esperaron la decisión del Tribunal Militar que se trasladó al municipio Libertador en la ciudad de Mérida.

Briceño fue imputado por Ultraje al centinela, delito tipificado en el artículo 501 del Código Orgánico de Justicia Militar y trasladado el viernes 9 de junio de 2017 a la cárcel de Santa Ana, ubicada en el municipio Córdoba del estado Táchira.

Marlui Zambrano, jefa del departamento de Comunicación Social de la Alcaldía del municipio Campo Elías, relató a IPYS Venezuela que cuatro efectivos de la policía estadal interceptaron a su compañero Carlos Briceño, varias cuadras cerca del lugar donde se desarrolló la protesta. Esto ocurrió minutos después de que el fotógrafo registrara imágenes de la represión. 

“Lo acusaron de lanzar piedras”, aseguró Zambrano. El reportero fue traslado al municipio Campo Elías y posteriormente al comando de la policía del municipio Libertador de la ciudad de Mérida, capital de la entidad, donde permanece en un cubículo de retención preventiva. Al reportero también le retuvieron su teléfono celular.

El gobernador del estado Mérida, Alexis Ramírez, señaló públicamente al reportero de formar parte de la manifestación y que, por ende, sería imputado en un tribunal militar por el presunto delito de “ultraje al centinela”.

Imputar a civiles ante tribunales militares es contrario a la Constitución y viola el derecho humano al debido proceso. El artículo 49.4 de la Constitución establece que “toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales en las jurisdicciones ordinarias, o especiales, con las garantías establecidas en esta Constitución y en la ley”.

Zambrano, en representación de la alcaldía del municipio Campo Elías, rechazó los señalamientos contra Carlos Briceño y reconoció su labor periodística como reportero gráfico.

La ONG Foro Penal ha registrado hasta el 7 de junio 3106 arrestos de personas en las protestas, 1363 aún permanecen detenidos y 370 de los detenidos han sido presentados ante tribunales militares. En declaraciones recientes la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz indicó que esta práctica viola la Constitución.

Entre el 31 de marzo y el 7 de junio de 2017, IPYS Venezuela registra 30 detenciones arbitrarias a periodistas, reporteros gráficos, camarógrafos y corresponsales de prensa extranjera durante la cobertura de manifestaciones sociales. De esta cifra, Briceño es el único que continúa detenido el 8 de junio.

Se espera que la segunda audiencia de Briceño en 45 días. IPYS Venezuela hará seguimiento.