IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
El 28 de octubre de 2015, un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), cuerpo de seguridad del Estado, amenazó con detener a Nairobi Roríguez, reportera del portal digital El Pitazo Informativo, cuando se encontraba registrando testimonios de un grupo de personas que hacían fila en un supermercado para comprar comida. El hecho ocurrió a las diez y media de la mañana en el sector 4 Esquinas, de Cumaná, capital del estado Sucre.
Nairobi Rodríguez, reportera de El Pitazo Informativo, relató a IPYS Venezuela que se disponía a cubrir una pauta informativa a dos cuadras de un supermercado, ubicado en Cumaná, cuando visualizó una fila de personas que se disponían a comprar arroz. La periodista pudo registrar el testimonio de varias personas que hacían cola.
Cuando la reportera tomaba fotografías a un trabajador del supermercado que marcaba números en los brazos de estas personas, un funcionario de la GNB la tomó por el brazo y le exigió que le entregara el teléfono con el fin de borrarle las imágenes. Rodríguez no entregó el dispositivo.
“El militar me dijo que me llevaría detenida si no le entregaba mi teléfono”, aseguró la reportera, quien fue apoyada por un dirigente político que estaba en el lugar. “El dirigente le preguntó a este funcionario la razón por la que me llevaría detenida”.
Cuando el militar dejó de insistir, un trabajador del supermercado se acercó a Rodríguez y le advirtió que le mandaría a tomar fotografías con un agente del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). A los pocos minutos, un hombre desconocido que portaba una gorra, bajó de un vehículo que estaba en el lugar y fotografió a la reportera.
A pesar de este intento por limitar su labor informativa, la periodista Nairobi Rodríguez aseguró haber cumplido con su pauta de trabajo, luego de registrar y asegurar los testimonios de los entrevistados e imágenes de apoyo sobre el hecho.
En menos de 24 horas, IPYS Venezuela registró dos limitaciones de acceso a la cobertura de filas de personas en supermercado. El primero ocurrió en Valencia, capital del estado Carabobo, cuando un funcionario del mismo cuerpo militar amenazó con detener a un reportero gráfico del diario regional El Carabobeño.
Este hecho representa un uso abusivo del poder estatal vinculado una amenaza de detención con fines intimidatorios.
El artículo 57 y 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela garantiza el derecho que tienen los ciudadanos de expresarse y estar informados sobre hechos que sean de su interés sin que pueda establecerse censura.
Además, el numeral 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA) prohíbe cualquier acción intimidatoria que pretenda coartar la labor informativa de los comunicadores sociales.
