IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
“La sociedad civil ha documentado casi 50 medios cerrados en el último año que mantenían una línea editorial y periodística crítica del gobierno”
Por Edison Lanza @EdisonLanza El Comercio (Perú)
El bloqueo de varios canales internacionales de noticias y la supresión de casi 50 emisoras de radio y televisión locales en Venezuela constituyen una forma de restricción extrema de la libertad de expresión y un giro más en la instalación de un modelo de gobierno autoritario, que busca imponer un relato único a toda la sociedad. Estamos ante un patrón de censura que la región parecía haber superado. Por ello, es imperativo denunciar lo que está sucediendo en ese país en materia de radio y televisión, y explicar por qué estas medidas constituyen una forma de restricción indirecta a la libertad de expresión.
Aunque parezca irónico, en los documentos oficiales que se conocen y en las audiencias públicas convocadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Gobierno Venezolano ha invocado principios del derecho internacional de los derechos humanos y de respeto a la libertad de expresión para justificar el cierre o la prohibición de medios de comunicación, tales como proteger la soberanía, combatir mensajes de odio o su derecho a no renovar licencias de medios con los plazos de operación vencidos. Allí radica la perversión que debemos desmontar.
Hay que recordar que, en los hechos, este régimen ha decidido denunciar los tratados internacionales y desatender a todas las recomendaciones de los organismos de protección de derechos humanos, tanto del sistema interamericano como del sistema universal, y esta actitud la vemos en particular en materia de libertad de expresión. De hecho, a través de distintas decisiones se estableció la responsabilidad internacional de Venezuela por el uso de potestades estatales con desviación de poder. Como ejemplos podemos citar diversos casos de discriminación a funcionarios, periodistas, medios de comunicación y organizaciones sociales por la opinión política que sostenían.
En lo que respecta a los medios de comunicación internacionales, Conatel (el organismo que regula las telecomunicaciones en Venezuela) ha ordenado a las empresas de televisión para abonados dejar de emitir varias cadenas internacionales de noticias (CNN, NTN 24, cadena Caracol y RCN), que se ocupaban de la situación en Venezuela y eran una fuente de información para la sociedad. Obviamente, eran medios que emitían información disonante, frente a la información y propaganda favorable al gobierno que ofrecen los múltiples medios que este controla directa e indirectamente.
Todos estos cierres fueron precedidos de acusaciones y amenazas públicas a cargo de los más altos representantes del régimen: ya sea el propio Nicolás Maduro, su vicepresidente Tarek El Aissami o el influyente Diosdado Cabello, muchas veces ellos mismos involucrados en las investigaciones y denuncias que difundían estos medios. Estas amenazas, invariablemente, han sido cumplidas por el organismo regulador (Conatel), sin seguir un procedimiento que permita establecer de qué tipo de abuso se les acusa o someterlo a un proceso judicial para establecer que incurrieron en algún tipo de responsabilidad.
De acuerdo con los estándares internacionales, las restricciones a la libertad de expresión deben ser excepcionales, estar establecidas por ley, perseguir finalidades legítimas a la luz del derecho internacional y, además, deben ser necesarias y proporcionales al objetivo que se persigue. Como lo han sostenido la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la eventual restricción de un derecho como la libertad de expresión exige una fundamentación rigurosa y de mucho peso; corresponde a la autoridad demostrar que su decisión no tenía un propósito ni un efecto discriminatorio o de silenciamiento. No hay duda de que la censura de estos medios internacionales obedece a la decisión adoptada en la cúspide del gobierno de suprimir a un medio de comunicación por su línea informativa o editorial, lo que a todas luces violenta la prohibición de censura previa.
