IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
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Persiste en varios países la criminalización de voces críticas, y el fenómeno de la desinformación genera propuestas legislativas preocupantes
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Durante 2017, la CIDH documentó en Venezuela severas restricciones al derecho a la libertad de expresión, que incluyen censura y cierre de medios de comunicación, ataques a periodistas, y en general patrones de hostigamiento y criminalización de quienes emiten opiniones políticas o difunden información que no encuentra aprobación estatal
En total, esta Oficina ha tomado nota en su informe de más de 900 incidentes de violaciones, restricciones ilegítimas o amenazas al ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Entre todas las formas de silenciamiento, la violencia física, la amenaza, el secuestro y los asesinatos se han vuelto a repetir como la forma más severa de coartar la libertad de expresión y afectar los derechos fundamentales de los comunicadores. Durante 2017, más de un tercio de los incidentes registrados por la Relatoría Especial están relacionados con actos de violencias, entre estas agresiones hay que condenar la muerte de 22 comunicadores, más de 200 periodistas agredidos y 50 medios de comunicación sufrieron ataques durante el año objeto de análisis.
Los asesinatos de comunicadores de indudable relevancia para sus respectivas regiones en distintos países ponen en evidencia el gran reto que sigue pendiente para erradicar la forma más brutal de la censura.
La impunidad de estos crímenes, salvo excepciones, sigue siendo la regla y esto alienta el círculo de violencia. De acuerdo al informe anual que hoy se presenta, aproximadamente el 15% de los casos monitoreados por esta Oficina están relacionados con actos de represión o uso desproporcionado de la fuerza durante manifestaciones y protestas, una cifra que sigue incrementándose año a año.
Los ataques contra quienes se expresan también se registran en el espacio de Internet. Más de 10% de los ataques contra periodistas y medios de comunicación se dieron a través de la red, en especial por medio de diversas formas de acceso indebido a cuentas en redes sociales y bases de datos y acciones orientadas hacia impedir la disponibilidad de páginas y servicios en la web.
Asimismo, el fenómeno de las campañas de desinformación deliberadas ha adquirido inéditasproporciones en 2017 y supone un nuevo desafío a la libertad de expresión en línea dado que el término “noticias falsas” o “fake news” se ha utilizado para intentar desprestigiar a la prensa y también para pasar legislación restrictiva de la libertad de prensa y la libertad de expresión en el espacio digital.
Si bien los ataques violentos son la manera más brutal de restringir el derecho a la libertad de expresión, las declaraciones estigmatizantes por parte de autoridades, que denigran la imagen y buscan erosionar la confianza y el reconocimiento de los comunicadores y de la prensa de cara al público corresponden a cerca de 5% de los hechos registrados por esta Oficina durante 2017. La descalificación de la prensa y sus profesionales por parte de funcionarios públicos, por el simple de hecho de la cobertura periodística no está alineada con sus opiniones y políticas, aumentó de manera preocupante en algunos países de relevante proyección regional, lo que podría impactar también al resto del Hemisferio.
Otro 5%, de los casos incluidos en este informe hemisférico corresponden a demandas judiciales radicadas en la esfera penal y sentencias de condenas penales o civiles desproporcionadas pronunciadas contra quienes revelan información de alto interés público. Los procesos abiertos contra periodistas generan en muchos casos efectos inhibitorios y costos de defensa, no obstante únicamente en los casos de Venezuela y Cuba, se registraron casos de privación de libertad arbitraria de periodistas.
En el detallado informe, la Relatoría Especial también está dando cuenta de proyectos de ley o nuevos marcos legales con potencial efecto inhibitorio para la libertad de expresión en cada país de la región, así como del derecho de acceso a la información pública. La llamada Ley contra el odio en Venezuela se destaca entre estas legislaciones que amenazan la libertad de expresión por la vaguedad de sus figuras penales y las sanciones desproporcionadas. En la mayor parte de estos casos la Relatoría ha enviado cartas a los estados, solicitado información o prestando asistencia a los Estados que discuten normas que se apartan de su obligación internacional de alinear sus legislaciones internas a los estándares del Sistema Interamericano en materia de libertad de expresión, sus recomendaciones y declaraciones.
Respecto a los autores de los ataques a la libertad de expresión, aproximadamente el 40% de los atentados directos fueron perpetrados por funcionarios públicos. De todos los hechos que supusieron retroceso en materia de libertad de expresión en el continente, más de la mitad de ellos tuvieron como responsables a oficiales de los gobiernos o a los propios Estados a través de sus instituciones. El resto proviene de actores del crimen organizado, grupos para estatales y miembros de entidades privadas.
No obstante estos retos, la Relatoría Especial también ha observado y destaca los avances realizados por los Estados en materia de libertad de expresión, acceso a la información pública y en relación con el combate a la impunidad en los delitos relacionados a la actividad periodística. Esta Oficina ha dado cuenta de la liberación de periodistas y whistleblowers encarcelados, el fortalecimiento de mecanismos nacionales de protección de periodistas y de pronunciamientos judiciales y reformas legales que incorporan los estándares del Sistema Interamericano en casos relacionados a la libertad de expresión. Asimismo, saludamos las sanciones contra autores materiales e intelectuales de agresiones contra comunicadores, en varios países de la región, lo que se traduce en una tendencia esperanzadora.
La Relatoría ha realizado un extenso monitoreo y análisis de la situación del derecho a la libertad de expresión en el continente durante 2017 para la producción del presente informe, en un esfuerzo por abarcar la multiplicidad de hechos y contextos que componen la compleja realidad de la región. La Relatoría Especial culmina su Informe anual con un capítulo de conclusiones y recomendaciones. El objetivo de esta práctica es entablar un diálogo fluido con los Estados miembros que permita convertir a las Américas en un ejemplo en materia de respeto, garantía y promoción del derecho a la libertad de expresión.
A continuación presentamos una breve caracterización, de los principales hallazgos en algunos de los países monitoreados, sin perjuicio de que en el informe se detalla la situación y los hechos documentados en cada uno de los países del continente que suponen afectaciones o avances en materia de libertad de expresión:
Argentina. Amplios sectores, tanto entre quienes apoyan al gobierno como de la oposición, continúan observando a los medios y a los periodistas como actores alineados a uno u otro lado del espectro político, lo que contribuye a cuestionar la credibilidad del periodismo y su rol en la democracia. Durante 2017 la Relatoría Especial también recibió información sobre ataques e intimidaciones contra periodistas, tanto en el marco de investigaciones sobre crimen organizado y corrupción, como en situaciones de protesta social o movilizaciones políticas. También se registran denuncias sobre uso desproporcionado de la fuerza en el contexto de protestas.
Entre los avances registrados, el Gobierno firmó el Decreto 206/2017 de reglamentación de la Ley Nº 27.275 de Acceso a la Información Pública. El decreto, que entró en vigencia el 29 de septiembre de 2017 puso en marcha la Agencia de Acceso a la Información Pública, que actuará en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y que “dictará las normas aclaratorias y complementarias que resultaren pertinentes para la aplicación” de la ley. En cuanto a la política de asignación de la publicidad oficial, las autoridades afirman que han adoptado una serie de decisiones para racionalizar el uso de este recurso público y que se basan en la aplicación de un reparto más equitativo y transparente de la publicidad estatal que respeta el trabajo de los periodistas, incluso los críticos.
La reducción del apoyo que el Estado brindaba a través de la asignación de la publicidad oficial a varios medios de comunicación y la cancelación de algunos programas en los medios públicos motivó acusaciones de la oposición sobre eventuales presiones políticas detrás de estas medidas.
Bahamas. La Relatoría Especial celebra la promulgación de la Ley de Libertad de Información [Freedom of Information Act]. Esta ley proporciona un derecho general de acceso a los registros en poder de las autoridades públicas y tiene como objetivo dar efecto a ciertos principios fundamentales que subyacen en el sistema de democracia constitucional, a saber, la responsabilidad gubernamental, la transparencia y la participación pública en la toma de decisiones nacionales. Se otorga un derecho general de acceso a los ciudadanos de las Bahamas, residentes permanentes, entidades constituidas o registradas conforme a las leyes de Bahamas, asociaciones u otras entidades no constituidas bajo las leyes de las Bahamas y personas
que tenga en las Bahamas una oficina, rama o agencia a través del cual lleva a cabo cualquier actividad comercial.
Bolivia. Durante 2017 la Relatoría Especial siguió documentando un discurso estigmatizante de altas autoridades del gobierno nacional y local hacia la prensa. Periodistas de diversos medios fueron agredidos por manifestantes y autoridades policiales durante diversas formas de protesta. La Relatoría Especial saluda la exclusión de los periodistas y el periodismo en general de una reforma penal a estudio del Parlamento dirigida a responsabilizar la mala praxis profesional.
Brasil. Durante 2017 la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión continuó documentando casos de agresiones contra perio distas y comunicadores sociales por el ejercicio de su labor, aunque en el año no seregistró ningún caso de asesinato de periodistas en razón del oficio. La Relatoría Especial observa con preocupación los casos de violencia y uso excesivo de la fuerza contra periodistas y manifestantes en el contexto de las diversas protestas y manifestaciones sociales que ocurrieron en todo el país, en el marco de la inestabilidad del escenario político brasileño. En particular, la reforma de la seguridad social y laboral propuesta por el gobierno federal causó una fuerte oposición y protestas que fueron respondidas con un uso excesivo de la fuerza. Los principales autores de estas agresiones fueron integrantes de la Policía Militar.
Canadá. La Relatoría Especial reconoce el avance registrado con la aprobación de la ley Journalistic Sources Protection Act, que mejora la protección legal de las fuentes periodísticas que ofrecen información a cambio de preservar su anonimato. Asimismo, la Relatoría Especial observa con preocupación el trámite del caso del comunicador Ben Makuch, quien está disputando una orden de producción de información relacionada a una de sus fuentes periodísticas por parte de la Real Policía Montada de Canadá [Gendarmerie Royale du Canada] (GRC).
Chile. En junio de 2016 la Relatoría Especial realizó una visita oficial a Chile con el objetivo de evaluar lasituación de la libertad de expresión en el país y realizar recomendaciones. A lo largo de 2017, la Relatoría Especial observó que hubo avances en línea con los estándares interamericanos, aunque persisten varios de los retos documentados y aún restan por cumplir o implementar algunas de estas recomendaciones. La Relatoría Especial recibió con especial satisfacción los esfuerzos del Estado tendientes a observar las recomendaciones que le fueran formuladas sobre el derecho de acceso a la información pública, en específico en lo relacionado a la apertura de los archivos, documentos, testimonios y antecedentes aportados por las víctimas ante la Comisión Valech I. De otro lado, la Oficina destaca positivamente la sanción de diferentes
leyes, en especial la reforma a la Ley 20.477, que impide la actuación de la Justicia Militar ante cualquier supuesto en que las víctimas o los acusados en un proceso sean civiles, y la Ley de Velocidades Mínimas Garantizadas de Acceso a Internet. Sin perjuicio de estos avances, durante 2017 se registraron nuevos casos de criminalización de manifestaciones de estudiantes y miembros de la comunidad mapuche o simpatizantes a ella; se abrieron procesos penales contra comunicadores acusados de atentar contra el orden público o por difamación a funcionarios públicos.
Colombia. La Relatoría Especial observa con preocupación el incremento de las situaciones de violencia contra periodistas reportadas en 2017 con relación al año anterior. En octubre la periodista radial Efigenia Vásquez Astudillo fue asesinada en la región del Cauca, departamento de Colombia. Asimismo la sociedad civil informó sobre múltiples ataques, secuestros y amenazas contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación en el contexto de la implementación del cese al fuego entre la guerrilla de las FARC y el gobierno. La Relatoría Especial observa que algunos de estos episodios de agresión contra periodistas fueron protagonizados por agentes de la fuerza pública durante coberturas de hechos de interés público. También se registraron diversos episodios de declaraciones estigmatizantes por parte de dirigentes políticos. Por otro
lado, la Relatoría Especial continuó recibiendo información sobre el uso excesivo de la fuerza en el contexto de las manifestaciones sociales y protestas. La Relatoría Especial también tomó nota de sentencias positivas para la protección de la libertad de expresión. No obstante, en lo que refiere a la protección de la libertad de expresión en Internet se pronunciaron diversas sentencias problemáticas, que no incorporan a cabalidad los estándares internacionales sobre libertad de expresión. La Relatoría se encuentra expectante a la implementación de reformas vinculadas a los acuerdos de Paz para fortalecer el espacio cívico y habilitar el acceso a la información sobre los hechos del pasado.
Costa Rica. Durante 2017 la Relatoría Especial conoció del envío por parte del Poder Ejecutivo a la Asamblea Legislativa de un proyecto de ley que contempla la despenalización de los delitos contra el honor en casos de interés público, protege el derecho a la reserva de la fuente y estipula la cláusula de conciencia para los contratos de trabajo de periodistas. Por otro lado, toma nota del envío al legislativo de un proyecto de ley dirigido sobre acceso a la información pública. Durante 2017 la Relatoría Especial recibió las denuncias e informaciones planteadas por la sociedad civil en torno a los niveles de concentración mediática que existirían en la radio y la televisión en el país y sobre la falta de un marco regulatorio adecuado para garantizar la diversidad y pluralidad de contenidos y operadores.
Cuba. Durante 2017, la CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión continuaron recibiendo información preocupante sobre restricciones ilegítimas a la libertad de expresión en Cuba y acciones estatales dirigidas a inhibir o castigar –a través de la justicia penal- expresiones y posiciones críticas del oficialismo. De particular preocupación resulta el continuo incremento de una persecución selectiva y deliberada en contra de medios y organizaciones independientes que difunden información por fuera del control del Estado y opiniones sobre temas de interés público.
Dominica, Grenada, San Kitts & Nevis, San Vicente & Las Granadinas, Santa Lucía. La Relatoría Especial celebra la aprobación del proyecto de ley de comunicaciones electrónicas [Electronic Communication Bill] (ECB), por parte de los Estados parte de la Eastern Caribbean Telecommunications Authority (ECTEL), que contaría con una serie de objetivos tendientes a garantizar la difusión de licencias a clientes minoristas, el acceso justo e igualitario a la red pública de comunicaciones electrónicas, a favorecer el acceso abierto a internet y a precisar las pautas que deben guiar la defensa al consumidor de comunicaciones electrónicas. De acuerdo con la información disponible, cada Estado miembro de ECTEL deberá adoptar en su legislación interna la ley de comunicaciones electrónicas.
Ecuador. Después de la asunción del Presidente Lenín Moreno el 24 de mayo la Relatoría Especial recibió información sobre el cambio en la actitud de las altas autoridades del gobierno nacional hacia medios de comunicación, periodistas y defensores de derechos humanos. De acuerdo con organizaciones de la sociedad civil y los propios medios de comunicación, el mandatario y en general el nuevo gobierno, han reconocido en mayor medida el importante rol que juega la prensa en la democracia ecuatoriana y ha mitigado la mayor parte de prácticas estigmatizantes y criminalizantes características a la administración anterior. No obstante, la Relatoría ha manifestado su interés de asistir con recomendaciones al proceso para revisar leyes que establecen restricciones incompatibles con las obligaciones internacionales contraídas por el Estado en
materia del derecho a la libertad de expresión.
El Salvador. En 2017 la Relatoría Especial registró amenazas e intimidaciones hacia periodistas, por lo que valoró la presentación de un proyecto de ley que garantizaría mecanismos de protección a periodistas y comunicadores sociales, aunque no se ha avanzado en su aprobación hasta el momento. Asimismo, la Relatoría destacó el archivó de una demanda por difamación presentada por el alcalde de la ciudad de San Salvador, Nayib Bukele, en contra de La Prensa Gráfica, al entender que la investigación periodística era de interés público y se basó en diversas fuentes documentales y testimoniales. La Relatoría Especial también destacó una decisión de un Tribunal de Apelaciones que absolvió al director de la Revista Factum que en 2016 había sido denunciado por calumnias por un empresario interrogado y luego arrestado por los delitos de fraude y cohecho. Durante 2017 la Comisión también dictó medidas cautelares para la protección de periodistas que se encuentran amenazados por investigar el fenómeno de las maras y su represión por parte del Estado.
Estados Unidos. La Relatoría Especial ha observado que, desde el inicio de su mandato, el Presidente Donald Trump ha estimulado la polarización del escenario mediático y ha promovido, tanto en apariciones públicas como en redes sociales, un discurso estigmatizante hacia diversos medios de comunicación y comunicadores que han difundido información sobre su gestión, a quienes les adjudica un presunto rol de oposición o parcialidad política. En materia de protección de la libertad de expresión en internet, esta Oficina observó con preocupación la decisión adoptada por la Comisión Federal de Comunicaciones [“Federal Communications Commission”] (FCC) de revocar las reglas vigentes de neutralidad de la red, que sentaron un importante precedente regional para la protección del acceso libre y sin discriminación a todos los
contenidos en internet. También se ha dado seguimiento a iniciativas legales dirigidas a restringir el derecho
a la protesta social.
Guatemala. Durante la visita in loco realizada en 2017, la Relatoría Especial constató que Guatemala vive un contexto de violencia contra periodistas, caracterizado por asesinatos, amenazas y un discurso que busca estigmatizar a los medios y periodistas comprometidos con el combate a la corrupción y el abuso de poder. Según lo informado, sobre todo en el interior del país, los periodistas y comunicadores sociales se encuentran en un “alto grado de vulnerabilidad” para ejercer su profesión. Estos periodistas, además de enfrentar el flagelo del narcotráfico y el crimen organizado, sufrirían agresiones provenientes de algunos funcionarios que estarían vinculados a hechos de corrupción. Según lo informado, Quetzaltenango sería una de las zonas donde se ha reportado más ataques contra comunicadores en los últimos años.
Haití. Durante 2017 la Relatoría Especial ha observado con preocupación la reiteración del uso abusivo de la fuerza por parte de las fuerzas del orden, también registrado en años anteriores, a la hora de dispersar eventos de protesta social, específicamente durante las manifestaciones en el contexto de la reforma tributaria puesta en marcha por el gobierno en septiembre. Asimismo, una propuesta de ley que busca tipificar el delito de difamación podría conllevar a un retroceso en materia del derecho a la libertad de expresión en el país. Información sobre las amenazas proferidas contra el comunicador Jean Nazaire Jeanty por parte del alcalde de Los Cayes, Jean Gabriel Fortuné, y el supuesto atentado sufrido por el periodista subsecuentemente también fue recibida con inquietud por parte de esta Oficina.
Honduras. La crisis política generada tras las elecciones presidenciales del 28 de noviembre de 2017 ha aumentado el riesgo para el ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo en el país. La Relatoría Especial ha recibido con alarma información sobre la declaratoria de un estado de excepción, ataques y amenazas a medios de comunicación, así como asesinatos y lesiones de manifestantes como consecuencia del uso ilegal y excesivo de la fuerza policial. También han registrado detenciones masivas de manifestantes, algunos de los imputados de terrorismo. Con anterioridad al periodo de electoral, la Relatoría ya había expresado su preocupación por la aprobación de una serie de reformas al Código Penal de Honduras, que incluyen disposiciones han sido contrarias a estándares internacionales y que pueden restringir ilegítimamente el derecho a la libertad de expresión en el país. Asimismo, la Relatoría Especial ya había recibido denuncias sobre restricciones ilegítimas y uso del derecho penal para criminalizar protestas estudiantiles, así como uso excesivo de la fuerza para dispersar estas protestas.
México. El país enfrenta una profunda crisis de seguridad que afecta gravemente los derechos humanos de su gente. También existe una situación de fragilidad del estado de derecho y la gobernanza en niveles locales en distintos Estados de la Federación, exacerbada por asesinatos, desapariciones y tortura. Además del uso de violencia en todas sus formas, los actores criminales y autoridades públicas intentan coaptar a los periodistas para sus fines e imponer información favorable para los cárteles o en contra de sus enemigos, en muchos casos a través del uso de la publicidad oficial. El crimen organizado ha generado maneras híbridas de interferir con el periodismo, generando división y desconfianza entre los periodistas y entre periodistas y funcionarios locales. Durante una visita in loco desarrollada a fines de 2017 las relatorías de la CIDH y
Naciones Unidas reconocieron el progreso en la protección de periodistas a nivel federal, pero llamaron la atención sobre la insuficiente coordinación de esa protección en los estados más problemáticos. Los mecanismos de protección tienen, de forma sorprendente, recursos limitados considerando el contexto de una crisis nacional. Los mecanismos especializados de investigación, a nivel federal y estatal, no han brindado resultados, lo que lleva aún aumento en la impunidad y frustración en las víctimas. En parte este ambiente involucra la transición histórica desde prácticas autoritarias en el gobierno en el pasado a la emergencia de un pluralismo político y demandas de normas democráticas. Los casos bien documentados de vigilancia digital de periodistas y defensores de derechos humanos, entre otros, parecen un ejemplo de los retos que
enfrentan los periodistas en la era digital.
Nicaragua. Durante el año, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión continuó recibiendo información preocupante sobre la situación de la libertad de expresión en Nicaragua. De acuerdo a la información reportada por medios de prensa y organizaciones de la sociedad civil, continuaría en el país la práctica de impedir o limitar el acceso libre de periodistas y comunicadores independientes a un amplio rango de actividades oficiales. El presidente Daniel Ortega no ha realizado conferencias de prensa abiertas para todos los medios en los diez años que lleva al frente del Poder Ejecutivo y jerarcas de su Gobierno están impedidos de conceder entrevistas a los medios no oficiales. Asimismo, se reportaron casos de
hostigamientos, estigmatizaciones y amenazas contra periodistas y defensores de derechos humanos. Las limitaciones al trabajo de la prensa independiente ocurren en un contexto en el que la mayoría de los medios de comunicación televisivos y radiales estarían controlados por un duopolio compuesto por la familia presidencial y el empresario mexicano Ángel González, lo que afecta de forma severa la pluralidad de voces y el acceso del pueblo nicaragüense a información independiente y variada.
Panamá. Durante 2017 la Relatoría siguió con atención las investigaciones sobre el grupo editorial EPASA, vinculado al ex presidente Martinelli y sus posibles efectos en el funcionamiento del grupo y la libertad de prensa en país.
Paraguay. Durante 2017 la Relatoría Especial registró denuncias de abuso policial contra manifestantes y periodistas que cubrían protestas. En este sentido, la Relatoría Especial destacó la instalación de la Mesa Interinstitucional para la Seguridad de Periodistas y las acciones positivas que de este espacio han venido derivando con miras a la promoción de la libertad de expresión y la protección de periodistas, y alentó al Estado a continuar trabajando en la implementación del Protocolo seguridad para periodistas en situaciones de alto riesgo aprobado durante 2017 y para la adopción de un mecanismo integral de protección. Por otra parte, la Relatoría observó con especial preocupación la radicación en el Congreso de un proyecto de ley que busca establecer un marco para eliminar el anonimato en Internet y bajar contenidos de las redes sociales, sin intervención judicial, cuando se consideren ofensivos o pretendidamente falsos por parte de candidatos a ocupar cargos electivos o funcionarios públicos.
Perú. Durante 2017, el Poder Ejecutivo se ha preocupado por enviar señales de reconocimiento a la labor de la prensa y generar un ambiente libre de amenazas para el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión en Perú. No obstante, han surgido amenazas a la libertad de expresión desde las bancadas mayoritarias del Poder Legislativo, algunos de cuyos integrantes han presentado proyectos de ley que buscan establecer controles estatales sobre la información, en nombre de la “veracidad” y otros posibles condicionamientos a la prensa. También se presentó un proyecto que propone impedir el ejercicio de la actividad periodista a directivos de medios de comunicación cuando estén involucrados en presuntos hechos de corrupción y otro relativo a la prohibición a los organismos estatales de asignar publicidad oficial a medios de comunicación privados, lo que fue objeto de preocupación para la Relatoría Especial. La persistencia en el ordenamiento jurídico peruano de delitos tales como la difamación e injurias para proteger la reputación y el honor de funcionarios y personas públicas sigue dando pie a la presentación de denuncias penales contra periodistas y columnistas de medios peruanos por informar u opinar sobre temas de interés público.
República Dominicana. La situación de riesgo para el ejercicio del periodismo y para quienes denuncian hechos de presunta corrupción se agravó en República Dominicana durante 2017. Se registró el asesinato de dos periodistas y un abogado vinculado a organizaciones sociales anticorrupción y un dirigente popular, todos los cuáles podrían estar vinculados al ejercicio del derecho a la libertad de expresión. La Relatoría Especial documentó denuncias de restricciones ilegitimas de derechos humanos en el contexto de protesta social, en particular cuando estas se dirigen a edificios públicos o durante eventos del Gobierno.
Suriname. Durante 2017 la Relatoría Especial documentó denuncias sobre abuso policial y detenciones de manifestantes en protestas sociales llevadas a cabo en Paramaribo y organizadas en gran medida por sindicatos y otros grupos de la sociedad civil. Asimismo, la Relatoría observó con preocupación el envío de un proyecto de ley al parlamento, denominado Electronic Legal Transactions, que apuntaría a multar o penar con encarcelamiento a toda persona que insulte al presidente a través de un medio de comunicación y que ha sido criticado por la prensa y expertos.
Trinidad y Tobago. La Relatoría Especial ha seguido de cerca la discusión sobre el proyecto de Ley contra Delitos Cibernéticos [Cybercrime Bill] en Trinidad y Tobago. Diferentes organizaciones de la sociedad civil habrían expresado su preocupación sobre el proyecto de ley, ya que consideraron que puede restringir la actividad de aquellos periodistas que trabajan sobre asuntos de interés público mientras que podríacriminalizar aquellas expresiones que carecen de respaldo legal o justificación, por ejemplo, a través de información cuya fuente quiera reservarse. Por lo tanto, habrían propuesto que el proyecto incluya excepciones legales contra periodistas y whistleblowers. Según la información recibida, el gobierno se habría comprometido a asegurar el ejercicio de la libertad de expresión en línea.
Uruguay. Durante 2017 la Relatoría Especial observó con preocupación la información recibida sobre un incremento de denuncias penales por difamación e injurias presentadas contra periodistas por parte de funcionarios públicos presuntamente afectados por publicaciones sobre temas de interés público vinculados a su gestión. También se registraron declaraciones estigmatizantes por parte de personas y funcionarios públicos contra periodistas y medios de comunicación. La Relatoría Especial tomó nota de las acciones adelantadas por la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC) para aplicar e implementar algunas disposiciones puntuales de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Venezuela. Durante 2017, la CIDH y su Relatoría Especial siguieron documentando severas restricciones al derecho a la libertad de expresión en el país, que incluyen censura y cierre de medios de comunicación, ataques a periodistas, y en general patrones de hostigamiento y criminalización de quienes emiten opiniones políticas o difunden información que no encuentra aprobación estatal. Estas medidas no responden a un marco normativo compatible con las obligaciones internacionales adquiridas por el Estado venezolano. Del mismo modo se suceden la apertura de procesos penales, orientados hacia periodistas y medios de comunicación, profesores universitarios, y ciudadanos en general dirigidos a castigar e inhibir expresiones críticas a la actuación de autoridades estatales o sobre cuestiones de interés público. El 30 de marzo de 2017 se inició una ola de protestas sociales en Venezuela, cuando miles de personas se movilizaron en varias ciudades en rechazo a las decisiones del TSJ en que desconoce la Asamblea Nacional (AN). Las protestas se intensificaron en mayo, luego de la emisión del Decreto Nº 2830, por medio del cual el Presidente convocó la ANC, y se extendieron hasta fines de julio y decenas de manifestaciones con el objeto de exigir reivindicaciones políticas y sociales, dirigidas a instituciones específicas como el TSJ o el CNE. La CIDH y suRelatoría Especial expresan su más enérgico rechazo por el hecho de que decenas personas hayan sido asesinadas ejerciendo su derecho a la protesta para lograr la vigencia de sus derechos en Venezuela.
Finalmente, la Relatoría Especial destaca la colaboración los Estados de Guatemala y México por facilitar las visitas in loco de esta oficina durante 2017, que tuvieron como resultado un extenso análisis de la situación de la libertad de expresión en estos países y la formulación de recomendaciones. Agradecemos a los Estados, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación por el permanente apoyo y las informaciones ofrecidas durante todo el proceso de producción del presente informe.
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