miércoles , marzo 27 2024

Periodismo migrante | Índice de libertades informativas IPYSve 2018

Migración, desplazamientos forzados, prohibiciones de salida del país, migraciones de medios tradicionales a entornos digitales, cierre y contracción en la prensa escrita, así como los abusos de poder y los obstáculos en torno al acceso a la información pública marcaron el año 2018, que cerró con 266 casos de violaciones a la libertad de expresión, según el informe anual de IPYS Venezuela

Infografías Alimié Torres Martínez

El cruce de fronteras ha marcado el ejercicio del periodismo en Venezuela. Este fenómeno, que se ha intensificado en los últimos cinco años, ha comprendido el éxodo de quienes hacían vida en los medios en el país: 18% de los periodistas registrados en el mapa de medios de IPYSVe migraron, entre 2014 y 2018, desde Venezuela hacia otros 24 países. También, se han dado desplazamientos forzados, a zonas dentro y fuera del país: 34 periodistas huyeron a otras regiones debido a que fueron perseguidos por su trabajo periodístico, en los últimos tres años. El oficio informativo también se ha movido a la web en medio del cambio del ecosistema comunicacional del país: para 2018, 38% de más de 2600 periodistas ejercían en medios digitales -la mayoría de ellos representan instancias de pequeñas escalas- mientras que hubo una contracción en la radio, la televisión y la prensa. Los periódicos fueron los más golpeados, debido a que para finales de año, en este sector solo estaba activo 18% de los trabajadores de medios registrados en las bases de datos de esta organización.

A estas mutaciones en el ecosistema de medios, se sumó la opacidad y la violencia que fueron las restricciones de mayor riesgo para la libertad de expresión en Venezuela durante el 2018. Así lo reveló el Índice de libertades informativas IPYSve 2018, un estudio de percepción que hace un retrato del ejercicio periodístico en el país con la colaboración de 326 periodistas de 18 entidades.

Las restricciones al acceso a la información tuvieron una valoración promedio de 35 puntos, este resultado demostró que existieron graves obstáculos y un  aumento de los impedimentos en el manejo de los datos oficiales, que ocurrieron en el país a lo largo de 2018, año que cerró con 266 casos de violaciones a la libertad de expresión y los derechos digitales. De estos patrones da cuenta este informe anual de IPYS Venezuela.

1. Cruzando fronteras

Los periodistas siguieron la ruta cruzando las fronteras. Se trata de un hecho que se inserta dentro del fenómeno de la migración forzada de venezolanos como consecuencia de la crisis económica, política, social y humanitaria que atraviesa el país, y que es considerado como el movimiento migratorio más grande en la historia reciente de América Latina. Este fue uno de los principales desafíos del 2018 que también repercutió sobre el ejercicio periodístico en el país.

De acuerdo con el Mapa de Periodistas que levantó IPYS Venezuela, que incluye un total de 2.674 trabajadores de medios de comunicación, al menos 477 se fueron del país entre 2014 y 2018. Esta fotografía reflejó además que 219 de ellos residen en países de latinoamérica, siendo Chile el de mayor presencia con 57 periodistas. El talento informativo y mediático del país también se movió a Argentina (40), Colombia (31), Perú (30), México (25) y Ecuador (11). Pero la llegada de los comunicadores venezolanos se sintió con mayor fuerza en norteamérica y Europa, pues los registros demuestran que en Estados Unidos se encuentran un total de 115, mientras que en España se comprobó la estadía de 46.

Estos son algunos de los 24 destinos adonde se dirigieron los profesionales de la comunicación venezolanos. Entre los que también figuran Francia, Panamá, Portugal, Brasil, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Canadá, Alemania, Inglaterra, Islandia, Italia, Trinidad y Uruguay. Más de la mitad de los que migraron, un total de 250 periodistas, estaban radicados en la ciudad de Caracas.

Pero la mirada del fenómeno de la migración respecto al periodismo no solo apunta a la huida masiva de ciudadanos que buscan una mejor calidad de vida. También se relaciona con las medidas represivas que afectaron a los medios de comunicación y a los trabajadores que en ellos se desempeñan durante el 2018, año en que el Índice de libertades informativas IPYSve arrojó un promedio global de 61, que dan cuenta de un período de restricciones frecuentes en la cobertura informativa, y demuestran una caída de cuatro puntos en las garantías de Libertad de Expresión en comparación con 2017 y 2016, cuando obtuvo 65 y 66 de promedio, respectivamente. Estos resultados surgieron a partir de una consulta que realizó esta organización con 326 periodistas de 18 estados del país.

Exiliados por informar

Migrar también fue una medida de protección para los periodistas venezolanos. A principios de 2018 los comunicadores Roberto Deniz, Joseph Poliszuk, Alfredo Meza y Ewald Scharfenberg, reporteros y editores de Armando.info, portal especializado en periodismo de investigación, se vieron obligados a irse de Venezuela para garantizar sus libertades.

Esto ocurrió como resultado de una demanda por los delitos de “difamación agravada continuada” e “injuria agravada” que introdujo Alex Saab, en septiembre de 2017, luego de la publicación de un reportaje en el que los periodistas evidencian irregularidades en la importación estatal de alimentos en donde se demuestra la participación del empresario colombiano.

La demanda derivó en la decisión del poder judicial venezolano de prohibir la salida del país a los periodistas, y en una orden de censura previa que les impide mencionar a Saab en sus investigaciones en cualquier medio digital. Esta última medida fue a partir de un documento que envió  —a las direcciones residenciales de los miembros de Armando— la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), organismo estatal a cargo de la regulación, supervisión y control de las telecomunicaciones en Venezuela.

Con el caso de los periodistas de Armando.info fueron algunos de los 34 desplazamientos forzados, dentro y fuera del país, que se detectaron en los datos que recogió IPYS Venezuela y que se han dado debido a persecuciones por el trabajo periodístico desde 2016, según lo han admitido los trabajadores de medios consultados por esta organización. Lo que evidencia que en los últimos tres años se ha sostenido esta práctica como una medida de protección de la vida e integridad física de los trabajadores de medios de comunicación.

Libre tránsito confiscado

No hay libertad para quedarse y tampoco para salir del país. En septiembre de 2018 al periodista y director del portal de noticias Runrunes, Nelson Bocaranda y a su esposa les retuvieron su pasaporte, sin previa orden judicial, cuando se disponían a salir de Venezuela desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. La acción fue ejercida por funcionarios del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), que además detuvieron a Bocaranda en el aeropuerto por más de una hora.

En una primera visita a las oficinas del organismo en Caracas, la única respuesta que recibió el periodista de los funcionarios es que no le devolverían el documento porque en el sistema aparecía “anulado”, a pesar de haber sido prorrogado poco antes hasta el año 2020. Han pasado seis meses desde que ocurrió este hecho hasta cuando se publica este informe y el periodista arrastra, de facto, una prohibición de salida del país, que además de restringirle su movilidad también le afecta su posibilidad de acceder a una garantía básica de identificación.

De acuerdo con los registros de esta organización, medidas similares a estas se aplicaron contra periodistas como César Miguel Rondón, Nitu Pérez Osuna y Abraham Torres. En el caso de Rondón, que un día antes había sido amenazado con cárcel por el presidente Nicolás Maduro por las opiniones que emitió en Twitter acerca de las protestas que realizaron venezolanos en el exterior en mayo de 2017, los trabajadores del Saime les dijeron a él y a su esposa que sus documentos aparecían como extraviados.

De acuerdo con los estándares internacionales en materia de Derechos Humanos, estas obstrucciones a la identidad personal y la prohibición de salida del país son medidas y mecanismos implementados de manera discrecional por el Gobierno Nacional que sólo vulneran la libertad de expresión y el derecho a la libre circulación de los periodistas venezolanos.

Salvavidas digital

Las restricciones para informar en Venezuela han desplazado a los periodistas a la web, donde han encontrado algunas trincheras para mantenerse activos en el oficio. En 2018 los medios digitales fueron la plataforma a la que pertenecían la mayoría de los trabajadores de medios de comunicación. Así lo demostró 38% del mapa de periodistas encuestados en el Índice de libertades informativas IPYSve, cuyos resultados también señalaron que la radio es el segundo lugar donde se ejerce el periodismo, con un porcentaje de 20%. Seguidamente están la prensa (18%) y la TV (9%).

La caída de la prensa escrita es un fenómeno que llama la atención si se considera que en años anteriores había sido el medio de mayor ejercicio periodístico, con una presencia de 30% en 2017 y 43% en 2016. La recesión del papel y otros insumos ha perjudicado a la prensa escrita, al menos 66 medios impresos en distintas regiones del país suspendieron su circulación, de forma temporal y definitiva. De esta cifra, 26 cerraron sus puertas desde el 2013. Solo en 2018 se vieron afectados 35 de ellos según los registros de IPYS Venezuela sobre la crisis de papel periódico. Este año dejó al país con una oferta informativa impresa de 30 periódicos en 21 estados del país.

Este cambio que mostró la encuesta en el ecosistema de medios al predominar los digitales, igualmente se relaciona con que 53% de los periodistas encuestados contestó que actualmente laboran en medios pequeños, con menos de 40 trabajadores. Ello confirma la disminución del periodismo en la prensa escrita y la televisión, plataformas tradicionales de información de mayor cobertura y alcance, y de mayores estructuras operativas.

2. Datos en la oscuridad

El ocultamiento de datos oficiales y la desinformación persistieron a lo largo del 2018, periodo en que el sistema de monitoreo de IPYS Venezuela evidenció un total de 266 casos que acumularon 327 violaciones a la libertad de expresión. Entre estos hechos que pusieron en riesgo el ejercicio periodístico independiente en el país, se contabilizaron 147 incidencias por uso abusivo del poder estatal, 86 por agresiones y ataques, así como 67 limitaciones de acceso a la información pública.

Las restricciones al acceso a la información fue el problema de mayor preocupación del Índice de libertades informativas IPYSve 2018, al obtener un promedio de 35 puntos. Este resultado demuestra que existen restricciones graves en esta categoría, y evidencia que aumentaron los impedimentos que ocurren en el país para el manejo de los datos oficiales en el país. Asimismo en 2018 hubo una caída de cuatro puntos en este componente, que en el 2017 ya había recibido una puntuación baja de 39.

Al desagregar este indicador se observa una vez más que la situación de mayor riesgo fue el cierre y las limitaciones a las fuentes de información pública en instancias estatales y no estatales, al recibir un promedio de 23, dos puntos por debajo del valor designado en el 2017, y que constituye un nivel muy elevado de obstáculos a las libertades periodísticas.

Sobre las acciones que imposibilitaron el trabajo de los periodistas, este año predominaron nuevamente las negativas constantes de funcionarios públicos de ofrecer declaraciones sobre informaciones de interés público. De acuerdo con los datos del estudio, esta condición también se situó dentro de los niveles de mayor gravedad con una puntuación promedio de 27, al igual que en 2017, y que refleja violaciones reiteradas a las garantías informativas de periodistas, medios de comunicación y ciudadanos en el país.

Esta apreciación se corresponde con el monitoreo de IPYS Venezuela, que en su clasificación de victimarios demuestra que la mayoría de las medidas restrictivas fueron ejercidas por funcionarios de cuerpos de seguridad del Estado y la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel). Justamente, 69% de los periodistas encuestados en la medición dijo que encontró restricciones frecuentes para acceder a información de interés público en los organismos de seguridad estatales. Mientras que en Conatel estos impedimentos fueron señalados por el 47% de los comunicadores sociales.

La consulta de documentos y datos oficiales en instituciones y plataformas digitales fue otra de las circunstancias en las que se vio restringido el ejercicio periodístico, así como el derecho de conocer información acerca de asuntos públicos que tiene la sociedad venezolana. Así lo confirmó 87% de los periodistas encuestados, que calificaron esta situación con un promedio de 33, es decir cinco puntos por debajo del valor que obtuvo en el 2017.

Entre otras instituciones estatales en las cuales los encuestados detectaron inconvenientes para informarse, se encuentran los poderes públicos regionales y locales (77%) y los organismos de la salud pública (72%). En cuanto a los voceros e instancias del sector privado, la ausencia de información se percibió en menor magnitud siendo este aspecto ponderado con 51 puntos y los participantes apuntaron que encontraron más negativas en las entidades bancarias.

Secretismo oficial

En Venezuela este escenario de opacidad en la información pública se ha profundizado en los últimos cuatro años, debido a órdenes oficiales contrarias a las garantías del derecho fundamental para el acceso a la información, contempladas en los estándares internacionales y en la Constitución Nacional. Esta política de mimetismo de los datos ha devenido en la ausencia de los indicadores más importantes para la población venezolana, en materia de salud, alimentación, economía, seguridad, educación, entre otros.

Desde 2013 instituciones como el Banco Central de Venezuela (BCV) y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) no entregan cifras imprescindibles a nivel macro para el análisis económico como los balances anuales, los informes de gestión, y el Índice Nacional de Precios al Consumidor, que indicaba a los ciudadanos los porcentajes de inflación mensual en el país.

Frente a la reaparición de enfermedades erradicadas como la difteria, el paludismo y la tuberculosis, el Ministerio de la Salud también ha guardado silencio sobre sus estadísticas oficiales. La última vez que se conoció el boletín epidemiológico fue en mayo de 2017. Este incluía los datos de todo el año 2016, y su divulgación provocó la destitución de Antonieta Caporale, quien estaba a cargo del ministerio para ese entonces.

Pero la desaparición de estos temas de interés público no solo se percibe en el mutismo de las fuentes oficiales. Tampoco se puede hablar de ellos en los espacios informativos y de opinión, según lo demostró  43% de los periodistas encuestados al decir que los exhortos oficiales o medidas de censura afectaron el medio de comunicación para el que trabajan.

Estas restricciones que obstaculizan el ejercicio pleno del periodismo en el país, giran en torno a un espiral de censura que comienza a trazarse desde las presiones directas e indirectas de diversos sectores para omitir información de interés público, y que finalmente derivan en la decisión voluntaria de los periodistas de mantener silencio. Un ejemplo de ello que arrojó la encuesta de 2018 es que 46% de los encuestados decidió no divulgar datos de relevancia social por temor a represalias, y 36% lo hizo por miedo a la aplicación de sanciones legales. Estos reflejan que los obstáculos en el acceso a la información pública representan un problema estructural, y significa el primer eslabón del círculo de la censura, que ha sido estudiado por IPYS Venezuela.

Este fue el tema de mayor prioridad para los periodistas en 2018, de acuerdo con 88% de los participantes del Índice de libertades informativas IPYSve. Incluso, desde 2017 esta medición ya había referido la necesidad de establecer un marco legal en el país que garantice el derecho al acceso a la información según  93% de los periodistas consultados ese año por IPYS Venezuela.

En reiteradas oportunidades la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó al Estado venezolano “adoptar legislación en materia de acceso a la información pública, de conformidad con los estándares interamericanos, con la finalidad de otorgar a todas las personas las herramientas para realizar un efectivo monitoreo del funcionamiento estatal, la gestión pública y el control de la corrupción, esenciales en el proceso democrático”.

3. Autoridades contra la información

 

Las medidas arbitrarias por parte de las autoridades estatales junto al cierre y la reducción de espacios informativos y de opinión en los medios impresos, marcaron el retroceso de la libertad de expresión en Venezuela durante el 2018. Con un total de 147 incidencias, esta fue la categoría que acumuló el mayor número de casos de violaciones según el sistema de monitoreo de libertades informativas de IPYS Venezuela. Este patrón demuestra que 65% de los casos del año hubo accesiones de abuso del poder estatal en materia de comunicaciones.

Esta cifra comprende 42 limitaciones de la función cambiaria y de la regulación del comercio exterior, 26 limitaciones de acceso a internet, 24 detenciones arbitrarias, y 12 limitaciones de la regulación de contenidos de radio y televisión. También hubo limitaciones de contenido en internet (7), restricciones de la función militar, policial y de inteligencia (4), seguimientos (3), declaraciones agraviantes (3), entre otros.

En al menos 183 de los hechos registrados en todo el año, las acciones represivas fueron responsabilidad de los poderes públicos, siendo el principal victimario el poder ejecutivo con 164 casos, lo cual convirtió al gobierno en el responsable de seis de cada 10 hechos de violaciones a la libertad de expresión. El poder judicial, por su parte, sumó 12 restricciones, mientras que el poder electoral y la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) acumularon 3 y 2  incidentes, respectivamente.

Si bien este carácter autoritario se vio reflejado en menor medida en contraste con el 2017, año en el que se contabilizaron 250 de este tipo de limitaciones, y que se convirtió en el periodo con más impedimentos en las labores de investigación y denuncia de periodistas y trabajadores de medios, se trata de un comportamiento que aún muestra fallas en las condiciones para el ejercicio del periodismo en el país, y también una vulneración de las garantías que tienen los ciudadanos para conocer y expresar su opinión sobre asuntos de interés público.

En el estudio de 2018 el componente de la censura fue calificado por los participantes de la encuesta de IPYS, con 73 puntos, lo cual refleja que la censura fue selectiva y ejemplarizante, además, se dirigió hacia periodistas y medios específicos que tienen gran influencia en la opinión pública.

Dentro de esta categoría, las restricciones frecuentes en la labor informativa emitidas por supervisores sumaron una puntuación de 66, y las órdenes expresas de buscar y difundir información de interés público obtuvieron 64. Ambos resultados fueron considerablemente más bajos a los de 2017, cuando estas situaciones fueron calificadas con un promedio de 71, lo cual indica un aumento de los obstáculos en el ejercicio del periodismo.  

En relación con los victimarios estatales, destacaron los Cuerpos de Seguridad del Estado con al menos 74 casos, el Complejo Editorial Alfredo Maneiro con 49, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones con 15, los Ministerios y dependencias con 12 y los simpatizantes oficialistas con 7 hechos de violaciones. También hubo hechos en los que participaron victimarios no estatales, en los que predominaron las acciones de desconocidos en 38 ocasiones, y de la delincuencia organizada en al menos 11. Todas estas restricciones afectaron a un total de 182 personas.

Apagón de rotativas

 

El año 2018 fue el peor año para los medios de comunicación impresos. En el Índice de libertades informativas IPYSve, las restricciones para la importación y compra de insumos para la producción informativa recibieron un promedio de 58 puntos, por las restricciones agudas en este sector, según la percepción de los periodistas consultados. Lo que indica un nivel elevado de estas limitaciones, que además se corresponde con los resultados del monitoreo de IPYS Venezuela que señalan al corporación oficial que importa, vende y distribuye como uno de los victimarios principales con un total de 49 casos.

Las restricciones en la adquisición de insumos para la producción informativa debido a las regulaciones para adquirir papel ha dejado periódicos sin circulación, algunos han tenido que reducir el tiraje, suspender la calle por algunos días a la semana, pasar a semanarios, y a otros los ha obligado a salir definitivamente del mercado nacional. En relación con esto 39% de los 326 encuestados señaló que la operatividad del medio para el que trabajan (o trabajaban) se vio afectado por los controles económicos.

Desde el 2013 las condiciones para el ejercicio periodístico de la prensa escrita se vieron debilitadas por las interrupciones de al menos 66 periódicos. De esta cifra, 49 medios han suspendido sus ediciones impresas de forma definitiva, mientras que los otros 18 diarios pararon su circulación temporalmente. Solo en 2018, se vieron obligados a tomar esta medida alrededor de 35 diarios en al menos 18 entidades del país.

Los últimos cinco medios impresos forzados a suspender su publicación fueron El Nacional, El Aragüeño y Ciudad Mcy (Aragua), Tribuna Popular (Caracas), y El Luchador (Bolívar). Uno de los casos más emblemáticos del 2018 fue el de El Nacional, que en diciembre suspendió su rotativa de forma temporal. Desde el mes de agosto el diario ya había anunciado que suspendería sus ediciones impresas los días lunes y sábado. En ese momento el medio agradeció el apoyo que recibieron de otros diarios internacionales para poder mantener el periódico sin suspensiones.

Otro caso importante fue el de El Impulso, del estado Lara, diario más antiguo de Venezuela con 114 años de trayectoria desde su fundación en enero de 1904. En febrero este medio anunció el cese forzoso de su circulación hasta nuevo aviso, debido al silencio del Complejo Editorial Alfredo Maneiro a los pedidos de papel periódico.

Entre las entidades más afectadas por esta situación se encuentran Sucre y Apure, en donde actualmente no existe ningún medio impreso. No obstante, la pausa temporal del Diario Los Andes entre agosto y noviembre de 2018, también dejó al estado Trujillo sin medios impresos para informarse, y volvió a la calle en diciembre. De acuerdo con los registros de IPYS Venezuela, la crisis política y económica de estos últimos cuatro años además devino en que 26 periódicos de distintos estados del país no tuvieran otra opción más que cerrar  y cesar sus operaciones por completo, por lo que desaparecieron como empresas de medios.

Fuera del aire

La radio y la televisión no estuvieron exentas de las prácticas coercitivas de las autoridades oficiales. La medición del Índice IPYSVE reveló que para 31% de los 326 encuestados la dificultad para recibir alguna habilitación oficial para difundir informaciones, afectó a los medios de comunicación donde trabajan. Estas limitaciones también se vieron reflejadas en los registros que levantó IPYS Venezuela durante el 2018, que sumaron al menos 13 casos de restricciones a emisoras y televisoras ejercidos por Conatel, ente regulador de las telecomunicaciones que desde el 2005 acumuló 112 medidas administrativas y sanciones a medios de comunicación nacionales.

Solo en 2017 las regulaciones de Conatel interrumpieron la señal de al menos 40 estaciones de radio. Un dato que sólo es comparable con la actuación que tuvo esta institución en 2009, cuando ordenó el cierre de 32 medios radioeléctricos, mediante una decisión que firmó Diosdado Cabello, su director en ese momento.

Un año después de estos actos discriminatorios que vulneraron el derecho humano a la libertad de expresión y el acceso a la información, en 2018 la mitad de estas emisoras que fueron silenciadas está nuevamente al aire, y la otra se mantuvo apagada. Pero en ambos casos esperan a que el Estado responda a sus trámites, según los hallazgos de la investigación  “Emisoras en vilo” que desarrolló IPYS Venezuela.

Una de las medidas de censura de 2018 ocurrió contra el programa radial “Gente de Palabra”, transmitido por Unión Radio 90.3 FM, que fue uno de los últimos afectados por las medidas de Conatel. En octubre de 2018 el organismo ordenó sacar del aire al espacio de opinión por presuntamente “desconocer a las autoridades legítimamente constituidas”. El programa era conducido por los comunicadores sociales Alonso Moleiro y Esteninf Olivarez, y ese año ya había recibido otros tres exhortos del ente regulador, debido a que supuestamente se transmitieron contenidos que buscaban “alterar la tranquilidad pública, llamar al odio, instigar o desconocer a las autoridades”.

Otros programas de opinión que también salieron del aire fueron “Galanes de Radio”, transmitido por La Mega 107.3 FM y conducido por Manuel Ángel Redondo y Rodrigo Lasarte, y “Mar de Fondo”, transmitido en la emisora 98.3 FM y conducido por el diputado de la Asamblea Nacional en el estado Anzoátegui, Omar González. Además destacó el caso de la emisora Pentagrama 107.3 FM, del estado Bolívar, que recibió tres exhortos de Conatel relacionados con el programa crítico hacia el gobierno, “Público y Confidencial”, conducido por el periodista Damián Prat.

Una de las medidas represivas en los medios televisivos que llamó más la atención fue el despido arbitrario de la periodista Alba Cecilia Mujica, conductora del programa “Mujeres en todo” del canal Globovisión, luego de que se refiriera en vivo al asesinato de Oscar Pérez, ex agente del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), el cual fue calificado como ejecución extrajudicial según las denuncias de diversas organizaciones de derechos humanos. Esta limitación se relaciona con los datos de la encuesta que señalan que 31% de los consultados recibió instrucciones por parte del medio de comunicación que limitaron su cobertura de conflictos con autoridades del Gobierno.

Las televisoras internacionales tampoco escaparon de la censura. El 4 de agosto de 2018 Conatel suspendió durante 45 minutos la señal del canal alemán Deutsche Welle (DW español) en el proveedor de servicio de televisión Directv, durante la retransmisión del documental “Venezuela – La huida de un Estado fallido”, que refleja la realidad actual del país y fue liderado por el periodista Pertti Pesonen. Esta medida representa un ataque a la libertad de expresión debido a que alienta la desinformación e inhiben el debate público sobre los principales problemas que afectan a los ciudadanos.

Entre 2014 y 2019, nueve televisoras extranjeras han salido de la parrilla de programación de las cableras por orden expresa del organismo estatal. Los canales de televisión suspendidos fueron: Antena 3 (España), National Geographic (Estados Unidos), 24 Horas y TV Chile (Chile), CNN Español (Estados Unidos), El Tiempo Televisión (Colombia), Caracol (Colombia), RCN (Colombia) y Todo Noticias (Argentina).

La parada obligada

A la vez que las voces fueron acalladas en los medios de comunicación, fuera de ellos los periodistas también estuvieron impedidos de realizar la cobertura informativa del acontecer nacional. Fue así que los patrones de silenciamiento se evidenciaron en las actuaciones de los cuerpos policiales del Estado, cuando ejecutaron al menos 24 detenciones arbitrarias a reporteros. La mayoría fue realizada principalmente por los funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

Uno de los perjudicados por estas medidas fue el periodista Isnardo Bravo, de los portales de noticias VPI Tv y Caraota Digital, quien fue retenido por cinco horas en las oficinas del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, cuando se disponía a viajar con su hija de 11 años. Posteriormente, Bravo fue trasladado a la sede de la Dgcim, ubicada en Caracas, donde fue interrogado y pasó otras tres horas detenido.

La ocurrencia de esta situación, asimismo, estuvo demostrada en los resultados del estudio, pues 78% de los comunicadores consultados señaló que las actuaciones de los Cuerpos de Seguridad del Estado han obstaculizado frecuentemente su labor informativa. Además, en el componente de seguridad de la medición, se le asignó un promedio de 47 puntos a  las actuaciones de estos organismos durante la cobertura periodística. Dicha percepción significa que existen restricciones graves sobre estas acciones, debido a que se llevan a cabo de manera recurrente.

Otro caso importante fue la detención arbitraria del periodista alemán, Billy Six, a quien funcionarios de la dirección de contrainteligencia militar  detuvieron en el estado Falcón el 17 de noviembre de 2018, y que luego trasladaron sin orden judicial a la sede del Sebin, El Helicoide, en Caracas. Al corresponsal extranjero se le imputaron los cargos de rebelión y espionaje, presuntamente por fotografiar “muy cerca” al Presidente de la República, Nicolás Maduro. Tras cuatro meses privado de libertad, el 16 de marzo de 2019 Billy Six fue liberado bajo medidas cautelares de presentación cada 15 días, y prohibición de declarar en medios sobre su caso, según los registros de IPYS Venezuela. Una semana después, el periodista volvió a su país.

Preocupa que el patrón de detenciones arbitrarias se ha ido agravando. En lo que va de 2019 esta organización ha contabilizado al menos 40 periodistas nacionales y extranjeros han sufrido detenciones arbitrarias en Venezuela. De esta cifra, 18 afectados fueron corresponsales extranjeros y 22 a reporteros venezolanos. Todas fueron ejecutadas por las fuerzas de seguridad del Estado y simpatizantes oficialistas. IPYS Venezuela alerta sobre los riesgos que han ido en aumento y reitera que es deber de las autoridades resguardar y respetar la labor de los periodistas durante la cobertura de informaciones que son de interés para la sociedad venezolana y la comunidad internacional. Además, el Estado venezolano se comprometió en aplicar correctivos y a cesar las prácticas de detenciones arbitrarias contra periodistas, a partir de dos recomendaciones que le hicieron Suiza y Chile, entre 2016 y 2017, en el segundo ciclo del Examen Periódico Universal, la evaluación más importante interestatal en materia de derechos humanos que realiza el Consejo de DDHH de Naciones Unidas.

4. Cobertura sin garantías

Las agresiones contra periodistas y los ataques a los medios de comunicación fueron la otra tendencia de las restricciones en el ejercicio periodístico. Esta fue la segunda categoría de mayor riesgo en el estudio de libertades informativas, pues los consultados, en un promedio de 50 puntos, señalaron que en 2018 su seguridad, libertad e integridad durante el cumplimiento de sus labores, estuvieron bajo limitaciones agudas y frecuentes.

Durante el ejercicio de sus labores informativas los reporteros fueron víctimas de las agresiones de calle y de la situación de inseguridad que se vive en el país. Fue por ello que los trabajadores de medios de comunicación consultados asignaron a este componente una puntuación de 43, que representa un nivel elevado de este tipo de vulneración y se ubica dentro del rango de restricciones agudas.

Aunque el resultado de 2018 refleja una disminución de estos incidentes respecto al valor de 39 puntos obtenido en el año 2017, el cual estuvo marcado por los conflictos de calle que se extendieron en todo el país, aún así es una apreciación que debe ser motivo de alarma ya que denota que los obstáculos para el periodismo persisten en esta categoría.

Los ataques y agresiones contra periodistas predominaron en la cobertura de  protestas ciudadanas que se llevaron a cabo en distintas entidades del país a lo largo de 2018 para exigir derechos económicos, políticos y sociales. Estas restricciones también formaron parte de la jornada de los comicios presidenciales del 20 de mayo, de acuerdo con el monitoreo de alertas de IPYS Venezuela, que además reflejó que estas medidas represivas fueron efectuadas en su mayoría por funcionarios de seguridad del Gobierno.

Esto también se evidenció en los resultados de la encuesta IPYSVE sobre los riesgos por alguna situación de inseguridad ciudadana en la cobertura periodística, que muestran una promedio de 46 puntos, por las agudas restricciones. Mientras que en cuanto a las actuaciones de los cuerpos de seguridad del Estado se determinó una ponderación de 47, de acuerdo con la percepción de los periodistas encuestados.

Los datos del monitoreo de esta organización, igualmente, señalan que entre enero y diciembre de 2018 se registraron un total de 95 violaciones en esta categoría, que comprendieron fundamentalmente 23 hechos de intimidación, 19 ciberagresiones, 14 agresiones físicas contra periodistas,13 acciones legales, 9 robos y 7 ataques contra medios de comunicación.

Los más perjudicados fueron los reporteros al ser víctimas en 110 del total de incidencias registradas por IPYS Venezuela a lo largo del año. Luego se encuentran los reporteros gráficos que sumaron 20 alertas y, en tercer lugar, aparecieron los camarógrafos quienes fueron afectados en 9 casos. También se constataron restricciones a ciudadanos (37), corresponsales extranjeros (2), choferes de transporte de medios (1), locutores (1), directivos de medios (1) y activistas de DDHH (1).

El total de víctimas en 2018 fue de al menos 202 personas, y al igual que en 2017 los más vulnerables fueron los hombres debido que a 127 de ellos -que suma 70% de los afectados, se le violaron sus libertades informativas y de opinión. En el caso de las mujeres, a 55 (30%) también se les coartaron sus derechos a la libre expresión y acceso a la información.

Otro dato relevante que arrojó el estudio conforme a este tema es que 64% de los periodistas encuestados señaló que las agresiones y amenazas con fines intimidatorios han obstaculizado su labor informativa. Asimismo,  40% de ellos dijo que se vio afectado por ataques o amenazas a su integridad física o psicológica en ejercicio de sus labores.

Las empresas comunicacionales no salieron ilesas de estos ataques. Por lo menos 243 empresas de medios, instituciones de gestión de comunicaciones y telecomunicaciones aparecen como víctimas directas en el registro de casos de IPYS Venezuela. En el total de los incidentes, los medios privados acumularon la mayor cantidad de violaciones y sumaron 179 casos.

Seguidamente estuvieron los medios independientes que sufrieron 40 violaciones. Esta tendencia está relacionada con el fenómeno de la migración de equipos periodísticos a plataformas digitales que ha sido acelerado en Venezuela en cinco los últimos años, producto de los cambios forzados en el ecosistema de medios a nivel nacional.

Los medios estatales también padecieron limitaciones en 16 oportunidades, y los extranjeros al menos cinco veces. Además se ejecutaron violaciones a la libertad de expresión en contra de cuatro organizaciones políticas y tres instituciones. En comparación con el 2017, se mantuvo el patrón de las acciones dirigidas, principalmente, a los medios digitales, que acumularon 81 incidentes. Después están los medios impresos con 40 casos, y también se contabilizaron 34 hechos contra radioemisoras, 16 contra televisoras y 4 acciones contra organizaciones no gubernamentales.

5. Inter-venidos

En 2018 IPYS Venezuela registró 69 alertas de restricciones a los derechos digitales. Un dato que representa el doble de casos de violaciones a la libertad de expresión con respecto al 2017, y que incluye al menos 25 ataques y 8 bloqueos a portales informativos. Estos hechos, consistieron en agresiones a los servidores de portales informativos, así como acciones intimidatorias hacia periodistas desde las redes sociales. Además los usuarios de la red en el país tuvieron dificultades para consultar contenidos digitales, debido al menos a 21 fallas de acceso a través de los servicios de conexión fija y móvil, que ocurrieron lo largo del territorio nacional.

Los hallazgos del Índice Ipysve también revelaron este panorama pues 73% de los periodistas encuestados señaló que se vio afectado por las fallas en el servicio de internet o baja calidad de la navegación en 2018. Pero los problemas estructurales no fueron la única causa. Sobre los obstáculos para consultar documentos o datos públicos en instituciones o plataformas digitales, los participantes del estudio ponderaron este ítem con un promedio 33, que denota que estos impedimentos ocurrieron con regularidad y pueden calificarse como una restricción grave.

Al igual que en el 2017, el año pasado las plataformas informativas que se vieron comprometidas por estas vulneraciones pertenecían principalmente a medios independientes y organizaciones no gubernamentales, entre ellos: El Pitazo, Armando.info, Crónica.uno, Runrunes y Vendata. Igualmente resultaron afectados otros medios privados como El Nacional, La Patilla y Caraota digital.

En el componente de acceso a la información, el alcance de la censura y las dificultades para consultar los contenidos en Internet fue calificado en la medición con un promedio 41, que advierten limitaciones graves en esta situación. Si se compara con la valoración de 59 que obtuvo en el 2017 y la de 70 que alcanzó en el 2016, el resultado demuestra que las restricciones para el acceso y la consulta de contenidos en la red son cada vez más frecuentes, debido a que la censura en internet han ido en aumento

Los episodios de bloqueos en la red durante el 2018 evidenciaron nuevas formas de censura. Así lo constató IPYS Venezuela con el apoyo del Open Observatory of Network Interference (ONNI), una organización mundial encargada de seguir y documentar las interferencias en la libertad en internet, cuando los usuarios de Cantv, Movilnet y Movistar no pudieron acceder a los portales de noticias La Patilla y El Nacional debido a un bloqueo temporal por HTTP, que se ejecutó sin ninguna orden judicial ni una explicación formal de las teleoperadoras.

Para corroborar estas incidencias IPYS Venezuela realizó la investigación Intercortados, un estudio que a través de la búsqueda de las mismas 53 páginas web, casi 700 veces cada una durante cuatro días, reveló que solo fue posible acceder a los contenidos en menos de la mitad de las pruebas, como resultado de algún tipo de censura digital. Estas restricciones, caracterizadas por ser bloqueos intermitentes, se percibieron mayormente en los portales informativos y fueron ejercidas desde los servicios de Cantv, Movilnet, Movistar y Digitel.

5. Territorio de alto riesgo

En 2018 se repitió la tendencia de los incidentes en materia de libertad de expresión, principalmente, en estados cuyos gobiernos regionales están bajo las directrices del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). A lo largo de este año en estas entidades predominaron las restricciones por el abuso de poder de las autoridades del Estado, y las acciones de violencia contra periodistas y medios de comunicación social. Aunque hubo registros de obstáculos contra el periodismo y los derechos digitales en todo el país, las zonas de alto riesgo fueron: El Área Metropolitana de Caracas, Táchira, Zulia, Lara, Mérida, Aragua, Bolívar y Monagas.  Estas ocho entidades acumularon 64% del total de casos contabilizados en todo el territorio nacional.

Caracas

Las violaciones a la libertad de expresión  se concentraron en la capital venezolana. Durante el 2018 el Área metropolitana de Caracas acumuló un total de 55 casos de limitaciones que incluyeron, 26 violaciones por agresiones y ataques, 23 de acceso a la información pública, 22 violaciones por uso abusivo del poder estatal, 6 agresiones normativas y dos medidas de censura previa.

Los datos del monitoreo de IPYS Venezuela demostraron además que estos incidentes fueron perpetrados en su mayoría por el poder ejecutivo, a través de los los cuerpos de seguridad estatales. Los funcionarios de estos organismos aparecieron como responsables de al menos 30 de las restricciones.

Entre los hechos denunciados por los periodistas resaltaron las detenciones arbitrarias, intimidaciones y amenazas, el robo de equipos, y los impedimentos en la cobertura informativa por negativas de acceso a lugar. Por lo menos tres de estas acciones restrictivas ocurrieron cuando los reporteros ejercían su labor periodística durante los comicios presidenciales celebrados el 20 de mayo, en los que resultó reelecto el presidente Nicolás Maduro.

Táchira

La segunda entidad más afectada por las limitaciones a los derechos de libre expresión y acceso a la información fue Táchira, en donde se contabilizaron 24 alertas. En estos casos hubo al menos 12 violaciones por el abuso del poder estatal, 11 por agresiones y ataques, siete restricciones de acceso a la información y una medida de censura previa.

Estos incidentes se registraron durante la cobertura de asuntos de interés público como la migración de venezolanos en la frontera con Colombia, la situación de los recintos hospitalarios en la región, y también durante la jornada electoral del 20 de mayo de 2018. Pero las restricciones no perjudicaron solo a los periodistas. Además en este estado hubo fallas recurrentes en el sistema eléctrico que imposibilitaron a sus ciudadanos informarse a través de los medios de comunicación y portales informativos en Internet.

El robo y daño de equipos también vulneró a las estaciones de radio en la región tachirense. Durante los últimos días de diciembre, la señal de Radio Mundial 860 AM y de la Radio Cultural del Táchira 1190 AM fueron suspendidas por casi 24 horas debido a que un grupo de delincuentes destruyó el transmisor que compartían ambas emisoras. Asimismo, las continuas fallas eléctricas que ocurrieron la noche del 27 de diciembre en San Cristóbal, capital de esa entidad, causaron la quema del transmisor de la emisora Ecos del Torbes 780 AM.

Táchira tampoco estuvo a salvo de la crisis de papel. En enero del 2018 el diario La Nación suspendió su circulación temporalmente debido a fallas en la adquisición de papel que distribuye el Complejo Editorial Alfredo Maneiro (CEAM). Posteriormente, en el mes de julio, este medio impreso que además era el único disponible en la entidad durante la pausa temporal del diario Los Andes, anunció a sus lectores que comenzaría a circular sólo cinco días a la semana, para optimizar los pocos insumos que tenían en existencia.

Preocupa que en los primeros 80 días de 2019 los riesgos en este estado que sirve de frontera con Colombia, se han intensificado. Solo entre enero y marzo de 2019, IPYS Venezuela contabilizó 20 incidentes en este región.

Lara

Este año Lara pasó a ser uno de los estados más afectados con al menos 18 casos de limitaciones a la libertad de expresión, que acumularon 11 violaciones por el abuso de las autoridades estatales, cuatro por agresiones y ataques, dos por obstáculos en el acceso a la información y un incidente de censura interna. Además, en la entidad larense destacó la acusación por los delitos de  “promoción e instigación al odio”, que causaron una investigación para dos obispos en la ciudad de Barquisimeto.

El 15 de enero de 2018, cuando el presidente Nicolás Maduro realizaba su rendición de Memoria y Cuenta del año 2017 ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), solicitó averiguar si la homilía celebrada el domingo anterior en Barquisimeto, durante la celebración de la procesión de la Divina Pastora, constituyó un presunto “delito de odio” por parte del Monseñor Antonio López Castillo, obispo de San Felipe, y del Monseñor Víctor Hugo Basabe. En dicho evento, desarrollado en la localidad de Santa Rosa, el Obispo de San Felipe pidió librar al país de “la peste” de la corrupción política que aseguró “tiene sumida a la nación en una a la ruina moral, económica y social”. En 2017, también, fueron investigadas por la misma razón pasantes hospitalarias de este estado.

En esta región otro de los hechos de mayor impacto fueron otra de las restricciones por la crisis de papel, que derivaron en la suspensión definitiva de la circulación de los diarios El Caroreño y El Diario de Lara, la interrupción temporal del periódico El Impulso,  el cambio a semanarios Ciudad Barquisimeto, y la circulación solo algunos días de la semana de los periódicos El Informador y La Prensa de Lara, que son los dos que quedan en circulación en este estado.

Destacaron, también, los ataques a los medios radiales. En el mes de noviembre los equipos que se utilizaban para la transmisiones de la emisora Fe y Alegría de Barquisimeto, en su dial 97.5 FM, fueron robados por desconocidos. Lo que dejó sin señal a esta radio durante tres días debido a la dificultad que resultaba reponer los aparatos. Según los registros de IPYS Venezuela, en 2018 las emisoras de Fe y Alegría que se encuentran en Apure, Amazonas, Delta Amacuro y Distrito Capital también estuvieron fuera del aire por cortes eléctricos o acciones delictivas.

Zulia

El estado Zulia sumó un total de 17 casos, misma cantidad de incidencias que se registraron en el 2017. Estas alertas a las libertades informativas incluyeron por lo menos nueve violaciones por el uso abusivo de las autoridades estatales, ocho por agresiones y ataques de desconocidos y tres por limitaciones del derecho a la cobertura de asuntos de interés público, así como del derecho a preguntar que tienen los periodistas.

En 2018 las rotativas de los medios impresos Versión Final, Qué pasa y LUZ Periódico, se vieron interrumpidas por las fallas en el suministro de insumos para la producción informativa. En el caso del diario Versión Final, el cese de su circulación fue a partir del 11 de marzo y se trató de una medida temporal debido al incumplimiento de la entrega de papel por parte del Estado.

La falta de papel también forzó al diario Qué pasa a suspender su publicación de forma definitiva. Este impreso circuló hasta el viernes 16 de marzo, y fue la segunda vez que dejó de salir el periódico por causa de esas restricciones. Más tarde, en septiembre, el semanario de la Universidad del Zulia (ULA),  LUZ Periódico, anunció a través de un Editorial que también dejaría de dejaría de publicar definitivamente su edición impresa. Actualmente, en Zulia sólo están circulando los diarios La Verdad y Panorama. Ambos rotativos incluyen sólo ocho páginas.

Otra de las limitaciones que predominaron a lo largo del año en la región zuliana fueron las fallas en los servicios de telecomunicaciones de Cantv, Intercable, Digitel, Movilnet y Movistar. Estas interrupciones se intensificaron en el mes de agosto como consecuencia de un apagón eléctrico que ocurrió en este estado. Además, hubo continuos cortes de energía eléctrica que afectaron en su mayoría a los ciudadanos en la localidad de La Guajira.

Bolívar y Mérida

Otra de las entidades más vulnerables fue Bolívar, en donde igualmente ocurrieron 17 casos de restricciones que incluyeron nueve violaciones por agresiones y ataques, seis por uso abusivo del poder estatal, cinco limitaciones de acceso a la información pública y tres agresiones normativas. En comparación con el 2017, cuando se registraron 18 alertas, la cifra de incidentes se mantuvo.

Entre las denuncias registradas por IPYS Venezuela se encuentran las suspensiones definitivas en la circulación de los medios impresos El Luchador y Nueva Prensa de Guayana, además del cese total de operaciones del diario El Expreso. Estas medidas fueron consecuencia de las medidas económicas implementadas por el Gobierno de Nicolás Maduro durante el 2018, además de la falta de insumos para la producción informativa.

En el estado Mérida el abuso de poder, las agresiones físicas y las restricciones de acceso a internet fueron las principales violaciones que incluyeron un total de 17 alertas en el 2018. Estos hechos fueron cometidos por los cuerpos de seguridad del Estado, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, simpatizantes oficialistas, organismos judiciales, el Complejo Editorial Alfredo Maneiro y algunos también fueron perpetrados por desconocidos.

Uno de los casos destacados en esta entidad fue el envío de cuatro comunicados a  la emisora de la Universidad de Los Andes, 107.7 ULA FM, entre el 19 de mayo y el 5 de junio, por parte de Conatel. Estas exhortaciones iban desde indicar autor y nombre de los temas musicales venezolanos transmitidos por la estación radial, hasta abstenerse de difundir mensajes que “inciten o promuevan zozobra en la ciudadanía”.

En esta entidad desde el 15 de junio de 2017 la señal de ULA TV, canal de televisión de la misma institución universitaria, cesó sus transmisiones luego de 18 años de su primera transmisión. La orden también fue dada por Conatel luego de una visita exhaustiva a las instalaciones del medio que duró 12 horas continuas del día miércoles 14 de junio. Hasta la fecha, la señal no ha sido restituida ni los equipos incautados han sido devueltos.

Aragua y Monagas

Este año en Aragua se registraron un total de 16 casos, al igual que en el 2017. En esta entidad resaltaron las violaciones por limitaciones de acceso a la información pública, las agresiones y ataques contra periodistas y medios de comunicación, así como las acciones intimidatorias por parte de las autoridades estatales. La mayoría de estas medidas arbitrarias fueron ejecutadas por funcionarios de organismos de seguridad del Estado.

En diciembre de 2018 el diario El Aragüeño, uno de los principales medios impresos de esta entidad, dejó de circular temporalmente por causa de la escasez de insumos como papel o planchas. Aunque ningún directivo ofreció una declaración al respecto, la paralización de este diario se produjo tres semanas después de que dejara de circular por 4 días del mes octubre. En ese entonces el medio retomó sus ediciones impresas, pero solo de martes a viernes.

Entretanto, en el estado Monagas ocurrieron por lo menos seis violaciones por abuso de poder del Estado, tres por agresiones y ataques, y dos limitaciones de acceso a la información. En esta entidad el Complejo Editorial Maneiro afectó la circulación de los diarios La Verdad, El Oriental, La Prensa, El Periódico y El Sol.  En el caso de los dos primeros, estos medios dejaron de circular de forma definitiva en enero de 2018 por el encarecimiento de las planchas y el papel bobina. Ambos se quedaron solo en la versión digital.

Desde que comenzó la crisis del papel, La Prensa de Monagas ha sido uno de los diarios más afectados. De una paginación que llegó en su mejor momento a 80 páginas, en los últimos dos años bajaron a 32 páginas, dejaron de imprimir suplementos de ciencia y tecnología, salud, espectáculos, economía e infantil, y el 28 de febrero del año 2016 cerraron la revista Etcétera que estuvo 14 años en circulación, todos los domingos.

IPYS Venezuela, además, registró violaciones a la libertad de expresión en Anzoátegui, Apure, Barinas, Carabobo, Delta Amacuro, Falcón, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre y Trujillo. En estos estados también fueron afectados por las restricciones de acceso a la información pública, las medidas de censura, las fallas en la distribución de insumos para la producción informativa, así como por las acciones intimidatorias y ataques en contra de periodistas y medios de comunicación social.

Con el cese de circulación del diario Visión Apureña, en 2018 el estado Apure se quedó sin medios impresos disponibles para sus ciudadanos. En agosto este diario emitió un comunicado en el que explicó que la medida era consecuencia de los inconvenientes para obtener la materia prima y las condiciones económicas del país. Esta situación también ocurrió en Sucre, cuando el 26 de febrero la directiva del diario Región anunció la suspensión de circulación definitiva del medio impreso, tras 44 años de labor ininterrumpida. Desde entonces los habitantes de esta entidad tampoco tienen acceso a ningún medio impreso.

6. Índice en contramarcha

El acceso a la información, la violencia contra periodistas, los hechos de intimidación y los ataques contra los medios de comunicación, las medidas de censura y la opacidad, fueron las categorías que conformaron las restricciones evaluadas en el Índice de libertades informativas IPYSve 2018, elaborado para este informe anual.

Este año la valoración global de la encuesta retrocedió a un promedio de  61, que revela un escenario de libertades regulares con restricciones más frecuentes para la cobertura periodística. Al segregar los componentes se demostraron distintos niveles de gravedad, algunos de mayor riesgo y otros de forma selectiva. La evaluación además dio un promedio de cuatro puntos por debajo al asignado en el 2017, cuando obtuvo 65, por lo que los patrones de censura y el temor a las agresiones que marcaron el año anterior se intensificaron en el 2018.

El acceso a la información registró los valores más preocupantes de la libertad de expresión en el 2018, al ubicarse en una restricción grave que tuvo un promedio de 35 puntos en la escala de una medición que va de 100 para unas condiciones óptimas, a 0 para limitaciones absolutas. Estos datos reflejan que la desinformación y la opacidad se impusieron con la finalidad de debilitar no solo la labor del periodismo en Venezuela, sino el derecho que tienen los ciudadanos a informarse sobre temas de interés público.

En comparación con los datos del sistema de monitoreo de IPYS Venezuela —que constató que el 2018 cerró con 266 casos que implicaron 328 violaciones del derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información pública— la percepción regular de los comunicadores para levantar este indicador coincide con la recurrencia en que se presentaron los impedimentos en el ejercicio periodística pero además, entre otros factores, con la naturalización de los patrones que atentan contra los periodistas y medios de comunicación debido a las constantes presiones del Gobierno.

Si se analiza la tendencia de los resultados del estudio, la otra situación de mayor riesgo fue la inseguridad a la que se encuentran expuestos los reporteros y demás trabajadores de medios en la cobertura de calle. Según las cifras registradas en el monitoreo, el hostigamiento a través de las acciones de inteligencia policial así como de procedimientos judiciales, ambos mecanismos emprendidos por las figuras de poder del Estado, sólo han aumentado en los últimos años.

En Venezuela, este diagnóstico de la libertad de expresión e información durante el 2018 desarrolló sus síntomas frente a la cobertura de violaciones de derechos humanos causadas por el agravamiento del entorno político, de escasez de alimentos, medicinas, así como de servicios básicos como el agua y la electricidad, entre otros elementos como la situación de inseguridad y la debilidad institucional que padece el país. Este panorama reitera la urgente necesidad de mecanismos que resguarden las garantías que tienen los medios de comunicación social y sus trabajadores para desempeñar sus funciones de investigación y denuncia.

Metodología

La información presentada y analizada en este Informe Anual 2018 es el resultado del sistema de monitoreo de libertad de expresión y derechos digitales de IPYS Venezuela, que consiste en un registro sistemático, crítico y eficaz que realiza esta organización en todo el país a partir de las siguientes 10 categorías: acceso a la información, agresiones físicas, normas restrictivas, agresiones normativas, uso abusivo del poder estatal, censura previa, censura indirecta, censura interna e impunidad, así como las libertades en las plataformas digitales. Estas además incluyen sus respectivas subcategorías, y están basadas en los estándares internacionales de libertad de expresión y de acceso a la información pública.

El levantamiento de datos y trabajo periodístico de campo lo llevó a cabo la Red Nacional de Corresponsales y el equipo de monitoreo de IPYS Venezuela, presente en 79% del territorio nacional, y conformada por periodistas en ejercicio que se encargan de la verificación y documentación de cada uno de los casos que forman parte del sistema de alertas de libertad de expresión y acceso a la información. Asimismo, esta labor se apoya en la revisión de fuentes primarias y documentos oficiales, así como de los estudios de organizaciones no gubernamentales especializadas en esta materia.

Por tercer año consecutivo el Índice de libertades informativas IPYSve  complementó el diagnóstico de la situación de la libertad expresión en Venezuela que hace esta organización a través de su sistema de monitoreo. Esta evaluación de rigurosidad científica y carácter estadístico, calificó la libertad en el ejercicio periodístico en una escala del 0 al 100, en la que cero indica una restricción absoluta del derecho y 100 un estado óptimo y sin restricciones de la libertad de expresión.

El índice de libertades informativas que mide el nivel de este derecho humano en Venezuela es la conclusión de una serie de cuestionarios en línea realizadas entre el 21 de enero al 10 de febrero a 326 periodistas en 18 estados del país: Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Delta Amacuro, Falcón, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Sucre, Táchira, Trujillo, Zulia y el Área Metropolitana de Caracas. Este estudio contó con la participación de un equipo integrado por periodistas y trabajadores de medios de comunicación social.

Mediante 16 preguntas, el índice ofrece una valoración global de las condiciones del ejercicio del periodismo en Venezuela y se desagrega en cuatro categorías específicas que tienen que ver con las restricciones del acceso a la información pública, la violencia contra periodistas, las medidas que derivan en censura, así como las acciones de hostigamiento. Para la valoración se utilizaron cinco rangos, que van desde ninguna restricción hasta una restricción absoluta, en el siguiente orden de la escala: 80 – <100: restricción selectiva; 60 – <80: restricción frecuente; 40 – <60: restricción aguda; 20 – <40: restricción grave ; 0 – <20: restricción de peligro.

Propuestas para el periodismo

IPYS Venezuela toma en cuenta las recomendaciones que propusieron los periodistas consultados para el Índice de libertades informativas IPYSve, y plantea 5 propuestas fundamentales para salvaguardar y mejorar las condiciones de libertad de expresión y del ejercicio del periodismo en el país, que pueden servir de guía para el Estado, el gremio periodístico, los medios de comunicación y los propios periodistas.

  1. Mejorar y garantizar el acceso a la información pública y datos abiertos a través de diversas políticas y prácticas estatales.
  2. Fomentar mecanismos de seguridad digital que protejan y fomenten la libertad para opinar y la difusión de información en las plataformas digitales, y se garantice internet como DDHH.
  3. Asegurar las condiciones de seguridad y protección a los periodistas para que puedan ejercer su labor de manera libre y sin restricciones
  4. Ofrecer programas de formación para el mejoramiento de las capacidades periodísticas, así como en materia de derechos digitales.
  5. Impulsar el acompañamiento en habilidades gerenciales y emprendimientos periodísticos.

Créditos

Redacción | Daniela Alvarado Mejias

Investigación y coordinación |  Daniela Alvarado Mejias, Mariengracia Chirinos y Carolina Carrera

Diseño y construcción del Índice de las Libertades periodísticas | Carlos Medina, Bárbara Sosa

Visualización de datos | Alimié Torres

Monitoreo de Libertades informativas y derechos digitales | Daniela Alvarado Mejias, Juan Pablo Lares y Scarlet Clemente

Red Nacional de Corresponsales y Colaboradores de IPYS Venezuela | José Leonardo Barreto (Anzoátegui), María Eugenia Díaz (Apure), Gregoria Díaz y Alfredo Morales (Aragua), Wolman Linares (Barinas), Alba Perdomo, Clavel Rangel y Jhoalys Siverio (Bolívar), Amador Medina (Delta Amacuro), Dayrí Blanco y Kevin Arteaga (Carabobo), Adriana Pérez Gilson e Irene Revilla (Falcón), Keren Torres y Liz Gascón (Lara), María Fernanda Rodríguez y Paula Rangel Barroeta (Mérida), Ronny Rodríguez y Jessymar Añez (Monagas), Ana Carolina Arias y Gustavo Novoa (Nueva Esparta), Luis Javier Bazán (Portuguesa), Nairobys Rodríguez e Yndira Lugo (Sucre), Lorena Arráiz, Daniel Pabón y Freddy Ramírez (Táchira), José Ocanto (Trujillo), Ana Karolina Mendoza  y Héctor Brito (Zulia)

Equipo de campo en Caracas | Kira Al Assad, Gabriela Reggio, Roraima Grillet, Marcela Abreu, María Auxiliadora González y Mailys Figueroa

Dirección ejecutiva | Marianela Balbi

Libertades informativas y derechos digitales | Mariengracia Chirinos

Planificación estratégica | Carolina Carrera

Comunicaciones | Maruja Dagnino

Campañas y redes sociales | Aura García

Marzo, 2018

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