Reporte Especial IPYSve | Periodismo sin combustible

• La escasez de combustible en Venezuela se presenta como una nueva limitación a la labor informativa de los periodistas en medio de la pandemia por coronavirus

• Exclusión de los sectores priorizados, discrecionalidad de funcionarios públicos, largas colas de horas y días para acceder a las estaciones de servicio y el mercado negro del combustible son solo algunos de los nuevos impedimentos que deben sortear los trabajadores de la prensa para buscar la información

Yhoger Contreras, equipo IPYS Venezuela

Red Nacional de Corresponsales de IPYS Venezuela: Keren Torres, Lara; Bianile Rivas, Portuguesa; Lorena Arráiz, Táchira; María Fernanda Rodríguez, Mérida; Amador Medina, Delta Amacuro; José Antonio Ocanto, Trujillo; Dayrí Blanco, Carabobo; Jesymar Áñez, Monagas; Giovanna Pellicani, Anzoátegui; Carolina Arias, Nueva Esparta; Gregoria Díaz, Aragua; Jhoalys Siverio, Bolívar; Irene Revilla, Falcón; Johanny Pernía, Zulia

La gasolina se acaba en Venezuela y con ello aumentan las dificultades que enfrentan los medios de comunicación para ejercer sus labores informativas. Periodistas en todas las regiones del país denunciaron desde antes del inicio de la cuarentena por COVID-19, que la escasez de combustible se ha sumado a la larga lista de limitaciones que ya tenía la prensa en todo el territorio nacional.

Reporteros de Táchira, Mérida, Trujillo, Zulia, Lara, Falcón, Carabobo, Portuguesa, Aragua, Monagas, Bolívar, Delta Amacuro y Nueva Esparta coincidieron en los múltiples problemas que ha traído la escasez de combustible y el control estatal para los medios de comunicación en el país.

Con la aplicación del estado de alarma por la emergencia sanitaria del coronavirus, la administración de Nicolás Maduro ha excluido en casi todas las regiones a los medios de comunicación de los sectores priorizados, a pesar de que el artículo 7 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción establece que el acceso a la información no puede verse limitado ni en los momentos en que se aplique tal legislación.

La Red de Corresponsales de IPYS Venezuela denunció que, en muchos casos, las autoridades regionales están utilizando la escasez de combustible para ejercer discrecionalidad en el acceso a las estaciones de servicio que hasta hace solo semanas contaban con acceso para todos los ciudadanos que estuvieran dispuestos a pagar los nuevos precios del carburante.

A finales del mes de mayo cinco buques provenientes de Irán trajeron al país combustible incluyendo la aplicación de un nuevo sistema de pago que establecía dos mecanismos, uno subsidiado y con límite de consumo, y otro que posicionaba el costo de la gasolina a tasa internacional.

Esta discrecionalidad por parte de los funcionarios públicos ha beneficiado solo a una pequeña parte de la población. En las regiones donde la prensa es considerada de forma parcial en los sectores priorizados, se están excluyendo los medios que no poseen una línea editorial oficialista, e incluso, las autoridades públicas han chantajeado a medios y a reporteros independientes con no permitirles el acceso a las estaciones de servicio, resguardadas por los cuerpos de seguridad, si no realizan coberturas informativas sobre el trabajo político de los actores oficialistas, tal como pudo constatar esta organización con el apoyo de la red nacional de corresponsales.

Información a tanque vacío

En el estado Lara, los únicos sectores priorizados son los trabajadores de la salud, y “con dificultades”, además de los funcionarios públicos y de seguridad. “Pero no hay un listado. Simplemente es si el militar de guardia los deja pasar o no”, resaltó la corresponsal de IPYS Venezuela en la entidad, Keren Torres. En esa región del occidente del país, en meses anteriores algunos periodistas accedieron a un sistema de tickets que era distribuído por la gobernación para surtirse de combustible, pero los mismos eran entregados a discreción de las autoridades públicas, lo que ocasionó que medios como La Prensa cesaran su distribución y denunciara la discriminación del gobierno regional.

Mientras tanto, la realidad en Portuguesa se ha visto más afectada. De acuerdo con Bianile Rivas, corresponsal de esta organización, en la entidad llanera “esas figuras de priorizados y el pico y placa se las llevó la escasez porque sencillamente, no hay combustible”, afirmó. Durante el mes de mayo el gobernador de la entidad Rafael Calles, informó que la distribución de gasolina, para todo el público se realizaría a través de sorteos que determinarían la asignación de los números terminales de placas de los vehículos por las estaciones de servicio disponibles. 

En otras entidades, la práctica superó la teoría. Si bien en algunos estados como Zulia, Falcón y Mérida los medios de comunicación fueron sumados en los sectores priorizados de acuerdo con las declaraciones de los gobernadores y de las Mesas Técnicas del Combustible, en la realidad, los medios de comunicación se han tenido que enfrentar a largas colas o a adquirir combustible en el mercado negro para evitar tener los tanques de sus vehículos vacíos y sin poder realizar las funciones informativas en las entidades.

Las figuras de los “Protectores” en los estados Táchira, Mérida y Nueva Esparta han asumido el control para escoger los medios de comunicación que pueden acceder al suministro de combustible. Periodistas en esta entidades informaron que los trabajadores de la prensa deben pasar antes por la anuencia de Freddy Bernal, protector del Táchira, Jehyson Guzmán, con el mismo título pero en la entidad merideña, y Dante Rivas, encargado del “protectorado” en Nueva Esparta, para comprar gasolina. 

En el estado insular, Rivas ha mantenido el control de la sala situacional para la prevención de la COVID-19 y del Estado Mayor de Salud, a través de Corpo Nueva Esparta, organismo creado para la actuación del funcionario en la entidad, que además adquirió las competencias para administrar la distribución del combustible que meses atrás era a través de la solicitud de un salvoconducto para todos los sectores priorizados.

Pero tal mecanismo evolucionó y el lunes 27 de julio se implementó un nuevo sistema de control a través de un código QR que fue aplicado “únicamente para el sector salud, telecomunicaciones y comunicaciones”, como informó Ana Carolina Arias, corresponsal de IPYS en la entidad.

En este nuevo control de acceso, ni los ciudadanos y muchos menos los sectores priorizados fueron informados sobre cuál fue el método aplicado para estar dentro de tal mecanismo, ya que las personas debían buscarse a través de la página www.autorización.Raasne.info e imprimir el comprobante con los datos del trabajador y del vehículo de tales sectores. Arias dijo que “se desconoce cuál fue el criterio para estar registrado allí, porque algunos con salvoconductos no aparecen, otros lograron en las primeras horas generarlo, y después la página más nunca respondió”.

En Delta Amacuro, por el contrario, las decisiones son tomadas de forma exclusiva por Lizeta Hernández, gobernadora de la entidad, quien meses atrás sumó a los medios de comunicación en los grupos beneficiados para acceder a las estaciones de servicio, pero en la actualidad, los reporteros han denunciado que “cuando la gobernadora se molesta por alguna razón” han sido excluidos de los sectores priorizados, dejando en evidencia la discrecionalidad oficial. En el resto de las entidades, tales decisiones son tomadas por los jefes de las Zonas Operativas de Defensa Integral (ZODI).

Acceder a combustible no es garantía

Con la escasez agudizándose cada día, el cupo de litros de gasolina ha disminuido. María Fernanda Rodríguez, periodista en el estado Mérida, señaló que “cuando comenzó la cuarentena daban gasolina una vez por semana. 30 litros a carros pequeños y 50 a camionetas. Ese nivel bajó a 30 litros para todos los vehículos cuando el nuevo mecanismo de pago se concretó en dos niveles, pero desde hace un mes no es todas las semanas”, informó.

En simultáneo, en estados como Bolívar, Anzoátegui y Delta Amacuro, en el oriente del país, y Falcón, en el otro extremo del territorio, el cupo no supera los 30 litros, y surtirse cada semana no es tan fácil como anunciaron las autoridades en sus alocuciones oficiales. Giovanna Pellicani, corresponsal en Anzoátegui, informó que en su región los medios afines al oficialismo ingresan a las estaciones de servicio y llenan los tanques de sus vehículos, mientras que los medios privados e independientes deben pasar por un sorteo que les permitiría acceder a uno de los 10 cupos diarios que rifan los martes, jueves y sábados, pero esta medida solo ha beneficiado a dos medios independientes por semana para que llenen 30 litros.

El cupo de gasolina continúa bajando mientras la escasez aumenta. En Bolívar, los medios de comunicación solo han podido acceder a 20 litros, mientras que en Delta Amacuro los reporteros deben ejercer sus labores informativas con cupos de 15 o 20 litros por semana.

En el estado Falcón, los periodistas no habían tenido acceso oficial a la gasolina desde que inició la cuarentena, pese a que el gobernador de la entidad, Víctor Clark Boscán, fue enfático en cadenas regionales durante los primeros meses del confinamiento, afirmando que los medios de comunicación se encontraban dentro de los sectores priorizados.

Pero no fue sino hasta la segunda semana de agosto, casi cinco meses después desde el inicio de la cuarentena, que periodistas pudieron acceder a las estaciones de servicio para surtir combustible, posterior a la entrega de una lista con los datos de un vehículo por medio de comunicación al secretario de seguridad ciudadana en la región, general Miguel Morales Miranda. El acuerdo estableció el suministro de 30 litros de combustible por semana para cada carro que estuviera en la lista entregada.

En las regiones contar con salvoconductos e ingresar a las gasolineras no es plena garantía para que los medios puedan ejercer el trabajo de informar. El cupo asignado por las autoridades termina siendo irrisorio conforme a las exigencias de movilización que requieren los medios para buscar la noticia, procesarla y distribuirla.

Mercado negro del combustible

Los corresponsales de IPYS Venezuela destacaron que el mercado negro del combustible no ha cesado en sus regiones, y con el aumento de los precios de la gasolina oficial, más las limitaciones impuestas por el Estado a toda la población para adquirirla, los precios por litro se elevaron, a pesar de que el cobro de los revendedores siempre había sido en divisas.

Esta organización pudo conocer que el valor del litro de gasolina revendido guarda ciertas similitudes en diferentes lugares del territorio. La corresponsal en el estado Bolívar, Jhoalys Siverio, señaló que en la entidad la reventa de combustible puede encontrarse entre 3 y 3,5 dólares cada litro, mientras que en Carabobo el cobro puede variar entre 2 y 2,5 dólares.

En Monagas y Zulia, las personas que deciden adquirir gasolina fuera de los canales regulares, deben pagar cada litro entre 1,5 y 2 dólares, realidad que cambia conforme a los días y los revendedores. Los corresponsales en Táchira y Trujillo mencionaron que en sus estados los ciudadanos han pagado entre 1 y 1,6 dólares cada litro, escenario que genera grandes limitaciones no solo en la población, sino en los medios de comunicación que al no poder surtir en estaciones de servicio, deben recurrir a revendedores para llenar parcialmente los tanques de combustible y así poder realizar las coberturas informativas.

Quienes no cuentan con los medios para adquirir la gasolina a través de este mecanismo o por medio de un salvoconducto asignado por las autoridades, han tenido que recurrir a largas horas de colas, que en la mayoría de las veces se extienden por días, en medio de un panorama de incertidumbre antecedido por la pandemia de la COVID-19 y los demás problemas presentes en el país.

En el estado Aragua, la corresponsal Gregoria Díaz señaló que con el nuevo escenario de escasez, “una vez más los periodistas deben hacer largas colas de dos y tres días para surtir combustible, inclusive en aquellas estaciones de servicio llamadas premium, en donde se vende la gasolina en dólares y en las que también escasea el carburante”.

En consecuencia, los reporteros en todas las regiones han tenido que recurrir a un escenario de teletrabajo impuesto, que limita a la prensa a realizar coberturas de pautas, de denuncias o protestas ciudadanas, e impide a los medios impresos distribuir su principal producto informativo por no tener los mecanismos de movilización.

Sin respuesta

En muchas regiones los trabajadores de la prensa aún esperan respuesta por parte de las autoridades. Gregoria Díaz, señaló que luego de la designación del nuevo jefe de la Zodi, el general de División José Celestino González, el 17 de julio, solicitó una reunión con la nueva autoridad para abordar el tema de la cobertura periodística en la región, en medio de las limitaciones que impone la escasez de combustible, pero hasta la fecha no ha sido atendida.

Incluso, Díaz informó que “el coronel Vladimir Contreras, jefe de relaciones públicas de la Zodi Aragua, durante una rueda de prensa convocada por la nueva autoridad el pasado 28 de julio, y que terminó en una alocución del entrante oficial ante los medios de la región, tomó nota de la solicitud y se comprometió a canalizar el encuentro”, sin embargo, no ha habido respuesta.

En Trujillo el escenario es similar, de acuerdo con José Antonio Ocanto, corresponsal en la entidad, semanas atrás conversaron con la oficina de prensa de la gobernación del estado para hacer una lista de medios y periodistas que necesitaban el apoyo, y fue imposible. “Nunca mostraron interés de colaborar”, dijo Ocanto, señalando que esto ha conllevado a que muchos reporteros no puedan ejercer la labor informativa de forma óptima.

El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) seccional Carabobo, publicó durante la segunda semana de agosto un nuevo comunicado expresando preocupación por la falta de distribución de combustible al sector prensa, incluso, señaló la permanencia de comunicadores por más de 72 horas en estaciones para surtir gasolina en la región, hecho que limita la posibilidad de informar oportunamente en medio de la pandemia por COVID-19.

IPYS Venezuela ve con extrema preocupación que la discrecionalidad de los funcionarios públicos para acceder al combustible limite la labor informativa y obstaculice el derecho de la ciudadanía de acceder a información veraz y oportuna en medio de la actual emergencia sanitaria.

El rol que cumplen los medios de comunicación en este momento de pandemia es trascendental, y limitar su funcionamiento no hace más que generar zozobra y desconcierto en la población que ya vive en un escenario de opacidad informativa producto de la crisis que atraviesa el país.

IPYS exige al Estado venezolano eliminar toda restricción contra los trabajadores de la prensa para acceder al combustible, y exhorta a los cuerpos de seguridad a ser garantes para que los medios de comunicación y los reporteros independientes puedan ejercer su labor de informar sin limitaciones que coartan el acceso a la información de interés público.