IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
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IPYS Venezuela advierte que las agresiones y ataques, el abuso del poder estatal, y las restricciones de acceso a la información pública hacia periodistas, medios de comunicación y ciudadanos, marcaron las violaciones a la libre expresión e información entre los meses de julio a diciembre de 2020
Las agresiones y amenazas, el abuso del poder estatal y las restricciones de acceso a la información de interés público fueron los mecanismos de censura que más coartaron el ejercicio del periodismo en Venezuela durante los últimos seis meses de 2020. Así lo evidenció el sistema de monitoreo y alertas del Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS Venezuela), que totalizó 141 casos de violaciones a los derechos de libertad expresión e información de los periodistas y ciudadanos, de acuerdo con los 12 indicadores definidos por Voces del Sur.
Los hechos más graves en estos meses fueron los asesinatos a los comunicadores, José Carmelo Bislick y Andrés Eloy Nieves Zacarías, en los estados Sucre y Zulia, respectivamente. También hubo un intento de homicidio y de secuestro contra el reportero gráfico Jamel Louka en Guárico. Destacaron además las detenciones arbitrarias, que totalizaron 17 casos en los que se vieron afectados 23 trabajadores de la prensa.
Estas restricciones en la labor periodística se dieron en un contexto de crisis profunda de derechos humanos que afectó a todo el país debido a las precariedades en el acceso a los servicios básicos como la electricidad, el agua, el gas y la gasolina, entre otros, y a este escenario se suma la situación de emergencia sanitaria causada por la pandemia de la Covid-19. Desde que se decretó el Estado de Alarma en Venezuela el 13 de marzo de 2020, han aumentado las órdenes de silencio y los impedimentos para que la prensa venezolana ejerza su derecho de informar, investigar, opinar e incluso preguntar sobre asuntos de relevancia social.
El segundo semestre del año comprendió 54 casos por hechos de intimidación y ataques físicos, 24 por uso abusivo del poder estatal, 24 por limitaciones de acceso a la información pública, siete casos por agresiones con el uso de normas vigentes, seis de censura previa, y dos casos de censura interna. En cuanto a las limitaciones a los derechos digitales de los venezolanos, se constataron 10 ciberagresiones, nueve restricciones a la expresión en línea y cinco bloqueos.
Durante este período de 2020, 91 hombres y 70 mujeres trabajadores de la prensa fueron vulnerados por ejercer su labor y exigir sus derechos. De acuerdo con los datos de IPYS Venezuela, la mayoría de estas violaciones a las garantías informativas fueron ejercidas por parte de funcionarios de los Cuerpos de Seguridad del Estado, responsables de 72 de las incidencias que registró esta organización.
El mayor número de casos ocurrió en los meses de julio y octubre, que totalizaron 31 incidentes cada mes. Seguidamente estuvo diciembre con 28 hechos, y agosto con 26 eventos, mientras que en septiembre y noviembre se ejecutaron 12 y 13 limitaciones, respectivamente. Una vez más la entidad más afectada por estas acciones fue el Área Metropolitana de Caracas, en donde se registraron 21 casos. El estado Sucre fue el segundo con el mayor número de incidencias, sumando 12, y luego se encontró el estado Bolívar con 10 en total. Otras entidades que acumularon cinco o más de este tipo de hechos fueron Carabobo (9), Mérida (9), Táchira (6), Aragua (5), Guárico (5) y Miranda (5).
Arremetida contra el periodismo
Los asesinatos, los intentos de homicidios y secuestro, además de los golpes, las lesiones y los hechos de intimidación incrementaron durante los últimos seis meses de 2020. Durante ese tiempo, el nivel de riesgo de los ataques y las agresiones aumentaron considerablemente y registraron los hechos de más alta gravedad. Estas agresiones y ataques comprendieron la categoría de mayor preocupación de acuerdo con los datos recabados por IPYS Venezuela, pues se registraron 53 incidentes bajo este tipo de violaciones que incluyeron agresiones físicas y verbales, amenazas, persecuciones, daños a herramientas de trabajo, robos, confiscaciones, allanamientos a medios de comunicación e inclusive asesinatos contra trabajadores de la prensa.
José Carmelo Bislick y Andrés Eloy Nieves Zacarías, quienes fueron asesinados en el último semestre en Venezuela, son el reflejo de los graves riesgos que enfrenta el ejercicio del periodismo en el país. El primero de estos hechos se dio en causas que aún no han sido investigadas por las autoridades, mientras que Nieves Zacarías perdió la vida luego de que efectivos de seguridad del Estado le dispararon a quemarropa en Cabimas, estado Zulia.
Un intento de homicidio y de secuestro también fue registrado por esta organización el 2 de diciembre. Jamel Louka, reportero gráfico del Diario La Antena, en Altagracia de Orituco en el estado Guárico recibió un disparo de bala que le perforó el brazo izquierdo, y otro que tenía como dirección su abdomen, pero fue esquivado por un chaleco antibalas que tenía el reportero.
Tres días previos al hecho, Louka recibió amenazas que se intensificaron el martes 1 de diciembre con la visita de dos sujetos, un hombre y una mujer, a su vivienda en más de una oportunidad. Durante la mañana del martes, los desconocidos tocaron a la puerta de su casa donde fueron recibidos por su hijo de 10 años, quien pudo identificar que los desconocidos tenían acento colombiano, similar al de la esposa de Louka y madre del menor.
Insistentemente preguntaron por el reportero y le dijeron al pequeño que informara a su padre que le bajara el tono a sus publicaciones. “Dile a tu papá que le baje al tono. Que no publique de otra cosa que no sea de lo que le toque a él”, fueron parte de las palabras que dijeron y que volvieron a repetir a las 6 de la tarde del mismo día cuando regresaron a la propiedad.
A las 5 de la mañana del 2 de diciembre Louka trasladó a su familia hacia el terminal de Altagracia de Orituco, con el objetivo de salir de la entidad, luego de recibir una nota de voz por la aplicación de mensajería privada Whatsapp donde lo amenazaban diciéndole que tuviera cuidado y que lo “iban a linchar”.
Ya en la terminal, su hijo identificó a la mujer que había ido el día anterior a su residencia. En un ademán de sacar algo de su bolso, el reportero dejó a su familia en el autobús y salió del lugar. Al llegar a su casa, el hombre y la fémina lo interceptaron y con una escopeta le propinaron un disparo que impactó en la puerta del vehículo. Una vez fuera del carro, fue tomado y apuntado con un arma en la cabeza e intentaron montarlo en otro carro que tenían los desconocidos para llevárselo secuestrado.
En un momento de distracción, Louka dijo que se zafó e intentó correr, pero en ese momento los delincuentes le propinaron los disparos que fueron en dirección a su brazo y abdomen. El reportero relató a esta organización que logró esconderse detrás de su camioneta mientras que los antisociales lanzaron una granada y escaparon del lugar. Louka señaló que tras varias dificultades logró movilizarse hacia el hospital de la localidad donde fue atendido y resguardado por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas), hasta que días posteriores pudo abandonar el lugar y resguardarse en un sitio seguro.
En simultáneo, a lo largo de los últimos seis meses de 2020 las agresiones físicas y los hechos de intimidación no han tenido freno. Incluso, los cuerpos de seguridad del Estado han sido los victimarios más frecuentes de estos ataques que se han concentrado principalmente en el marco de protestas ciudadanas en diferentes lugares del país, así como en momentos de allanamientos a sedes de medios de comunicación y mientras reporteros registraban hechos de interés público como el desarrollo de los comicios parlamentarios del pasado 6 de diciembre.
El Poder de la censura
Las fuerzas estatales siguen posicionándose como el principal victimario contra el ejercicio periodístico en el país. IPYS Venezuela registró un total de 24 casos por uso abusivo del poder del Estado desde julio hasta el día en que se publica este reporte. Estos hechos comprendieron 17 detenciones arbitrarias que afectaron a 23 trabajadores de la prensa, cinco casos por declaraciones agraviantes contra periodistas por parte de autoridades públicas, dos casos por seguimientos y uno por campañas de agravios.
Uno de los casos que destacó fue el del politólogo y director del portal informativo Punto de Corte, Nícmer Evans, quien el 13 de julio fue detenido arbitrariamente por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), por presuntos delitos de promoción e incitación al odio, tipificados en la Ley contra el Odio, por la Tolerancia y la Convivencia Pacífica, aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente en 2017.
Además de la detención, los cuerpos policiales también allanaron la vivienda de Evans y se llevaron algunos equipos electrónicos y el teléfono celular de su esposa. El 14 de julio, Evans fue supuestamente trasladado a la sede del Palacio de Justicia para ser presentado en el Tribunal 21 de Control del Área Metropolitana de Caracas, pero no fue presentado porque el tribunal asignado no se encontraba de guardia, según declaró su abogado Álvaro Herrera a los medios de comunicación. Tras estar casi dos meses recluido en la Dgcim en Caracas, Nícmer Evans salió en libertad por estar la lista de 110 personas que recibieron el “indulto presidencial” anunciado por la administración de Nicolás Maduro el 31 de agosto de 2020.
Otro hecho que predominó en estos meses afectó al periodista Otilio Rodríguez, quien era parte de la emisora Pura Candela 93.3 FM, hasta su cierre, y director de los portales informativos Carupanero.com y Somos Noticia. Rodríguez fue detenido por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) el 15 de julio, en el estado Sucre. Al día siguiente, fue liberado después de ser imputado por el cargo de instigación al odio, contenido en el Código Penal venezolano, y excarcelado bajo régimen de presentación cada 60 días por un lapso de ocho meses.
Otilio Rodríguez además informó a IPYS Venezuela que fue trasladado desde el Destacamento 532 de la Guardia Nacional en Carúpano, donde se encontraba detenido, hacia el Circuito Judicial de la localidad, posterior a que le hicieran firmar un documento que no le dejaron leer. Al comunicador también le aplicaron un juicio irregular, “sin protocolo e informal” en el que no permitieron el acceso a su defensa. Igualmente se pudo conocer que el Ministerio Público le asignó a la abogada Gladys González, quien al culminar la presentación solo le entregó “un papelito de su puño y letra que decía ‘presentación cada 60 días por ocho meses”. Rodríguez indicó en ese momento que funcionarios de la Guardia Nacional le confiscaron su teléfono celular.
Pero los periodistas no son los únicos que se ven restringidos por estos abusos de poder. Las regulaciones de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) también pusieron fin a las transmisiones de cinco estaciones de radio. Estas sanciones se ejecutaron bajo un patrón de opacidad al no respetar el debido proceso, constituyendo en actos discriminatorios que vulneran el derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información pública.
Las emisoras vulneradas por estas medidas de censura previa fueron Pura Candela 93.3 FM, del estado Sucre, Médano 95.5 FM, del estado Falcón, OStereo 99.7 FM, del estado Monagas, Rumbera 94.7FM, del estado Cojedes, y Ritmo 96.9 FM, con sede en el estado Aragua. Desde 2005, Conatel ha ejercido alrededor de 150 acciones de censura, y suspendido la señal de 10 televisoras extranjeras.
Preocupa que estas incidencias solo agravan la situación de acoso y silenciamiento hacia los periodistas y medios de comunicación. De acuerdo con el estudio Atlas del silencio: los desiertos de noticias en Venezuela, elaborado por esta organización, se evidenció que en 90 municipios del territorio nacional es limitada la cobertura de las informaciones por parte de emisoras de radio, televisoras, periódicos y portales digitales. Esto significa que más de 5.000.000 de venezolanos no pueden acceder a noticias locales de manera oportuna debido a que residen en lo que se conoce como un desierto informativo.
Otros victimarios que también incumplieron y desconocieron las garantías de libre información y expresión de periodistas, medios y ciudadanos —en todas las categorías de violaciones que incluye IPYS Venezuela en su sistema de monitoreo—, y que actuaron desde los distintos niveles del poder ejecutivo, fueron los Cuerpos de Seguridad del Estado, responsables de 72 casos, las gobernaciones y dependencias, que ejercieron siete, los funcionarios de seguridad de instituciones públicas (6), alcaldías y dependencias (5), ministerios y dependencias (4) y la Presidencia de la República (2).
Navegación bajo control
La libre información y expresión en internet tampoco estuvo a salvo de las medidas de censura. Entre julio y diciembre de 2020 destacaron los ataques y bloqueos a diversos portales de medios digitales y organizaciones de la sociedad civil, así como las amenazas en línea hacia periodistas. Estas garantías, que también se vieron limitadas por el Estado venezolano, dificultaron que los venezolanos en línea pudiesen buscar y recibir contenidos de interés público en la web, lo que se contrapone con el principio de acceso a internet, que está establecido en los estándares internacionales de derechos digitales, y que supone redes de calidad, abiertas, sin interferencias e incluyentes para todos los ciudadanos.
Las restricciones en la red se ejercieron en su mayoría dentro de la categoría de ataques, que sumó 10 incidencias. Tres de esos hechos corresponden a la suspensión temporal de los portales informativos El Diario, La Gran Aldea y Qué Pasa en Venezuela, luego de ser víctimas de ataques por denegación de servicio (DDoS). Además los medios Nueva Prensa de Guayana y Punto de Corte denunciaron el hackeo de sus cuentas en la red social Instagram. Todas estas limitaciones fueron ejecutadas por parte de victimarios desconocidos.
Aunque organismos internacionales como la CIDH establecen que los Estados están obligados a investigar estas agresiones informáticas y reparar los daños de forma adecuada y considera que estos ataques pueden vulnerar el ejercicio a la libertad de expresión y el acceso a la información, el Estado venezolano no tomó ninguna medida para atender este tipo de hechos.
Los hechos de intimidación a través de internet también afectaron a los periodistas Luisana Suárez, Víctor Amaya y Yohana Marra, quienes fueron objeto de hostigamiento y amenazas por parte funcionarios públicos, ciudadanos y simpatizantes oficialistas, por haber difundido información sobre asuntos de interés público vinculados a las fuentes de salud, electoral y de sucesos, respectivamente.
En este lapso del año además se registraron cinco hechos de bloqueos, intermitentes y continuos, que vulneraron a diversos portales de medios de comunicación privados e independientes. Estas agresiones en contra de plataformas digitales informativas que limitaron el acceso de los ciudadanos a contenidos de interés social de manera oportuna, se dieron en un contexto en el que se han reducido considerablemente los espacios en la prensa escrita, la radio y la televisión, como resultado de políticas restrictivas y otras acciones de censura que se han agudizado en Venezuela.
Entre los afectados estuvieron El Pitazo, NTN24, VivoPlay, VPI TV, Noticia al día, Armando.info, La Patilla, Efecto Cocuyo, Aporrea, Punto de Corte, Caraota Digital, El Universal, Globovisión, Correo del Caroní, Tane Tanae, La Prensa de Lara, Diario La Mañana, Correo del Orinoco, VTV, Diario 2001, Runrun.es, Monitoreamos, EVTV Miami, Sumarium, Insight Crime, y los dos dominios usados por el medio digital Alberto News. Estas incidencias de censura fueron denunciadas por el observatorio de internet Ve sin filtro el 12 de octubre, y en ese momento además confirmó que otros 12 sitios web con información referente a la COVID-19 también estaban siendo restringidos por los proveedores de internet Cantv, Movilnet, Digitel, Movistar, Inter y Supercable.
Los obstáculos en línea a través de la remoción o suspensión arbitraria de contenidos informativos fueron otras de las acciones que restringieron los derechos digitales durante el 2020. Fue así que el sistema de monitoreo de IPYS Venezuela contabilizó nueve casos de restricciones a la expresión en internet que limitaron el derecho a emitir opiniones e informaciones sobre asuntos relevantes para la ciudadanía.
Cobertura asediada
Las restricciones al acceso a la información pública tampoco cesaron a lo largo de 2020. Fueron 24 acciones que dificultaron el trabajo de los periodistas y medios, comprendieron principalmente limitaciones arbitrarias de acceso a lugar, y también impedimentos al derecho de preguntar de los reporteros al momento de cubrir hechos de interés público. Los registros de IPYS Venezuela además indicaron que en esta categoría las fuerzas policiales del gobierno nuevamente condicionaron en mayor medida las libertades informativas de la prensa venezolana.
Funcionarios militares, policiales y de inteligencia del Estado ejercieron 20 casos de impedimentos de acceso a la información pública, según los datos de esta organización. Estas prácticas discrecionales de miembros de las autoridades estatales son contrarias a lo establecido en la Constitución Nacional, que en sus artículos 57 y 58 protege y garantiza el derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información de interés público, y también son contrarias a los basamentos legales del Sistema Interamericano sobre Derechos Humanos. Lo que demuestra que en Venezuela se incumplen y se desconocen las sugerencias que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2016, cuando ya exhortaba al Estado a tomar medidas urgentes para garantizar estos derechos.
Destacó que los obstáculos en la cobertura que afectaron la labor periodística en el país ocurrieron en el contexto electoral. Del total de incidencias que acumuló esta categoría, 10 ocurrieron el domingo 6 de diciembre, cuando se llevaron a cabo las elecciones parlamentarias. Ese día los casos de limitaciones al acceso a la información pública afectaron a 13 periodistas. La mayoría de estas incidencias fueron por impedir a los trabajadores de la prensa realizar registros fotográficos y de video en los centros de votación, y también se evidenciaron negativas para acceder a las instalaciones de estas instituciones pese a que los reporteros contaban con credenciales otorgadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Durante este tiempo también continuaron las obstrucciones en la cobertura de temas relacionados con la crisis de salud pública generada por el coronavirus. En el transcurso de la cuarentena nacional que se ha extendido por nueve meses, predominaron los casos de amedrentamiento, amenazas, detenciones y limitaciones en el tránsito que ocurrieron en el estado Mérida, y afectaron a nueve trabajadores de la prensa.
Estas restricciones se presentaron a pesar de que la Carta Magna y la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción establecen que el acceso a la información es un derecho que no debe ser limitado aún en estados de emergencia. Las autoridades policiales siguieron abusando de su poder para impedir que la prensa venezolana ejerciera su labor.
IPYS Venezuela exhorta al Estado venezolano a salvaguardar y mejorar las condiciones de libertad de expresión y del ejercicio del periodismo en el país. Es necesario garantizar justicia para que ningún acto delictivo contra estos derechos quede impune, además de asegurar la protección efectiva a los trabajadores de la prensa que sean objeto de actos de intimidación, amenazas y/o ataques para que puedan ejercer su labor de manera libre y sin restricciones, así como mejorar y garantizar el acceso a la información pública a los periodistas y ciudadanos en todo el país.
