Organizaciones de la sociedad civil demandan al estado nicaragüense la inmediata liberación de periodistas privados de su libertad

Las Américas, enero 10 de 2022

Las organizaciones que suscribimos el presente pronunciamiento expresamos nuestro rechazo a los múltiples intentos realizados por el gobierno de Nicaragua para silenciar y amedrentar a la prensa independiente en el país; estas agresiones con el paso de los años (en especial entre 2018-2021) han venido escalando ante la inacción de las autoridades y en muchas ocasiones como consecuencia de la acción de las mismas.

El 2021 fue un año nefasto para las libertades de prensa, expresión e información: periodistas y directivos de medios fueron encarcelados, medios de comunicación confiscados, decenas de periodistas obligados a exiliarse, debido entre otras a las demandas judiciales y aplicación de leyes que cercenan la libertad de expresión; restricción migratoria y confiscación de pasaportes, intensificación de campañas difamatorias en contra de comunicadores independientes emprendidas desde diferentes instancias estatales y replicadas en redes sociales por militantes del partido de gobierno; todas estas fueron parte de las múltiples violaciones o agresiones a las que se vieron expuestos los medios y periodistas independientes.

La aprobación y aplicación por parte del gobierno de una serie de leyes punitivas, ampliamente cuestionadas por los órganos internacionales de derechos humanos, han permitido que a la fecha continúen arbitrariamente privados de su libertad el periodista deportivo Miguel Mendoza, el comentarista político Jaime Arellano; los tres directivos del diario La Prensa Cristiana Chamorro, Pedro Joaquín Chamorro y Juan Lorenzo Holmann; así como del candidato a la presidencia, periodista y propietario de 100% Noticias Miguel Mora; y los ex funcionarios de la Fundación Violeta Barrios Chamorro Walter Gómez, Marcos Fletes y Pedro Vásquez.

Las amenazas de criminalización también han afectado a las fuentes informativas, quienes aportan análisis y opiniones a los medios de comunicación necesarias para que los y las periodistas hagan su trabajo. Además, varios abogados defensores de periodistas, también se han visto forzados al exilio. Esto ha contribuido a acrecentar el clima de autocensura en el país.

El Estado de Nicaragua, desconociendo su obligación de proteger y garantizar la libre circulación de información pública, se ha encargado de favorecer espacios y acciones para las agresiones, amenazas, uso abusivo del poder estatal y estigmatización en contra de quienes informan y denuncian sobre las violaciones a Derechos Humanos que se viven en el país.

Resaltamos la valentía y el compromiso demostrado por la prensa independiente, que a pesar de vivir tiempos adversos continúan llevando información a sus audiencias. Reconocemos que en los y las periodistas siguen inquebrantables los principios, valores y el legado histórico del mártir de las libertades públicas Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, que proclamó y aplicó durante su vida, lecciones que hoy más que nunca brindan las pautas necesarias para realizar un periodismo de calidad y resistir las agresiones y ataques de las que son víctimas.

Las organizaciones firmantes demandamos al Estado de Nicaragua:

• La inmediata liberación de los periodistas arbitrariamente encarcelados, que únicamente han ejercido su derecho de buscar, recibir y difundir información, y en otros casos han puesto en práctica su derecho a opinar y la liberación de todas y todos los presos políticos detenidos arbitrariamente. Ello con el objetivo de contribuir a generar un clima habilitante para el ejercicio de su labor.
• Restituir los medios que han sido confiscados: Confidencial y 100% Noticias, y cesar la ocupación de las instalaciones del diario La Prensa.
• Respetar el ejercicio periodístico, garantice la seguridad de los y las periodistas, y tome todas las medidas a su alcance para remover los obstáculos que enfrentan para ejercer su labor. Exhortamos a las autoridades estatales a cumplir todas las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de periodistas independientes y sus núcleos familiares; dado que en la mayoría de los casos las agresiones y ataques han aumentado significativamente para los beneficiarios.
• Cesar la criminalización contra las y los periodistas independientes. Además, derogar y abstenerse de aplicar la Ley de Ciberdelitos y los demás instrumentos jurídicos que atentan contra las libertades públicas, que revoque las órdenes judiciales en contra de periodistas, generadores de opinión y fuentes informativas y se abstenga de emitir nuevas.
• Detener las abusivas retenciones de pasaportes en contra de periodistas y comunicadores, así como las restricciones migratorias a salir del país con toda libertad.

Recordamos al Estado de Nicaragua que el derecho a la libertad de expresión e información es parte fundamental del funcionamiento de las sociedades democráticas. Acceder a la información pública es un derecho de las personas; además la difusión libre de información, sin ninguna censura, es la llave para ejercer otros derechos fundamentales, consagrados en diversos instrumentos de protección de los Derechos Humanos.