IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
IPYS Venezuela informó al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que en Venezuela han ocurrido 5.392 violaciones a la libertad de expresión, el derecho a la información y el derecho de acceso a la información pública, entre 2015 y el primer semestre de 2023
Los próximos 10 y 11 de octubre de 2023, el Estado venezolano tendrá que rendir cuentas ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos civiles y políticos en el país, entre ellos la libertad de expresión.
Las sesiones, que se realizarán en Ginebra, forman parte del quinto ciclo de evaluación de la situación de los derechos civiles y políticos en Venezuela por parte del Comité de Derechos Humanos, que es el organismo encargado de velar por el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en todos los países que han suscrito este pacto, entre ellos Venezuela.
La evaluación de los derechos civiles y políticos en Venezuela corresponde al período 2015-2023 y se realizará con tres años de retraso, porque el Estado venezolano no rindió cuentas en los lapsos establecidos.
Las organizaciones de la sociedad civil venezolana han tenido la oportunidad de presentar informes alternativos, para que el Comité de Derechos Humanos de la ONU disponga de información confiable y verificada, más allá de la información que suministra el Estado Venezolano.
La coalición que elaboró el informe presentado ante el Comité de Derechos Humanos en septiembre de 2023, es un grupo diverso de organizaciones no gubernamentales que trabajan en Venezuela, las cuales sumaron esfuerzos para evidenciar el gravísimo daño que causa en la población venezolana el incumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por parte del Estado venezolano.
La alianza de organizaciones de la sociedad civil está integrada por: Acción Ciudadana contra el Sida (ACCSI), Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Comité de Familiares de Víctimas del Caracazo (Cofavic), Confederación de Sordos de Venezuela (Consorven), Epikeia Observatorio Universitario de Derechos Humanos, Fundación de los Derechos Humanos de Anzoátegui, Instituto Prensa y Sociedad Venezuela (IPYS Venezuela), Asociación Civil Kapé Kapé, Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+, Comisión de la Mujer de la Universidad de Los Andes, Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes, Red de Derechos Humanos de Lara y la Vicaría de Derechos Humanos de Caracas.
El Instituto Prensa y Sociedad Venezuela contribuyó con el informe alternativo presentado ante el Comité de Derechos Humanos mediante la documentación y análisis de las violaciones de la libertad de expresión, el derecho a la información y el derecho de acceso a la información pública en Venezuela, como la he hecho desde hace 20 años.
5.392 violaciones en siete años y medio
IPYS Venezuela ha documentado 5.392 violaciones a la libertad de expresión, el derecho a la información y el derecho de acceso a la información pública, entre 2015 y el primer semestre de 2023. Las agresiones físicas y verbales contra medios y personas trabajadoras de la prensa son las más frecuentes y constituyen el 50% de los casos.
Ante la ONU, IPYS Venezuela explicó que el desmantelamiento del ecosistema de medios de comunicación ha sido un proceso planificado y ejecutado por todas las instituciones estatales, que han sido cooptadas por el oficialismo y actúan articuladamente. En el documento se recordó que la pretensión oficialista de anular los medios de comunicación críticos de la gestión gubernamental se fundamenta en la idea de “hegemonía comunicacional”, explícitamente enunciada en 2007 por el entonces ministro de Información y Comunicación. En 2007 el gobierno clausuró a RCTV, la televisora más antigua de Venezuela; quince años después, en 2022, el gobierno clausuró 108 radioemisoras.
El resultado de la censura estatal tiene efectos aguas abajo y fomenta la censura que aplican propietarios y directivos de medios, así como a autocensura de las personas periodistas. Finalmente, los resultados de este proceso sistemático afectan a toda la sociedad: más de 7 millones de venezolanos y venezolanas viven en desiertos de noticias, según el estudio Atlas del silencio del IPYS Venezuela. Ello constituye un aumento del porcentaje de población que habita en desiertos informativos del 16% al 21%, entre 2020 y 2022, se indicó en el informe alternativo presentado ante la ONU.
La articulación institucional para consolidar el acallamiento de la prensa independiente como política de Estado se expresa también en las leyes promovidas por el Poder Ejecutivo para silenciar y reprimir la difusión de información que afecte intereses gubernamentales, las cuales han servido para ejecutar acciones contra la propiedad de los medios y la integridad de los periodistas, alertó IPYS Venezuela ante la ONU.
“Las más altas instancias del sistema de justicia han convalidado la aplicación de leyes que contravienen los estándares internacionales de protección. La Defensoría del Pueblo ha guardado un silencio cómplice”, argumentó IPYS Venezuela en el informe alternativo presentado ante la ONU.
Garantías para la prensa
El Estado ha evadido los requerimientos de información precisa que le ha formulado la ONU para este quinto ciclo de evaluación de los derechos civiles y políticos en Venezuela, a través de respuestas genéricas y datos desactualizados y no desagregados.
En noviembre de 2022, el Comité de Derechos Humanos solicitó al Estado venezolano información sobre las medidas tomadas para: “a) asegurar que la legislación en el marco del ejercicio del derecho a la libertad de expresión y la libertad de prensa, y de su restricción, sea plenamente compatible con las estrictas exigencias establecidas en el artículo 19 del Pacto y desarrolladas en la observación general número 34 del Comité, y que las autoridades encargadas de aplicar las leyes relativas al ejercicio de la libertad de expresión ejerzan su mandato de manera independiente e imparcial, especialmente en el marco de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, de 2010, la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, de 2017”.
En junio de 2023, el Estado venezolano limitó sus respuestas a cinco escuetos párrafos, uno de los cuales indica lo siguiente: “En Venezuela, los periodistas ejercen diariamente su labor sin más limitaciones que las derivadas de lo establecido en la Constitución, las leyes y los tratados internacionales ratificados por el país. El Estado reconoce el importante papel que desempeñan los periodistas en el funcionamiento de la democracia”.
El Estado venezolano también ha ignorado las recomendaciones formuladas a través del Examen Periódico Universal de la ONU, a efectos de “garantizar la libertad de expresión y apoyar un entorno de comunicación plural y seguro”, así como los exhortos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, y las Relatorías Especiales de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre libertad de expresión. Todos estos organismos internacionales han documentado y denunciado los atropellos cometidos de manera sistemática contra la prensa independiente en Venezuela.
Por ejemplo, en 2022, la CIDH manifestó su preocupación frente a declaraciones estigmatizantes, cierre de medios de comunicación y procesamiento Misión de la ONU destacó que estas persecuciones afectan la libertad de expresión y se cometen “en un contexto de impunidad generalizada”.
IPYS Venezuela formuló tres recomendaciones al Comité de Derechos Humanos de la ONU: 1) exhortar al Estado a ajustar la legislación venezolana en materia de libertad de expresión y derecho a la información a los estándares internacionales de protección más favorables; 2) promover garantías suficientes para preservar la integridad de personas trabajadores de la prensa, con participación directa de las que están en riesgo; y 3) instar a los órganos de justicia para que cese la impunidad de las agresiones a la prensa.
