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IPYS Venezuela condena detención y desaparición de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel

IPYS Venezuela, febrero de 2024. El Instituto Prensa y Sociedad Venezuela (IPYS Venezuela) condena la detención y desaparición forzada de la abogada y defensora de derechos humanos Rocío San Miguel, presidenta de la organización Control Ciudadano, que promueve la participación en la veeduría de la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado. En la misma situación se encuentran otros cinco miembros de su familia, entre los que están su hija y dos hermanos.

Pasadas más de 80 horas desde el momento de su detención el viernes 9 de febrero a las 5:00 a.m., a las 9:54 p.m. del lunes 12 de febrero el fiscal Tarek William Saab informó desde su cuenta de X que estaba en desarrollo la audiencia de presentación de Rocío San Miguel y otros cinco ciudadanos. También indicó que estos estarían presuntamente involucrados en una supuesta trama conspirativa contra el gobierno de Nicolás Maduro a la que Saab atribuyó la orden de aprehensión de la abogada el día anterior, el domingo 11.

El fiscal señaló que el Ministerio Público solicitará ante el Tribunal 2do Contra Terrorismo medida de privación judicial preventiva de libertad en contra de San Miguel, por la presunta comisión de los delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación, entre otros. También solicitará medida de privación preventiva de libertad para Alejandro José González De Canales Plaza, por la presunta comisión de los delitos de “Revelación de Secretos Políticos y Militares concernientes a la seguridad de la nación, obstrucción a la administración de Justicia y asociación”, se indica en el post de X.

Asimismo, Saab indicó que en relación a los otros cuatro ciudadanos aprehendidos la Fiscalía solicitará “medidas cautelares consistentes en presentaciones periódicas ante el tribunal de la causa”. Pero no precisó si se trataba de los familiares de San Miguel. Tampoco especificó sitio de reclusión ni condiciones de salud de dichas personas.

Luego de la limitada información sobre la celebración de la audiencia de presentación de Rocío San Miguel, difundida por el Ministerio Público la noche del lunes, el equipo legal de la activista comunicó que están realizando gestiones para conocer los resultados de dicho acto procesal.

También denunciaron que en esa audiencia Rocío San Miguel no contó con abogados de su confianza que garantizaran el derecho de asistencia legal, conforme a lo dispuesto en el artículo 44 de la Constitución, y afirman que: “hasta las 10:30 a.m. de hoy 13 de febrero, la defensa técnica no se ha podido comunicar con Rocío San Miguel o con alguno de los cinco familiares que también habrían sido presentados ante el Tribunal Segundo de Control con competencia en Terrorismo, a cargo del juez Carlos Liendo. No sabemos del paradero de cada una de esas personas, de modo que persiste la desaparición forzada. Rocío San Miguel suma 100 horas incomunicada”.

La Misión internacional independiente de determinación de los hechos en Venezuela expresó su profunda preocupación por la detención y situación de San Miguel e instó al Gobierno a cesar la ola de represión contra los opositores.

Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) informó, mediante su cuenta en X, que el organismo sigue con profunda preocupación la detención de San Miguel, la que calificó como desaparición forzada porque el paradero de la activista sigue siendo desconocido.

El 12 de febrero, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, exigió la liberación inmediata de la directora de Control Ciudadano, así como el cumplimiento de las medidas de protección otorgadas a la activista por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2012.

Asimismo, Amnistía Internacional exigió respeto a la integridad física y psicológica de San Miguel y sus familiares, así como el acceso a sus abogados y al derecho a la defensa.

Más temprano, el abogado Juan González Taguaruco, del equipo de defensa de Rocío San Miguel, informó a las 3:45 p.m. del lunes 12 de febrero desde el Palacio de Justicia que se mantenía la situación de desaparición forzada de la activista y que tampoco se conoce el paradero de cinco personas de su grupo familiar: Miranda Díaz San Miguel, hija; Miguel Ángel San Miguel Sosa, hermano; Alberto San Miguel Quigosos, hermano; Víctor Díaz Paruta, padre de Miranda y Alejandro González De Canales Plaza, expareja de Rocío.

El equipo de defensa de San Miguel explicó que en horas de la mañana acudieron a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en El Helicoide, así como a la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Boleíta, para verificar si allí se encontraba la activista o alguno de sus familiares, pero se les negó que allí estuvieran alguna de las personas a quienes hicieron referencia.

González Taguaruco dijo también que presentaron un recurso de amparo, hábeas corpus, que es un amparo a la libertad y seguridad personal, que fue distribuido al Juzgado Segundo de Control de Municipio del Área Metropolitana de Caracas, a cargo de la jueza Haydee Oliveros, quien tendrá la responsabilidad de tramitar esta petición e indicar en dónde está Rocío San Miguel y a la orden de quién está detenida.

Transcurridas 60 horas de la desaparición forzada de Rocío San Miguel, a las 5:00 p.m. del domingo 11 de febrero el Ministerio Público informó la detención de la abogada señalando que se dio en virtud de una orden de aprehensión en su contra por estar presuntamente vinculada a un supuesto plan conspirativo contra el gobierno de Nicolás Maduro que incluiría magnicidio. Sin embargo, el fiscal Tarek William Saab no precisó dónde está recluida ni en qué condiciones se encuentra. Tampoco si ha sido presentada ante tribunales pese a que desde su privación de libertad se superó el lapso de 48 horas establecido por la ley.

Ni sus abogados ni sus familiares o allegados han tenido contacto con la defensora de derechos humanos, mientras que las autoridades del Sebin y de la Dgcim no han informado oficialmente sobre el procedimiento. Ello configura una desaparición forzada, un delito de lesa humanidad, establecido en el Estatuto de Roma.

En la madrugada del viernes 9 de febrero de 2024, San Miguel fue detenida en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía cuando se disponía a viajar con su hija. Funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y de la Dirección General de Contrainteligencia  Militar (Dgcim) habrían efectuado el procedimiento. La detención trascendió extraoficialmente en horas de la noche del sábado 10 de febrero.

El pasado 1 de febrero, Rocío San Miguel exhortó al presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, a dar instrucciones para el cumplimiento de la sentencia dictada en 2018 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para resarcir daños a personas en la “Lista Tascón”, entre las que se encuentra San Miguel.

“Escuchamos al presidente  de la República con ocasión de la Sesión Solemne de Apertura del año Judicial 2024, hablar de justicia y verdad. Este caso, como el de todas las sentencias dictadas por la Corte Interamericana que no se han cumplido por parte del Estado, es una buena oportunidad para que el gobierno honre los principios de justicia y verdad, así como el de reparación a las víctimas. Cumplir las sentencias por parte del Estado sería una buena señal en materia de DD.HH. por parte de Venezuela”, dijo San Miguel.

El 18 de enero de 2012 la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Rocío San Miguel y su hija, luego de verificar amenazas a su vida e integridad personal que podrían causar daños irreversibles. Desde entonces, el Estado venezolano tiene la obligación de brindarles protección efectiva.

Con la desaparición de Rocío San Miguel se confirma la profundización del cierre del espacio cívico en Venezuela, mediante la criminalización de las organizaciones de la sociedad civil y las personas defensoras de derechos humanos, lo que viola los derechos de asociación y libertad de expresión en el país.

El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró 524 ataques e incidentes de seguridad durante el año 2023, lo que representa un aumento de 32% en relación al mismo período en 2022, cuando se documentaron 396 agresiones. “En un contexto electoral aumentan las restricciones al espacio cívico y democrático y se incrementan la criminalización, la represión y el control social a la sociedad civil”, alertó la ONG en enero de 2024.

Desde IPYS Venezuela:

  • Rechazamos la detención de Rocío San Miguel y de su grupo familiar.
  • Exigimos garantías plenas para preservar la vida e integridad personal de Rocío San Miguel y de su familia.
  • Exigimos respuestas sobre su paradero y las condiciones en que se encuentran.
  • Exigimos respeto al derecho al debido proceso.
  • Condenamos las detenciones arbitrarias y las desapariciones forzadas de personas.

#DóndeEstáRocíoSanMiguel

 

 

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