IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
Durante los primeros seis meses de 2021, al menos 34 casos han sido registrados por IPYS Venezuela donde la labor informativa de trabajadores de la prensa se ha visto impedida cuando registraban hechos de interés público. Amenazas de agresión física, hechos de amedrentamiento e intimidación, robo de herramientas de trabajo, revisión o eliminación de material periodístico e impedimentos de acceso o movilización han sido las principales violaciones a las que se han enfrentado los comunicadores.
El lunes 28 de junio el periodista Miguel Da Silva, de Caraota Digital, fue intimidado e impedido a realizar su labor informativa cuando se encontraba en el Hospital Ana Francisca Pérez de León en Petare, al este de Caracas, mientras conversaba con familiares de una de las víctimas del múltiple arrollamiento ocurrido en Catia en días anteriores.
1/2 #AvanceIPYSve | El periodista Miguel Da Silva (@mdasilvave), de @CaraotaDigital, fue intimidado e impedido a realizar su labor informativa cuando se encontraba entrevistando a familiares de uno de los heridos del arrollamiento de la avenida Sucre en Catia, #Caracas. #28Jun
— IPYS Venezuela (@ipysvenezuela) June 29, 2021
Da Silva se encontraba en la entrada del hospital junto familiares de Keiber López Noya, uno de los heridos por la embestida de una camioneta conducida por un ex funcionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), cuando la directora del centro médico, Zaira Medina, lo interrumpió y de forma intimidante le dijo que había “violado la seguridad de una institución del Estado” por llevar a cabo una entrevista en ese lugar.
El reportero dijo que Medina le señaló que no podía grabar porque “donde yo trabajo son todos unos amarillistas. Que yo hago periodismo a través del odio y burlándome del sufrimiento de la gente”. Además, en reiteradas oportunidades Da Silva le dijo a la directora que le permitiera salir del lugar, pero “ella negó mi salida. No me permitió salir hasta que dijo que iba a hablar con una fiscal”, detalló el comunicador.
De acuerdo a lo relatado por el reportero a IPYS Venezuela, la directora prohibió a los familiares de López Noya declarar a los medios porque “eso interfiere en la investigación penal”.
Días previos, el miércoles 16 de junio, una reportera del Correo del Caroní, que prefirió mantener en reserva su nombre por temor a represalias, denunció que fue desalojada de la Clínica Palúa, un dispensario ubicado en el sector Palúa de San Félix, municipio Caroní del estado Bolívar, cuando cubría la reinauguración del centro asistencial por parte del presidente de la empresa estatal Ferrominera, Abel Jiménez.
Previo al atropello, la periodista tuvo comunicación con la directora de este centro de salud y el presidente de la Compañía Operadora del Puerto de Palúa (Copal), quienes accedieron a darle una entrevista después de que el portavoz principal del evento, el presidente de la estatal Ferrominera, hubiese declarado, pues la vocería principal recayó en él debido a que el dispensario forma parte de los centros de salud de la siderúrgica.
1/2 #AvanceIPYSve | Una periodista del @CorreodelCaroni de #Bolívar fue desalojada de las instalaciones del dispensario de Palúa, en #SanFélix, durante un evento de reinauguración auspiciado por el presidente de la empresa estatal @Ferrominera_CVG que se realizó este #16Jun
— IPYS Venezuela (@ipysvenezuela) June 17, 2021
La reportera relató que estuvo esperando las declaraciones de Jiménez, quien realizó un recorrido por las instalaciones, hasta que se percató de que un hombre, del cual se presume es el vigilante del dispensario, se fijó en ella y en su carnet de prensa.
“Se paró detrás de mí como para ver qué escribía en el celular. En ese momento estaba hablando con mi jefa y no le paré. También noté que cuando llegó el presidente de Ferrominera con toda su gente, el equipo de prensa de ellos también se me quedó viendo, pero no me dijeron nada”, comentó.
Minutos después, el presunto vigilante se acercó nuevamente a ella para notificarle que debía salir del centro de salud por supuestas “órdenes de arriba”. “Yo estaba con mi hermana que me acompañó. Nos dijo: ustedes no pueden estar aquí, son órdenes de arriba, ustedes son del Correo del Caroní“, informó la periodista, quien se retiró inmediatamente del lugar.
Pese a que la directora del centro y el presidente de Copal accedieron a la entrevista, éstas no se realizaron. La reportera tampoco pudo estar presente durante las declaraciones del presidente de Ferrominera.
Reportera fue atacada mientras cubría protesta en el Saime
En Caracas el martes 8 de junio, la reportera Génesis Carrero, del medio digital El Pitazo, se encontraba realizando un recorrido por las sedes del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), y cuando cubría algunas denuncias a las afueras de la sede principal de esta institución en la avenida Baralt, en el oeste de la ciudad, un efectivo de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) la hostigó, fotografío y amenazó con usar su imagen para acusarla de coordinar una red de trata de blancas.
1/2 #AvanceIPYSve | Periodista @GenesisCS de @ElPitazoTV fue atacada por un efectivo militar cuando cubría en las inmediaciones del Saime en la Av. Baralt en #Caracas este #8Jun#InformarNoEsDelito pic.twitter.com/2hXPRMziax
— IPYS Venezuela (@ipysvenezuela) June 8, 2021
Carrero realizaba fotografías del sitio luego de registrar denuncias de los ciudadanos quienes reclamaban por la inoperatividad del organismo durante la semana flexible y la postergación de las citas para el trámite del pasaporte cuando el funcionario de apellido Ramírez se acercó a ella y le dijo: “tú no puedes estar haciéndome fotos a mí”, y mientras le pedía la identificación, fotografió el rostro de la reportera y dijo que la publicaría en redes sociales diciendo que dirigía una red de trata de blancas.
Minutos después, el efectivo abordó de nuevo a Carrero, le exigió su credencial e intentó quitarle el teléfono celular. En medio de ese escenario los ciudadanos protestaron para que dejara a la periodista y exigieron respuestas a sus reclamos.
Las coberturas de hechos de interés públicos continúan siendo escenarios de gran dificultad para los periodistas quienes terminan siendo agredidos, intimidados o impedidos a registrar las declaraciones de las fuentes por coacción de los funcionarios públicos quienes irrespetan la labor informativa.
