viernes , abril 26 2024

Alerta IPYSve | Detenciones arbitrarias caracterizaron la segunda semana de cuarentena

  • Tres trabajadores de la prensa fueron detenidos durante la segunda semana de cuarentena por el coronavirus en Venezuela

  • Ocho casos de detenciones arbitrarias registró IPYS Venezuela desde el 16 al 31 de marzo donde se vieron afectados siete reporteros y directivos de medios

  • Las agresiones contra la prensa generan desconfianza en la información institucional y tienen un efecto silenciador en la libertad de expresión como señalan expertos internacionales

Rosalí Hernández, de Caraota Digital, Beatriz Rodríguez de La Verdad de Vargas y Alexander Zerlín de Rumbera 94.7 FM fueron detenidos arbitrariamente por funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado en el marco de la segunda semana de cuarentena por la pandemia de la Covid-19.

Los trabajadores de la prensa fueron detenidos por hechos vinculados con información del brote y mientras intentaban adquirir combustible de acuerdo con las medidas implementadas por el gobierno de Nicolás Maduro, como ocurrió con Alexander Zerlín en Cojedes.

Rosalí Hernández, reportera de Caraota Digital fue detenida el martes 24 de marzo por funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) durante casi 40 minutos mientras se encontraba en Catia, al oeste de Caracas, realizando un reporte sobre el proceso de esterilización que han ejecutado las instituciones gubernamentales para prevenir el coronavirus.

Luego de superar un primer control donde había presencia de un PNB y un funcionario de las FAES, Hernández se movilizó con su motorizado por todo el boulevar de Catia hasta que fue intervenida por otros funcionarios de las FAES quienes sin mediar la bajaron de la moto, le arrebataron su teléfono celular, le pidieron los documentos de identificación y exigieron que se pusiera contra la pared.

Durante los casi cuarenta minutos de detención, los funcionarios le preguntaron a la reportera sobre el trabajo que estaba realizando y le exigieron eliminar todo el material que tenía registrado hasta el momento.

https://twitter.com/sntpvenezuela/status/1242499041122017280?s=20

De acuerdo con declaraciones de Hernández a IPYS Venezuela, esta no fue la primera limitación a sus derechos informativos desde que inició la cuarentena social. Durante la primera semana, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) la obligaron a eliminar los registros que tenía en su equipo de trabajo mientras se encontraba en el Hospital General de Lídice Dr. Jesús Yerena, centro médico centinela para atender los casos de coronavirus, el miércoles 18 de marzo en la ciudad de Caracas. 

Este hecho también se repitió el viernes 20 cuando la reportera se encontraba registrando las colas de carros para surtir combustible en la estación de servicio Texaco en Las Mercedes. “El GNB que estaba encargado de esa estación de servicio me dijo que por las buenas borrara todo el material porque no estaba autorizada para grabar”, señaló la reportera quien también indicó que los funcionarios, posterior al hecho, la persiguieron en una moto hasta Bello Monte.

El martes 24 también fue detenida por más de una hora, la directora del diario La Verdad de Vargas, Beatriz Rodríguez, en el litoral central por funcionarios de Poli-La Guaira, luego que el medio publicara, en su cuenta en Instagram, información sobre un caso de coronavirus en una enfermera del Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS) en la entidad.

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Beatriz Rodríguez fue detenida en su lugar de residencia en los bloques de la Páez, en Cata La Mar, como señaló el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) en su cuenta en Twitter. Después de ser liberada la comunicadora fue citada a comparecer ante la fiscalía en Catia La Mar al día siguiente.

Luego de más de una hora de interrogatorio hacia la directora del medio por parte de la fiscal auxiliar 12, Erianny Orozco, Rodríguez señaló a La Verdad no poder brindar declaraciones por figurar como testigo de la investigación.

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“Enfatizamos que el único objetivo de La Verdad es mantener informado a todos los habitantes de nuestro estado, el país y el mundo, tal como lo están haciendo todos los medios de comunicación a nivel mundial. Somos un canal para que las autoridades informen sobre el manejo de la crisis, para que los ciudadanos se expresen y obtengan respuesta, señaló el medio de comunicación.

En el estado Cojedes, Alexander Zerlín, periodista de Rumbera 94.7 FM fue detenido la noche del 25 de marzo cuando se encontraba en la cola para surtir combustible en una estación de servicio en San Carlos, capital de la entidad. Zerlín denunció que luego de haber recibido instrucciones del Mayor Aponte de la GNB, encargado del resguardo de la gasolinera, para que asistiera al final de la tarde y pudiera surtir su vehículo de gasolina, Zerlín siguió la orden y se presentó en la estación conocida como la Shell, cerca de la redoma El Impacto a las 7 de la noche.

Pasados algunos minutos, el comunicador fue detenido luego que el Mayor Aponte afirmara que, como periodista, estaba generando “alboroto” en la cola de carros. Zerlín fue esposado por alrededor de dos horas hasta que llegó el comandante de la Zona número 32, Jesús López Rosillo, quien lo liberó y dio la orden para que llenaran de gasolina el tanque de su vehículo.

Los medios de comunicación y periodistas tienen el compromiso de seguir informando a la ciudadanía aún en medio de estados de excepción. El Estado y todos sus órganos deben brindar las condiciones para que los trabajadores de la prensa cumplan con su rol informativo. Coartar la liberta de información, limitar el acceso a la información, obligar a los periodistas a revelar sus fuentes y crear obstáculos para que los reporteros no puedan ejecutar sus labores, viola de forma grave el ordenamiento jurídico interno y va en contra de todos los tratados internacionales de libertad de expresión suscritos por Venezuela, así como todas las recomendaciones recientes que han hecho los expertos internacionales en materia de derechos humanos.

IPYS Venezuela rechaza las acciones cometidas por los funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado contra los periodistas Rosalí Hernández, Beatriz Rodríguez y Alexander Zerlín y alerta sobre la sistematización de las agresiones contra la prensa en medio del estado de excepción que fue decretado por la pandemia de coronavirus. La labor periodística y la información no son un virus que debe ser atacado.

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