IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
La periodista Jennifer Orozco y la reportera gráfica Angela Peroza del diario La Prensa de Lara, fueron amenazadas, hostigadas e intimidadas cuando realizaban fotografías en el Cementerio municipal de Barquisimeto, en el área de “La Morguecita”, espacio destinado para la recepción de cadáveres en descomposición.
#AvanceIPYSve | Eglys Muro, comisaria del Eje de homicidios del CICPC #Lara hostigó, intimidó y obligó a eliminar unas fotos a la periodista @JennyPeriodista y a la fotógrafa Angela Peroza de @laprensalara cuando se encontraban en el Cementerio municipal de #Barquisimeto. #24Nov
— IPYS Venezuela (@ipysvenezuela) November 25, 2020
El hecho se registró el martes 24 de noviembre posterior a recibir información sobre el traslado de unos cuerpos al lugar. Orozco y Peroza se disponían a abandonar el cementerio cuando una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), llegó al sitio, y la comisaria del Eje de homicidios, identificada como Eglys Muro, tomó con fuerza por el brazo a la reportera gráfica para reclamarle por estar tomando fotos, además de exigirle que le mostrara el contenido gráfico que había hecho hasta el momento, porque “allí no podíamos estar nosotros” según comentó Orozco refiriéndose a la funcionaria.
Muro tomó la cámara del equipo reporteril y revisó y eliminó los archivos que tenían registrados. Además, dio la orden a otro de los funcionarios que se encontraba con ella para que tomaran los datos de las reporteras y luego los difundieran en los grupos de Whatsapp del cuerpo de investigaciones. La efectivo tildó a las comunicadoras de amarillistas y las amenazó con tomar represalias si veía las fotos en alguna de las publicaciones del medio.
“Repórtalas en todos los grupos del CICPC. Pasa la novedad de sus datos y cualquier cosa que mañana vaya a salir, una de las fotos, en el diario La Prensa, ellas van a asumir todas las consecuencias y vamos a tomar represalias en contra de ellas. Por amarillistas”, dijo la funcionaria a su compañero al momento de registrar los datos de las comunicadoras.
El medio optó por usar una fotografía referencial del lugar donde habían sido asesinadas las personas que fueron trasladadas al cementerio municipal, a pesar de haber recuperado las imágenes que la agente eliminó. Jennifer Orozco denunció que el equipo no pudo acudir al lugar de la escena del crimen por la falta de combustible que afecta al diario y a todos los medios de la región.
Este hecho de intimidación se ha convertido en un patrón de ataque por parte de las autoridades públicas contra los trabajadores de la prensa. Los funcionarios, abusando de su poder creen tener el derecho para impedir las labores informativas de los medios de comunicación. IPYS Venezuela condena estos actos y cualquier otro que coarte la libertad de expresión.
#InformarNoEsDelito
