IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
El lunes 16 de mayo se hizo del conocimiento público que Rafael Lacava, gobernador del estado Carabobo, interpuso una demanda por difamación contra Marino Alvarado, coordinador de exigibilidad del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), y Alfredo Infante, sacerdote jesuita y coordinador de derechos humanos del Centro Gumilla, dos meses después de que el pasado 14 de marzo, durante la presentación del Informe 2021 sobre ejecuciones extrajudiciales de la organización Lupa por La Vida, los directivos exigieran investigar a Lacava por su presunta responsabilidad en los homicidios perpetrados por PoliCarabobo, el cuerpo policial estadal más letal durante 2021, de acuerdo con el documento.
ATENCIÓN | Rafael Lacava, Gobernador de Carabobo, demanda por “difamación” al Coord. Legal de PROVEA, Marino Alvarado, y al Padre Alfredo Infante Sj (@centrogumilla); tras exigir investigación hacia Lacava por presunta responsabilidad en denuncias de ejecuciones extrajudiciales. pic.twitter.com/5fG8sff4RN
— PROVEA (@_Provea) May 16, 2022
Mediante un video publicado en la cuenta en Twitter de Provea el 16 de mayo, Alvarado informó que ese día recibió una notificación del Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo penal en función de juicio del estado Carabobo, a cargo del juez Luis Francisco Ovalles Landaeta, sobre la denuncia por “difamación agravada continuada” interpuesta por el gobernador de dicha entidad.
“[Este] es el riesgo que corremos los defensores y las defensoras de derechos humanos por exigir que se investiguen las cadenas de mando (…). No estamos diciendo que el gobernador es responsable, estamos diciendo que debe investigarse su presunta responsabilidad, eso es el papel del Ministerio Público, y exhortamos a la Defensoría del Pueblo a que colabore con el Ministerio Público para que se investigue no solo las presuntas ejecuciones realizadas desde el estado Carabobo, sino en todo el país”, resaltó el coordinador de Provea.
Esta es la consecuencia que pagamos por ser exigentes con los derechos humanos en Venezuela.
Seguiremos como defensores, venciendo todos los obstáculos, incluida esta demanda penal. #LupaPorLaVida pic.twitter.com/CpZfGhmOsC
— PROVEA (@_Provea) May 17, 2022
De acuerdo con lo reseñado por el Informe 2021 de Lupa por la Vida, ese año en Venezuela ocurrieron 1.414 presuntas ejecuciones extrajudiciales a manos de los cuerpos de seguridad del Estado. De ese total, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), fue responsable de 347 homicidios. Sin embargo, el documento señala que “en su conjunto las policías estadales fueron responsables de 426 muertes”, y PoliCarabobo fue el organismo estadal con más letalidad exhibida, con 132 ejecuciones durante el periodo investigado.
Durante una rueda de prensa realizada por Provea y el Centro Gumilla el jueves 19 de mayo para declarar sobre la demanda recibida, el padre Infante resaltó: “Nuestro informe no es ninguna campaña contra ningún gobernador, es a favor de la vida. Es nacional, no está focalizado en el estado Carabobo (…). Pedir investigaciones es un derecho y deber ciudadano amparado en la constitución, no es ningún delito”, enfatizó Infante.
Por su parte, Joel García, abogado de Alvarado e Infante ante la demanda de Lacava, denunció que el 18 de mayo los tribunales venezolanos negaron la designación de su defensa por encontrarse en el Área Metropolitana de Caracas, por lo que acudirán al estado Carabobo para asumir legalmente el caso.
La Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional dicta, en el artículo 28, numeral 2, que en materia de Servicio de Policía, corresponde a los gobernadores o gobernadoras “Ajustar los indicadores del desempeño policial al cumplimiento de metas y a la adecuación de normas generales de actuación y respeto a los derechos humanos en su correspondiente ámbito político-territorial, conforme a los programas y políticas generales dictadas por el Órgano Rector”.
Como país miembro de la Corte Penal Internacional (CPI) —organismo al cual le competen los crímenes de lesa humanidad, como el asesinato—, el Estado venezolano tiene el deber de apegarse al Estatuto de Roma de la CPI, normativa que establece, en el artículo 28, numeral 1, que “el que actúe como jefe militar será penalmente responsable por los crímenes de la competencia de la Corte que hubieren sido cometidos por fuerzas bajo su mando y control efectivo, o su autoridad y control efectivo, según sea el caso, en razón de no haber ejercido un control apropiado sobre esas fuerzas”.
El pasado 3 de noviembre de 2021, el fiscal de la CPI, Karim Khan anunció su decisión de iniciar una investigación sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno de Nicolás Maduro. Según reseña la organización Humans Right Watch, en un escrito publicado en agosto de 2021, la Fiscalía —entonces a cargo de Fatou Bensouda— concluyó, luego de un examen preliminar iniciado en febrero de 2018 que “las autoridades [venezolanas] no tienen interés en investigar y/o juzgar genuinamente tales casos” porque los procesos internos o las decisiones judiciales han sido adoptados “con el propósito de proteger a las personas de su responsabilidad penal”.
La demanda por difamación interpuesta por Lacava contra Alvarado e Infante por su labor investigativa en pro de la defensa de los derechos fundamentales no solo representa un ataque contra la libertad de expresión y el derecho a defender derechos humanos, sino que agrava el ambiente de impunidad estructural y la falta de contraloría que se vive en el país.
IPYS Venezuela rechaza categóricamente el inicio de procesos judiciales arbitrarios que continúan ampliando el ambiente de intimidación y autocensura, así como la inexistente separación de poderes en el país, que han sido utilizados como mecanismos para favorecer los intereses de los gobernantes y perseguir y condenar, sin fundamentos, a quienes develan lo oculto y exigen al Estado y a sus funcionarios responsabilizarse por sus actos.
