domingo , abril 28 2024

Balance IPYSve | Primarias sin eco en la radio

  • Los mensajes colectivos por plataformas como WhatsApp fueron la principal estrategia para transmitir la orden de silencio atribuida a la Conatel

  • Casi tres cuartos de quienes respondieron al sondeo calificaron como “censura total” las restricciones de cobertura de los comicios de la oposición en las emisoras donde laboran

  • La mayoría de las y los periodistas encuestados difundieron información sobre el proceso electoral por canales alternativos

La elección del candidato de la oposición para los comicios presidenciales de 2024 fue un proceso de indudable interés público, por lo cual ameritaba cobertura periodística. 

Las tensiones fueron aumentando con la proximidad del día de la elección. La inhabilitación administrativa de algunos candidatos, la participación del Consejo Nacional Electoral (CNE) en la organización de los comicios y las acciones judiciales para impedir su realización ocuparon la agenda periodística durante todos esos meses. Medios de comunicación y periodistas también reseñaron las recurrentes declaraciones de voceros del gobierno para descalificar el proceso.

Las primeras manifestaciones de censura impuesta desde el gobierno consistieron en la prohibición de dar cabida mediática a los candidatos y candidatas, como señala el informe de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela, publicado el 18 de septiembre de 2023. Ello se hizo más visible durante el período de campaña.

Entre el 22 de agosto y el 20 de octubre de 2023, las libertades informativas de 33 medios de comunicación y nueve periodistas fueron vulneradas por medidas de censura, autocensura, restricciones de acceso a la información y despidos por razones informativas durante la cobertura de la campaña por las primarias de la oposición, según pudo constatar IPYS Venezuela.

El debate sobre suficientes garantías para los procesos electorales, incluidas las primarias de la oposición, formó parte de las negociaciones entre el gobierno y la Plataforma Unitaria Democrática, con la mediación y facilitación de gobiernos extranjeros. 

El 17 de octubre de 2023, apenas cinco días antes de la elección primaria, gobierno y oposición suscribieron un acuerdo en Barbados “sobre la promoción de derechos políticos y garantías electorales para todos”. La novena garantía que las partes se comprometieron a cumplir reza: “Promoción del equilibrio en los medios de comunicación públicos y privados, así como garantizar igualdad de todos los candidatos en el acceso a los medios de comunicación y redes sociales, nacionales e internacionales, así como en espacios públicos bajo la administración del Estado, dentro del marco de lo previsto en la legislación nacional”.

Sin embargo, en horas de la tarde del 20 de octubre, a través de plataformas de mensajería instantánea como WhatsApp, comenzó a circular una orden de censura atribuida a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), que señalaba que las primarias no eran un evento amparado por el CNE, por lo que no se le debía dar “cobertura mediática y periodística total”.

Una prohibición de tal magnitud fue replicada rápida y profusamente, incluso más allá de los canales de mensajería. En paralelo, esa tarde los principales circuitos radiales y canales de televisión nacional suspendieron sus operativos para cubrir el proceso del 22 de octubre de 2023, en al menos cinco estados donde tienen corresponsalías. Los organismos gremiales, como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) y el Colegio Nacional de Periodistas (CNP), así como las organizaciones no gubernamentales de promoción y defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información, entre ellas IPYS Venezuela, denunciaron públicamente la medida de censura.

IPYS Venezuela activó sus procedimientos para documentar lo ocurrido. No obstante, en esta oportunidad se trataba de un hecho sin precedentes: nunca antes en la historia contemporánea de Venezuela un organismo del Estado había emitido una orden expresa de no dar cobertura a la jornada de votación de un proceso electoral.

Es pertinente y útil profundizar en el análisis de las circunstancias de la censura del 22 de octubre de 2023. Con el objetivo de contribuir con la construcción de memoria sobre el cercenamiento de las libertades informativas en el país, sobre la base de una data propia, confiable y verificable, recabada por los corresponsales de IPYS Venezuela, se propuso un sondeo que permitiera: 1) identificar la estrategia utilizada para difundir una orden de censura atribuida a la Conatel, 2) distinguir censura de autocensura y 3) medir la disposición y capacidad de las y los periodistas de combatir la censura. 

Más específicamente, se diseñó una encuesta de siete preguntas cerradas que fue aplicada en los estados donde IPYS Venezuela tiene corresponsales. Entre el 30 de octubre y el 16 de noviembre, se llevó a cabo la consulta en 17 entidades: Amazonas, Anzoátegui, Apure, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Delta Amacuro, Falcón, Lara, Mérida, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Trujillo, Yaracuy y Zulia.

La consulta fue realizada con consentimiento previo, libre e informado de las personas a consultar: periodistas de emisoras de radio que no dieron cobertura a las primarias o dieron cobertura limitada.

Para garantizar la seguridad y evitar represalias, se hizo la consulta bajo reserva de la identidad de las personas involucradas en el estudio. Se obtuvieron respuestas de 90 periodistas y a partir de allí se avanzó en el análisis, cuyos resultados son presentados a continuación.

Hallazgos

1. La censura se aplicó mediante una estrategia subrepticia. Mensajes difundidos colectivamente por grupos de WhatsApp fueron la inusual forma de transmitir la orden de no dar cobertura al evento, atribuida a la Conatel. Sin embargo, el organismo regulador de las telecomunicaciones en Venezuela no asumió la autoría de tales mensajes por ninguno de sus canales habituales de información ni por declaraciones públicas de las autoridades nacionales.

La primera noticia que se difundió sobre la prohibición de cobertura periodística a la elección primaria de la oposición atribuida a la Conatel fue mediante mensajes de texto que circularon en grupos de WhatsApp, en los cuales están incluidos periodistas en cada uno de los estados del país.

Uno de los mensajes indicaba lo siguiente: “Buenas tardes compañeros prestadores de servicio de radio y televisión. Les saludo en nombre de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL). Se les comunica que las venideras elecciones primarias no son un evento oficial amparado por el Consejo Nacional Electoral, por lo tanto no están obligados a darle cobertura mediática o periodística total. Aunado a ello en dicha actividad están participando candidatos que se encuentran inhabilitados por las leyes de la República. Gracias por su atención”.

Otro de los mensajes indicaba: “Buenas tardes estimados el presente es para informar que las Primarias no es un evento amparado por el Consejo Nacional Electoral, por lo que no se le debe dar cobertura mediática y periodística total”.

IPYS Venezuela pudo verificar que una de las remitentes del segundo mensaje fue Emily Silva, en Apure, quien es funcionaria de la Conatel, según su perfil en LinkedIn. En otro caso, el mensaje difundido por grupos de WhatsApp también provenía de un funcionario regional de la Conatel, pero dicho texto fue borrado del chat.

Estos mensajes no se difundieron por los canales oficiales de información de la Conatel, como tampoco algún otro que tuviera que ver con el evento comicial previsto para el 22 de octubre de 2023. El argumento de que las primarias de la oposición no estaban “amparadas” por el CNE, fue usado para desechar el carácter noticioso del evento electoral. 

También circularon otros mensajes que corresponden a métodos de desinformación, como supuestos radiogramas atribuidos al ministro de la Defensa, mediante los cuales se anunciaban investigaciones, incluso de carácter penal, a periodistas de mucha figuración pública, que han sido víctimas de diferentes formas de hostigamiento por parte del poder.

No es descartable que los mensajes atribuidos a la Conatel formen parte de una operación de desinformación planificada y desarrollada por quienes tenían interés en silenciar mediáticamente el evento electoral de la oposición. En todo caso, fue una estrategia que sirvió para aminorar el costo político que se deriva de una orden de censura impartida por un organismo adscrito al Poder Ejecutivo.

Llama la atención que las autoridades de la Conatel no se hayan pronunciado para aclarar o desmentir los mensajes con órdenes de censura atribuidos al organismo, ante las denuncias formuladas por organizaciones gremiales y defensoras de la libertad de expresión.

En todo caso, los resultados de la consulta realizada a 90 periodistas de radioemisoras en 17 estados del país que restringieron parcial o totalmente la cobertura de la elección del candidato presidencial de la oposición indican que la mayoría (30, equivalente a 33,3%) tomó decisiones sobre la base de los mensajes colectivos difundidos a través de grupos de WhatsApp o similares.

Este mensaje colectivo ha sido la forma más indirecta de impartir una orden de censura en Venezuela. Por la gravedad de la medida, era razonable que los responsables de tomar la decisión de acatar o no la orden se comunicaran directamente con las y los periodistas involucrados. Ello sólo ocurrió con 41 (45,6%) de las personas encuestadas: 23 (25,6%) mediante mensajes escritos y 18 (20%) mediante llamadas telefónicas. 

Quiere decir que, más de la mitad de las y los periodistas encuestados recibió la instrucción de abstenerse de cubrir o restringir la cobertura de las primarias de la oposición por vías indirectas.

En algunos casos, según pudo documentar IPYS Venezuela, las personas periodistas que fueron censuradas por sus supervisores recibieron una orden adicional: no comentar públicamente que estaban siendo censurados.

En IPYS Venezuela consideramos que esta manera solapada de censurar un proceso electoral de interés público funcionó a efectos de encubrir la identidad de los promotores del silencio en los medios de comunicación el 22 de octubre de 2023 y, como se señaló anteriormente, disminuir el cuestionamiento que les pudieran hacer actores democráticos dentro y fuera de Venezuela.

2. Las emisoras fueron censuradas. La falta de cobertura total en la mayoría de las radios exploradas para este estudio confirma el logro del objetivo de silenciar en dicho medio de comunicación. No transmitir información sobre la elección del candidato de la oposición para los comicios presidenciales de 2024 corresponde al propósito gubernamental de debilitar la legitimidad del contendiente del oficialismo.

Se pudo constatar que 67 (74,4%) de las personas que respondieron la consulta calificaron como censura total las restricciones en la cobertura de las primarias. Esto significa que desde las emisoras donde trabajan no se transmitió ninguna información sobre el evento electoral. El resto de los encuestados, 23 (25,6%), señaló que pudieron cubrir parcialmente las primarias al difundir hasta tres noticias ese día.

51 de las personas consultadas (56,7%) dijeron que sus emisoras no tenían previsto un operativo especial para dar seguimiento a estas elecciones. Mientras que 39 (43,3%) sí lo había acordado. De este último grupo, 21 personas (55,2%) señalaron haber comprobado el origen de la instrucción y que además refirieron una censura total en sus emisoras. Por otra parte, del porcentaje que indicó que no estaba planificada una cobertura dedicada a estos comicios 22 (75,9%) dijeron que no se transmitió ni una sola noticia, y tampoco confirmaron de dónde provenía la orden.

En cuanto al 43,3% que respondió que la censura atribuida a la Conatel implicó la suspensión de operativos especiales de cobertura periodística del evento comicial del 22 de octubre, el dato revela la efectividad de la estrategia de lograr el silenciamiento de los medios de comunicación no alineados con el gobierno, mediante mensajes confusos y de dudosa autoría.

3. La autocensura en la radio se manifestó en un contexto de temor fundado. Las medidas de autocensura, comunicadas a las y los periodistas por sus supervisores o directivos de las radios, existieron en un contexto previo a la difusión de los mensajes restrictivos atribuidos a la Conatel el 20 de octubre, en un escenario de temor a represalias.

El sondeo refleja que 77,8% de las y los periodistas que respondieron indicó que en las radios en las que trabajan sí se transmitió información sobre los precandidatos de la oposición y sus campañas previo al 21 de octubre de 2023, mientras que 22,2% señaló haber omitido la cobertura sobre las primarias antes de esa fecha.

Tanto en el grupo que indicó que las radios para las que trabajan no tenían pautado un operativo para la jornada del domingo 22, como en los casos que respondieron que sus emisoras no difundieron noticias sobre las primarias antes del 21 de octubre, la autocensura ocurrió sin la existencia de los mensajes atribuidos a la Conatel. Es decir, estas medidas se tomaron sin que hubiera una orden expresa, directa y pública emitida por el ente regulador de las telecomunicaciones.

Los actos de censura previos a la difusión colectiva de los mensajes atribuidos a la Conatel o las directrices informalmente impartidas a las personas encargadas de tomar decisiones editoriales en los medios de comunicación forman parte de un contexto que favorecía la autocensura.

En un escenario de desmantelamiento progresivo del ecosistema de medios de comunicación independientes, las restricciones de cobertura pudieron haber tenido un mayor efecto en la radio por los graves antecedentes como los procedimientos administrativos arbitrarios ejecutados contra más de cien diales en el territorio nacional el año pasado.

Durante 2022, la Conatel ordenó la salida del aire de 107 emisoras en 16 estados del país, 62 de ellas bajo el alegato de no contar con la habilitación necesaria para transmitir. Con frecuencia, los propietarios y directivos de las radios cerradas prefirieron no declarar sobre las clausuras por temor a no ser habilitados o no avanzar en los trámites para obtener la concesión.

La pertinencia de la documentación de la censura en la radio venezolana el 22 de octubre de 2023 realizada por IPYS Venezuela se fundamenta en que es el medio de comunicación con mayor presencia en las localidades del país (84%), con al menos una emisora cubriéndolas, según indica la segunda edición del Atlas del Silencio de IPYS Venezuela, publicada en junio de 2023.

En el estado Táchira, las principales emisoras que otrora realizaban coberturas informativas, el 22 de octubre no lo hicieron. A través del Enlace Radial Informativo, iniciativa de La Nación Radio, se confirmaron al menos 20 diales que se sumarían a la transmisión de información del medio digital a través de su radio online, pero luego de difundirse el mensaje a través de WhatsApp, adjudicado de forma no oficial a la Conatel, directivos de estas radios tomaron la decisión de no plegarse a la cobertura. IPYS Venezuela pudo conocer que La Nación Radio no logró confirmar qué emisoras aliadas difundieron o no las noticias de la casa matriz.

Entre el 20 y el 22 de octubre, IPYS Venezuela verificó que en cuatro entidades funcionarios de la Conatel exhortaron a directivos de medios, a través de mensajes y llamadas telefónicas, a no cubrir las primarias de la oposición. En Yaracuy, en agosto de 2023, un representante de la Conatel en la entidad hizo llamadas telefónicas a 20 directivos de radios y les dijo que “tendrían una sanción” si abrían sus micrófonos para entrevistar a los entonces precandidatos María Corina Machado, Freddy Superlano y Henrique Capriles, y a sus respectivos comandos de campaña.

Tal situación concuerda con lo reportado por la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela en su informe del 18 de septiembre de 2023, en el que señala que la Conatel “ha censurado palabras como ‘dictadura’, ‘régimen’, ‘gobierno provisional’ y ‘presos políticos’. La Comisión ha prohibido entrevistas con candidatos de partidos políticos de la oposición, pero también con activistas, defensores de los derechos humanos y periodistas”, dice el documento.

4. Se usaron mecanismos alternativos para burlar la censura en la radio. A pesar de la censura o autocensura en las emisoras para las cuales trabajan, hubo periodistas que dieron cobertura a las primarias de la oposición e intentaron difundir información sobre la jornada del 22 de octubre a través de redes sociales, grupos de mensajería y alianzas con medios y reporteros.

Si bien 52,2% de las y los periodistas consultados que dieron cobertura a la elección del 22 de octubre no pudieron difundir información autónoma en las emisoras de radio para las que laboran, estas personas sí aplicaron mecanismos para evadir el cerco del silencio a través de redes sociales, alianza de medios y periodistas y otras plataformas de comunicación.

Es así como se logró determinar que 35,6% de las personas consultadas usaron sus redes sociales personales para llevar información de interés público a las audiencias. La divulgación de sus coberturas a través de medios de comunicación no censurados obtuvo 16,7%, y es el segundo ítem de difusión con mayor porcentaje, cifra que puede entenderse ante la realidad de la mayoría de los periodistas en Venezuela, quienes ejercen el oficio en más de un medio o plataforma de información.

La alianza entre medios y periodistas también representó un mecanismo claro de evasión al silencio durante la elección opositora. 6,7% de las y los comunicadores señaló que ese fue su principal canal de difusión en medio de los comicios. Iniciativas y coaliciones digitales destacaron durante la jornada, así como en los días previos, que articularon a medios y reporteros en espacios como Guachimán Electoral, de la Alianza Rebelde Investiga (ARI), compuesta principalmente por los medios digitales El Pitazo, TalCual y Runrunes y acompañada por otras organizaciones de la sociedad civil; Radio Democracia Electoral, de IPYS Venezuela; y otras alianzas de medios nacionales que se asociaron bajo la etiqueta #Primaria2023 para distribuir sus contenidos en las redes sociales.

En las regiones se organizaron iniciativas como “Primaria en La Lupa”, que enlazó a varios medios del interior del país junto a Radio Fe y Alegría, Runrunes y TalCual. Así mismo, el Enlace Radial Informativo de La Nación Radio, que agrupa a decenas de emisoras en la zona andina, llevó a cabo un operativo especial que inicialmente contó con el interés de participación de al menos 20 emisoras de radio de los estados Táchira, Mérida, Trujillo, Barinas, Apure, Bolívar y Delta Amacuro, pero tras la difusión de la comunicación adjudicada extraoficialmente a la Conatel, la mayoría se abstuvo de difundir las informaciones publicadas por La Nación Radio.

Las plataformas como WhatsApp, Telegram y Signal también fueron utilizadas para vencer la censura el 22 de octubre. De acuerdo con la consulta, los y las periodistas resaltaron que difundieron información a través de grupos integrados por familiares, vecinos y amigos (10%), en grupos integrados por periodistas (7,8%) y en otros compuestos por actores políticos vinculados a la elección primaria (1,1%). Destacó que solo dos personas consultadas (2,2%) señalaron difundir información a través de las redes sociales de la emisora para la que trabajan. 

Conclusiones

  • La censura aplicada durante el día de la elección primaria de la oposición, el 22 de octubre de 2023, se ejecutó de forma subrepticia e inconfesable para atenuar el costo político que implica prohibir la difusión de información sobre un hecho noticioso de interés público.
  • Los registros disponibles dan cuenta de que la orden fue impartida a través de mensajes de WhatsApp y sólo en un caso (Apure) estuvo claro que el remitente fue una funcionaria de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).
  • En los casos en que la prohibición fue transmitida a los y las periodistas por sus supervisores o supervisoras mediante llamadas telefónicas, adicionalmente se les advirtió que no debían comentar públicamente la orden de censura.
  • Las autoridades nacionales de la Conatel no negaron que fueran los autores del mensaje ni asumieron responsabilidad alguna por los mensajes transmitidos a los medios de comunicación. Guardaron silencio ante las denuncias de organizaciones gremiales y de defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información que emplazaban directamente al organismo.
  • La intención deliberada de ocultar o encubrir la autoría de un lineamiento atribuido a la Conatel respondería al contexto de los compromisos contraídos por el gobierno venezolano, específicamente a través del Acuerdo de Barbados “sobre la promoción de derechos políticos y garantías electorales para todos”. El costo de violar un compromiso internacional, apenas cinco días después de haberlo adquirido, sería muy alto.
  • Por lo demás, los tratados internacionales sobre derechos humanos, la Constitución y las leyes de Venezuela proscriben la censura previa, de modo que el Estado venezolano no tendría forma de justificar la orden de no dar cobertura periodística a la elección del candidato de la oposición para las elecciones presidenciales de 2024.  
  • Preocupa que la censura y la autocensura se diera incluso antes de que existiera una orden de silenciamiento atribuida a la Conatel, como lo indica el hecho de que más de la mitad de los periodistas consultados respondió que en sus emisoras no se tenía previsto hacer un operativo especial para cubrir la primaria de la oposición. Muestra de esto también es el porcentaje de personas consultadas que reportaron que en las radios donde trabajan no se difundió ninguna información sobre las elecciones internas de la oposición antes del 21 de octubre.
  • Estas decisiones se ejecutaron en un contexto de temor a represalias, pues la radio es uno de los medios de comunicación que más ha sido afectado por mecanismos de censura y silencio administrativo por parte del organismo de las telecomunicaciones.
  • El mensaje atribuido a la Conatel tuvo el efecto de silenciar aquellas radios que inicialmente sí habían estipulado realizar una cobertura especial del 22 de octubre, pues finalmente se censuraron parcial o totalmente. Tomar la decisión de suspender los operativos especiales de cobertura, incluso sin tener la certeza de que el remitente del mensaje era el ente regulador de las telecomunicaciones, también habla del panorama previo de autocensura por temores fundados.
  • Fue evidente el compromiso de los y las periodistas de cumplir con su labor de informar a la ciudadanía durante este proceso electoral, incluso sin el respaldo de un medio de comunicación, o a través de grupos cerrados de mensajería instantánea. También ayudó la articulación en red de los diferentes medios de comunicación digitales y periodistas independientes para recibir, verificar y difundir información oportuna sobre los comicios a través de sus distintas plataformas para llegar a audiencias diversas.

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