Inicio / General / 2016 | Periodismo en estado de excepción | ÍndiceIPYSve de libertades periodísticas

2016 | Periodismo en estado de excepción | ÍndiceIPYSve de libertades periodísticas

  • El ÍndiceIPYSve de Libertades Periodísticas, que por primera vez presenta esta organización, arrojó una valoración global de 66 puntos, que da cuenta de un periodo de libertades intermedias y restricciones frecuentes en la cobertura informativa. La opacidad, la violencia contra periodistas, las medidas de censura, los hechos de intimidación y las presiones contra los medios, conformaron los peldaños en los que se manifestaron las restricciones a la libertad de expresión en Venezuela. Esto se devela a través de los resultados del informe anual que acompaña este índice

Infografía: Alimié Torres Martínez     / Para abrir, presione el botón izquierdo de mouse y elija una ventana nueva

Fueron 365 días para Venezuela en los que no hubo confianza para hablar abiertamente. Los obstáculos para informar con libertad fueron mutando. Se hicieron recurrentes las agresiones, amenazas, presiones, persecuciones, así como nuevas formas de censura.

El abuso del poder estatal, la desinformación y la opacidad marcaron a 2016, un año en el que el ejercicio periodístico independiente estuvo en riesgo, y así lo confirma el Índice IPYS de libertades periodísticas 2016. Una medición que por primera vez llevó a cabo el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela, con la mirada puesta en levantar un retrato con fundamento estadístico, que diera cuenta de las restricciones que tienen las libertades informativas en esta nación.

Construido desde la percepción de los propios periodistas, este índice caracterizó las condiciones del ejercicio del periodismo en Venezuela bajo restricciones frecuentes, con una puntuación de 66, valoración que ubicó al ejercicio periodístico en una situación de libertades limitadas en las que 100 es su condición óptima y 0 la percepción de mayor gravedad. En 2017, no obstante, este paisaje ha variado con el contexto de protestas ciudadanas que comenzaron el 12 de marzo. 

Esta medición se estructuró en función de 28 determinantes para evaluar las libertades informativas, de las cuales ninguna tuvo una valoración óptima, lo que indicó que en 2016 todas las condiciones del ejercicio del periodismo en Venezuela estuvieron comprometidas y fueron infiltradas para restringir este oficio, en mayor o menor medida.

Estos patrones, además, coincidieron con los resultados del Informe anual 2016, sustentado en el sistema de monitoreo de libertad de expresión que mantiene esta organización de manera permanente, a través de su Red Nacional de Corresponsales presente en 79% del territorio nacional

En el informe anual 2016, cuando se analizaron los resultados del Índice IPYSve de libertades periodísticas y se complementaron con los resultados del sistema de monitoreo de libertad de expresión, se evidenció que la opacidad, la violencia, el hostigamiento y las medidas de censura fueron patrones recurrentes que restringieron libertades para el ejercicio periodístico a lo largo de 2016.

Voces a la mínima expresión

Fueron doce meses de marginación de la libre expresión y la información de interés público en un contexto de libertades restringidas, que sorteó los obstáculos del contexto que impuso el Estado de Excepción, decretado por el Gobierno Nacional el 13 de mayo.

En 2016 se repitió la escena en la que las personas vinculadas a los poderes públicos y los grupos al margen de la ley impusieron su fuerza a favor de la censura y la opacidad. Fueron constantes el ocultamiento de información oficial, las medidas de censura previa, los señalamientos discriminatorios, las acciones legales, las detenciones arbitrarias, los ataques a sedes de medios de comunicación e información y las agresiones en el entorno digital.

A pesar de mantener un margen moderado de libertad para ejercer su oficio, la apreciación que tuvieron los periodistas, desde enero a octubre de 2016, indicó obstáculos  por la opacidad, la violencia, la censura y las presiones directas e indirectas contra medios y periodistas.

Algunas variables fueron permeadas de forma aguda y generalizada, como sucedió con el cierre de las fuentes de información pública, las agresiones de calle, la actuación violenta de los cuerpos de seguridad del Estado contra los equipos reporteriles y la hostilidad que impone un contexto de altos índices de inseguridad ciudadana.

Otras condiciones se perforaron con regularidad ante la intención de sembrar temor. Así ocurrió con las presiones que derivaron en la imposición de un lenguaje indirecto para evitar consecuencias posteriores, que respondió a una forma de censura; las restricciones para comprar insumos para la producción informativa; y los exhortos de investigaciones contra periodistas y medios de comunicación, por parte de instancias oficiales.

En esta clasificación destacaron las acciones de hostigamiento por parte de privados de libertad y grupos que hacen vida en el mercado del narcotráfico, en un contexto de criminalidad y violencia

Hubo otros hechos que se hicieron sentir de manera selectiva y con foco en actores específicos, con el fin de amedrentar a grupos de periodistas. En esta clasificación destacaron las acciones de hostigamiento por parte de privados de libertad y grupos que hacen vida en el mercado del narcotráfico, en un contexto de criminalidad y violencia, en el que han actuado grupos fácticos, o al margen de la ley, que se han ido imponiendo como una fuerza de poder.

Las medidas más fuertes que tuvieron foco en grupos específicos -principalmente dueños de medios, editores y periodistas de alto perfil mediático- fueron los procedimientos judiciales por expresión en medios de comunicación o plataformas digitales, así como el cierre forzado de medios de comunicación.

Estas evidencias estadísticas, junto al monitoreo continuo, permitió determinar que en 2016 hubo una finalidad clara de castigar la crítica mediante la imposición del silencio. Ese fue el objetivo de actores estatales y no estatales, con acciones directas e indirectas, que además han alimentado una política de mutismo, predominante en los últimos cuatro años.

Estos hechos y percepciones se dieron bajo un contexto nacional marcado por la impunidad en 98% de casos relacionados con violaciones de derechos humanos, de acuerdo a los datos que ha levantado el Comité de Familiares de Víctimas de los sucesos de febrero y marzo de 1989 (Cofavic). Ante esta situación también fue evidente la nula efectividad de los mecanismos institucionales y judiciales para demandar la restitución plena del derecho a voces críticas y plurales, necesarias para el buen estado de la libertad de prensa y la democracia en el país.

Entre los responsables de estas violaciones predominaron distintos actores del Estado, un patrón recurrente en los últimos siete años. Estos victimarios poderosos, involucrados en denuncias de interés público, han sido causantes de que algunos medios dejaran de cubrir ciertos temas por temor a represalias, dando cabida a hechos de censura interna. Han estimulado la autocensura, ese terreno incierto del silencio en el que se han refugiado los periodistas para inhibirse de ejercer su ejercicio a cabalidad.

Por ello, el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela considera que el Estado venezolano está en deuda de ofrecer mejores condiciones para el ejercicio periodístico en el país y así garantizar un proceso de comunicación libre, plural e independiente, sin ningún tipo de riesgos, amenazas y presiones. Venezuela necesita un marco regulatorio que permita salvaguardar las libertades informativas, evitando su condicionamiento, reduciendo la brecha de impunidad y ofreciendo canales institucionales que protejan la diversidad de voces e ideas en la sociedad, como mecanismo para recuperar la democracia.

En este estudio, donde se conjugan los resultados del Índice con el informe anual 2016, IPYS Venezuela da cuenta de esta realidad compleja, con base en una estructura de categorías ubicadas en los estándares internacionales de libertad de expresión y acceso a la información pública, arraigadas a la Constitución venezolana, y en todas las alertas emitidas por esta organización durante el lapso analizado. Además, se sustentó en evidencias estadísticas -que contaron con rigor estadístico y teórico- para caracterizar las condiciones del ejercicio del periodismo en Venezuela. De ello dan cuenta las siguientes páginas de este reporte, que construye la historia de la libertad de expresión en Venezuela a lo largo del año pasado.

Expresión en incertidumbre

Una sentencia que alentó la censura con la imposición de penas judiciales y administrativas contra el diario regional Correo del Caroní por informar sobre corrupción; la detención del editor de Reporte Confidencial, Braulio Jatar, luego de la cobertura de una protesta contra el Presidente de la República; las limitaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) a los medios durante el proceso de validación de firmas para la solicitud de un referendo revocatorio de mandato al cargo de presidente de la República son tres momentos que evidencian el discurso y práctica del Estado venezolano que criminalizó la labor escrutadora de los medios de comunicación y coaccionó las libertades informativas durante el 2016.

Estos fueron algunos de los hechos que marcaron los meses de enero y diciembre de 2016, cuando IPYS Venezuela registró 331 casos que acumularon 763 violaciones a la libertad de expresión. Las restricciones fueron mayores aunque significaron 60 casos menos de los registrados en el 2015, cuando ocurrieron 391, que comprendieron 576 violaciones. Esto ocurrió en medio del contexto electoral de las parlamentarias, que marcó ese periodo.

El alza en el número de violaciones en 2016 derivó de la presencia en un caso de dos o más restricciones contra los trabajadores de los medios de comunicación. 

No bastó con limitar la cobertura o agredir físicamente a un periodista, sino que se le sometió a múltiples vejámenes: robo o destrucción de equipos, detenciones momentáneas, amenazas y otros actos que evidencian el encono y la hostilidad con la que actuaron los victimarios.

Los hechos comprendieron 380 agresiones físicas contra periodistas y ataques a medios de comunicación, 194 casos de uso abusivo del poder estatal en materia de comunicaciones, 143 limitaciones de acceso a la información pública, 18 casos de censura previa, 14 agresiones con el uso de normas vigentes, 8 casos de censura interna en los medios de comunicación, 4 de censura indirecta por actores no estatales y 2 casos vinculados a normas que dificultan la expresión. Así lo reflejó el sistema de monitoreo y alertas de IPYS Venezuela.

 

Sin tregua

Los índices más altos de violaciones a la libertad de expresión se registraron en el primer semestre de 2016, pues 63% de los casos ocurrieron de enero a junio, lapso en el que se contabilizaron 209 casos. Entre enero y marzo, la cifra se mantuvo entre los 33 y 34 casos, coincidiendo este periodo con la instalación de los nuevos representantes legislativos y la apertura de una nueva Asamblea Nacional (AN), luego de las elecciones parlamentarias celebradas el 6 de diciembre de 2015.

Pero los mayores conflictos ocurrieron en mayo (44) y junio (41), cuando se dio cobertura a las movilizaciones de calle para presionar a las autoridades del poder electoral a que cumplieran con celeridad los lapsos para un Referendo Revocatorio Presidencial, cuyo proceso fue interrumpido por decisión de los poderes judicial y electoral. Mientras tanto, el otro 37% de casos contabilizados en 2016 ocurrieron el segundo semestre del año, y acumularon 122 alertas.

 

 

Práctica estatal

Al menos 75% del total de casos registrados, es decir 247 incidentes, fueron responsabilidad de los poderes públicos. El principal victimario fue el poder ejecutivo, por lo que las autoridades de gobierno, en distintos niveles, cometieron 222 casos de violaciones a la libertad de expresión, 35 más de los registrados en 2015, año en el que sumó 187 casos. Entre tanto, el poder legislativo le siguió con 12, el poder judicial con 10 y el poder electoral con 3.

El año 2016, al igual que el periodo anterior, estuvo marcado por un carácter restrictivo que dificultó las labores de investigación y denuncia de periodistas y trabajadores de medios.

 

Reporteros expuestos

Los más afectados fueron los reporteros. Contra ellos, IPYS Venezuela registró 213 casos, que corresponden a 61% de los incidentes de todo el año. En segundo lugar, se ubicaron los reporteros gráficos, que alcanzaron 66 alertas y, en tercera instancia, aparecieron los corresponsales extranjeros con 23.

IPYS Venezuela registró 213 casos contra reporteros, que corresponden a 61% de los incidentes de todo el año. En segundo lugar, se ubicaron los reporteros gráficos, que alcanzaron 66 alertas

Se contabilizaron restricciones, señalamientos y amenazas también contra locutores (11), directivos de medios (10), editores (10), productores (9), camarógrafos (8), ciudadanos (4), choferes de transporte de medios (3), articulistas (2), representantes del gremio (2), activistas de DDHH (2), escritores (1) y conductores de televisión (1).

 

En este lapso resultaron afectadas 380 personas. Los hombres fueron los más vulnerables, pues 240 de ellos, que significó 65%, fueron afectados por el ejercicio de sus libertades informativas y de opinión en diversos contextos, mientras que las mujeres recibieron 3 de cada 10 de los ataques, y llegaron sumar 35% del total de las víctimas.

Las empresas comunicacionales, además, estuvieron bajo la lupa. Por lo menos 215 empresas de medios, instituciones de gestión de comunicaciones y telecomunicaciones fueron amenazadas y atacadas. Los medios privados acumularon la mayor cantidad de violaciones y sumaron 385 incidentes, lo que corresponde al 76% del total de hechos. Entretanto, los medios independientes sufrieron 60 violaciones, los extranjeros fueron afectados en 38 oportunidades, y contra medios estatales se registraron 11 casos de violaciones a la libertad de expresión. Se dirigieron seis acciones contra el gremio periodístico, cuatro contra la prensa extranjera, tres contra las instituciones gubernamentales de comunicación, y dos hechos afectaron a medios comunitarios.

Los independientes en la mira

Se mantuvo la tendencia histórica que ha registrado IPYS Venezuela en la que los medios impresos sufren los ataques más frecuentes, por acciones directas bien sea contra ellos o contra sus trabajadores. Este sector fue restringido en 229 veces. Llamó la atención el incremento de acciones en contra de medios digitales, los cuales sumaron 124 incidentes.

IPYS Venezuela interpreta que esto se debe a los cambios que se han producido en el ecosistema de medios venezolanos, que ante las presiones ha generado movimientos de compra-venta y cambios en las líneas editoriales, y en consecuencia la merma de espacios plurales y diversos para el debate público. Esto ha dado paso a nuevos emprendimientos informativas a través de nuevas plataformas, en las que se ejerce un periodismo con mayor libertad que en los medios tradicionales, y a menor costo.

En este marco se contabilizaron 63 hechos contra televisoras y 59 contra radioemisoras. Otros sectores que acumularon ataques a la libre expresión fueron las  organizaciones políticas (14), las organizaciones no gubernamentales (4), la dependencia nacional y las regionales del Colegio Nacional de Periodistas y las agencias de noticias, y un caso que involucró a una organización internacional.

 

El peso del Estado

El gobierno hizo sentir su poder restrictivo para condicionar las libertades informativas a través de sus carteras ejecutivas y las fuerzas de seguridad del Estado, patrón que se ha sostenido en los últimos cuatro años. A los cuerpos policiales, militares y de inteligencia se le atribuyeron 108 casos, mientras que a los ministerios y sus dependencias, un total de 75. En el ranking de victimarios siguieron gobernaciones y dependencias con 16, legislativo nacional con 10, tribunales con 10 y Presidencia de la República y funcionarios de seguridad de instituciones públicas con 8 cada uno.

Otras restricciones provinieron de simpatizantes oficialistas que en 69 oportunidades obstaculizaron las libertades informativas de periodistas, medios de comunicación y ciudadanos. Los victimarios estatales, en 2016 acumularon 247 responsabilidades, que significaron 68% de los incidentes registrados por IPYS Venezuela.

Al menos 32% -que representó 35 casos- fue proveniente de victimarios desconocidos. Preocupó que esta tendencia que ha sido sostenida desde el año 2015, abre las compuertas para que continúen acciones que restringen la libertad de expresión desde instancias que se amparan en la clandestinidad, con la finalidad de obstaculizar la labor informativa de reporteros y medios de información, al vincularse con actos de agresión física, intimidaciones, amenazas de agresión, robos y hurtos de equipos, hackeos, ataques contra sedes de medios y ciberagresiones.

Preocupó que esta tendencia que ha sido sostenida desde el año 2015, abre las compuertas para que continúen acciones que restringen la libertad de expresión desde instancias que se amparan en la clandestinidad

Los hechos de delincuencia también han tomado fuerza en el país y permearon hacia el periodismo a lo largo de 2016, al restringir en 21 oportunidades la libre expresión tras los robos en sedes de medios, de equipos durante la cobertura de calle, la transmisión de programas radiales en vivo y en salas de prensa. Personas identificadas como delincuentes, encapuchados, motorizados y civiles armados participaron en la mayoría de los robos contra los medios, que incluyeron además agresiones y amenazas a los periodistas durante el asalto.

Ese fue el rostro visible, pero no el único. Por lo menos, 22% de los 252 periodistas consultados por IPYS Venezuela para el Estudio 2016 de Censura y Autocensura indicaron que optaron por la discreción a la hora de cubrir actos violentos y de seguridad ciudadana. Esta postura  contrastó con la consideración de Caracas y otras tres ciudades del país como las más peligrosas del mundo, de acuerdo a un listado de la ONG mexicana Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, y con la cifra oficial de 21 mil 572 homicidios ocurridos en el país durante 2016. Esto significó 12 puntos más que en 2015, según declaraciones de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz.

Los directivos de medios también fueron responsables en 13 oportunidades, tras tomar decisiones que derivaron en hechos de censura interna, ante la suspensión de programas radiales críticos, el veto a columnistas y la prohibición de difundir noticias que vinculan a autoridades públicas con hechos de corrupción o narcotráfico, por el temor a represalias oficiales.

Este patrón también se corresponde con los hallazgos del estudio de Censura de 2016, pues los periodistas percibieron  una tendencia sostenida de diversas  “manifestaciones de la censura interna, con la intención de evadir la cobertura de denuncias que involucraran al poder estatal”, de acuerdo a 48% de 252 consultados.

Territorio sin garantías

Las fuentes mayormente afectadas fueron las de política (67), protestas (54), sucesos (38), comunidad (37), parlamentaria (31), investigación (12) y economía (8). Temas en los cuales se han concentrado los conflictos de la agenda pública en Venezuela en los últimos cuatro años.

 

Este comportamiento fue común en 23 de los 24 estados del país, una tendencia similar al del 2015. Pero 2016 tuvo la particularidad de que la mayoría de los casos, es decir 56%, ocurrieron en el marco del decreto del Estado de Excepción y Emergencia Económica que empezó a regir, por orden presidencial, en mayo de 2016, y se ha mantenido vigente hasta mayo de 2017, a pesar de la desaprobación del poder ejecutivo.

Entre las entidades de mayor registro destacó el Área Metropolitana de Caracas, que a pesar de disminuir el número de casos para el 2016, siguió como la entidad con mayor cantidad de violaciones a la libertad de expresión, con 58 casos. Le siguió el estado Aragua con 22, Bolívar y Táchira con 20 cada uno. Luego estuvo Apure con 19, Sucre con 18, Monagas con 16 y Mérida con 15. Al menos 57% del total de denuncias contabilizadas en todo el territorio nacional ocurrieron en estas ocho entidades, cuyos gobiernos en su mayoría son de tendencia oficialista.

De enero a diciembre de 2016, también se reportaron incidentes en: Lara (12), Miranda (11), Zulia (9), Carabobo (8), Trujillo (8), Portuguesa (8), Vargas (7), Falcón (7), Barinas (5), Anzoátegui (5), Cojedes (4), Delta Amacuro (4), Amazonas (3), Guárico (3) y Nueva Esparta (2).

En el entorno digital ocurrieron 32 casos vinculados a ciberagresiones con fines intimidatorios (15), suplantación de identidad (2), hackeos (6), suspensión de cuenta en la red social Twitter (2) y campañas de agravio promovidas en redes sociales por parte de pro oficialistas (4).

Tres de las 32 alertas reportaron ataques por denegación de servicio (DDoS) contra los portales Aporrea.org y Poderopedia. Las plataformas vieron comprometidos sus contenidos en línea

Durante 2016 no se reportó en el sistema de alertas bloqueos de DNS contra portales web. Sin embargo, el estudio Navegar con Libertad determinó que en el país se realizan este tipo de prácticas y hasta la fecha más de 42 dominios web están censurados.  

A lo largo de este año, 15 casos afectaron a todo el territorio nacional. De ellos, 8 se vincularon a decisiones del poder ejecutivo, 3 al poder legislativo y 3 al poder judicial, y  estuvieron dirigidas a debilitar las condiciones para el ejercicio del periodismo en Venezuela, mediante declaraciones agraviantes de autoridades públicas que promovieron la autocensura, la regulación arbitraria de contenidos por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), las amenazas de acciones legales, las acciones legales ejercidas contra medios, las campañas de agravio y las medidas de censura previa.

Un índice de restricciones

La opacidad, la violencia contra periodistas, las medidas de censura, los hechos de intimidación y las presiones contra los medios conformaron los peldaños en los que se manifestaron las restricciones en el Índice IPYS 2016 sobre las libertades periodísticas, construido por IPYS Venezuela para este informe anual. La valoración global de este índice se ubicó en 66 puntos, que caracterizó el panorama del país como de libertades intermedias para la cobertura informativa. Al desagregar las categorías se evidenciaron diversos matices, algunos con mayor gravedad y otros más puntuales y específicos.

Información bajo llave

El acceso a la información registró los signos vitales más inestables de la libertad de expresión a lo largo de 2016, al ubicarse en una restricción aguda, que acumuló 43 puntos en la escala de una medición que va de 100 para unas condiciones óptimas, a 0 para limitaciones absolutas.

Para la construcción del índice, los periodistas ponderaron, como los hechos de mayor preocupación, el cierre o restricciones de las fuentes de información pública en entes estatales y no estatales, así como las negativas constantes de funcionarios públicos y autoridades del sector privado a ofrecer declaraciones sobre asuntos de interés público. Aunque con menores dificultades, también, refirieron las frecuentes limitaciones para acceder y consultar contenidos en internet

red-defensa-redh@googlegroups.comEsta percepción de los periodistas para construir este indicador se valida al revisar los datos del sistema de monitoreo de IPYS Venezuela, que demostró que el año 2016 cerró con 143 violaciones de acceso a la información pública. Según los registros de esta organización, este fue el año de mayores limitaciones de hecho a la cobertura de asuntos de interés público, si se compara con los años 2014 y 2015,  cuando se contabilizaron 89 y 84, respectivamente.

Estos datos demuestran que la desinformación y la opacidad se impusieron con la finalidad de debilitar no solo condiciones del ejercicio periodístico sino el derecho que tienen los ciudadanos de saber y tomar decisiones informadas sobre sus asuntos cotidianos.

IPYS Venezuela registró 29 limitaciones arbitrarias de acceso al lugar, en su mayoría a medios privados (15), extranjeros (9) e independientes (2) por parte de actores estatales que integran el poder ejecutivo y electoral.

Los responsables de estas acciones fueron los cuerpos de seguridad del Estado (17), el personal de seguridad de instituciones públicas (4), los funcionarios de Inmigración del aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía (3), la Presidencia de la República (2), el Consejo Nacional Electoral (2), y los ministerios y dependencias (1).

Por el mutismo, la fuente de información más afectada fue la parlamentaria (11), seguida de la fuente política (7), mientras que las entidades con mayores restricciones al acceso a la información fueron el Área Metropolitana de Caracas (7), y los estados Monagas (2) y Aragua (2).

Entre las acciones que imposibilitaron a periodistas, reporteros gráficos y corresponsales extranjeros la recopilación de material periodístico, destacaron los impedimentos en el acceso a la Asamblea Nacional a reporteros acreditados para la cobertura del acto de Memoria y Cuenta del presidente Nicolás Maduro; los desalojos a reporteros en centros de salud al recibir denuncias de familiares hospitalizados; los ataques a equipos reporteriles durante coberturas electorales; los impedimentos en el acceso de periodistas a juicio por desfalco a la gobernación del estado Cojedes, la construcción de una cerca de metal en la morgue de Bello Monte para limitar el ingreso de los periodistas

También hubo impedimentos en el acceso a reporteros acreditados para cubrir una rueda de prensa en el Banco Central de Venezuela (BCV) acerca de la ampliación del nuevo cono monetario, y las retenciones y prohibición de entrada al país a periodistas extranjeros en el aeropuerto internacional Simón Bolívar, en Maiquetía, estado Vargas.  

En 2016 se registraron 3 alertas por las limitaciones arbitrarias al derecho de preguntar de los periodistas, tras el hecho de que altos funcionarios del poder ejecutivo negaran información en materia de salud a los trabajadores de medios.

Lo mismo ocurrió el 9 de agosto, cuando altos funcionarios del poder electoral, prohibieron a los periodistas el acceso a la sala donde Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) ofreció declaraciones con relación a los plazos establecidos para iniciar la recolección de 20% de las firmas necesarias para la activación del referendo revocatorio. Las declaraciones fueron vistas desde una pantalla ubicada en una sala de la planta baja del Edificio Sede. Esto se repitió en 20 de octubre, cuando el CNE -respaldado por la acción del TSJ- anuló la vía del revocatorio y lo hizo a través de una nota de prensa, sin darle la oportunidad a los periodistas de preguntar y tener diversas versiones sobre este hecho.

Otra de las limitantes que, según el registro de IPYS Venezuela afectó las garantías periodísticas, fue la inseguridad evidente a la que se encuentran expuestos los periodistas y demás trabajadores de medios en la cobertura de calle. Esta circunstancia afectó  a 54 medios privados, 15 independientes, 10 extranjeros, 4 estatales, y a otras dos instituciones de comunicación y gremiales.

Al menos 48 de estas restricciones de acceso a la información se dieron por la hostilidad de los cuerpos de seguridad del Estado, durante la cobertura de hechos noticiosos relacionados con las fuentes de protesta, salud, comunidad y política.

Otros 38 casos fueron por hostilidad de grupos sociales, representados en su mayoría por simpatizantes oficialistas (12), desconocidos (11), motorizados (1), encapuchados (1), simpatizantes opositores (1), seguridad privada (1) y familiares de enjuiciados (1), los cuales limitaron la cobertura informativa en las inmediaciones de la Asamblea Nacional, en ruedas de prensa de partidos políticos, en visitas de personalidades de sectores políticos de oposición, en establecimientos comerciales ante largas filas de personas para adquirir alimentos, en protestas en rechazo a la crisis del sector salud y en concentraciones y marchas organizadas por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) para exigir celeridad en el proceso de referendo revocatorio.

La hostilidad de grupos criminales también obstaculizó la labor periodística en cinco oportunidades durante el 2016, cuando el hampa, grupos de civiles armados y motorizados limitaron la cobertura en las fuentes de protesta y comunidad en el Área Metropolitana de Caracas, y en los estados Miranda, Falcón y Mérida

Seis limitaciones de acceso a los funcionarios públicos no pasaron desapercibidas en los doce meses de 2016, cuando altos representantes del Estado no dieron información a los periodistas sobre asuntos que fueron de interés público, y que fueron documentadas por IPYS Venezuela.

El ocultamiento de información oficial una vez más se hizo presente. Entre los casos de restricciones al acceso a la información de interés público destacó el silencio de Cilia Flores, primera dama de la República y diputada del PSUV, ante las informaciones divulgadas sobre sus sobrinos Efraín Campo Flores y Francisco Flores De Freitas, detenidos en Nueva York por presunto delito de narcotráfico.

Lo mismo ocurrió con la no comparecencia de los ministros del área económica a una sesión ordinaria en la Asamblea Nacional para tratar el decreto de emergencia económica propuesto por el presidente Nicolás Maduro, y la falta de información por parte de las autoridades regionales del estado Aragua sobre los incendios que afectaron, por más de 20 días, el Parque Nacional Henri Pittier.

El arma de la violencia

Las agresiones estuvieron entre los principales riesgos que enfrentaron los periodistas. De enero a diciembre de 2016 se registró un total de 380 violaciones, que comprendieron 277 de agresiones físicas y 103 de ataques y medidas contra medios de comunicación e información, de acuerdo al sistema de monitoreo de IPYS Venezuela.

No fue fortuito que esta fuese la segunda categoría de mayor preocupación en el Índice de las condiciones del ejercicio periodístico, pues los consultados refirieron que su seguridad, libertad e integridad durante el cumplimiento de sus labores informativas, estuvieron bajo restricciones agudas, y le asignaron una ponderación a este eslabón de 53 puntos.

Esta consideración se basó en el temor de los periodistas a las agresiones de calle,  la violencia contra los equipos reporteriles que predominó durante las protestas, las condiciones de inseguridad ciudadana que se vivieron en el país, la actuación irregular de los cuerpos policiales y militares para obstruir la cobertura informativa, así como las amenazas y acciones de intimidación.

Las alertas de 2016 también demostraron que de los ataques a la integridad del periodista, llamó la atención el incremento en el número de casos de intimidación, el cual se elevó a 152 en 2016

Entre los victimarios destacaron los cuerpos de seguridad del Estado y los simpatizantes oficialistas, quienes limitaron la labor de los equipos reporteriles en 18 estados del país. Estos hechos, en los que también hubo una participación de victimarios no estatales, afectaron la cobertura en las fuentes de política, protesta, sucesos, parlamentaria y comunidad.

El oficio del periodismo, además, estuvo bajo riesgo. En 2016 se contabilizaron 51 agresiones, 15 hechos de persecución y vigilancia policial y 12 amenazas de agresiones física (12). Estos hechos se hicieron acompañar, en la mayoría de las oportunidades, por intimidaciones, ataques contra las herramientas de trabajo por los cuerpos de seguridad estatal (39) y robo de equipos a manos del hampa y por desconocidos (37).

En 2016 también se registraron ataques a la vida, tras la denuncia de un intento de asesinato al periodista Jamel Louka por desconocidos en Guárico, se presume que el ataque fue por la cobertura de un suceso dos días antes; y el secuestro de la periodista Gabriela Aguilar, corresponsal de El Pitazo, presuntamente por vecinos del sector San Vicente de Maracay, en Aragua, cuando cubría información sobre la violencia delictiva en la zona.

Silencio impuesto

Las órdenes de censura previa para 2016 se triplicaron. En 2015 se contabilizaron seis, mientras que en 2016 fueron 18 las registradas. De estas órdenes dirigidas por el Estado venezolano, 14 se vincularon al poder ejecutivo y cuatro al poder judicial, con la intención de afectar la cobertura de los reporteros en las fuentes de política, salud, comunidad y sucesos, principalmente.

De ahí el hecho que los periodistas hayan tenido la percepción de que la censura sufrió restricciones frecuentes, con una ponderación de 73, en una escala de 100 (libertad plena) hasta 1 (restricción absoluta), en el Índice de las libertades periodísticas.  

Según estos datos, la censura se ubicó como la tercera preocupación de los periodistas, que en la medición hicieron mayores énfasis en las restricciones de acceso a la información pública y el contexto violento que afectó directamente el ejercicio informativo

Este análisis se corresponde, además, con los hallazgos del Estudio 2016 de censura y autocensura, que determinaron que “el patrón de ocultamiento de información hizo que la percepción cuantitativa para los periodistas en torno a las órdenes directas de censura fuese menor que en años anteriores. Estos indicadores no se tradujeron en mejoras para las libertades informativas, más bien -en una reducida proporción- avanzó una impresión de una articulación entre los poderes públicos, que se comportaron como censores para imponer el silencio sobre asuntos de interés nacional”.

De acuerdo al sistema de monitoreo de IPYS Venezuela, las violaciones por censura guardaron una relación directa con las decisiones de los poderes públicos y dirigentes del Psuv, que ordenaron prohibir a los medios cubrir los conflictos internos del partido oficial, así como la orden del Ministerio de Salud de sancionar las declaraciones de los médicos del municipio Caroní, estado Bolívar, acerca de las personas afectadas y fallecidas por un nuevo brote de difteria en la entidad.

Las violaciones por censura involucraron la actuación de los ministerios y sus dependencias (4), de los cuerpos de seguridad del estado (3), de las gobernaciones y sus dependencias (2), de los simpatizantes oficialistas (2) y de los funcionarios de inmigración del aeropuerto de Maiquetía (3), en nueve estados del país: Bolívar, Delta Amacuro, Sucre, Apure, Táchira, Área Metropolitana de Caracas, Aragua, Monagas y Vargas.

Pero los hechos más graves vinieron con aval judicial. Los tribunales actuaron en cuatro oportunidades a favor de la censura y el mutismo. El año 2016 cerró con una medida de censura previa contra los medios de comunicación social, que prohíbe la difusión de información relacionada con el juicio político contra el Presidente Nicolás Maduro, y declaraciones de diputados y voceros políticos que convoquen a movilizaciones hacia las sedes de los Poderes Públicos.

Se dio también la prohibición a medios digitales de difundir videos de linchamientos por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), tras una medida cautelar que se extendió a todos los medios de comunicación e información en el país; y la acción de censura previa contra los medios impresos del estado Barinas con la finalidad de silenciar las denuncias de corrupción que relacionaran al gobernador Adán Chávez, hermano del ex Presidente Hugo Chávez.

Un hecho sin precedentes fue una sentencia, por delitos de difamación agravada, en contra el impreso Correo del Caroní y su director, David Natera, que derivó en una condena de cuatro años de prisión y en una orden de censura para la cobertura en materia de corrupción. Los juicios penales por delitos de difamación son contrarios a los estándares internacionales.

Estos patrones de censura fueron referidos en el índice por los periodistas consultados. Su percepción coincidió con que estas violaciones configuraron restricciones frecuentes que se manifestaron a través de órdenes expresas que prohibían buscar, recibir o difundir información sobre asuntos de interés público, alentaban la utilización de un lenguaje indirecto que no reflejara fidedignamente la realidad, y se avanzaban en las omisiones de noticias de interés público, como estrategia de desinformación.

Sobre la censura, el índice también recogió tendencias que se practicaron dentro de los medios de comunicación a lo largo de 2016. Los periodistas dijeron que fueron recurrentes las instrucciones expresas por parte del medio de comunicación, que significaron inhibiciones en la cobertura de asuntos públicos y las presiones de los accionistas de los medios de comunicación que condicionaron el ejercicio del periodismo.

Los datos de las alertas de IPYS Venezuela dieron cuenta de estos patrones. En 2016 se registraron ocho casos de censura interna dentro de los medios de comunicación, de los cuales siete fueron por temor a represalias oficiales y uno por presión de directivos y accionistas de medios.

Estas acciones que vulneraron la libertad de expresión fueron ejercidas en su mayoría por los directivos de medios de comunicación privados, quienes prohibieron a los periodistas abordar temas vinculados a las fuentes de política, protesta y comunidad, que involucran a las autoridades regionales de los estados Mérida, Apure, Sucre y Aragua.

Estos hechos también tuvieron un efecto inhibidor directo entre los periodistas, pues en el índice reflejaron como frecuente su temor a despidos arbitrarios o renuncias forzadas por razones informativas.

Las medidas hostigamiento también se hicieron sentir, pero fueron aplicadas de manera excepcional con la intención de restringir a grupos visibles e infundir un temor colectivo. Así los periodistas coincidieron en que las acciones de intimidación y discriminación fueron selectivas, con una ponderación de 81 en el Índice de Libertades Periodísticas (ILP) en Venezuela.

El papel perdido

De acuerdo a la percepción de los periodistas, las limitaciones más agudas se concentraron en las restricciones administrativas y de control de cambio para la importación y compra de insumos para la producción informativa. Una situación de alerta a la que se atribuye un índice de 53 puntos, de una escala de 100. Este escollo burocrático derivado del control y el monopolio gubernamental del papel periódico desde el año 2013 a través del Complejo Editorial Alfredo Maneiro (CEAM) comprometió en 2016, de acuerdo a los casos monitoreados por IPYS Venezuela, la normal circulación de los diarios regionales El Periódico de Occidente, en el estado Portuguesa; Diario El Clarín, en Aragua; y el Diario de Guayana, en Bolívar. Otros impresos (diario de Los Andes, en Táchira, y Diario Provincia, en Sucre) cambiaron su periodicidad de diario a semanario.

Un caso emblemático fue la suspensión de la edición impresa del diario regional El Carabobeño, con 82 años de trayectoria en el mercado, por esta misma situación. La crisis de papel de El Carabobeño comenzó en 2013 y la empresa, desde ese año, denunciaba fallas en el inventario de papel, por lo que se vieron en la necesidad de suprimir varios de sus productos editoriales alternativos hasta su cierre técnico en marzo de 2016. Ahora operan vía web

Para 2016 se reportaron 42 denuncias de impresos que presentaron problemas para adquirir papel periódico, junto a otros insumos para la impresión, lo cual muestra un aumento al compararlas con los años 2014 y 2015, cuando se registraron 34 y 35 denuncias, respectivamente.

Monagas, Zulia, Bolívar, Portuguesa, Sucre, Táchira, Miranda, Carabobo, Falcón, Lara y Aragua fueron las entidades más afectadas por la reducción de paginación, las suspensiones de ediciones aniversarias, la paralización de las rotativas durante las temporadas de asueto y los cambios de formato para ahorrar papel. En el año, 12 medios impresos con sede en Caracas y en los estados Monagas y Zulia no circularon durante la temporada decembrina con el fin de ahorrar las reservas de papel periódico y poder mantenerse en las calles. El país  también se quedó sin medios impresos durante la temporada de carnaval y Semana Santa.

Dos casos se sumaron a las suspensiones definitivas y los cierres técnicos: dejó de circular la revista Etcétera, encarte dominical de La Prensa de Monagas, y el medio regional El Carabobeño. En el caso de Pitoquito y Facetas, encartes dominicales de Panorama, dejaron de circular el 13 de febrero, para publicar solo en sus versiones web. Estampas Zuliana, editada por el diario La Verdad, no circula desde el 14 de febrero. Los encartes Weekend, Vívela y Versión Deportiva, del impreso regional Versión Final, están paralizados. El suplemento Flash, de La Nación, seguirá publicando, pero a través del sitio web.

Entre 2013 y 2016, según el registro de esta organización, al menos 48 medios impresos han denunciado fallas en el suministro de papel prensa y otros insumos para la producción, derivado al establecimiento de un monopolio estatal para la importación en este rubro. Son seis los impresos que en este período dejaron de circular de manera definitiva. Otros 16 los hicieron de manera temporal o pasaron al formato digital como El Carabobeño y Correo del Caroní. Preocupó la falta de voluntad política para solventar la problemática que afecta a los impresos en Venezuela, tras las negativas en la entrega de divisas para la importación y la venta de papel periódico.

Apretar para callar

Entre otras restricciones selectivas los periodistas señalaron, en el índice, las  acciones que los conminaron  a revelar sus fuentes de información, hechos de hostigamiento de grupos de personas privadas de libertad, de parte de grupos partidistas, sindicales, gremiales y sociales, así como también de personas vinculadas al narcotráfico. También, indicaron con bajas frecuencias un patrón de intervención ilegal de las comunicaciones personales, correos y redes sociales, así como el inicio de procedimientos judiciales por expresión en medios de comunicación o plataformas digitales, y los cierre forzados de medios de comunicación y programas de opinión. Estas no fueron medidas masivas o generales sino más bien porque fueron puntuales y específicas, y tuvieron un efecto de inhibición entre los afectados y su entorno.

A través de su base de datos de violaciones a la libertad de expresión, IPYS Venezuela documentó 37 robos a medios, 36 agresiones en el entorno digital, 14 cierres de medios, suspensiones e incautaciones de equipos de transmisión, 13 ataques a sedes de medios e instituciones de comunicación, tres confiscaciones de equipos periodísticos.

La suspensión de programas radiales por directivos de medios ante posibles represalias oficiales, y por orden de líderes comunitarios, fue otra de las prácticas que afectó la difusión de denuncias. Dos programas radiales críticos al gobierno y transmitidos por emisoras privadas fueron sacados del aire entre los meses de enero y marzo. El primero en salir del aire fue “La Bicha y La Cuaima”, transmitido por RCR 750AM, en el Área Metropolitana de Caracas; el segundo fue “La hora del joropo”, transmitido por Radio Mantecal 90.7 FM, emisora en el estado Apure. Al periodista Carlos Suárez también le fue suspendido su programa de radio transmitido por la estación Caney Estéreo 97.1 FM, emisora comunitaria en el Táchira, por hablar de aspectos de la realidad nacional, como las colas por productos básicos, un caso que constituye un hecho de censura indirecta por parte de actores no estatales.

La espada de la ley

En este contexto, IPYS Venezuela documentó 14 alertas vinculadas a la agresión con el uso de normas vigentes. De ellas, ocho  fueron amenazas de acciones legales, cinco acciones legales y una amenaza de acción administrativa contra medios de información por la cobertura de conflictos, por parte de William Castillo, quien para el momento cumplía funciones como presidente de Conatel y luego asumió el viceministerio de comunicación de la Cancillería de la República.

Destacó el anuncio de Andrés Eloy Méndez, al asumir la dirección de CONATEL, de impulsar una revisión para regular los contenidos de internet, especialmente en redes sociales.

En cuanto a los procedimientos judiciales, constituyeron un patrón las acciones emprendidas por altos funcionarios del Estado y militantes del partido oficial.

Uno de ellos fue el diputado Diosdado Cabello, quien ejerció el 5 de mayo de 2016 una demanda por difamación contra el diario estadounidense The Wall Street Journal (WSJ), luego de que fuese señalado como sospechoso en una investigación por narcotráfico y lavado de dinero, junto con otros altos funcionarios del Estado venezolano, en una publicación del 18 de mayo de 2015

El año 2016 cerró con una acción judicial contra los miembros del Consejo Editorial del diario El Nuevo País, a quienes se les dictó una medida que les prohíbe salir del país, por una demanda interpuesta por Eulogio del Pino, presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA) y en ese entonces ministro de petróleo y minería.

En su registro histórico, entre 2002 y 2016, IPYS Venezuela contabilizó 71 acciones legales contra periodistas y medios de comunicación en el país. De este número, 29 se deben a delitos por difamación e injuria establecidos en el Código Penal Venezolano, cuyas sanciones incluyen prisión de uno a cuatro años, así como el pago de una multa entre 100 y dos mil unidades tributarias, tal como ocurrió en el caso del directivo de Correo del Caroní, David Natera Febres, quien fue sancionado -mediante sentencia firme, ratificada por el TSJ- con cuatro años de cárcel y el pago de 1137 Unidades Tributarias. Natera Febres actualmente cumple una sanción alterna a la prisión que consiste en la presentación ante tribunales cada 30 días y tiene una prohibición de salida del país. Además el Poder Judicial ratificó la orden de censura a la cobertura de temas de corrupción en las Empresas Básicas.

Persecución en internet

Durante el 2016, IPYS Venezuela contó 38 casos de restricciones a la libre expresión en internet. De ellos, 36 fueron ciberagresiones en redes sociales. De estos ataques, 21 correspondieron a agresiones verbales con fines intimidatorios, cuatro fueron suplantaciones de identidad en las redes sociales y otros cuatro se debieron a hackeos en cuentas de redes sociales; también se contabilizaron tres ataques informáticos, dos suspensiones de cuentas en Twitter, un hackeo a un portal web gubernamental y un hecho de intimidación por parte de un medio web oficial.

Los más afectados fueron los reporteros en 13 oportunidades, seguidos de las empresas mediáticas (9), locutores (3), editores (2), representantes del gremio periodístico (2), entre otros.

Doce de estos casos se le atribuyeron a simpatizantes oficialistas, otros 11 fueron cometidos por personas desconocidas. En varias oportunidades hubo una participación directa de autoridades de gobierno, a nivel nacional y regional, entre ellos el gobernador del Táchira, José Gregorio Vielma Mora; el actual vicepresidente de la República, Tareck El Aissami; el directivo del medio Telearagua, Esteban Trapiello.

El panorama sobre el alcance de la censura y otras formas de restricciones a la libertad de expresión en Internet fue calificado en el índice con 70 puntos. Es decir, una situación con amplio margen de libertad, pero con restricciones frecuentes para el acceso y la consulta de contenidos en Internet

A pesar de los obstáculos, esta fue la subcategoría de acceso a la información mejor valorada. No obstante esta percepción, IPYS Venezuela ha alertado, mediante una investigación técnica, sobre la existencia de prácticas selectivas y discriminadas de bloqueos a portales y contenidos en la red; así como una vulnerabilidad en la estabilidad y velocidad de navegación que compromete el derecho humano a Internet y a la libertad de expresión e información en la web.

Abusos de poder  

En 2016, esta organización registró 194 alertas sobre uso abusivo del poder estatal que vulneraron los derechos a la libre expresión y a estar informados, garantías ciudadanas consagradas en la constitución nacional. La cifra comprendió 69 limitaciones relacionadas con la compra de papel periódico y otros insumos para la impresión, 38 casos que involucran la acción directa de cuerpos de seguridad del Estado, 25 declaraciones agraviantes, 25 detenciones arbitrarias, nueve campañas de agravio y cinco casos de uso sistemático de medios estatales para agraviar a periodistas y activistas de derechos humanos.

La regulación de contenidos en radio y televisión por parte de Conatel, tras prohibir a operadoras de televisión por suscripción la difusión de narconovelas; los despidos arbitrarios en dependencias estatales ante la negativa del periodista de firmar la solicitud de la no promulgación de la Ley de Amnistía; y el uso abusivo de la cadena de radio y televisión con evidente intencionalidad de censura, bajo la excusa de que medios internacionales forman parte de “una campaña para preparar condiciones para una agresión masiva contra la patria”, son hechos que también describieron el 2016.

Detención como castigo  

Veinticinco detenciones arbitrarias fueron contabilizadas en el registro de IPYS Venezuela durante los doce meses de 2016. En ellas se evidenció una participación directa de los cuerpos policiales, militares y de inteligencia, quienes acompañaron estas acciones con agresiones verbales para intimidar, ataques a las herramientas de trabajo y confiscaciones de equipos.

Las detenciones ocurrieron, fundamentalmente, a las afueras de supermercados, donde eran la filas de personas para adquirir alimentos y productos de primera necesidad se convirtieron en un tema de primeras planas; en las inmediaciones del aeropuerto internacional de Maiquetía, en medicaturas y hospitales, en manifestaciones de calle y en recorridos informativos de rutina. Asimismo, se registraron durante la cobertura carcelaria, de procedimientos policiales, y de sucesos.

Uno de los casos más emblemáticos fue la detención del periodista y abogado Braulio Jatar, director del portal web Reporte Confidencial, en la noche del 3 de septiembre, por agentes del SEBIN. Según presume su familia, el hecho ocurrió luego de que Jatar publicara información acerca de la protesta que ocurrió la noche del 2 de septiembre en el sector Villa Rosal, en la Isla de Margarita, en rechazo a la visita del Presidente de la República, Nicolás Maduro, en el marco de la entrega de viviendas populares

Jatar fue imputado por el presunto delito de “legitimación de capitales”, penado con 15 años de cárcel, bajo el argumento de que en su vehículo se encontraba un maletín con 25 mil dólares y 19 mil bolívares, de acuerdo a la alerta de IPYS Venezuela.

Diagnosticado con carcinoma baso celular, Jatar ha estado recluido en tres cárceles bajo condiciones degradantes, que han causado graves daños a su salud. Los traslados se han realizado sin notificación alguna a sus familiares y abogados, y lleva más de seis meses detenido. Human Right Watch (HRW), El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y recientemente los relatores sobre el derecho a la libertad de opinión y de expresión de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exhortaron al gobierno venezolano a liberar a todos los detenidos por ejercer el derecho a la expresión y calificaron de un “caso sin precedentes” la detención de Jatar.

Otro caso que vulneró los derechos al debido proceso y a la información fue la detención de Alejandro Puglia, director de la Oficina de Seguimiento y Evaluación de la Presidencia de la Asamblea Nacional (AN), luego que fuese señalado por intentar volar un dron (Vehículo Aéreo No tripulado) durante una manifestación denominada Toma de Caracas, convocada por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

Puglia permaneció detenido en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional desde el 1 de septiembre hasta el 26 de octubre, día en que fue liberado. Pese a que el Ministerio Público solicitó la nulidad de aprehensión por considerar que su comportamiento no revestía de carácter penal, la juez 37 de Control del Área Metropolitana de Caracas, Yesenia Maza, decidió mantenerlo privado de su libertad en ese tiempo.

Otras acciones ejercidas en 2016 fueron las de seguimiento policial contra a reporteros, en los estados Mérida, Apure, Delta Amacuro, Sucre y en Caracas, con la intención de limitar la cobertura de protestas estudiantiles, obligarlos a revelar sus fuentes de información y eliminar el material periodístico registrado.

Agravios que criminalizan

Desprestigiar la labor periodística mediante señalamientos y acusaciones agraviantes ha sido una constante por parte de las autoridades oficiales en Venezuela durante los últimos años y 2016 fue la excepción. Las campañas agraviantes desde los medios públicos se hicieron notar contra periodistas y medios de comunicación que participaron en trabajos periodísticos que expusieron los vicios del poder: Masacre de Tumeremo, Panama Papers, Juicio por narcotráfico contra Efraín y Francisco Flores, y la crisis del sistema público de salud.

La hostilidad oficial se sintió contra la labor de 14 medios, seis periodistas, cuatro directivos de medios y un activista de DDHH en el Área Metropolitana de Caracas y en los estados Táchira, Monagas, Apure, Falcón y Delta Amacuro.

Cuatro de estas acciones agraviantes fueron dirigidas contra todos los medios de comunicación. Preocuparon las declaraciones de descalificación y los condicionamientos dirigidos desde el Estado que pretenden restringir una cobertura periodística libre y amplia sobre hechos que pueden ser de interés público.

“Aquí no va a haber impunidad mediática”. “Vamos a ir aplicando las medidas que tengamos que aplicar por el uso irresponsable, por la violación de la ley, por llamar a la violencia y al odio público”. Esta fueron las amenazas que hizo William Castillo, ex director de Conatel a los medios de comunicación por la cobertura de las movilizaciones del 1 de septiembre de 2016, en Caracas, en la que los ciudadanos exigieron el derecho a la participación ciudadana, a propósito de la convocatoria del Referendo Revocatorio.

Otras declaraciones agraviantes vincularon al Presidente de la República, Nicolás Maduro, en al menos seis oportunidades; al gobernador del estado Táchira, José Gregorio Vielma Mora (6); al diputado de la Asamblea Nacional por el PSUV, Diosdado Cabello (3); al gobernador del estado Apure, Ramón Carrizalez (2); así como a diversos representantes de los poderes públicos. 

Durante el 2016, el uso sistemático de los espacios de la estatal Venezolana de Televisión (VTV) y medios con tendencia oficialista, así como las cadenas nacionales de radio y televisión fueron utilizados, al igual que en años anteriores, para agraviar a reporteros, directivos de medios, corresponsales extranjeros, activistas de DDHH y empresas mediáticas

En total IPYS Venezuela registró nueve campañas agraviantes promovidas por grupos oficiales en contra de reporteros, corresponsales extranjeros, editores, activistas de DDHH y medios digitales, las cuales fueron ejercidas a través del uso sistemático de medios estatales.

Las campañas contra los periodistas fueron en un estilo similar a las acciones de agravio y ataques que permanentemente emiten altos funcionarios del gobierno contra miembros de la oposición venezolana, o las que durante el 2016 se emprendieron contra el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) Luis Almagro, a quien hostigaron vía Twitter con la utilización de la etiqueta #AlmagroArrastrado.

Sorprendió el hecho de que periodistas venezolanos y extranjeros que cumplen funciones informativas en el país para agencias internacionales de noticias, fueran definidos como profesionales de la “miseria comunicacional”, en una publicación del portal web Misión Verdad, medio afín al gobierno venezolano, en el que además se les acusó de utilizar el término “crisis humanitaria” para promover “una intervención extranjera en el país”.

Los señalamientos contra el activista de DDHH Marco Antonio Ponce, coordinador del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), continuaron siendo constantes en el 2016 por parte de Diosdado Cabello, diputado y conductor del programa televisivo “Con el mazo dando”, quien lo acusó de “vendepatria”, al criticar la participación de Ponce –y otros defensores de DDHH– en la 47º Asamblea General de la OEA.

Otro activista de DDHH que resultó estigmatizado fue Humberto Prado Sifontes, director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), a quien Tareck El Aissami, cuando cumplía funciones como gobernador de Aragua, calificó de “pran”, término utilizado en el país para identificar a los presos que lideran las cárceles y se les responsabiliza por la violencia registrada dentro y fuera de los penales, como la coordinación de bandas, secuestros y otros delitos. Estos señalamientos fueron emitidos por El Aissami desde su cuenta en Twitter, luego de que se publicara una entrevista en la que Prado responsabilizó  al para entonces gobernador de Aragua por la actual crisis penitenciaria en el país.

El hecho derivó en el hackeo de la cuenta personal de Facebook de Prado, en la que se publicaron mensajes con un retrato alterado en el que también fue llamado “Pran”. Los mensaje fueron replicados con la etiqueta #HumbertoPradoPranDePolar por algunos usuarios de la red social Twitter, entre ellos El Aissami.

Regiones en riesgo

Los mayores conflictos en materia de libertad de expresión se concentraron en ocho estados cuyos gobiernos regionales están bajo las directrices del Partido Socialista Unido de Venezuela. En estas entidades predominó la violencia contra periodistas a lo largo 2016 y estuvo aupada, además, por un discurso agraviante de las autoridades gubernamentales. Al menos 57% de los 331 casos registrados tuvieron este mismo patrón y territorialmente se ubicaron en Caracas, Bolívar, Aragua, Táchira, Apure, Sucre, Mérida y Monagas.

Caracas

Las limitaciones de acceso a la información, las agresiones físicas y ataques contra medios, las amenazas de acción legal por parte de autoridades públicas a medios de información y el uso abusivo del poder estatal fueron tendencias en el Área Metropolitana de Caracas a lo largo de 2016.

En la capital de Venezuela, los casos vinculados al acceso de información de interés público representaron 24% de los registrados, con 34 casos, mientras que el número de agresiones y ataques contra medios representó el 16%, con 59 casos que vinculan a los cuerpos de seguridad estatal, simpatizantes oficialistas, motorizados, civiles armados y personas desconocidas como principales victimarios.

Hubo 13 ataques contra la sede de medios de comunicación, entre los que destacaron el robo cometido por sujetos armados y encapuchados a las sede de los portales Crónica Uno y El Estímulo, así como la actuación irregular con fines intimidatorios por parte de sujetos encapuchados, contra la sede de medios privados -impresos, radiales y televisivos- en Caracas, Trujillo y Táchira. Al menos seis en seis de estos hechos lanzaron bolsas con excremento animal, y en varias oportunidades el “Colectivo Chávez-Maduro” (Chama), se atribuyó la responsabilidad.

No dejaron de ocurrir las amenazas de acción legal, que vincularon al alcalde de Caracas y dirigente nacional del Partido Socialista Unidos de Venezuela (PSUV), Jorge Rodríguez; a la Ministra de los Servicios Penitenciarios, Iris Varela; y al diputado de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, cuyos hechos representaron el 38% de las amenazas contabilizadas a lo largo del año. Esto se enmarco en un patrón de abuso del poder oficial en materia de comunicaciones.  

Aragua

La segunda entidad con mayor número de violaciones a la libertad de expresión fue Aragua, con 22 alertas registradas.

En este estado ocurrieron 12 limitaciones de acceso a la información en las fuentes de política, protestas, comunidad y derechos humanos, lo cual obstruyó la cobertura de medios privados e independientes. Tres de las denuncias recibidas, involucraron la actuación de autoridades regionales y agentes de seguridad de instituciones públicas.

Los reporteros de esta entidad también denunciaron silencio oficial en materia de salud, pues les fue imposible acceder a estadísticas y fuentes oficiales que corroboraran las denuncias en torno a casos del virus Zika en Aragua. Igualmente, no fue posible que las autoridades oficiales declararan a los periodistas sobre los incendios registrados en el Parque Nacional Henri Pittier, los cuales afectaron sus instalaciones por más de 20 días durante el mes de marzo. Tampoco se permitió la cobertura periodística a la visita del diputado de la Asamblea Nacional (AN) por Aragua, doctor José Trujillo, al Hospital Central de Maracay para introducir, ante las autoridades de Corposalud y del hospital, las denuncias del personal médico relacionadas a la falta de insumos y medicamentos.

En este estado se registraron agresiones físicas e intimidaciones a reporteros, ataques a las herramientas de trabajo y ataques y medidas contra medios en, al menos, 24 oportunidades.

El 2016 dejó el cierre de la emisora radio Guay 91.7 Fm, por orden de la Conatel, después de 12 años de operatividad, así como el ataque a la sede del diario El Aragüeño por parte de sujetos a bordo de una motocicleta, quienes arrojaron una granada y una serie de panfletos en los que se leía “Digan la verdad”. Además de tres robos a la sede del Colegio Nacional de Periodistas, seccional Aragua, que los llevó a declararse en cierre técnico, y reiterados intentos de robo a las casetas de transmisión de al menos cinco estaciones de radio con sede en la ciudad de La Victoria por presuntos grupos delictivos.

Bolívar

La tercera entidad con el mayor número de casos fue Bolívar y sumó 20 alertas a lo largo de 2016. Las limitaciones de acceso por hostilidad de funcionarios de seguridad estatal contra los trabajadores de medios durante la cobertura de calle, los hechos de intimidación, los ataques y medidas contra medios, las acciones legales y la censura de información fueron predominantes en el estado. Esta cifra significó un salto con respecto a 2015 cuando solo se contabilizaron siete alertas. IPYS Venezuela analizó que esta diferencia se debió a la situación de censura y autocensura que marcó a esta entidad durante ese año y en la que los periodistas y representantes de medios optaron por no denunciar las violaciones que les afectaban por temor a represalias.

En comparación, durante 2014 se registraron 30 casos ocurridos en un contexto de conflictividad sociopolítica y protestas ciudadanas que se dieron en la región.

Una de las denuncias registrada por IPYS Venezuela en Bolívar en 2016 se enmarcó en la censura previa en la fuente de salud, luego de que la coordinadora del Programa Ampliado de Inmunización del Ministerio del Poder Popular para la Salud, Marisol Escalona, dijera ante un grupo de médicos del municipio Caroní que no se podía declarar respecto a la presencia de enfermos y muertos por difteria en la entidad “para no dañar a la revolución”.

El año 2016 quedó marcado con un mal precedente en materia de libre expresión, tras la sentencia que condena a cuatro años de prisión al director del periódico guayanés Correo del Caroní, David Natera Febres, por el delito de difamación agravada, situación que se suscitó a partir de la cobertura sobre hechos de corrupción relacionados con la empresa estatal Ferrominera del Orinoco, ante una demanda de Yamal Mustafá, propietario del diario Primicia, y contratista de las industrias básicas del Estado

La demanda penal acarreó una medida de censura contra el impreso en 2013 que aún se mantiene, así como una demanda civil en la que se exigió a los demandados el pago de una multa por 20 millones de bolívares. El 6 de diciembre la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia a cargo del magistrado Maikel Moreno desechó la apelación que introdujo en agosto del 2016 la defensa de Febres. Con la inhibición del máximo tribunal se reafirmó y declaró firme la sentencia contra el director de Correo del Caroní.

Táchira

El estado Táchira también acumuló 20 casos de violaciones a la libertad de expresión.  Cinco de ellos se vincularon con declaraciones agraviantes contra periodistas y medios privados y periodistas que fueron dirigidas por la máxima autoridad del gobierno regional. Cuatro de estos mensajes fueron proferidos por el gobernador José Gregorio Vielma Mora, y el otro caso lo cometió el secretario de seguridad ciudadana de la Gobernación, Ramón Cabeza.

Otros cinco casos se vincularon a problemas para la adquisición del papel periódico. El Diario de Los Andes se convirtió, forzozamente, en un semanario, mientras que el suplemento dominical Flash de diario La Nación cambió su formato de impreso a digital y el Diario Católico dejó de publicarse diariamente para también convertirse en semanario.  

Como una manera de intimidar la cobertura de hechos políticos y comunitarios, las sedes de La Nación y la Televisora Regional del Táchira, fueron atacadas por simpatizantes oficialistas, quienes siguieron la estrategia de infundir miedo para evitar la cobertura de asuntos críticos sobre la gestión gubernamental.

Apure

En el estado Apure se contabilizaron 19 alertas en 2016, que significaron casi el doble de los incidentes registrados en 2015. Por lo menos, 10 de estos hechos, que comprendió 52%, fueron por  la acción directa de funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado y de las autoridades regionales se registró en 10 casos vinculados a declaraciones agraviantes, agresiones físicas, amenazas de acción legal, persecución y detenciones arbitrarias por la cobertura y posterior difusión de informaciones. En al menos tres oportunidades el gobernador Ramón Carrizales figuró como victimario.

En este contexto, también resultaron afectadas las fuentes de información tras la censura de temas de interés público por presión de directivos, ante posible represalia oficial. Hubo dos casos de censura, por decisiones internas, que afectaron ventanas para la denuncia y la crítica. Otras prácticas que predominaron fue las acciones intimidación, de vigilancia e inteligencia policial contra los periodistas y directivos de medios, ejecutadas desde el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

Sucre, Mérida y Monagas

En 2016, también sorprendió el incremento sustancial en el número de casos hacia el oriente y el occidente del país. Así se evidenció en los estados Sucre (18) y Mérida (15), en los que en 2015 se había registrados 7 y 9 casos, respectivamente. Mientras que Monagas hubo una disminución de 21 casos en 2015 a 16 en 2016.

Los abusos de poder estatal, los ataques a la integridad física de los trabajadores de medios, las limitaciones de acceso y las agresiones con el uso de normas vigentes se impusieron durante los doce meses de 2016 en estos estados, afectando el desenvolvimiento del trabajo periodístico en las fuentes de protesta, sucesos, comunidad, política y derechos humanos, principalmente.

Destacó en el estado Sucre las dificultades de los tres periódicos locales Diario Región, Diario de Sucre y Diario Provincia, ante la falta de insumos para la impresión, lo cual produjo la disminución de páginas de contenido, cierres técnicos y los cambios en la periodicidad de circulación. Actualmente, solo Diario Región circula diariamente. Diario Provincia que ahora es semanario circula de forma inconstante  y Diario de Sucre salió de circulación en febrero de 2016.

Las detenciones arbitrarias por efectivos de los cuerpos de seguridad del Estado durante coberturas periodísticas relacionadas con la adquisición de alimentos también marcaron en el panorama de violaciones a la libertad de expresión durante este periodo.

En Mérida hubo un incremento en el número de casos. 15 alertas sobre limitaciones a la libertad de expresión ocurrieron en la entidad, ocho por agresiones físicas a equipos reporteriles, la mayoría durante la cobertura de protestas ciudadanas o políticas.

Mientras tanto, en el estado Monagas predominaron las limitaciones de hecho a la cobertura de asuntos de interés público, paralización temporal de rotativas por falta de papel prensa, declaraciones agraviantes de autoridades regionales y robo a reporteros y a sedes de medios se mantuvieron como las tendencias en esta entidad a lo largo de 2016.

Recomendaciones

Ante este panorama, IPYS Venezuela hace suyas la agenda de recomendaciones que propusieron los periodistas consultados para el estudio de Censura y Autocensura, e insiste en 5 propuestas fundamentales para salvaguardar y mejorar las condiciones de la libertad de expresión en el país, que pueden servir de ruta tanto para el Estado, la academia, el gremio periodístico, los medios de comunicación y los propios periodistas.

  1. Mejorar y garantizar el acceso a la información a través de diversas políticas y prácticas estatales
  2. Ofrecer las condiciones de seguridad y protección a los periodistas para que puedan hacer su labor de manera libre y sin restricciones
  3. Impulsar políticas públicas de comunicación justas y que respeten los estándares de internacionales de libertad de expresión
  4. Garantizar las condiciones para que se ejerza la expresión y la información en las plataformas digitales y se garantice internet como DDHH
  5. Preservar y generar las condiciones para que exista plenamente la libertad para opinar, sin miedo a amenazas ni presiones.

Bitácora de vuelo

En el informe anual 2016, cuando se analizaron los resultados del Índice IPYSve de libertades periodísticas y se complementaron con los resultados del sistema de monitoreo de libertad de expresión, se evidenció que la opacidad, la violencia, el hostigamiento y las medidas de censura fueron patrones recurrentes que restringieron libertades para el ejercicio periodístico a lo largo de 2016.

Las mediciones y datos presentados y analizados en el Informe Anual 2016, que contribuye a dar sustento al índice, son producto del sistema de alertas. Se trata de un registro sistemático, acucioso y crítico que realiza IPYS Venezuela en todo el territorio nacional a partir de 10 categorías con sus subcategorías inspiradas en los estándares internacionales sobre la libertad de expresión y el acceso a la información pública, normas restrictivas, agresiones físicas, agresiones normativas, uso abusivo del poder estatal, censura previa, censura indirecta, censura interna, impunidad así como las libertades en las plataformas digitales.

El trabajo periodístico de campo y levantamiento de data fue realizado de manera directa por la Red Nacional de Corresponsales y el equipo de monitoreo de IPYS Venezuela presente en 79% del territorio nacional, conformada por periodistas en ejercicio que se encargan de confirmar de manera directa, así como de levantar y documentar cada uno de los casos que forman parte del sistema de alertas de libertad de expresión y acceso a la información. Esta labor se sustenta en la consulta de fuentes primarias así como de documentos oficiales y estudios de organizaciones no gubernamentales. Este trabajo luego utiliza mecanismos de sistematización de datos a través del registro histórico que mantiene esta organización.

En esta oportunidad esta labor de monitoreo y caracterización de la situación de la libertad expresión en Venezuela se complementó con el primer Índice IPYSve de libertades periodísticas, una medición con rigurosidad científica y carácter estadístico, cuyo propósito es calificar la libertad en el ejercicio periodístico en una escala del 0 al 100, donde cero indica una restricción absoluta del derecho y 100 un estado óptimo y sin restricciones a la libertad de expresión.

El índice de libertades periodísticas que mide el nivel de este derecho humano en el país es el resultado de una serie de cuestionarios y consultas en línea realizadas entre el 19 de septiembre al 16 de octubre a 252 periodistas en 18 estados del país, como parte del trabajo de campo del Estudio de censura y autocensura. Esta evaluación contó con la participación de un equipo multidisciplinario integrado por periodistas, investigadores, defensores y activistas de derechos humanos.

Mediante 26 ítemes, el índice ofrece una valoración global de las condiciones del ejercicio del periodismo en Venezuela, y se desagrega en cuatro categorías específicas que tienen que ver con las restricciones del acceso a la información pública, la violencia contra periodistas, las medidas que derivan en censura, así como las acciones de hostigamiento. Para la ponderación se utilizaron cinco rangos, que van desde ninguna restricción hasta una restricción absoluta, en el siguiente orden de la escala: 80 – <100; 60 – <80; 40 – <60; 20 – <40; 0 – <20.

Equipo de trabajo

Dirección ejecutiva Marianela Balbi

Dirección de libertades informativas Mariengracia Chirinos

Investigación Génesis Obaya

Redacción Génesis Obaya, Indira Ramírez y Mariengracia Chirinos

Coordinación de monitoreo de Libertades informativas David Matos

Red Nacional de Corresponsales de IPYS Venezuela Ana Karolina Mendoza (Zulia), Keren Torres (Lara), Dayana Rivas (Miranda), Gregoria Díaz (Aragua), Adriana Pérez Gilson (Falcón), Alba Perdomo (Bolívar y Delta Amacuro), Luis Javier Bazán (Portuguesa), Lorena Arráiz y Daniel Pabón (Táchira), Andrés Astudillo (Anzoátegui), Ronny Rodríguez (Monagas), Luis Borrero (Carabobo), Nairobi Rodríguez (Sucre) Miguel Cardoza (Apure), Aylin Hidalgo y Raúl Segovia (Trujillo).

Diseño y construcción del Índice de las Libertades periodísticas Carolina Carrera, Carlos Medina, Rosángela Médina, Bárbara Sosa, y Mariengracia Chirinos

Visulaización de datos Alimié Torres

Contenidos multimedia Francisco Colmenarez

Directora de comunicaciones / edición Maruja Dagnino

Ver también

El periodismo protesta

El periodismo en Venezuela no tiene motivos para celebrar, hoy el día del periodista, más …