IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
Para el 3 de octubre de 2016 fue pautada la primera audiencia pública sobre la demanda por difamación que pesa sobre el periodista Horacio Contreras desde el 13 de mayo de 2013, luego que el gobernador del estado Mérida, Alexis Ramírez, lo acusara de difundir información que vulneraba su honor al responsabilizarlo de una serie de hechos violentos.
La audiencia fue pautada cuando el periodista y locutor merideño, Horacio Contreras, rechazó una audiencia de conciliación planteada por Heriberto Antonio Peña, Juez en Funciones de Juicio del Tribunal de Primera Instancia en lo Penal del estado Mérida, el 26 de septiembre pasado, cuando el gobernador Alexis Ramírez acudió al Circuito Judicial Penal del estado Mérida.
Contreras relató a IPYS Venezuela que prefería ir a juicio, debido a que la condición establecida por parte del gobernador y sus abogados, para que la audiencia de conciliación tuviese lugar, era que el periodista se disculpara públicamente por la información que había difundido, cuando responsabilizó al gobernador de una serie de hechos violentos ocurridos en los alrededores de la sede regional del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Centro de Asistencia Médica Integral de la Universidad de Los Andes (Camiula), el 14 de abril de 2013, luego de las elecciones presidenciales en las que resultó electo, Nicolás Maduro Moros.
Explicó que el planteamiento del juez ocurre después de tres años y cuatro meses después de que fuese demandado por el gobernador Ramírez, y cuatro meses después que su defensa, Rafael Escalona, introdujera -el 13 de mayo de 2016- un escrito, con el fin de que el juez se pronunciara por el desistimiento tácito de la acción penal por el tiempo transcurrido. Entre 2013 y 2016, se sucedieron 22 audiencias de conciliación en las que Ramírez nunca se presentó.
“Prefiero ir a juicio porque la verdad y la dignidad no se negocian”, dijo el periodista Horacio Contreras, debido a que el juez, Heriberto Antonio Peña, también obvió el escrito presentado por la defensa.
La defensa cuenta con cinco días para apelar la decisión del juez, y por los momentos se espera que el 3 de octubre a las ocho y treinta de la mañana se dé la primera audiencia oral y pública.
Libertad de expresión. La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA) establece en su numeral 11 que los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad, y por esta razón las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información.
Su numeral 10 establece que en caso de corroborarse la intención del comunicador en infligir daño a partir de la difusión de información falsa, las penas vinculadas a los delitos que atenten contra el honor y la reputación de las personas deben aplicarse a través de sanciones civiles, como el pago de una multa proporcional al daño causado.
Basados en la normativa nacional, el artículo 57 y 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela garantiza el derecho que tienen los ciudadanos de expresarse libremente y estar informados sobre hechos que sean de su interés sin que pueda establecerse censura.
IPYS Venezuela contabiliza en su registro histórico (2002-2016) 70 acciones legales contra periodistas y medios de comunicación en el país. De este número, 30 se deben a delitos por difamación e injuria establecidos en el Código Penal Venezolano.
Al menos 36 personas naturales han sido demandadas por delitos de difamación e injuria, y 22 (más de 50%) corresponde a la demanda de Diosdado Cabello por el presunto delito de difamación agravada continuada contra editores y miembros de la junta directiva de los impresos El Nacional y Tal Cual, y el portal digital, La Patilla, luego de la reproducción de la información publicada en el diario ABC, el 27 de enero de 2015.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe anual de 2015, recomendó a Venezuela “promover la derogación de las leyes que consagran el desacato, cualquiera sea la forma en la que se presenten, dado que estas normas son contrarias a los estándares interamericanos y restringen el debate público, elemento esencial del funcionamiento democrático”.
Se hará seguimiento.
