IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
El derecho a la Libertad de Expresión e Información tiene un papel fundamental en cualquier sociedad democrática. Ello se expresa continuamente en los diversos foros nacionales e internacionales. La ecuación democrática relaciona directamente la institucionalidad y la realización de este derecho, el cual está siendo amenazado desde varios flancos.
La Libertad de Expresión demanda el concurso de una comunicación responsable, que sólo es posible en la medida que exista amplitud y libertad para su ejercicio. Este derecho es un bien público que el Estado tiene el deber de proteger y garantizar. La violencia contra los profesionales de la información es una muestra de las dificultades que enfrentan las instituciones democráticas. Las víctimas no sólo son los periodistas sino sus audiencias y lectores, quienes ven limitado el ejercicio de quienes procuran informarles.
La recurrencia de estos incidentes violentos, especialmente con su correlato de impunidad, constituye un indicador que enciende las preocupaciones. Del mismo modo se resienten medidas que reducen el vigor del debate político, como los anuncios legislativos o procesos judiciales que pretenden sancionar, con la penalización, los modos y contenidos de la expresión.
Las amenazas a la calidad informativa no se reducen en los incidentes que pueden sufrir los periodistas, o a las iniciativas legislativas que pueden reducir sus garantías, también pueden incluir la discusión de la autonomía editorial, la situación laboral de los profesionales de la comunicación y la responsabilidad social de los medios, entre otros.
Estos factores tienen gran incidencia en el resultado final que se observa en el escenario de los medios, pero resulta requisito necesario, previo e imprescindible, que se pueda garantizar el libre flujo de ideas e información. Para ello hay que reducir las acciones violentas con los mecanismos institucionalizados de una sociedad democrática.
La posibilidad del debate público que puede dar cuenta de estos temas, relativos a los procesos informativos y otros muchos, requiere de un ambiente sin violencia.
El debate público sobre todos los temas, con sus consensos, diálogos y disensos, es el recurso de la sociedad para resolver o acotar institucionalmente sus diferencias. El reconocimiento de su valor esta contenido en diversos instrumentos internacionales de Derechos Humanos, como consustancial a la cotidianidad de toda persona y por ello, su consagración normativa en todas las constituciones nacionales.
El reconocimiento de esta centralidad y su importancia en las sociedades democráticas impulsa a la Fundación KonradAdenauer a respaldar iniciativas de universidades, gremios e instituciones en distintos países. Es una de las dimensiones del trabajo institucional a la que dedicamos particular atención. Muestra de ello son los innumerables estudios, publicaciones y eventos de capacitación.
En Venezuela, continuamos nuestro apoyo a la iniciativa de sistematizar los diversos hechos que afectan al Derecho Humano ala Libertadde Expresión, y que se manifiesta en este tercer informe, preparado por Carlos Correa y Andrés Cañizález. A esta investigación se suma el talento de varios especialistas en el tema que ahondan en varias de sus aristas. Esperamos que sea un aporte para el debate y la progresión de las garantías que protejan este bien social imprescindible.
Michael Lingenthal
