Alerta IPYSve | Censurados programas informativos y emisoras en Barinas y Mérida

Luego de las elecciones regionales y municipales sacaron del aire a dos emisoras, otra sufrió un intento de censura, y cuatro programas informativos y de opinión fueron suspendidos en Barinas y Mérida.

En la entidad llanera, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) suspendió los programas “Noticiero Impacto” y “La Barinas que queremos” de Impacto 107.1 FM, y “Magazine Play” y “Sabaneta Noticias” de Play 101.1 FM. Además el organismo regulador cerró la estación Monumental 94.1 FM en Barinas. En esa misma entidad, Explosiva 88.7 FM fue víctima de agresiones a sus equipos e infraestructura. Mientras que en el estado Mérida, la alcaldesa electa del municipio Andrés Bello pidió que cesara la transmisión de la radio comunitaria La Azulita 107.3 FM.

El martes 30 de noviembre, “Noticiero Impacto” y el programa de opinión “La Barinas que queremos” fueron suspendidos de la emisora Impacto 107.1 FM en la ciudad de Barinas, capital del estado homónimo, luego que la Conatel realizara una inspección al medio.

Después de las indagatorias y evaluaciones técnicas que practicó la comisión, Kaldun Cheriti, director del medio radiofónico, notificó a los productores de los espacios suspendidos que no seguirían en la programación.

“Era obtener el estatus de emisora comunitaria a cambio de la salida del aire del espacio informativo y de opinión”, contó a IPYS Venezuela el periodista Dimas Medina, productor y director de “Noticiero Impacto”, que se transmitía de lunes a viernes entre las 12 del mediodía y la 1:00 p.m. Con el cierre de este programa se quedan sin empleo alrededor de seis trabajadores entre periodistas y locutores.

“La Barinas que queremos”, también sacado de la programación del mismo dial, era conducido por Jesús Macabeo, dirigente del partido regional Frutos, de tendencia opositora, y se transmitía de lunes a viernes de 6:00 a.m. a 7:00 a.m.

Ambas producciones radiofónicas brindaban a sus audiencias insumos informativos y participación a las comunidades que exponían sus diversas necesidades. 

El ofrecimiento que hizo la Conatel a Impacto 107.1 FM puede catalogarse como irregular, puesto que los procesos y requisitos para obtener los permisos de emisoras comerciales y emisoras comunitarias son distintos. Según lo estipulado en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones (LOTEL), “Las personas interesadas en prestar uno o más servicios de telecomunicaciones o en establecer o explotar una red telecomunicaciones, deberán solicitar ante la Comisión Nacional de Telecomunicaciones la habilitación administrativa o la ampliación de los atributos de que sea titular”.

Este instrumento legal también establece, en el artículo 29, que “En el caso de los procedimientos para la obtención de habilitaciones y concesiones para la prestación de los servicios de radio y televisión, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones presentará un informe al órgano rector a los fines de que se pronuncie en relación al otorgamiento o no de los títulos respectivos”.

Por otro lado, como se indica en la décima disposición final de la LOTEL, los medios comunitarios se rigen mediante reglamento. El Reglamento de Radiodifusión Sonora y Televisión Abierta Comunitarias de Servicio Público, sin fines de lucro, señala en el artículo 3 que el ministro de Infraestructura es el encargado de habilitar a las fundaciones comunitarias para la prestación de los servicios de radiodifusión sonora y televisión abierta comunitarias, sus atributos y las concesiones de radiodifusión correspondientes.

Asimismo, los artículos 9 y 14 estipulan, respectivamente, que el interesado deberá entregar la solicitud a la Conatel y que una vez que dicho órgano la haya evaluado, enviará un informe al ministro de Infraestructura, quien otorgará o no las habilitaciones, atributos o concesiones.

Las solicitudes de esta naturaleza deben ser presentadas por fundaciones comunitarias o por algún miembro de la comunidad que actúe en calidad de promotor de una fundación comunitaria, según lo establecido en el artículo 10 del reglamento de medios comunitarios.

El jueves 25 de noviembre en el municipio Alberto Arvelo Torrealba, al este de Barinas, fueron sacados del aire los programas “Magazine Play”, espacio de información y entretenimiento, y “Sabaneta Noticias”, meramente informativo, de la emisora Play 101.1 FM.

Tras cometer un error al anunciar el miércoles 24 a través de la radio la victoria del candidato opositor a la gobernación, Freddy Superlano, sin que de manera oficial lo notificara el Consejo Nacional Electoral (CNE), el director del medio radiofónico, Roger Castellanos, suspendió ambos programas luego de reunirse con emisarios de Alexander Camacho, alcalde recién electo en la localidad por el chavismo.

Consciente del infortunio cometido, Castellanos argumentó a IPYS Venezuela que hizo una aclaratoria y fe de erratas a fin de evitar una sanción, pero admite que por presión de Camacho quitó los dos programas en aras de mantener la emisora al aire.

Magazine Play” era conducido por el locutor Lender Durán, con horario de lunes a viernes entre 08:00 a.m. y 10:00 a.m., y “Sabaneta Noticias”, que se transmitía de lunes a viernes de 12 del mediodía a 01:00 p.m., era realizado por Castellanos.

De igual forma el director de la emisora expresó que ante las presiones canalizadas por emisarios de las nuevas autoridades municipales, también paralizó la difusión de Sabaneta Noticias (@sabanetanoticias), un noticiero digital que circula en Instagram y Facebook, y a través de la mensajería instantánea WhatsApp, formatos por donde Castellanos alegó llegar con sus contenidos a más de 16 000 seguidores.

De las tres estaciones de radio que operan en Sabaneta de Barinas, una es de perfil cristiano y la otra, Riveras Stereo 104.1 FM, es afecta al oficialismo. Play 101.1 FM y el medio informativo digital Sabaneta Noticias eran las únicas opciones que en ese municipio le daban cabida a todas las corrientes ideológicas y a todos los voceros de las comunidades.

También en el estado Barinas, el sábado 27 de noviembre un grupo de funcionarios de la Conatel se trasladó hasta el municipio Ezequiel Zamora para aplicar el cierre de la emisora Monumental 94.1 FM, cuyo propietario es el locutor Nelson García Mora, alcalde opositor electo el pasado domingo 21 de noviembre.

Se pudo conocer que la falta de permisos correspondientes al proyecto técnico enlace estudio-planta habría sido una de las causas por la cual el ente regulador ordenó el cierre del citado de Monumental 94.1 FM, ubicada en el pueblo de Santa Bárbara de Barinas.

La comisión que hizo la inspección también estaba integrada por funcionarios del Sistema Automatizado de Administración y Gestión del Espectro Radioeléctrico (SAAGER), organismo adscrito a la Conatel que se encarga de evaluar los aspectos técnicos de alcance, potencia, entre otros. Este ente se trasladó desde San Cristóbal, estado Táchira, hasta Santa Bárbara de Barinas para ejecutar el procedimiento que concluyó con el cese de transmisión de la estación radiofónica.

Monumental 94.7 FM, contaba con altos niveles de audiencia y tenía programación popular, informativa y conectada a visibilizar los problemas y necesidades de los sectores de menores recursos según informaron sus miembros.

Persecución y desinformación

En horas de la noche del 24 miércoles de noviembre, Tarek William Saab, fiscal general de la administración de Nicolás Maduro, anunció a través de su cuenta en Twitter que había designado a los fiscales 15° de Barinas y 16° de Mérida para investigar los ataques “por vía de turbas violentas” en el municipio Ezequiel Zamora, en la entidad llanera y en los municipios Arzobispo Chacón y Andrés Bello en el estado andino.

El hecho ocurrido en el estado Barinas corresponde a la emisora comunitaria Explosiva 88.7 FM. De acuerdo con lo relatado por la viceministra de Gestión Comunicacional, Isbemar Jiménez a través de un programa especial transmitido por el canal del Estado Venezolana de Televisión (VTV) el jueves 25 en la noche, “el alcalde electo por un partido muy pequeño, regional, Compromiso País, agrade a esta emisora con una turba de 70 personas, le cortan el servicio eléctrico, se introducen en la cabina y amenazan a Luis [Becerra], quien es uno de los directivos que forman parte de la fundación de la emisora Explosiva. Había niños y personas con discapacidad que resultaron emocionalmente afectados por este ataque”.

IPYS Venezuela intentó contactar a Luis Becerra, directivo de la emisora afectada, y a Nelson García Mora, alcalde electo acusado de haber efectuado el ataque, para verificar la información, pero ninguno de los dos involucrados respondió los mensajes y llamadas.

En horas de la tarde del viernes 26, Saab publicó otro tuit en el que anunciaba que las personas Erika Galvis y Richard Carvajal eran presentados en el Ministerio Público de Barinas y que se les imputaría los delitos de “Instigación a Delinquir, Ofensa a Funcionario y Daños a Edificación Pública” por estar involucrados en el ataque a Explosiva 88.7 FM

En el estado Mérida, la emisora comunitaria La Azulita 107.3 FM, en el municipio Andrés Bello, también sufrió violaciones a sus libertades informativas. El martes 23 de noviembre María Villasmil, alcaldesa opositora electa de esa comunidad, junto a un grupo de seguidores exigió a Andrea Zuluaga, Elvis Dávila y Francisco Parra, representantes de la estación, cerrar la radio hasta que llegaran sus abogados. Ante el respaldo de la comunidad hacia la emisora, Villasmil y sus seguidores se retiraron.

Si bien Villasmil y sus seguidores llegaron hasta la emisora, la situación se mantuvo en intercambios de palabras con los directivos fuera de las instalaciones y La Azulita 107.3 FM se mantuvo al aire.

Andrea Zuluaga, directora de la emisora merideña, declaró en el programa especial de VTV del 25 de noviembre que se trataban de “hechos repudiables”. “Una persona que dos días después de haber resultado electa en las pasadas elecciones del 21 de noviembre acude a nuestras instalaciones a exigirnos que cerremos y apaguemos”, señaló la representante de La Azulita 107.3 FM.

Sobre la exigencia de Villasmil, Zuluaga también expresó: “Hemos sufrido este intento de ataque. Menos mal Azulita Comunitaria y las diferentes emisoras comunitarias en el país son un bastión de la revolución, están defendidas por hombres y mujeres que se han apoderado con el pasar de los años de diferentes espacios y que han salido en la defensa de sus emisoras”.

Aunque Villasmil cometió una violación a las libertades informativas al exigir el cierre de esta radio comunitaria y hubo un hecho de intimidación al acercarse con sus seguidores, también es cierto que frecuentemente las emisoras comunitarias en Venezuela funcionan como replicadores del discurso del oficialismo en todo el país.

IPYS Venezuela intentó comunicarse con Zuluaga para obtener su testimonio de primera mano, pero no se obtuvo respuesta.

En el caso del municipio Arzobispo Chacón, también en Mérida, se acusaba a Omar Fernández, candidato por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) electo alcalde el pasado 21 de noviembre, de atacar a la emisora comunitaria Progreso y Amistad 99.3 FM. Sin embargo, según reseña una nota del medio digital El Pitazo, el 25 de noviembre el mandatario desmintió la información y demostró a través de un audio y un video que la emisora seguía transmitiendo.

Al día siguiente, en horas de la mañana del viernes 26, una comisión del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) se llevó detenido a Fernández junto a Carmen Belandria, Fernanda Mora, Lilibeth Belandria y Johny Vielma, cuatro personas de su equipo.

Otro hecho de desinformación vinculado a un medio radial ocurrió en el municipio Libertador del estado Aragua. A través de WhatsApp y Twitter, usuarios afectos al oficialismo difundieron un mensaje aparentemente firmado, entre otras organizaciones, por la Dirección de Medios Alternativos y Comunitarios de la Asamblea Nacional, en los que se mencionaban algunos de los casos expuestos en esta alerta y también se inculpaba a Gonzalo “Chacho” Díaz, alcalde electo por la oposición, de confiscar los equipos de la emisora comunitaria Positiva 92.7 FM. Las acusaciones fueron desestimadas por Díaz, según reseña el portal noticioso Crónica Uno.

Bladimir Baptista, director de la emisora aragüeña, anunció en su perfil de Facebook el 23 de noviembre que Positiva 92.7 FM estaba momentáneamente fuera del aire por motivos de mudanza. Ese mismo día también se informó en la cuenta de Instagram de la radio, @positiva927fm, que la emisora restablecería su señal en las próximas 24 horas.

A través de una entrevista vía llamada telefónica con VTV, el jueves 25 Baptista explicó los motivos del cambio de locación: “El día martes 23 estábamos en nuestra sede, ubicada cerca de una dependencia de la Alcaldía del municipio Libertador y nos indicaron, ya que lamentablemente perdimos la elección del domingo 21, y automáticamente el alcalde Régulo La Cruz (alcalde saliente) nos orienta que debemos desalojar del espacio que estábamos allí en un convenio  de cooperación con la alcaldía bolivariana porque había que entregar esos espacios. Rápidamente el equipo que me acompañaba hicimos las diligencias pertinentes y empezamos a desarmar y hacer el traslado para el resguardo de nuestros equipos”, relató el director.

El martes 30, una semana después del primer hecho registrado, la Asamblea Nacional electa en diciembre de 2020 definió una comisión especial para investigar los atentados contra las emisoras comunitarias, según reseña una nota del sitio web de VTV.

Solo hasta octubre de 2021, IPYS Venezuela registró 34 casos en los que se vieron vulneradas al menos 41 estaciones radiales y nueve programas informativos o de opinión. Los datos del monitoreo y las evidencias destacaron que 17 de los episodios fueron hechos de censura, otros 11 correspondieron a agresiones y ataques a las emisoras, y seis fueron causados por fallas eléctricas o de infraestructura.

IPYS Venezuela rechaza la persecución, las agresiones y la censura por parte del Estado y funcionarios públicos hacia los espacios informativos y los medios radiofónicos. De igual manera esta organización exige a los organismos competentes apegarse al debido proceso y evitar hacerse eco de bulos antes de tomar medidas en contra de los presuntos victimarios.

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