jueves , abril 25 2024

Alerta IPYSve | Cuarentena social: acceso a la información limitada

  • Cuerpos de seguridad, funcionarios públicos y proveedores del servicio de internet limitaron el acceso a la información durante los primeros cuatro días de la cuarentena social decretada por Nicolás Maduro para contener la propagación del Covid-19.

  • Expertos internacionales señalaron que los gobiernos deben realizar mayores esfuerzos para proteger el trabajo de los periodistas en pro del acceso a la información y al rol trascendental que cumplen en medio de la emergencia de salud pública.

Al menos 11 trabajadores, medios de comunicación y plataformas informativas fueron impedidos, atacados, bloqueados y amenazados por ejercer su labor informativa desde que entró en vigor la orden de Nicolás Maduro de establecer una cuarentena social en siete regiones del país (Distrito Capital, Vargas, Miranda, Cojedes, Apure, Zulia y Táchira) el lunes 16 de marzo, que luego se extendió al resto de las entidades el martes 17, para detener los efectos del coronavirus (Covid-19) en la nación.

Los reporteros Mariana de Barros de TVV, Sofía Torres de Factores de Poder, César Saavedra de Qué Pasa en Venezuela, Kerlin Mosquera de Meridiano TV, Ariadna García, Tairy Gamboa y sus dos motorizados de Crónica Uno, además del diario La Mañana en Falcón, LUZ Radio en Zulia y la plataforma coronavirusvenezuela܂info promovida por la Asamblea Nacional y el equipo de Juan Guaidó, para informar sobre elementos de prevención del Covid-19, sufrieron algún tipo de agresión o violación a sus libertades informativas de parte de alguna entidad perteneciente al poder ejecutivo entre el lunes 16 y el jueves 19 de marzo.

Solo el día lunes, siete trabajadores de la prensa fueron limitados de superar los controles de acceso establecidos por las Fuerzas públicas, y limitaron sus coberturas informativas cuando se encontraban en algunas zonas del Área Metropolitana de Caracas.

Periodismo en riesgo 

El viernes 13 de marzo Nicolás Maduro decretó un estado de alarma luego que fueran anunciados los primeros casos de Covid-19 en el país. El virus que ya se encuentra en más de 160 naciones y considerado como pandemia mundial, llevó a que la administración de Maduro tomara acciones que están establecidas en los artículos 337, 338 y 339 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV).

De acuerdo con el proceso que debe cumplir el Ejecutivo para decretar un estado de alarma, antes debe producirse una “catástrofe, calamidades públicas u otros acontecimientos similares que pongan seriamente en peligro la seguridad de la Nación, o de sus ciudadanos y ciudadanas” como destaca el artículo 338, tal decreto da al presidente de la república poderes especiales que le permiten restringir temporalmente varias garantías consagradas en la Carta Magna, pero aún en estados de conmoción, el poder no puede prohibir “los derechos a la vida, prohibición de incomunicación o tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los demás derechos humanos intangibles”, además que es de obligatoriedad publicar el decreto dentro de los ocho días siguientes de haberse dictado.

Aunque el decreto fue publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.519, no contempló dentro de los sectores exceptuados de la medida de cuarentena social la labor informativa de los medios de comunicación, violando de esta forma el derecho a la información y el artículo 7 numeral 14 de la Ley Orgánica sobre los estados de excepción que también señala a la información como un derecho que no puede ser restringido.

Expertos de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), publicaron una comunicación conjunta que exige a los gobiernos “promover y proteger el acceso y la libre circulación de la información durante la pandemia”.

La declaración conjunta hace especial énfasis en el derecho de acceso a la información. Señala la importancia del periodismo en momentos de salud pública, además, insta a los gobiernos a proteger la labor de los trabajadores de la prensa y a aplicar “firmemente sus leyes de acceso a la información para garantizar que todas las personas, especialmente los periodistas, tengan acceso a la misma.”

Los expertos destacaron la importancia del acceso a internet en el escenario actual y pidieron a los gobiernos establecer con “carácter prioritario” el inmediato acceso a tal servicio que se establece como derecho humano, así como evitar cualquier tipo de bloqueo a las plataformas.

Cobertura bajo ataques 

Iniciado el tiempo de la cuarentena social en la ciudad de Caracas, trabajadores de la prensa fueron limitados. Tal fue el caso de Mariana de Barros de TVV, quien fue impedida por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) de acceder a la ciudad capital cuando se movilizaba por la carretera Panamericana para llegar a la sede de la televisora digital a primeras horas del lunes 16 de marzo.

La reportera mostró sus credenciales a uno de los funcionarios que estaba apostado en la alcabala en medio de vía, y le notificó que era periodista, además de mostrarle el video donde el Ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, declara que los medios de comunicación contaban con salvoconducto para ejercer sus funciones informativas. El funcionario de la GNB le dijo “usted no está exceptuada de la medida, devuélvase” y le impidió el acceso a la periodista.

Horas después funcionarios de PoliCaracas detuvieron a cuatro trabajadores de Crónica Uno mientras realizaban un recorrido cerca del mercado de Catia, al oeste de la ciudad. Ariadna García, Tairy Gamboa y sus dos motorizados estuvieron detenidos por más de quince minutos por cuatro efectivos del cuerpo policial quienes les pidieron sus identificaciones, las fotografiaron y les obligaron a eliminar el material que hasta el momento tenían registrados en la cámara fotográfica.

García relató al equipo de Monitoreo de Libertades informativas de IPYS Venezuela que los funcionarios “insistían en que nosotros íbamos a tergiversar la información. Que Catia era una zona muy delicada y que nosotros no entendíamos lo que hacía el presidente Nicolás Maduro”. Durante el tiempo de detención, los funcionarios estuvieron “siempre con una actitud muy hostil, con el objetivo de intimidarnos” señaló la reportera de Crónica Uno.

Caducado el tiempo de la detención, uno de los oficiales obligó a la reportera gráfica Tairy Gamboa a eliminar todo el registro fotográfico que tenían hasta el momento. Luego denigraron la labor informativa del equipo señalando que no fueran a “estar diciendo que le golpeamos un ojo ni que les robamos nada, porque ustedes son así”.

En Propatria, la reportera de Factores de Poder, Sofía Torres, fue intimidada y obligada por dos funcionarios de la GNB en una moto, a borrar el material audiovisual que había registrado en su teléfono celular cerca de la estación del metro con el mismo nombre.

Torres contó a IPYS que uno de los funcionarios le pidió el teléfono para borrar el material que había registrado hasta ese momento. “Dame el teléfono, borro el material, lo apago, te quito la batería y te vas”, señaló el militar quien además acusó a la reportera de ser “nadie para informar. Aquí el único que informa es el comandante en jefe Nicolás Maduro”, dijo.

En el municipio Chacao, dos funcionarios de la policía municipal intimidaron y fotografiaron a César Saavedra de Qué Pasa en Venezuela, cuando registraba el cierre de un establecimiento y la detención del propietario por vender tapabocas a altos costos, además de no se un comercio habilitado para tal fin.

Uno de los oficiales gritó a Saavedra preguntándole el porqué lo grababa. Luego procedió a pedirle al otro funcionario que le quitara el teléfono y le hiciera fotos a él y sus credenciales.

Un hecho similar ocurrió la tarde del martes 17 de marzo en la avenida Urdaneta de Caracas. Kerlin Mosquera de diario Meridiano fue detenido por efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), la PNB y de las Fuerzas Especiales de Seguridad (Faes) por alrededor de 40 minutos como denunció el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) en su cuenta en red social Twitter.

Los funcionarios rompieron la identificación del reportero cuando este se disponía a tomar el transporte público en La Candelaria, en el centro de Caracas, para dirigirse a la sede del medio de comunicación, y por no tener tapaboca no lo dejaron abordar la unidad.

Por su parte, los medios de comunicación y las plataformas digitales también fueron afectadas por acciones ejercidas por algún representante del Estado venezolano. El diario La Mañana en Falcón fue víctima de amenazas de acciones legales, además de declaraciones agraviantes por parte del gobernador de la entidad, Víctor Clark, el martes 17, quien acusó al medio de terrorista y de promover el incumplimiento de la cuarentena en el estado por fallas en el suministro del agua.

En el estado Zulia, la emisora de la Universidad del Zulia, Luz Radio 102.9 FM quedó fuera del aire la tarde del martes 17 luego que producto a los cortes eléctricos en la región y a la falta de un salvoconducto para movilizarse, no pudieran adquirir combustible en alguna de las estaciones de servicios en Maracaibo para surtir la planta eléctrica de la estación.

El portal web coronavirusvenezuela܂info, promovido por la Asamblea Nacional y el equipo del presidente encargado de Venezuela, reconocido por más de 50 países, Juan Guaidó, fue bloqueado el miércoles 18 a través del servicio de internet ABA de Cantv, que aplicó “un bloqueo HTTP y HTTPS, una sección de presidenciave܂com, también bloqueado”, de acuerdo a lo publicado por VE sin Filtro en la red social Twitter.

“La efectividad del bloqueo de #CANTV ha estado variando en el día, como a veces hemos observado en otros bloqueos similares” se lee en un segundo tweet publicado por la organización que promueve los derechos digitales de los usuarios.

Con los ataques a medios y bloqueos a portales de información y noticias, el Estado promueve la existencia de desiertos informativos que en medio de emergencias sanitarias como la del coronavirus en el país, crea un efecto silenciador en la libertad de expresión como señalaron los representantes de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la (CIDH), la Organización de Naciones Unidas (ONU) y el Representantes para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa.

IPYS Venezuela en apego al ordenamiento jurídico interno y a las declaraciones de los expertos en libertad de expresión recuerda al Estado venezolano que debe ser garante del acceso a la información aún en estado de excepción, entendiéndolo como el derecho para recibir, acceder y buscar información que sea de interés para la ciudadanía y creando en la población un criterio más cimentando para la toma de decisiones.

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